Nacional

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 02:55

La reforma judicial es la tarea pendiente del Gobierno

El Ministerio de Justicia se planteó la discusión política de cinco ejes.

El ministro Iván Lima en una pasada rueda de prensa. Foto de archivo: Roberto Guzmán.

/ 8 de mayo de 2021 / 14:20

Con el cambio de gobierno, en noviembre de 2020, surgió la urgencia de reformar la Justicia en el país. Entonces el Ministerio de Justicia, que rige Iván Lima, tomó la iniciativa e intentó, sin éxito, generar debates y consensos con ese fin.

El presidente Luis Arce trazó tal transformación como uno de los pilares de su gobierno, para “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos”.

En contraposición, la realidad demostró que esta es una tarea muy engorrosa para la cartera de Justicia: efectuar un diagnóstico de la situación en breve tiempo, planificar la reforma, reunir a los actores directos en consenso y finalmente, aplicar el cambio.

Lima explicó a LA RAZÓN que planteó una reforma constitucional en primera instancia; sin embargo, ésta se ve frenada porque “no es la prioridad”.

Detalló que a la fecha se trabaja en cinco ejes, “la reforma a Derechos Reales, cuyo proyecto ya está en el Consejo de Política Económica y Social (Conapes). Está a nivel de dato en el gabinete ministerial. El segundo tema es un proyecto de ley que está dirigido a los niños sin hogar.

El tercer tema se trata de la Ley de Carrera Judicial. El cuarto eje es la institucionalización de la Justicia y del Ministerio Público. Y, finalmente, estamos hablando de que en el escenario de la Justicia como tal se requiere un plan de “reforma estructural”. A la fecha, solo fue modificada la Ley de Adopciones.

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Borda afirma que renunció presionado y que no hubo ‘vacío de poder’ en 2019

El expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda dice que fuerzas externas motivaron su renuncia, que, por tanto, está “viciada de nulidad”.

El expresidente de Diputados Víctor Borda, en entrevista con La Razón Radio, este jueves.

/ 24 de junio de 2021 / 13:30

En la crisis poselectoral de 2019, Víctor Borda era el presidente de la Cámara de Diputados y el “último eslabón de la sucesión” presidencial. Este jueves relató que renunció antes que el presidente Evo Morales y presionado con la vida de su hermano, su única motivación.

En una entrevista con La Razón Radio, recordó que a las 10.00 de ese domingo 10 de noviembre recibió una llamada desde Potosí, en la que la informaron de la detención de su hermano, Marco Borda, a quien lo habían secuestrado con el fin de presionar por su renuncia.

“A las 15.00 me llaman y me dicen que lo van a quemar si no renuncio. En ese ínterin le llamo al presidente (Evo Morales) y me dice cuál es la información y le comunico que voy a renunciar», contó.

Afirmó que fue su única motivación fue evitar la muerte de su hermano, entonces en manos de un grupo de manifestantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que incluso le hizo saber a Morales. No hubo otra motivación, “yo solamente hablé con el Presidente respecto a mi situación; yo le comuniqué ‘estoy renunciando, Presidente; porque si no renuncio le van a quemar a mi hermano’”, insistió Borda cuando el periodista le preguntó si su renuncia fue motivada por un eventual interés de generar un vacío de poder.

“Y me preguntó: ‘Renunciando, ¿crees que vas a salvar la vida de tu hermano?’. Yo le dije ‘no sé, pero mi conciencia va a estar tranquila’”, recordó Borda en el streaming de La Razón.

Luego de la renuncia de Morales y Álvaro García Linera, a las 16.50 del 10 de noviembre de 2019 en Chimoré, también tomó la misma medida la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, quien dijo que habló con ambos sobre la imposibilidad de seguir la sucesión ante la objeción de los militares y, después, de las fuerzas de oposición.

Ahora, Carlos Mesa y otros dirigentes políticos consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) generó entonces un “vacío de poder”.

