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miércoles 4 ago 2021 | Actualizado a 04:29

The Intercept: El DOJ de EEUU amenazó a analistas del MIT que objetaron informe de la OEA sobre ‘fraude’ en Bolivia

La revista accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021, en los que una abogada litigante del Departamento de Justicia hostigó y amenazó con una citación a Jack R. Williams y John Curiel, que afirmaron que no hubo “fraude” en los comicios bolivianos de 2019.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio Quemado, tras proclamarse presidenta. Foto: Álvaro Valero

/ 6 de mayo de 2021 / 16:04

Una publicación de la revista electrónica The Intercept revela que Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), fueron amenazados por una abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por su estudio que objetó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un “fraude” en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia.

Las pruebas del hostigamiento son correos electrónicos obtenidos por este medio dirigido por el reconocido periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, como fuente.

«COMPLICIDAD» DE TRUMP

“Los correos electrónicos a los analistas muestran la complicidad de la administración de Donald Trump” con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia, señala la presentación de la publicación. Este material muestra “la existencia de la investigación del Departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019”, complementa.

The Intercept indica que se instaló un “régimen golpista” entre el 12 de noviembre de 2019 —cuando renunció Evo Morales y Áñez se proclamó presidenta después de recibir la banda presidencial de manos de los militares— y el 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia tras ganar en las elecciones del 18 de octubre de ese año, con un respaldo del 55,10% de la votación.

El actual gobierno y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, quien resultó asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Anunció su dimisión el 10 de noviembre de ese año, después de la estocada dada por un polémico informe previo de la OEA, que alimentó el discurso de sus opositores sobre un “fraude” en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Entonces, los resultados electorales habían dado la victoria al jefe del MAS, sin la necesidad de una segunda vuelta con su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue el primero en arengar un “gigantesco fraude”. Las banderas del supuesto “fraude” provocaron que Morales deje el país el 11 de noviembre de 2019; se asiló primero en México y luego obtuvo refugio en Argentina.

Al respecto, The Intercept publica que “el régimen golpista de corta duración llegó al poder siguiendo un guión claro: en las semanas previas a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición bombeó propaganda interminable a través de las redes sociales y las redes de televisión, advirtiendo que el actual presidente Evo Morales haría explotar un fraude generalizado para ganar la reelección”.

El MAS afirma que la contundente victoria de Arce de 2020 demuestra que no hubo irregularidades en el proceso electoral de un año antes. Inclusive se activó un proceso de investigación bautizado como “golpe de Estado”, que derivó en la detención de Áñez y dos de sus exministros, quienes fueron encarcelados por seis meses mientras duran las pesquisas de la Fiscalía, en los penales de Miraflores y San Pedro, respectivamente.

El informe preliminar y la posterior “auditoría” de la OEA han sido objeto de críticas por parte de organizaciones y especialistas internacionales. Países como México o Argentina han puesto en duda la idoneidad del uruguayo Luis Almagro para dirigir la entidad. Y el gobierno de Arce eligió recién al exministro Héctor Arce como embajador ante la OEA, con la misión específica de que haga rendir cuentas a Almagro sobre su “injerencia” de 2019.

DOS ANALISTAS HOSTIGADOS

Precisamente Williams y Curiel fueron dos de las voces que objetaron el documento de la OEA sobre los comicios bolivianos. En febrero del año pasado, mediante un análisis estadístico publicado en The Washington Post, ambos especialistas, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, indicaron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”. Un estudio que sacó ronchas en Bolivia.

El gobierno de Áñez se estrelló contra los especialistas del Laboratorio de Ciencias y Datos Electoral del MIT, al igual que la OEA, que reafirmó que hubo una “manipulación dolosa” en las elecciones de marras y que se notó una parcialización del tribunal electoral; eso sí, no mencionó la palabra “fraude” en las casi 100 páginas de su informe. The Intercept asegura que el análisis trajo consecuencias tanto a Williams como Curiel.

La revista devela que tres días antes de los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia, “los investigadores recibieron la primera de las solicitudes del Departamento de Justicia (de Estados Unidos). La abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y dijo que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación criminal”.

