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Tuesday 21 May 2024 | Actualizado a 12:22 PM

The Intercept: El DOJ de EEUU amenazó a analistas del MIT que objetaron informe de la OEA sobre ‘fraude’ en Bolivia

La revista accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021, en los que una abogada litigante del Departamento de Justicia hostigó y amenazó con una citación a Jack R. Williams y John Curiel, que afirmaron que no hubo “fraude” en los comicios bolivianos de 2019.

/ 6 de mayo de 2021 / 16:04

Una publicación de la revista electrónica The Intercept revela que Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), fueron amenazados por una abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por su estudio que objetó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un “fraude” en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia.

Las pruebas del hostigamiento son correos electrónicos obtenidos por este medio dirigido por el reconocido periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, como fuente.

«COMPLICIDAD» DE TRUMP

“Los correos electrónicos a los analistas muestran la complicidad de la administración de Donald Trump” con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia, señala la presentación de la publicación. Este material muestra “la existencia de la investigación del Departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019”, complementa.

The Intercept indica que se instaló un “régimen golpista” entre el 12 de noviembre de 2019 —cuando renunció Evo Morales y Áñez se proclamó presidenta después de recibir la banda presidencial de manos de los militares— y el 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia tras ganar en las elecciones del 18 de octubre de ese año, con un respaldo del 55,10% de la votación.

El actual gobierno y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, quien resultó asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Anunció su dimisión el 10 de noviembre de ese año, después de la estocada dada por un polémico informe previo de la OEA, que alimentó el discurso de sus opositores sobre un “fraude” en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Entonces, los resultados electorales habían dado la victoria al jefe del MAS, sin la necesidad de una segunda vuelta con su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue el primero en arengar un “gigantesco fraude”. Las banderas del supuesto “fraude” provocaron que Morales deje el país el 11 de noviembre de 2019; se asiló primero en México y luego obtuvo refugio en Argentina.

Al respecto, The Intercept publica que “el régimen golpista de corta duración llegó al poder siguiendo un guión claro: en las semanas previas a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición bombeó propaganda interminable a través de las redes sociales y las redes de televisión, advirtiendo que el actual presidente Evo Morales haría explotar un fraude generalizado para ganar la reelección”.

El MAS afirma que la contundente victoria de Arce de 2020 demuestra que no hubo irregularidades en el proceso electoral de un año antes. Inclusive se activó un proceso de investigación bautizado como “golpe de Estado”, que derivó en la detención de Áñez y dos de sus exministros, quienes fueron encarcelados por seis meses mientras duran las pesquisas de la Fiscalía, en los penales de Miraflores y San Pedro, respectivamente.

El informe preliminar y la posterior “auditoría” de la OEA han sido objeto de críticas por parte de organizaciones y especialistas internacionales. Países como México o Argentina han puesto en duda la idoneidad del uruguayo Luis Almagro para dirigir la entidad. Y el gobierno de Arce eligió recién al exministro Héctor Arce como embajador ante la OEA, con la misión específica de que haga rendir cuentas a Almagro sobre su “injerencia” de 2019.

DOS ANALISTAS HOSTIGADOS

Precisamente Williams y Curiel fueron dos de las voces que objetaron el documento de la OEA sobre los comicios bolivianos. En febrero del año pasado, mediante un análisis estadístico publicado en The Washington Post, ambos especialistas, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, indicaron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”. Un estudio que sacó ronchas en Bolivia.

El gobierno de Áñez se estrelló contra los especialistas del Laboratorio de Ciencias y Datos Electoral del MIT, al igual que la OEA, que reafirmó que hubo una “manipulación dolosa” en las elecciones de marras y que se notó una parcialización del tribunal electoral; eso sí, no mencionó la palabra “fraude” en las casi 100 páginas de su informe. The Intercept asegura que el análisis trajo consecuencias tanto a Williams como Curiel.

La revista devela que tres días antes de los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia, “los investigadores recibieron la primera de las solicitudes del Departamento de Justicia (de Estados Unidos). La abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y dijo que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación criminal”.

Ese correo electrónico provocó que Curiel le aclarara que “se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo”. George admitió posteriormente su error, y le indicó que se refería a Bolivia. Eso sí, afirma The Intercept, la abogada estadounidense “nunca proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, cuya existencia no se había informado previamente”.  

“Tenemos algunas preguntas sobre el informe de datos y le agradeceríamos que nos hiciera saber cuándo estará disponible para hablar con nosotros por teléfono antes del 6 de noviembre de 2020”, escribió George a los analistas, continúa la revista electrónica, que accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, posteriormente vino un hostigamiento que recurrió a un tono amenazador.