Borda respondió: «No podía haber vacío de poder, en el ámbito estrictamente legal, porque existía la Asamblea Legislativa; yo no concibo la idea de qué hacía en una reunión donde iban a decir quién iba a ser presidente, el señor Carlos Mesa y Jorge Quiroga, ¿a quiénes representaban de la sociedad».

Explicó que los mediadores de la Iglesia Católica y de la Unión Europea debían reunirse con la Asamblea Legislativa para analizar la sucesión presidencial. «Dónde o con quién debían reunirse era con la Asamblea Legislativa; era el primer órgano legalmente constituido y elegido democráticamente. Admitiendo la tesis de que no había un orden constitucional, había un órgano legalmente establecido, es lo que correspondía dentro de la legalidad y la constitucionalidad», explicó Borda.

La Fiscalía inició una investigación por los sucesos poselectorales de 2019 bajo el denominado caso Golpe de Estado. Entonces, Morales renunció en medio de protestas por un supuesto fraude electoral, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada por las Fuerzas Armadas. Dos días después, la senadora de minorías y entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesora en procedimientos cuestionados por el oficialismo.

Borda insistió en que no hubo vacío de poder, porque —en su criterio— las renuncias de los legisladores fueron forzadas por «acciones externas» y bajo amenazas, como el caso suyo. Por tanto, como en su caso, su renuncia «está viciada de nulidad».

La Iglesia Católica, en su memoria presentada la semana pasada, sentenció que “no hubo golpe de Estado” y que, al contrario, las renuncias habían causado un “vacío de poder”.

«Si había una renuncia del Presidente y el Vicepresidente, la Asamblea debía sesionar y admitir o rechazar la renuncia en el pleno y después debían reunirse las cámaras por separado y sesionar aceptando la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados y la renuncia de la presidenta del Senado y elegir a una nueva o un nuevo presidente de las cámaras», explicó Borda.

Dijo que los reglamentos legislativos en ninguna parte establecen que el segundo vicepresidente o los secretarios camarales pueden asumir automáticamente la presidencia de esas instancias.

Aclaró también que cuando se propiciaron reuniones para definir la sucesión presidencial, no fue convocado a ningún encuentro.

Ahora Borda dice que espera la convocatoria de la Fiscalía para declarar en el caso llamado Golpe de Estado.

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Una comisión legislativa recomienda juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada

También fueron aprobados juicios contra los exprefectos Mario Cossío, David Sánchez Heredia, José Luis Paredes Muñoz y Adel Gonzalo Cortez.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en mayo de 2015.

/ 23 de junio de 2021 / 16:16

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la recomendación de los juicios de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras exautoridades que datan de 2004.

La comisión hizo conocer que además del exmandatario, serán sometido a ese procedimiento judicial los exprefectos David Sánchez Heredia, de Chuquisaca; José Luis Paredes Muñoz, de La Paz, y Mario Cossío y Adel Gonzalo Cortez, de Tarija.

En el caso del exmandatario, los delitos que se le acusan son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, según el informe de la Comisión del Senado al que tuvo acceso La Razón.

En el caso del exprefecto Paredes, se le acusa de omisión a la declaración jurada, falsedad ideológica y legitimación de ganancias ilícitas.

Cortez y Cossío son acusados de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Y a Sánchez se le acusa de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica.

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Trabajadores de AASANA advierten con paralizar 42 aeropuertos desde el jueves

Los movilizados piden el pago de sueldos atrasados y la aprobación de un fondo rotatorio; además, exigen una reunión con el presidente Luis Arce.

Una protesta de los trabajadores de AASANA. Foto: Álvaro Valero-La Razón.

/ 23 de junio de 2021 / 15:25

El dirigente de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Omar Alcón ratificó este miércoles el paro de 48 horas de ese sector desde las cero horas del jueves y dijo que ahora piden una reunión con el presidente Luis Arce para plantearle sus demandas.

«Ratificamos el paro a partir de las cero horas de este jueves 24; el paro es a nivel nacional vamos a paralizar los 42 aeropuertos del país, ya que los ministros no nos han convocado; esperamos la convocatoria del presidente Luis Arce», informó.

Explicó que el convenio firmado el 20 de mayo fue incumplido y fue modificado por el Órgano Ejecutivo.