Ese correo electrónico provocó que Curiel le aclarara que “se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo”. George admitió posteriormente su error, y le indicó que se refería a Bolivia. Eso sí, afirma The Intercept, la abogada estadounidense “nunca proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, cuya existencia no se había informado previamente”.  

“Tenemos algunas preguntas sobre el informe de datos y le agradeceríamos que nos hiciera saber cuándo estará disponible para hablar con nosotros por teléfono antes del 6 de noviembre de 2020”, escribió George a los analistas, continúa la revista electrónica, que accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, posteriormente vino un hostigamiento que recurrió a un tono amenazador.

Ello sucedió cuando Williams explicó a George que su indagación se basó en datos públicos, disponibles. La respuesta provocó que George amenace con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”, aunque luego bajó sus decibeles, aclarando que no era necesaria una entrevista. “Simplemente estoy tratando de averiguar” si el artículo publicado en el diario estadounidense “incluye su investigación y es una copia auténtica” e “incluye la investigación exhaustiva que usted y el señor Curiel condujeron”.

The Intercept trató de hablar con el portavoz del DOJ, Joshua Stueve, quien evitó hacer comentarios. Pero una “fuente familiarizada con la investigación” afirmó que lo sucedido “asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior”; además que la “amenaza de citación fue una medida extraordinaria”, porque el DOJ “tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno” de Estados Unidos.

FUERA DEL PROTOCOLO

Paralelamente, un exabogado litigante del DOJ indicó a The Intercept que los correos son inusuales en estos casos. “Generalmente, la OIA reclutaría al FBI u otra agencia de investigación para ejecutar una solicitud de MLA entrante, como una entrevista voluntaria con un testigo o una investigación como esta. Es inusual que un abogado de la OIA lo maneje”. Añadió que la interacción con medios requiere un aval de los jefes del DOJ.

“Hay todo un conjunto de protocolos onerosos para los abogados litigantes que buscan información de una organización de medios, y la decisión de seguir adelante se tomaría en altos niveles del Departamento de Justicia. Esta solicitud en particular no es su investigación criminal corriente, por lo que puede estar bastante seguro de que recibió una exposición de muy alto nivel”, declaró la fuente que pidió mantenerse en reserva.

La publicación de la revista electrónica señala que dos días antes de los comicios del 18 de octubre de 2020, “el ecosistema mediático de la derecha estaba una vez más plagado de afirmaciones de que la votación sería manipulada, pero el esfuerzo fracasó la segunda vez, ya que el MAS ganó de manera aplastante. Morales, entonces todavía en el exilio (en Argentina), no se postuló, pero su protegido Luis Arce ganó el 55% de los votos”.

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Castillo toma juramento a su gabinete, faltan los ministros de Economía y de Justicia

El nuevo presidente peruano dirigió el acto fue en el Gran Teatro Nacional. De las 16 autoridades posesionadas, solamente dos son mujeres.

Foto: Andina

/ 30 de julio de 2021 / 01:05

El nuevo presidente de Perú, el profesor Pedro Castillo, posesionó a medianoche a los integrantes de su gabinete en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Queda pendiente el nombramiento y la posesión de los ministros de Economía y de Justicia.

Según la página web de El Comercio, el acto se retrasó por dos horas. Más antes, el mandatario había tomado juramento a Guido Bellido como jefe de gabinete, lo que desató polémica, ya que el legislador fue investigado por presunta “apología al terrorismo”.

De 16 autoridades posesionadas, solo dos son mujeres. Aquí la lista de los ministros:

Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores.

Wálter Ayala, ministro de Defensa.

Juan Manuel Carrasco, ministro del Interior.

Juan Raúl Cadillo, ministro de Educación.

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Iván Quispe, ministro de la Producción.

Iber Maraví, ministro de Trabajo.

Víctor Mayta, ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Hernando Cevallos, ministro de Salud.

Ciro Gálvez, ministro de Cultura.

Gerardo Alvarado, ministro de Vivienda.

Juan Francisco Silva, ministro de Transporte y Comunicaciones.

Iván Merino, ministro de Energía y Minas.

Rubén Ramírez, ministro del Ambiente.