Ello sucedió cuando Williams explicó a George que su indagación se basó en datos públicos, disponibles. La respuesta provocó que George amenace con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”, aunque luego bajó sus decibeles, aclarando que no era necesaria una entrevista. “Simplemente estoy tratando de averiguar” si el artículo publicado en el diario estadounidense “incluye su investigación y es una copia auténtica” e “incluye la investigación exhaustiva que usted y el señor Curiel condujeron”.

The Intercept trató de hablar con el portavoz del DOJ, Joshua Stueve, quien evitó hacer comentarios. Pero una “fuente familiarizada con la investigación” afirmó que lo sucedido “asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior”; además que la “amenaza de citación fue una medida extraordinaria”, porque el DOJ “tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno” de Estados Unidos.

FUERA DEL PROTOCOLO

Paralelamente, un exabogado litigante del DOJ indicó a The Intercept que los correos son inusuales en estos casos. “Generalmente, la OIA reclutaría al FBI u otra agencia de investigación para ejecutar una solicitud de MLA entrante, como una entrevista voluntaria con un testigo o una investigación como esta. Es inusual que un abogado de la OIA lo maneje”. Añadió que la interacción con medios requiere un aval de los jefes del DOJ.

“Hay todo un conjunto de protocolos onerosos para los abogados litigantes que buscan información de una organización de medios, y la decisión de seguir adelante se tomaría en altos niveles del Departamento de Justicia. Esta solicitud en particular no es su investigación criminal corriente, por lo que puede estar bastante seguro de que recibió una exposición de muy alto nivel”, declaró la fuente que pidió mantenerse en reserva.

La publicación de la revista electrónica señala que dos días antes de los comicios del 18 de octubre de 2020, “el ecosistema mediático de la derecha estaba una vez más plagado de afirmaciones de que la votación sería manipulada, pero el esfuerzo fracasó la segunda vez, ya que el MAS ganó de manera aplastante. Morales, entonces todavía en el exilio (en Argentina), no se postuló, pero su protegido Luis Arce ganó el 55% de los votos”.

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Arce capituló en una ley, un decreto y dos proyectos ante presión

Los gremiales son el común denominador de la oposición a estas normas.

El rpesidente Luis Arce en Casa Grande del Pueblo.

Por Miguel Gómez

/ 20 de mayo de 2024 / 09:08

Martes 14 de mayo. Casa Grande del Pueblo. Ciudad de La Paz. Acompañado de autoridades y dirigentes de sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce anunciaba la anulación del Decreto Supremo 5143, sobre Derechos Reales. 

Es la cuarta norma en la que su administración gubernamental capitula durante su gestión de tres años y medio, desde noviembre de 2020. En el listado se encuentran los proyectos de ley 218 (octubre de 2021) y 280 (abril de 2023), la Ley 1386 (noviembre de 2021) y precisamente el decreto 5143.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo 5143 para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando”, dijo el mandatario, en su conferencia.

Arce

El mensaje fue celebrado por sus rivales opositores, que catalogaron a la determinación gubernamental como una derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. Mientras que el Gobierno atribuyó el rechazo a la norma a intereses políticos que generaron desinformación, con una malintención de por medio.

LISTA. En criterio de Arce, podía germinar un ambiente de “convulsión social” si no se anulaba el decreto 5143, ya que el tema inclusive fue tomado como bandera por el expresidente Evo Morales, que lidera el otro bloque del MAS. Un discurso que ya se asumió en otras oportunidades, con la denuncia de planes de desestabilización.

La primera capitulación gubernamental llegó en octubre de 2021, cuando la escalada en las movilizaciones de los gremiales se centró contra el proyecto de Ley 218, contra la “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

Proyectos

Se retiró el documento de la agenda de la Asamblea Legislativa, empero, ello no bastó para los movilizados, que sumaron otros aliados como transportistas y cooperativistas, y pusieron en la mira a la que denominaron “ley madre”, la 1386, sobre la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La mayor observación fue que el Presidente podía ajustar la estrategia por decreto. El 14 de noviembre, Arce abrogaba la norma. “Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, más dolor… Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia, de cuidar a nuestras familias”, remarcó, ante las movilizaciones.

La pulseta no acabaría allí. Año y medio después, en abril de 2023, nuevamente salió a la palestra un proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea con la misma temática: la Ley 280, sobre “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Y otra vez surgió la presión de sectores como los gremiales, que denunciaron la criminalización de la protesta.

Protesta

“Se han vertido una serie de mentiras que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de Ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso”, aclaró entonces el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. No obstante, el documento fue retirado de la Asamblea para que sea debatido.

