Nacional

domingo 5 dic 2021 | Actualizado a 18:38

Denuncian irregularidades en las gestiones de los exministros Rojo, Ortiz y Guzmán por Bs 76 MM

El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, informó que las denuncias respectivas están en la Fiscalía e involucran a exautoridades de diferentes reparticiones de esa cartera de Estado. Acusó a Rojo y Ortiz de contratar “taxi vuelos” hacia Santa Cruz sin justificativo

Los exministros de Desarrollo Rural Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán

/ 27 de abril de 2021 / 23:03

Durante las gestiones de los exministros de Desarrollo Rural Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, en el gobierno de Jeanine Áñez, fueron cometidas una serie de irregularidades que fueron denunciadas a la Fiscalía por 11 delitos y provocar un daño económico de Bs 76 millones en esa cartera de Estado y empresas estatales.

El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, informó que las denuncias son el resultado del trabajo de las unidades de Auditoría Interna, Transparencia y Jurídicas de las empresas públicas y entidades descentralizadas y desconcentradas.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía son por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Eduardo Wilde fue acusado de firmar de forma irregular un contrato para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones. El incumplimiento de ese contrato ha derivado en una demanda arbitral internacional que podría obligar al Estado a pagar $us 2,8 millones.

Otra de las denuncias implica al exgerente de la Empresa de Abonos y Fertilizante Sergio Luna y a otros por la compra de fertilizantes con un faltante en almacenes equivalente a Bs 8,8 millones, y a la exgerente de la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) Karina Fabiola Leyva Áñez, presunta familiar de Áñez, por incrementar sueldos y cargos con un daño de Bs 1,2 millones.

Mientras que la exgerenta de Frutos Amazónicos de Riberalta Carmen Alicia Melgar y otra exautoridad son acusados de entregar de forma directa Bs 8,3 millones a acopiadores de castaña sin conocerse hasta ahora su destino y uso. El exgerente Comercial de EBA recibió productos de diferentes proveedores para canastas estudiantiles municipales por valor de Bs 12 millones sin ningún tipo de proceso de contratación ni contrato alguno.

En la Empresa Azucarera de San Buenaventura, su exgerente Jorge Barrios, habría favorecido a una empresa con el fraccionamiento externo del producto por Bs 1,2 millones y la compra de 4.700 toneladas de urea con un presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.

Huanca informó que entre las denuncias también está una contra la Alcaldía de La Paz por no cumplir con el pago de Bs 23 millones por el desayuno escolar.

Ortiz y Rojo también fueron acusados por la contratación de “taxi vuelos” sin ningún justificativo hacia Santa Cruz, como el destino de combustible a vehículos particulares, entre otras denuncias.

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El CAT de la ONU llama a agilizar sanciones por la crisis de 2019-2020 y expresa preocupación por falta de independencia judicial

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió sus conclusiones y consideró que hay avances insuficientes sobre los hechos de violencia de 2019 y 2020

Represión en Sacaba, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

/ 3 de diciembre de 2021 / 19:42

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU llamó a Bolivia a agilizar la investigación y sanción a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en la crisis de 2019-2020 e instó a encarar de forma “urgente” una reforma judicial ante la “preocupante” falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

El Comité publicó sus conclusiones sobre las audiencias en el que examinó el estado de situación de la lucha contra la tortura en Bolivia, centrada principalmente en los hechos de violencia que se dieron antes, durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de una crisis política y social.

“El Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis sociopolítica de 2019-2020. El Comité hizo un llamado a Bolivia para que investigue sin demora todos estos hechos y procese y castigue a todos los responsables”, establece en sus conclusiones en inglés y que fueron traducidas de forma no oficial.

En la sesión del CAT, el relator Claude Heller aseguró el 29 de noviembre que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Una protesta cívica liderada por el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a la crisis de ese año. Denuncias de fraude electoral, respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que posteriormente fueron puestas en duda, alentaron las protestas violentas, a las que se sumaron un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales.

La exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder, tras una reunión de cívicos y políticos que trazaron la línea de sucesión. Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y el 15 se dio la masacre de Sacaba y el 19 la de Senkata, en ambos hechos intervinieron fuerzas militares-policiales y dejaron más de una veintena de muertos por impactos de bala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019 calificó lo de Sacaba y Senkata de masacres.