Dina Boluarte (vicepresidenta), ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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Quiroga y Vásquez declararán en la Fiscalía este viernes por el caso Golpe de Estado

El exasesor de Jorge Quiroga debe presentarse ante el Ministerio Público de La Paz a las 09.00, mientras que Quiroga, excoordinador político del partido de Carlos Mesa, a las 14.00.

/ 29 de julio de 2021 / 12:30

José Antonio Quiroga, excoordinador político de Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, y Luis Vásquez Villamor, exasesor de Jorge Quiroga en la crisis de 2019, declararán el viernes ante el Ministerio Público por el caso Golpe de Estado, en calidad de testigos.

El anuncio fue hecho por el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien indicó este jueves que los testigos deben presentarse a la Fiscalía Departamental de La Paz. Vásquez debe brindar su declaración a las 09.00 y Quiroga, a las 14.00.

Quispe pidió responsabilidad a los citados, para que se pueda conocer de primera fuente el proceso que se impulsó en noviembre de 2019 para que la entonces senadora Jeanine Áñez sea proclamada, primero, presidenta del Senado y luego, presidenta del Estado.

El caso Golpe de Estado fue abierto por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), para investigar las causas del derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en medio de un ambiente de denuncias de fraude en las elecciones.

El entonces mandatario dimitió asfixiado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude enarbolado por sus opositores.

Áñez asumió el 12 de noviembre, tras haberse allanado su arribo al poder mediante reuniones extralegislativas, en las cuales estuvo Vásquez. Mientras Quiroga participó de una reunión anterior en las oficinas de editorial Plural, en la zona de Sopocachi.

Según declaraciones de Áñez ante la Fiscalía, Quiroga llamó en medio de esa cita a Carlos Mesa para preguntarle si aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra (MAS), entonces presidenta del Senado, lo cual fue supuestamente descartado por el jefe de CC.

El 8 de julio, Quiroga asistió al Ministerio Público y su declaración fue suspendida. “Nosotros sostenemos que es un caso fabricado, es un caso armado artificialmente, pero vamos a cumplir con lo que la ley señala”, dijo entonces.

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Costas afirma que el informe de la OEA fue político e intencionado

El exvicepresidente del TSE señala que el informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia es poco serio, y anuncia una representación. Cataloga a la auditora Ethical Hacking como un “caballo de Troya” en el conflicto.

Antonio Costas.

/ 28 de julio de 2021 / 07:31

“Estoy muy feliz”, asegura Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la crisis de 2019, al hablar sobre el sobreseimiento de la Fiscalía en el caso sobre los comicios anulados de 2019. Más aún, arremete contra el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anuncia una representación ante esta entidad, tras el daño ocasionado a su persona y sus excolegas.

—¿Cuál es su apreciación inicial sobre el sobreseimiento?

—Creo que en honor a la verdad corresponde que el Ministerio Público nos haya sobreseído, porque las nueve fiscalías departamentales estaban con el mismo tratamiento. Y leyendo la pericia informática de la unidad técnica de la Universidad de Salamanca, los resultados no tienen mucho cuestionamiento.

—¿Hubo algún objetivo para desacreditar la labor de los vocales del TSE en 2019?

—Ha sido un periodo muy conflictivo. Y dentro de lo que significó esa contienda electoral, el afectado ha sido el TSE, pero eso ya no interesa mucho, porque la misión de observación de la OEA, los que hicieron el informe de integridad electoral, no fueron técnicos, fueron básicamente políticos. Y mi apreciación hace bastante tiempo es que el trabajo de la OEA en la evaluación informática, el área de la evaluación estadística de los resultados, el área de lo que fue la parte operativa electoral, fueron muy superficiales. De hecho, yo baso muchos de los criterios que tengo en el mismo informe. Por ejemplo, cuando se habla del “hallazgo 5” sobre las tendencias, el mismo experto de la OEA dice que al 95% las diferencias entre el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y el cómputo son tan pequeñas que, en realidad, no tomó en cuenta el 95% y se centra solo en ese 4% y algo. O sea fue intencionado su análisis.