La cuarta vez que el Gobierno levantó las manos fue la anterior semana, con el decreto 5143. Ello a nivel de normas, ya que para desbloquear el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el año pasado, retiró dos disposiciones del proyecto, también ante la presión en las calles y en la Asamblea, por parte de legisladores afines a Morales y opositores.

Ahora, se abrió otro conflicto con gremios como el magisterio y los trabajadores en salud; esta vez sobre el proyecto de Ley 035, de incremento a los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que está en el Legislativo. Por ahora se activaron mesas de trabajo para su discusión. ¿Arce cederá al pedido de retirarla o logrará su aprobación?

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Judiciales sin rumbo: Un cuestionado TCP tiene otra vez la llave para las elecciones

Se espera un fallo entre hoy y mañana, según el MAS que apoya a Arce

Reunión de las tres fuerzas políticas en la Vicepresidencia

Por Miguel Gómez

/ 20 de mayo de 2024 / 07:14

Un cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), bajo la sombra de la prórroga de mandato, tiene nuevamente la llave para revivir o sepultar el nuevo proceso de las elecciones judiciales en la Asamblea. Se espera su fallo hasta mañana.

El jueves 16 se dio el último portazo a los comicios, cuando fracasó la convocatoria al diálogo del presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca. Una cita que contó con representantes de los dos bloques (arcistas y evistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las posiciones encontradas afloraron. Por un lado, el ala del MAS que respalda al expresidente Evo Morales y las alianzas opositoras, que apuntaron a Choquehuanca y lo acusaron de no tener la voluntad para llamar a una sesión de la Asamblea que defina el camino a seguir para reencauzar la preselección de postulantes al TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Por el otro, Choquehuanca y los asambleístas que apoyan al presidente Luis Arce, que ratificaron su posición de esperar el pronunciamiento del TCP sobre la tutela solicitada por el Legislativo para que se pueda proseguir el proceso de las judiciales, que quedó truncado en la fase de los exámenes orales a los aspirantes.

TCP

La brújula de las judiciales está sin norte al igual que el año pasado, cuando debían realizarse pero fueron bloqueadas por recursos judiciales. Ahora, una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó en foja cero la preselección y declaró inaplicables la ley y la convocatoria de los comicios.

Así, sigue en curso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, lo cual es objetado por evistas y opositores, por lo cual también demandan el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para que estos magistrados sean retirados de sus cargos.  

Ayer, en Bolivia Tv, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Jerges Mercado, del bloque arcista, ratificó que la llave jurídica para destrabar las elecciones está en el TCP. “Inmediatamente el Tribunal Constitucional nos asigne la tutela, retomamos todo el proceso de preselección. Estábamos ya en la recta final”. Y admitió que los plazos están al límite, ya que para este año están previstas igual las primarias en las organizaciones políticas y la elección del nuevo Fiscal General.

Judiciales

La anterior semana se supo que el TCP ya sorteó el recurso presentado por la Asamblea y que se designó al Tribunal de Garantías del departamento de Pando para que asuma una determinación. Mercado complementó que se espera entre hoy y mañana si las judiciales son reencaminadas.

PRÓRROGA. Así, el TCP, cuestionado sobre todo por su resolución para la prórroga de mandato de los magistrados ante la no realización de las judiciales en 2023, y por otras deciciones como la “inhabilitación de Evo Morales” para las presidenciales de 2025, y la orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto, tendrá de nuevo a su cargo una sentencia clave.

Y en ello no hay que olvidar que el año pasado fue precisamente el Constitucional que enterró los comicios, cuando se intentó impulsar el proceso mediante el proyecto de Ley 144 aprobado por la Cámara de Senadores. En diciembre, declaró inconstitucionales ocho artículos del documento y prorrogó a los magistrados. Ahora tiene la llave para el proceso, o el candado para cerrarlo de nuevo.

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Huanca critica al gobierno de Morales: Por qué en 14 años no se pudo industrializar la producción

“Estamos construyendo más de 150 plantas industriales en diferentes partes del país, aprovechando las vocaciones productivas que tienen nuestras regiones", dijo el ministro.

El ministro Néstor Huanca, en Bolivia Tv. Foto: Captura de Bolivia Tv

/ 19 de mayo de 2024 / 13:11

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, lanzó un dardo al expresidente Evo Morales (2006-2019), al criticar que no se haya podido aprovechar la producción de las regiones para la industrialización, en 14 años de mandato.

