Nacional

viernes 14 may 2021 | Actualizado a 15:26

Analistas ven discurso de gestión en nuevas autoridades y de confrontación en el de Camacho

El exasambleísta departamental y analista político Edwin Herrera sostuvo: “Y claro, Luis Fernando Camacho con su discurso trata de agarrar el estandarte del conservadurismo de nuestro país”.

Susana Bejarano y Edwin Herrera con la directora de La Razón y Extra Claudia Benavente en el programa Piedra, papel y tinta.

/ 3 de mayo de 2021 / 22:08

En el día de juramento de gobernadores y alcaldes, dos analistas observaron que el discurso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, apuntó a la confrontación con el gobierno de Luis Arce, mientras que el resto estuvo a la gestión.

“Es un discurso tremendamente político, casi integralmente político donde aquellas cuestiones de promesa electoral son de forma, de adorno porque lo central está basado netamente en la confrontación política”, afirmó la politóloga Susana Bejarano sobre el discurso de Camacho, quien en noviembre 2019 desempeñó un rol importante en la renuncia del expresidente Evo Morales.

Según Bejarano, Camacho comparó el modelo económico nacional con el cruceño y advirtió que las palabras del excívico cruceño deben ser una “alerta” para el gobierno debido a que posiciona temas como el censo y el pacto fiscal como “ejes de lucha para el federalismo”.

Al respecto, el exasambleísta departamental y analista político Edwin Herrera sostuvo: “Y claro, Luis Fernando Camacho con su discurso trata de agarrar el estandarte del conservadurismo de nuestro país”.

Nueve gobernadores y 339 alcaldes juraron al cargo este lunes tras haber vencido en las elecciones subnacionales de marzo o de abril, donde cuatro regiones fueron a un balotaje para elegir a sus gobernadores.

De acuerdo con Bejarano, el discurso de otros gobernadores, a diferencia de Camacho, estuvo orientado a recordar las promesas hechas en la campaña y a consolidar la gestión que se viene. “Hablar de la gestión, si bien es prematuro, los liderazgos de oposición deberán trabajar en relación a cumplir con las promesas, hoy estamos en una compleja situación económica cómo los alcaldes y gobernadores lleven esta crisis, más allá del discurso político”.

Herrera sostuvo que a diferencia de Camacho, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, tuvo más cautela debido a su experiencia política. “Dedicará este primer tramo a hacer gestión municipal”.

En el caso de Eva Copa, según Herrera, la flamante alcaldesa de El Alto debe apuntar a futuro a la autogestión y a reordenar la ciudad.

“Eva Copa está consciente de que no tiene ni el financiamiento ni las posibilidades económicas para hacer grande a El Alto, yo creo que va a apuntar a poner orden y a trabajar en la parte de la base…Y tal vez en una segunda gestión puede conseguir que El Alto por primera vez se autogestione, que no dependa de un partido porque El Alto lo que hizo es apostar a liderazgos y partidos, primero el MIR, luego Condepa, luego el MAS, UN y ahora Jallalla. La veo con deseos de querer poner orden en El Alto”, destacó.

Bejarano advirtió que si Copa logra una gestión medianamente tranquila “pues tiene perspectiva”. “Vamos a tener que esperar un poco para ver cómo responde Copa porque ahora le tocará gestionar un municipio tremendamente complejo (…) En la medida que Copa logre resolver los problemas de El Alto se puede perfilar algo.

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Transparencia pide a la Magistratura sancionar a jueza que hizo trampa en un examen

El Viceministerio de Transparencia también insta a cambiar la modalidad de los exámenes de competencia, para precautelar la selección de funcionarios.

La viceministra Susana Ríos, en La Razón Radio de este viernes.

/ 14 de mayo de 2021 / 12:19

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, pidió este viernes al Consejo de la Magistratura disponer de una sanción ejemplar contra la postulante al Tribunal Agroambiental que hizo trampa en su examen de postulación.

«Además de ser un hecho éticamente y profesionalmente reprochable, consideramos que el Consejo de la Magistratura debe tomar medidas ejemplares en este caso estamos esperando que nos informe qué es lo que han hecho, cuáles medidas se han tomado», informó en entrevista con La Razón Radio.

El jueves 15 de abril, una postulante al Tribunal Agroambiental que rendía el examen escrito de conocimientos en la ciudad de Trinidad fue sorprendida con las respuestas de la prueba anotadas en la palma de la mano izquierda.

En tanto, el lunes pasado, el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó que su oficina denunció a una jueza que pretendía pasar el examen para acceder al Tribunal Agroambiental haciendo trampa y anuló la convocatoria para reencauzar el proceso de selección de nuevos magistrados.