Y ahora haciendo una revisión, se encuentra una fe de erratas del estudio que hizo el experto de la OEA, Irfan Nooruddin, donde dice que, a raíz de la observación del CEPR (Centro de Investigación en Economía y Política), reconoce que en el cálculo del cómputo no tomó en cuenta la codificación alfanumérica, y habla de tendencias donde el factor fundamental es la cronología. Él ha cometido un error absolutamente grosero. Y adicionalmente, las conclusiones a la evaluación de ese informe público en agosto de 2020, él ha hecho un corrimiento en las marcas de tiempo. Por lo menos, de la manera más favorable a la evaluación que se ha hecho, casi 3.000 actas han tenido ese corrimiento. Entonces el informe de la evaluación estadística, de la tendencia es poco serio.

En cuanto a la parte informática, la OEA ni siquiera sabe hasta hoy cómo era la configuración del sistema de cómputo, la infraestructura. Y en lo del TREP, básicamente repite la información de los auditores de Ethical Hacking, con algunos aportes que no son nada serios. Y la pericia dice que efectivamente ha habido el uso del servidor B01 en lugar del servidor B021, que debía ser utilizado, pero en ningún momento implicó una manipulación de datos, porque la base de datos B02, la oficial, jamás fue modificada.

Entonces, es un tema muy delicado. Ahora ya puedo hablar con más solvencia. Voy a pedir, a través de mi abogado, las copias al TSE para ir a fondo en el análisis y por lo menos hacer una representación ante la OEA sobre este trabajo tan deficiente que ha hecho, y que nos provocó tremendo desaguisado en el país.

—Usted habló de un “caballo de Troya” en este desaguisado…

—Lo fue, Ethical Hacking actuó como un caballo de Troya. Nosotros hemos vivido casi 20 días de una disputa entre Neotec y Ethical Hacking que no tenía ningún sentido. Era una presión sobre Neotec con un programa que fue utilizado, donde decían que había deficiencias en los programas para los equipos móviles. Y cuando se hace una evaluación de toda la transmisión de datos desde los recintos electorales, nunca se ha producido un incidente que pueda denominarse de hackeo. Entonces, todas las observaciones que ha hecho Ethical Hacking respecto a ese componente fueron oficiosas y alarmistas. Y los operadores TREP han alcanzado el 98,9% de transmisión de actas en el día de la votación y las primeras horas del lunes. O sea, el trabajo del TREP y del cómputo han sido exitosos. Pero claro, la convulsión social, el hecho del corte del TREP, han desvirtuado todo ese esfuerzo que se hizo.

—¿Tomará acciones legales?

—No sé. La verdad es que estoy tan contento disfrutando esta muy buena noticia. Estoy leyendo el informe de la pericia informática, releyendo el informe de la OEA, y el sobreseimiento. Y veremos qué pasa después. Cada cosa en su momento. Estoy seguro que jamás mi conducta ha estado en duda, esas acusaciones eran injustas.

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Mamani: Se refrenda que la elección fue transparente; tomaremos acciones legales contra los denunciantes

La exautoridad electoral señala que el informe de la OEA, que fue la base para la denuncia contra las elecciones de octubre de 2019, está lleno de subjetividades y que no hubo ningún elemento material de prueba en el caso Fraude.

/ 27 de julio de 2021 / 20:59

El exvocal Idelfonso Mamani, quien dirigió las elecciones de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, habla con La Razón sobre el sobreseimiento para él y sus excolegas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el correspondiente cierre del caso Fraude por parte del Ministerio Público.

—¿Cuál es su opinión sobre el anuncio de la Fiscalía de este martes?

—Es una resolución que ha adoptado el Ministerio Público, mediante la que se refrenda la inexistencia de hechos delictivos. Nunca hemos aceptado (los vocales) los hechos que nos han atribuido. Más bien la elección de 2019 ha sido completamente transparente y la propia ciudadanía ha sido parte de las elecciones. No olviden que el día de la elección el jurado de las mesas es conformado por ciudadanos sorteados aleatoriamente del padrón electoral, y ellos son vecinos del recinto, entonces son la mayor garantía de transparencia en escrutinio y en cómputo.

