Ríos: Melgar presentó un certificado médico exagerado para evadir una declaración
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) verificó que el documento del exviceministro de Transparencia Institucional Guido Melgar era erróneo.
La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó este viernes que su antecesor Guido Melgar presentó un certificado médico exagerando su estado de salud para evitar presentarse a declarar en un proceso en su contra.
Aprehendido el jueves, el exfuncionario del gobierno transitorio de Jeanine Áñez es investigado por disponer el retiro irregular de información del Servicio General de Identificación Personal (Segip) sobre tarjetas prontuariales de 596 exautoridades y familiares del gobierno de Evo Morales.
«La Fiscalía verifica ese certificado a través del IDIF y va a verificar el estado de salud del señor Melgar, evidenciando que la situación no amerita como para que el señor no pueda ir a declarar (…), él presumiblemente estaría interfiriendo en los actos de investigación, por lo que se lo conduce para que haga su declaración y se lo tiene ahora detenido en celdas esperando la audiencia de medidas cautelares», informó en entrevista con La Razón Radio.
Melgar fue aprehendido la tarde del jueves, en el marco de un proceso iniciado en su contra por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La autoridad reveló que el exviceministro solicitó y recibió esa información pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían.
La viceministra Ríos explicó que la inasistencia de Melgar a declarar implica «desobediencia u obstaculización de la justicia», tomando en cuenta que nadie puede rehusarse a una investigación.
Entre los delitos que se le acusan a Melgar están uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.
La funcionaria explicó que según la investigación preliminar la información personal extraída por Melgar pretendía ser utilizada para eventuales procesos, además de forzar investigaciones contra algunas exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, en el marco de una “persecución política”.
En la lista de 596 personas estaban personas como Rafael Puente, Raúl Prada, Reymi Ferreira, Sebastián Míchel y exjugadores como Carlos Borja y Tito Montaño, y algunos jefes policiales.
También figuraban la hermana de Evo Morales y la pequeña hija de Álvaro García y además la madre de Claudia Fernández, su esposa.