Ríos sugirió también al Consejo de la Magistratura cambiar la modalidad de los exámenes para evitar que hechos similares se repitan.

«Este tipo de circunstancias empañan y dañan la credibilidad al proceso y, en general, no es el primer proceso que se cae por una situación anómala; entonces, pensamos que el consejo de la Magistratura debería nomás pensar en otra modalidad de exámenes», dijo.

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Ríos: Melgar presentó un certificado médico exagerado para evadir una declaración

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) verificó que el documento del exviceministro de Transparencia Institucional Guido Melgar era erróneo.

Guido Melgar es conducido a oficinas policiales, el jueves. Foto: APG

/ 14 de mayo de 2021 / 11:41

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó este viernes que su antecesor Guido Melgar presentó un certificado médico exagerando su estado de salud para evitar presentarse a declarar en un proceso en su contra.

Aprehendido el jueves, el exfuncionario del gobierno transitorio de Jeanine Áñez es investigado por disponer el retiro irregular de información del Servicio General de Identificación Personal (Segip) sobre tarjetas prontuariales de 596 exautoridades y familiares del gobierno de Evo Morales.

«La Fiscalía verifica ese certificado a través del IDIF y va a verificar el estado de salud del señor Melgar, evidenciando que la situación no amerita como para que el señor no pueda ir a declarar (…), él presumiblemente estaría interfiriendo en los actos de investigación, por lo que se lo conduce para que haga su declaración y se lo tiene ahora detenido en celdas esperando la audiencia de medidas cautelares», informó en entrevista con La Razón Radio.

Melgar fue aprehendido la tarde del jueves, en el marco de un proceso iniciado en su contra por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La autoridad reveló que el exviceministro solicitó y recibió esa información pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían.

La viceministra Ríos explicó que la inasistencia de Melgar a declarar implica «desobediencia u obstaculización de la justicia», tomando en cuenta que nadie puede rehusarse a una investigación.

Entre los delitos que se le acusan a Melgar están uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.

La funcionaria explicó que según la investigación preliminar la información personal extraída por Melgar pretendía ser utilizada para eventuales procesos, además de forzar investigaciones contra algunas exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, en el marco de una “persecución política”.

En la lista de 596 personas estaban personas como Rafael Puente, Raúl Prada, Reymi Ferreira, Sebastián Míchel y exjugadores como Carlos Borja y Tito Montaño, y algunos jefes policiales.

También figuraban la hermana de Evo Morales y la pequeña hija de Álvaro García y además la madre de Claudia Fernández, su esposa.

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Encuesta del CELAG: El 51,4% confía en Arce sobre la economía, pese a dudas en la gestión

A seis meses de su posesión, el Presidente tiene buena calificación en su imagen y credibilidad, pero no hay buena evaluación a la gestión de la economía y la pandemia del coronavirus.

Foto: ABI

/ 14 de mayo de 2021 / 09:30

Una encuesta del CELAG señala que el presidente Luis Arce tiene imagen positiva y buena credibilidad, y que el 51,4% cree que su gobierno mejorará la economía en el segundo semestre, pese a la baja calificación en la gestión económica y de la pandemia. 

A seis meses de la posesión de Arce, quien asumió como gobernante el 8 de noviembre de 2020, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) presentó su séptima encuesta en el país, elaborada con 2.000 entrevistas telefónicas en los nueve departamentos, del 20 de abril al 11 de mayo.

El estudio revela que la economía y el empleo (21,9%) y el coronavirus (8,6%) no son el “principal problema” para los encuestados, sino la corrupción (24,1%). La violencia contra las mujeres ocupa el tercer lugar (12%), seguida por el conflicto político (10,9%) y la pobreza, con 9,1%. (Ver la infografía)

Sobre la pregunta “¿cuál diría que es su principal meta a alcanzar en 2021?”, el 29,7% indicó que “encontrar empleo/mejorar mi empleo”; el 17,7%, “poder invertir en un negocio propio”; el 14,7%, “cancelar deudas”; el 13%, “poder vacunarme contra el COVID-19”; el 11,8%, “poder ahorrar”, entre otros.

En la evaluación de la gestión económica del Gobierno, el 49,2% le da una baja nota si se suman las opciones “regular mal” (19,5%), “mala” (19,5%) y muy mala (10,2%); mientras que la aprobación llega al 46,3%, tras sumar las opciones “muy buena” (1,9%), “buena” (13,6%) y “regular bien” (30,8%).

Arce ha impulsado medidas para despertar la demanda interna, uno de los pilares de su programa económica, como el Bono contra el Hambre, y el Mandatario ha señado que hay indicadores que ya muestran mejoras en la economía. Eso sí, los empresarios le piden políticas para incentivar la oferta.