El CAT expresó su “preocupación” por el estado de situación de la Justicia y de la Fiscalía en Bolivia, que es acusada desde sectores de oposición de estar del lado de los gobiernos de turno.

“El Comité también expresó su profunda preocupación por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Comité instó al Estado parte a que llevara a cabo una reforma urgente del sistema judicial para garantizar la profesionalidad y la independencia de todos los jueces y fiscales”, establece el CAT en su traducción no oficial de su informe en conclusiones.

El Gobierno niega injerencia en el Órgano Judicial y encamina una reforma.

En septiembre presentó un plan estratégico de seis ejes que contemplan acciones como distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; acceso a la justicia; y “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”.

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Comisión de fiscales toma control del caso ítems en Santa Cruz y pide protección para denunciante

Una comisión de fiscales de Sucre se trasladó hasta la capital orienta para hacer seguimiento y asumir los actuados necesarias para esclarecer la denuncia de ítems fantasmas

Vista de la fachada principal de la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

/ 3 de diciembre de 2021 / 19:22

Una comisión de fiscales de Sucre llegó a Santa Cruz e inició la fiscalización a la investigación sobre los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de la capital oriental y requirió incorporar a la denunciante, Valeria Rodríguez, al programa de protección de víctimas y testigos, para garantizar su seguridad física.

El fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio, informó en una conferencia de prensa que la comisión iniciará la revisión de todos los actuados fiscales en esta denuncia y emitirá los requerimientos que correspondan en procura de establecer la denuncia que involucra a la gestión de los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa.

Rodríguez era pareja de Antonio Parada, exjefe de Recursos Humanos de la alcaldía cruceña, y denunció en el marco de una demanda en el ámbito familiar una serie de hechos de corrupción en el que está comprometido su expareja. Aunque no se tiene el dato exacto, se habla de un daño económico de más de Bs 60 millones.

Parada, según la denuncia, hizo figurar en las planillas del gobierno edil a 800 funcionarios que no existían por al menos 10 años, pero que cobraban un sueldo mensualmente. El denunciado hacía el cobro de esos salarios a través de tarjetas de débito.

“En el caso de su exesposo dijo que halló documentos y comprobantes de transacciones bancarias como traspasos de dinero que hizo a Estados Unidos. Me quedé con la boca abierta al encontrar tanta documentación de los ítems fantasmas. No justifica que con un sueldo de Bs 12.000 que ganaba tenga 18 movilidades, cinco inmuebles, terrenos”, relató la denunciante que ahora se encuentra hospitalizada.

Se cuestionó el trabajo del fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, porque tenía a un pariente trabajando en la Alcaldía. Este viernes renunció el suegro de Mariaca, Luis Flores, del gobierno edil y negando cualquier participación en los hechos en investigación.

Aparicio informó que se requerirá que Rodríguez sea incorporada al programa de protección de testigos.

“Se está requiriendo para que, a través de la protección a víctimas y testigos del Ministerio Público, se pueda brindar toda la protección y resguardo a la denunciante”, aseguró.

No se conoce el paradero de Parada.

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COVID-19: El COED Santa Cruz prohíbe fiesta de graduaciones y pide suspender paro en apoyo a Calvo

Las diferentes instituciones reunidas en el COED solicitaron al Gobierno ítems para reforzar el sector salud y reabrir el hospital de Montero

Integrantes del COED durante la conferencia de prensa. Foto: Gobernación Santa Cruz.

/ 3 de diciembre de 2021 / 17:00

Ante la tendencia al alza de nuevos casos COVID-19, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz decidió la suspensión de las fiestas de graduación y de todo evento que conglomere personas, y solicitó a la dirigencia de los médicos suspender el paro que programaron para la siguiente semana en apoyo al cívico Rómulo Calvo.

Santa Cruz es uno de los departamentos más golpeados con el coronavirus desde que fueran detectados los primeros casos, en marzo de 2020. El mayor índice de nuevos infectados se da, principalmente, en la ciudad capital y las autoridades de Salud están preocupadas por lo que podría desencadenarse si no se frena la cadena de contagios.

Autoridades reunidas en el COED asumieron 14 acciones, para minimizar los riesgos en esta cuarta ola y la presencia de una nueva variante del virus, omicron. El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, hizo conocer las determinaciones que, entre otras, recomienda prohibir la realización de eventos que conglomere a muchas personas.