“Estamos construyendo más de 150 plantas industriales en diferentes partes del país, aprovechando las vocaciones productivas que tienen nuestras regiones. Bolivia tiene materia productiva de todo nivel y lamentablemente me preguntó por qué en 14 años no se ha podido aprovechar esa producción”, indicó este domingo, en Bolivia Tv.

Lea más: El Gobierno desembolsó Bs 1.600 millones a través del SIBolivia en tres años

La autoridad defendió la política de la administración del presidente Luis Arce, que apunta a la construcción de plantas industriales hasta el siguiente año, bicentenario de la creación del país, bajo la bandera de la industrialización para la sustitución de importaciones.

Asimismo, tal como lo hizo en la semana, ratificó los buenos números del crédito SIBolivia, sobre todo para el sector de los microempresarios, que protestan por la falta de dólares para las importaciones. “Gracias al crédito SIBolivia, el sector de microempresa ha accedido a Bs 874,4 millones, la gran empresa recibió Bs 406,5 millones y el sector de mediana empresa ha sido beneficiado con Bs 335,1 millones (…) Son beneficiarios que vienen del rubro de alimentos, prendas de vestir, muebles, cauchos, entre otros”.

Subrayó que este crédito tiene un interés de 0,5% y un fondo de Bs 2.393 millones. “Hasta la fecha, el crédito ha tenido un excelente desenvolvimiento porque hemos desembolsado más de Bs 1.616 millones y destinado 12.293 créditos a unidades productivas del sector microempresarial”.

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‘Boicot’ y reunión opositora en EEUU: Arce dice que ‘la derecha se está afilando para las elecciones’

El mandatario emitió estas declaraciones en la entrega de ocho obras en Icla, Chuquisaca. “No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando y resolviendo los problemas de los más humildes, de los que siempre han sido marginados”.

El presidente Luis Arce, este sábado en Chuquisaca. Foto: Luis Arce

/ 18 de mayo de 2024 / 13:39

El presidente Luis Arce advirtió este sábado que “la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año” y ratificó que hay un boicot económico contra su administración, en medio del bloqueo a créditos externos en la Cámara de Senadores y un encuentro de opositores en Estados Unidos que levantó polémica y discutió una alternativa de unidad contra el MAS.

“Esto sucede en un marco complicado, porque la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año. Muchos quieren acortar el mandato, todos quieren hacer todo; y lo único que estamos haciendo es trabajar por el pueblo boliviano y devolverle a las organizaciones sociales su instrumento político. No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando”, dijo Arce.

El mandatario emitió estas declaraciones en la entrega de ocho obras en Icla, Chuquisaca. “No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando y resolviendo los problemas de los más humildes, de los que siempre han sido marginados”, remarcó. “Hay un boicot hacia el Gobierno nacional, un estrangulamiento que se quiere hacer a la economía del pueblo”.

Lea más: Arce llama ‘manq’agastos’ a senadores y pide que aprueben créditos destinados a obras

Arce y la derecha

Créditos de organismos internacionales que son demandados por el Gobierno se encuentran estancados en el Senado. Allí, el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda a Evo Morales (evistas); junto a las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos les han puesto trabas; exigiendo que se debata las leyes 073 y 075 contra los magistrados prorrogados.

El Gobierno y los legisladores del MAS que apoya a Arce (arcistas) denunciaron que hay una nueva coalición entre evistas y opositores, que le ponen zancadillas a las propuestas legislativas del Órgano Ejecutivo. Esto ha ahondado la división interna en el partido oficialista, que también libra una pulseta para la realización de congresos que definan a su nueva directiva nacional.

Esta semana también se reveló una reunión de representantes opositores, como Zvonko Matkovic (Creemos), el diputado Carlos Alarcón (CC) y Samuel Doria Medina, empresario y extitular de Unidad Nacional (UN), la cual tuvo un cariz netamente “político”, tal como indicó Matkovic, afirmando que estos encuentros apuntan a tantear la “unidad” en la oposición.

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Fracasa el diálogo por las judiciales; opositores apuntan a Choquehuanca por no convocar a sesión

/ 16 de mayo de 2024 / 19:04

El diálogo convocado por el presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, fracasó este jueves. Opositores indicaron que el motivo es la falta de voluntad de éste para convocar a una sesión del Legislativo para destrabar las judiciales.

El senador Roberto Padilla, del MAS, criticó la “falta de voluntad” de Choquehuanca, al igual que su colega Guillermo Seoane, de Comunidad Ciudadana (CC). Sus declaraciones fueron tras el encuentro en la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.

Choquehuanca convocó a la cita para salvar los comicios, cuyo proceso de preselección de postulantes fue anulado por una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, que anuló la ley y la convocatoria sobre las judiciales.

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