En ese marco, el 51,4% de los entrevistados por el CELAG cree que Arce podrá mejorar la economía en el segundo semestre de esta gestión. Aparte, el 60,2% aplaza la gestión de la pandemia, si se suman las opciones “regular mal”, “mala” y “muy mala”, a diferencia del 38,2% que la califica como “muy buena”, “buena” y “regular bien”.

IMAGEN POLÍTICA

La encuesta recurrió a personas mayores de 18 años. “La selección de entrevistados se realizó controlando cuotas de género, edad y nivel socioeconómico”, indica la ficha técnica, “el perfil de la muestra no registra sesgos para las principales variables sociodemográficas”. El margen de error es de 2,19%, al “95% de confianza”.

Otro bloque del estudio está referido a la imagen de políticos. El 49,1% califica la de Arce como positiva, y el 42,4% como negativa. Su credibilidad llega al 52,4%, si se suman las variables “algo creíble” y “muy creíble”; mientras que las opciones “nada creíble” y “poco creíble” llegan al 45%, en conjunto.

El 41,7% ve positiva la imagen del vicepresidente David Choquehuanca, y 34,7% como negativa. Sobre líderes opositores, el 61,2% califica de negativa la imagen del expresidente Carlos Mesa (31% positiva), el 36% tilda de negativa la del alcalde paceño Iván Arias (27,6% positiva) y el 61,9% ve negativa la del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho (29,1% positiva).

Un punto llamativo es la evaluación a la “imagen de actores sociales”. Los actores con una opinión positiva son: el Colegio Médico (60,4%), la Iglesia Católica (54,3%), las Fuerzas Armadas (52,6%) y las entidades bancarias, con 51%. Mientras que los con evaluación negativa son la Asamblea Legislativa (53,2%), la Policía (56,3%) y por último el Poder Judicial, con 68,7%.

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Arce recuerda que temía que su hija sea detenida en la ‘cacería’ de apoderados

Los asilados permanecieron por más de un año en la legación diplomática que estuvo con fuerte resguardo policial y una vigilia de activistas para impedir que escapen las exautoridades.

El exministro de Justicia, Héctor Arce.

/ 13 de mayo de 2021 / 22:55

El exministro de Justicia Héctor Arce informó este jueves que durante el año que le tocó vivir como asilado en la legación de México en La Paz el gobierno de Jeanine Áñez inició una “cacería” contra apoderados de los refugiados, entre ellos su hija de 23 años. Incluso dijo que revisaban estuches de juguetes de otra de sus hijas, que contaba con tres años.

“Yo estaba esperando que a mi hija la detuvieran, mi hija, una muchacha de 23 años que se ha labrado su profesión y su vida. Yo le dije: Si esto pasa yo voy a salir y aunque me maten voy a ofrecer mi vida, pero a tí nadie te va a tocar. La desesperación de un padre que llega a ese extremo y mi hija me dijo: Has criado hijos fuertes papá, no te preocupes, vamos a estar bien”, recordó.

Arce dijo en el programa por streaming de La Razón y Extra que las exautoridades asiladas en instalaciones de la legación mexicana dieron poderes a gente de su confianza para que puedan cobrar sueldos, aguinaldos o hacer trámites.

“Algunos compañeros dieron a familiares, el compañero Juan Ramón (Quintana) (exministro de la Presidencia) dio a una funcionaria. Yo le di a mi hija, tengo una hija que es abogada, que es un lujo, mi hija además tiene una maestría, es una jovencita abogada y yo le di a ella el poder para que cobrara mi sueldo e hiciera algunos trámites de declaración jurada”, relató el también exprocurador del Estado.

Los asilados permanecieron por más de un año en la legación diplomática que estuvo con fuerte resguardo policial y una vigilia de activistas para impedir que escapen las exautoridades.

Según recordó, el ahora exviceministro de Justicia Guido Melgar, aprehendido por un irregular acceso a datos del Servicio General de Identificaciones (Segip), empezó “en ese momento una cacería y una serie de procesos contra nuestros apoderados con un argumento irrisorio: Han falseado la verdad porque ellos están en México, nosotros no estábamos en México, estábamos en la zona Sur de la ciudad de La Paz”.

Arce aclaró que el hecho de que una embajada tenga privilegios e inmunidades no quiere decir que sea territorio extranjero, “y eso lo ha acotado el derecho internacional de mil maneras y la canciller (Karen Longaric) no dijo nada”.

Recordó que en el gobierno de Áñez se aprehendió a la apoderada de Quintana y a la apoderada del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa.