A la finalización de su trabajo, el resultado de la elección está (cerca de las 19.00), y lo único que resta es la sumatoria que se hace en los TED (Tribunales Electorales Departamentales). Entonces, hasta ese momento todos habían expresado su conformidad y lo habían declarado públicamente, los observadores internacionales, nacionales, organizaciones políticas, todos. Entonces, después se produjo una declaración que dijo lo contrario, que habló de un fraude, situación que no tenía ningún respaldo, ni consistencia. Pero lamentablemente se dio lugar a que se hagan investigaciones y que permanezca un proceso sin base material alguna por bastante tiempo, más de año y medio. Hoy la Fiscalía hace, con objetividad, lo que corresponde.

¿Piensa que hubo un objetivo para desacreditar el trabajo del TSE y los vocales en las elecciones de 2019?  

—Se trata de un hecho que tocó a la democracia boliviana. No les ha importado a ellos (los denunciantes) quiénes estaban al interior del TSE, quienes estuvieran iba a pasar lo que ocurrió. Se desacreditó la labor del TSE, se interfirió en la democracia y la transparencia que se tuvo en las elecciones de 2019. Creemos que han sido factores ajenos inclusive a la decisión soberana de Bolivia.

—¿Esta decisión echa por tierra el informe y el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esas elecciones?

—El Ministerio Público optó por solicitar otro informe científico en la Universidad de Salamanca, que dice que las elecciones fueron transparentes y ningún dato fue manipulado, concretamente. Con relación al informe preliminar de la OEA, si refrescamos un poco lo que pasó, se basa o hace apreciaciones subjetivas, enteramente. Dice que supuestamente existe tal situación y podría generarse fraude, supuestamente, supuestamente, y todo es supuesto. Supone que podría haberse roto la cadena de custodia del material electoral, supone que se habría falsificado actas, y si se habrían falsificado actas no dice qué vocal fue, en qué número de mesa, qué acta manipuló o adulteró… no dice nada. Son subjetividades y ese informe carece de toda verdad porque además no lo firma ningún profesional acreditado, y se supone que fue elaborado por la comisión que vino a Bolivia. Entonces ese informe no condice con la verdad y falta a la honestidad. Más aún, el informe final de la OEA refrenda ese informe preliminar y hace apreciaciones desconocidas en el contexto del proceso electoral boliviano. Y hasta sorprende. Entonces es difícil discutir las mentiras que están en esos informes. Son hechos extraídos de otro contexto, es complicado.

—El informe de la Universidad de Salamanca habla de negligencia…

—En realidad la negligencia fue por parte de la empresa encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Lo que se dijo anteriormente, utilizó un servidor más de emergencia para el TREP, no supo ser ágil con la información y esa es la negligencia, pero no significa que en ese servidor se haya manipulado o alterado datos, en absoluto, esta información del TREP ha sido manejada con bastante responsabilidad. Y el mismo 28 de octubre de 2019, la empresa Neotec, responsable del TREP, hizo una explicación del incidente, y al final dijo que no hubo ninguna afectación ni peligro para la base de datos, tampoco de la información en los servidores, entonces ha sido totalmente transparente en esa parte la empresa. Y la compañía auditora, Ethical Hacking corrobora, que el incidente con el servidor fue analizado y auditado inmediatamente, y dijo que la información ha sido manejada en su integridad, garantizando la integridad de todos los datos y la seguridad correspondiente. Entonces, nunca ha estado en duda la transparencia e integridad de los datos desde el TSE. Desde la empresa que administró el TREP y la firma auditora, más bien han garantizado con rigurosidad el manejo de la votación popular.

—Este sobreseimiento, ¿abre las puertas para que ustedes, como exvocales acusados, abran un proceso?  

—En un Estado democrático garantista no se puede permitir que hayan vulneraciones de derechos y supresión de garantías constitucionales que han llegado a marcos fuera del límite, inconcebibles, cuando se ha perseguido a personas encargadas de las elecciones sin que haya un elemento material, objetivo que pueda dar lugar a que se abra una investigación. Todos los delitos que se nos atribuyeron han sido denuncias falsas, temerarias, porque no han adjuntado ningún elemento de prueba, más que el informe sin firmar que publicó la OEA un 10 de noviembre de 2019. Los procesos iniciados vulneraron los derechos humanos y garantías constitucionales, y un país en Estado de derecho debe reparar esos derechos vulnerados.

Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes que hicieron que se abra este proceso, sin tener ningún elemento material, sean sancionados. Buscaremos por lo menos justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas que han sido indebidamente perseguidas.

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En Argentina imputan al ‘enlace’ de la Gendarmería que coordinó el envío de pertrechos a Bolivia

Adolfo Héctor Caliba fue quien presidió el 13 de noviembre de 2019 el desembarco del equipamiento de la Gendarmería argentina en el aeropuerto de El Alto.

La presentación de los pertrechos hallados en la Policía de Bolivia. Foto: APG

/ 26 de julio de 2021 / 23:53

Adolfo Héctor Caliba, excomandante de la Gendarmería de Argentina, identificado como el “enlace” que coordinó con la Policía de Bolivia el envío del material antidisturbios en noviembre de 2019, durante el mandato transitorio de Jeanine Áñez, fue imputado este lunes en el proceso por contrabando agravado impulsado por el gobierno de su país.

La denuncia involucra al expresidente argentino Mauricio Macri, los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Óscar Aguad (Defensa), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez, el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los exdirectores de Logística y Operaciones de esa entidad, Rubén Yavorski y Carlos Recalde.

El escándalo salió a la luz pública por una carta de agradecimiento del 13 de noviembre de 2019, firmada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, por el envío de los pertrechos. Fue remitida al entonces embajador Álvarez, quien negó conocer la misiva, pese a que lleva el sello de recepción de la embajada, el 15 de noviembre.

El “material bélico”, como lo cataloga la carta, llegó a Bolivia tres días después del derrocamiento del presidente Evo Morales y a un día de la autoproclamación de Jeanine Áñez, primero como presidenta del Senado y, posteriormente, como presidenta del Estado, tras una serie de reuniones extralegislativas que allanaron el camino de su posesión.

“A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal (en lo Penal Económico Claudio) Navas Rial acusó a Caliba ‘en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto de El Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería  y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”, publica el diario argentino Página 12.

Según la reconstrucción que publicó Página 12, que recogió declaraciones del exagregado y exjefe de la misión militar en Bolivia, Caliba fue quien presidió el 13 de noviembre de 2019 el desembarco del equipamiento de la Gendarmería argentina en el aeropuerto alteño, mientras el entonces embajador Álvarez, y otros dos funcionarios y familiares esperaban ser evacuados en el mismo avión Hércules C-130 que transportó el material esa madrugada.

Fue Caliba quien tramitó los pertrechos antitumultos para la Policía Boliviana ante el entonces comandante de la Gendarmería argentina, Gerardo Otero.

Es más, el 17 de noviembre —dos días después de la masacre de Sacaba, que al final terminó con una decena de muertos— Caliba mandó una nota a Otero para contarle que ese día tuvo una reunión con la “nueva conducción” de la Policía Boliviana (NdR: Rodolfo Montero fue posesionado el 14 de noviembre comandante por Jeanine Áñez). “Ese encuentro fue coordinado por el subcomandante de la fuerza Claudio Zenobio Espinoza Luna”, dice Página/12.

Según parafrasea el diario argentino, esa cita fue para considerar la “posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón (de) que se les está acabando su stock”.

Otro nuevo dato conocido es que quien hizo el inventario y recibió el material antidisturbios en los depósitos de la Policía Boliviana el mismo 13 de noviembre fue el sargento Juan Mario Serrano Ávila, de acuerdo con una copia publicada por el diario Página/12. Firmaron la entrega los mayores William Fernández El Hage y César Zeballos Ariñez.

El documento —que aclara que es un inventario levantado “al no existir ningún documento de entrega”— detalla lo siguiente: 29.600 cartuchos con perdigón de goma calibre 12 My, 28 unidades de gas aerosol MK-4, 19 de gas aerosol MK-9, 55 granadas gas CN, 19 granadas gas CS, 58 granadas HC y dos granadas tipo bésibol de industria estadounidense.

El 16 de julio, el comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, informó de la existencia de ese material y precisó ese número de cartuchos.

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