«El Ministro de Economía tampoco se ha manifestado; ahora nos señala que el Ministerio de Planificación también está metido en no aprobar el fondo rotatorio. Entonces, debido esta falta de voluntad, los trabajadores de AASANA ratificamos el paro», justificó Alcón.

Los trabajadores reclaman al Ministerio de Obras Públicas por los convenios incumplidos con el sector y exigen el pago de salarios completos del mes de mayo y un decreto que autorice la viabilidad de un fondo rotatorio de Bs 83,8 millones, que daría solución parcial a los problemas económicos de la empresa.

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Abogado Becker considera crucial la audiencia de Murillo del 9 de julio en Estados Unidos

El exministro Arturo Murillo es acusado en estados por presunto soborno e intento de lavado de dinero, a raíz de la compra con sobreprecio de material antidisturbios en Bolivia.

Thomas Becker, en entrevista con La Razón Radio.

/ 23 de junio de 2021 / 12:50

El abogado Thomas Becker anticipó este miércoles que la audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fijada para el 9 de julio en Estados Unidos, será crucial para definir su situación legal y en la que se dilucidarán más detalles del proceso por soborno y lavado de dinero que se le sigue al colaborador de Jeanine Áñez.

«Porque es una audiencia pública y en este día es posible que ofrezcan una fianza, también van a verificar si hay suficiente prueba para continuar con el caso. El 9 de julio es determinante para Murillo, para determinar si van a continuar con cargos formales y se va a iniciar un juicio», explicó en entrevista con La Razón Radio.

La audiencia de Murillo, ante una juez en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que definirá si habrá juicio en su contra o no, estaba programada para el 7 de junio, pero se suspendió para el 9 de julio.

Se presume que la exautoridad solicitara la reducción de una condena a cambio de información crucial como testigo clave; sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no oficializaron esa situación.

Desde el gobierno de Bolivia se anunció la “posibilidad legal” vigente de que el exministro Murillo pueda acceder a la libertad bajo fianza, al igual que su exjefe de gabinete Sergio Méndez.

Bolivia y Estados Unidos iniciaron investigaciones por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de Áñez a través de una empresa intermediaria, Bravo Tactical Solutions, que tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones, dinero que trató de ser introducido ilegalmente en Estados Unidos.

El martes, el jefe de gabinete en la gestión de Murillo, Sergio Méndez, fue beneficiado con la libertad a cambio de una fianza. Éste es el que recibió un soborno de $us 582.000 de parte de la intermediaria, según las primeras investigaciones.

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Abogado dice que Brasil otorga refugio temporal a la exministra María Elba Pinckert

La exministra solicitará al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil asilo político permanente. Justificó su pedido por problemas de salud y por ser una perseguida política, informó el abogado Jorge Valda

María Elva Pinckert

/ 22 de junio de 2021 / 19:00

El Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil otorgó refugio provisional por 90 días a la exministra de Medios Ambiente y Agua María Elba Pinckert, quien se declaró una perseguida política tras activarse procesos judiciales en su contra.

“Se le ha otorgado un refugio provisional hasta que se considere en definitiva su situación de asilada política (…), se debe seguir un trámite y esperar el plazo de 90 días para que se tome una determinación final”, informó el abogado Jorge Valda.

Pinckert solicitó el asilo político, debido a su estado de salud y por ser perseguida política en Bolivia, ante las citaciones que emitió la Fiscalía para que presente su declaración informativa en calidad de denunciada por los delitos de incumplimiento de deberes y presuntos nombramientos ilegales durante su gestión como ministra de Estado, explicó el jurista.

“Pinckert tomó la decisión de solicitar asilo político en la República Federativa de Brasil, esto ¿bajo qué circunstancias?, las condiciones de salud en la que se encontraba y la ausencia de estado de derecho y de respeto a los derechos humanos”, explicó.

Tras ser citada en marzo, la exministra se excusó de asistir a la convocatoria de la Fiscalía argumentando que no se encontraba en condiciones debido al reciente fallecimiento de su esposo.

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