También evocó que la Policía requisaba estuches de juguetes de su hija de tres años.

“Le sacaban fotografías a una niña de tres años cuando el Código lo prohíbe, Código que yo mismo he aprobado. Ese es el aprendizaje, es el dolor, el sufrimiento”, sostuvo Arce, quien aseveró que no busca venganza ni tiene en mente iniciar procesos judiciales.

Apuntó que lo vivido en las instalaciones de la legación mexicana permitió labrar tres palabras: memoria, verdad y justicia. La primera para evitar que sucesos como octubre y noviembre de 2019 no vuelvan a ocurrir; verdad para conocer realmente lo que pasó en 2019 y justicia para encontrar a los responsables de los sucesos.

Arce dejó la Embajada de México el 3 de noviembre de 2020, donde estuvo junto a los exministros Quintana, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz. También se encontraban en el lugar el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, el exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Dorado y el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna.

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Arce devela que el juicio a La Razón fue por ‘instrucción’ del Órgano Ejecutivo

El 2014, el entonces Procurador del Estado demandó a los periodistas Ricardo Aguilar y Claudia Benavente por presuntos delitos de espionaje y revelación de secretos del Estado.

/ 13 de mayo de 2021 / 22:27

El ahora exprocurador del Estado Héctor Arce develó que el juicio contra dos periodistas de La Razón en 2014 fue motivado por una “instrucción del Órgano Ejecutivo” y “un interés superior”, y la “preocupación” del entonces presidente Evo Morales por que en el futuro “no pudieran afectar los intereses estratégicos del Estado”.

El 22 de abril de ese año, la Procuraduría, regida por el abogado, presentó una demanda ante el Ministerio Público contra los periodistas Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Claudia Benavente, por presunta complicidad, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político.

Meses después, el 5 de agosto, la Sala Penal Tercera, mediante Resolución 148/2014, remitió el caso al Tribunal de Imprenta, que hasta la fecha no se ha conformado.

“La Procuraduría depende del Órgano Ejecutivo y nosotros recibimos una instrucción —y ésa es la aclaración que yo he pretendido darle durante todos estos años— para evitar que en el futuro, o el trámite de esta demanda u otras demandas que el Estado intente, se cometiera esta situación de —no quiero llamar infidencia, no quiero usar ningún término peyorativo— que pudieran afectar los objetivos estratégicos del Estado”, explicó Arce este jueves en una entrevista con la transmisión virtual Piedra, papel y Tinta, de La Razón.

Arce habló por primera vez con La Razón desde 2014, cuando demandó a dos periodistas de este diario. Al presentar la entrevista, Benavente contó que no se sentiría tranquila continuar la conversación si no le recuerda a su interlocutor sobre el resultado de ese proceso en la justicia ordinaria y su paso al Tribunal de Imprenta.

La demanda contra La Razón es derivada al Tribunal de Imprenta

El exprocurador deslindó responsabilidad sobre la iniciativa. “Nunca hubo mala intención, sino una preocupación y una preocupación no nuestra”, arguyó.

Fue “una situación que le preocupó al Presidente en ese momento por el cuidado, el amor y la protección que le pusimos a este emprendimiento grande”, insistió en relación al momento en que Bolivia argumentaba un juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Países Bajos).

“Hablamos de esto, de la grave preocupación que en ese entonces tenían el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García”, relató Arce.

En la entrevista, en la que habló su experiencia sobre su asilo en la residencia de la embajada de México en La Paz, Arce contó que al final el juicio a los periodistas de La Razón terminó en al Tribunal de Imprenta, aunque admitió que no supo por qué no se resolvió. “Pero ante el pedido de ustedes, y también ante un pedido de Carlos Mesa —no tengo por qué negar esta situación, un hombre que colaboró muchísimo en la demanda— nosotros accedimos (a que el caso pase al Tribunal de Imprenta)”, afirmó.

“No sabía que hasta ahora estaba pendiente esta situación, que, de alguna manera, muestra la ineficacia de la Ley de Imprenta muy antigua”, dijo.

“Nosotros hemos respirado al pasar (juicio) de la justicia ordinaria al Tribunal de Imprenta y ahora estamos esperando —nos decían los abogados que depende que quien demande— que se conforme el Tribunal de Imprenta para resolver el caso”, respondió Benavente.

A punto de asumir funciones en representación de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el también exministro de Justicia lamentó que el caso que propició en 2014 haya afectado al periodista Aguilar y a Benavente.

“La idea era que este tipo de situaciones, que pueden ser muy llamativas para el instinto acucioso para el periodista, no se repitan en un tema que en ese momento resultaban de trascendental importancia”, insistió.

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