“Recomendamos la prohibición de la realización de eventos de aglomeración masiva tales como conciertos, actividades deportivas, boliches, karaokes, rockolas, fiestas de promociones y fiestas de fin de año», establece parte del documento hecho público este viernes.

También solicitó al Concejo Departamental de Salud (Codesa) suspender el paro de 48 horas que tenían programado para la siguiente semana en apoyo al cívico Calvo y a Fernando Castedo, ambos destituidos de la Caja Petrolera de Salud (CPS) por faltar de forma injustificada a su trabajo.

Los médicos ya cumplieron un paro de 24 horas.

Entre las resoluciones también está el solicitar al Gobierno ítems de salud, la apertura del hospital de Montero y mantener el horario de circulación para personas y vehículos desde las 05.00 hasta las 02.00 del día siguiente. Los comercios tienen permitido atender hasta las 01:00.

Reporte oficial sobre el comportamiento del COVID-19 en Santa Cruz, del 2 de diciembre.

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El contralmirante Bravo llega a La Paz y declara en oficinas de la FELCC sobre masacre de Senkata

El contralmirante Aldo Bravo Méndez fue aprehendido la tarde de este jueves en Trinidad e inmediatamente trasladado a la ciudad de La Paz

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez a su ingreso a dependencias de la FELCC en La Paz. Foto: Roberto Guzmán

/ 2 de diciembre de 2021 / 23:51

Una vez aprehendido en Trinidad, Beni, el contralmirante y exinspector de las Fuerzas Armadas Aldo Bravo Méndez fue trasladado a la ciudad de La Paz. La noche de este jueves llegó hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para declarar dentro de la investigación por la masacre de Senkata, de noviembre de 2019.

No hizo ninguna declaración a la prensa cuando descendió del vehículo que lo trasladó desde el aeropuerto de El Alto y era llevado por policías hasta oficinas de la FELCC, en la ciudad de La Paz, la noche de este jueves.

Bravo Méndez fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Jeanine Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Deberá prestar declaraciones sobre los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Al menos 10 militares son procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión de Morales.

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Muere Viviana, mujer que quedó en mayo en estado vegetativo por la golpiza de su pareja

Viviana Ll. estaba internada desde mayo y en las últimas horas su estado se agravó y fue trasladada a terapia intensiva. Deja en la orfandad a dos niños

Viviana fue internada en mayo.

/ 2 de diciembre de 2021 / 22:22

Suben a 102 los feminicidios en lo que va del año en Bolivia, con la muerte de Viviana Ll. tras permanecer en estado vegetal y hospitalizada desde mayo como consecuencia de la golpiza que le propinó su pareja, ahora en la cárcel y a punto de salir porque se cumplió los seis meses de reclusión preventiva dispuesto por la Justicia.

Murió en horas de la madrugada de este jueves y dejó en la orfandad a dos niños de 4 y 7 años. Este caso no solo conmocionó a la sociedad por la brutalidad sino porque la víctima dejó un diario en el que describió todos los momentos de violencia que vivió al lado de su pareja, identificado como Rubén C.

El diario, con el relato de las agresiones que sufría, le entregó a un familiar que lo hizo público después que quedara en estado vegetal, por la brutal golpiza que le propinó su pareja.

“Me preguntó por qué estás oliendo fuerte, él se buscó su perfume y le dije, Rubén, el perfume está roto y él se ha enojado y en la cama me ha golpeado y yo le dije Rubén, no me pegues, te voy a pagar, cuánto cuesta y él me dijo, tu no me puedes pagar porque cuesta 100 bolivianos”, escribió Viviana en su diario.

En otra parte relata: “He visto una foto de él con una chica abrazado, y se lo mostré a su hermana Santusa, y ella no dijo nada, solo se sorprendió y esa noche el Rubén se había tomado y me dijo trae mi celular y se dio cuenta de que he leído y me pegó y al día siguiente su papá me vio que estaba toda pegada y le dijo Rubén por qué le has pegado, no la quiero ver así, anda a comprar una crema”.

El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto. Estaba internada en terapia intermedia del Hospital de Clínicas y en los últimos días su estado se agravó y se la internó en terapia intensiva.

“Que voy a hacer, mi hija ha muerto, no puedo creer que mi hija deje a sus dos hijos, solo pido justicia, estoy muy triste, mi hija tuvo que sobrevivir con oxígeno”, contó la madre de la víctima a la red Unitel.

Con la muerte de Viviana, los feminicidios suben a 102 en Bolivia.

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