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Melisa Ibarra: ‘Soy víctima de una historia armada, soy perseguida política’

La expresentadora de televisión tiene una orden de aprehensión por no haberse presentado a declarar en la Fiscalía por un caso de presunta extorsión de falsos efectivos del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP).

/ 19 de mayo de 2021 / 13:04

La expresentadora de televisión Melisa Ibarra se declaró este miércoles como una “perseguida política” del Gobierno y aseguró que el proceso judicial en su contra es una “historia armada”. La Fiscalía la acusa de ser parte de una red de extorsión que operó en la cuarentena rígida de 2020. 

“Soy víctima de una historia armada, soy perseguida política. Ya verán la trama que están inventando y se darán cuenta que el Gobierno intenta acusarme de algo que no hice”, expresó Ibarra a través de sus redes sociales.

Asimismo, denunció que ahora “aparatos represores” del Movimiento Al Socialismo (MAS) están persiguiendo y acosando a su hijo.

Por tanto, “solicito garantías a los organismos internacionales y de derechos humanos. (Además) dejo por sentado que (de) cualquier atentado contra mi hijo y mi familia será responsable únicamente el gobierno antidemocrático y represor del MAS”, subrayó.

Este pronunciamiento de la expresentadora de televisión surge después de que el martes, el Ministerio Público de La Paz emitió una orden de aprehensión en su contra por no haberse presentado a declarar por una denuncia de intento de rapto y la presunta extorsión de falsos efectivos del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP).

Ibarra está involucrada en este proceso investigativo en calidad de sindicada por los tipos penales de asociación delictuosa y encubrimiento a denuncia de un ciudadano particular, que acusó a falsos policías de intentar raptarlo y extorsionarlo durante la cuarentena del año pasado en la zona Sur de la ciudad de La Paz. Los implicados estaban a bordo de un vehículo de propiedad de la expresentadora.

Aunque se tiene conocimiento de que Ibarra alega que su vehículo fue robado, pero —de acuerdo con el fiscal departamental William Alave—  el motorizado “nunca” habría sido sustraído porque incluso se lo encontró con sus llaves originales. Asimismo, en el coche se encontró granadas de gas, toletes y uniformes del GACIP.

Alave también señaló que se analiza un audio en el que supuestamente Ibarra intenta “negociar” o entablar una “transacción” con la víctima. Por ahora se desconoce el paradero de la exconductora de televisión que se convirtió en activista política opositora al MAS y Evo Morales, y que lideró jornadas de acoso contra la Defensoría del Pueblo durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Por este mismo caso, el lunes se aprehendió a David de la Torre, exjefe policial que está en la mira por los hechos investigados, pues se tiene información que “por instrucciones superiores del aprehendido, (los falsos policías) habrían utilizado los uniformes del GACIP; (además) esta persona se encontraba encargada del GACIP y (por eso ahora está acusada por) los tipos penales de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa”, indicó el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos.

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Camacho dice que buscará a Mesa para analizar el pedido de Áñez para autorizar juicios de privilegio en su contra

Camacho consideró que “este pedido es un grito desesperado de la expresidenta” que, en su criterio, se siente acorralada por el poder político del MAS y la “justicia corrupta”.

Áñez y Camacho (a la izquierda), tras la posesión de la exsenadora en 2019. Foto: AFP

Por Edwin Condori y Miguel Gómez

/ 20 de abril de 2022 / 13:42

El jefe de Creemos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó que buscará al líder de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, para “generar las condiciones necesarias” para responder a la solicitud de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, de que sus partidos autoricen los juicios de responsabilidades en su contra.

“Respondiendo a la demanda de la exmandataria, solicitaré una reunión con el líder de CC Carlos Mesa, para generar las condiciones necesarias a la demanda de la expresidenta, hoy privada de libertad. Estamos ante la posibilidad de reencauzar por la vía correcta los procesos que se le siguen a la expresidenta, reorientando el rumbo injusto y abusivo de la justicia”, señaló en sus redes sociales el exlíder cívico que permitió el ascenso al poder de Áñez en noviembre de 2019.

Esta mañana, Áñez envió una carta a Mesa y Camacho para pedirles que, en su condición de jefes de las agrupaciones políticas de la oposición con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, viabilicen o autoricen los juicios de responsabilidades en su contra conforme a la Constitución Política del Estado y al Estado de derecho.

“En un primer reconocimiento judicial al derecho constitucional que me asiste a ser procesada mediante juicio de responsabilidades, conforme al artículo 184.4 de la Constitución Política del Estado y la Ley 044/2010, por la presente me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios ante los asambleístas de sus respectivas agrupaciones políticas para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país”, remarca Áñez en su carta.

La exmandataria —que asumió el mando del país el 12 de noviembre de 2019 a través de un cuestionado proceso de transición a dos días de la renuncia del ahora expresidente Evo Morales— suma cuatro proposiciones acusatorias en su contra, entre ellas, por las masacres de Sacaba y Senkata.

No obstante, la exautoridad asegura en su carta que tiene la plena convicción de su “inocencia sobre cualquiera de los supuestos delitos” por los que se la acusa. Por tanto, “tengan la certeza de que mantengo la misma valentía y coraje con los que acepté mi responsabilidad constitucional de asumir la Presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia ante la renuncia, incumplimiento de deberes y abandono de sus cargos y del poder, de las autoridades que me precedían a responsabilizarse”, subraya.

Sin embargo, Camacho consideró que “este pedido es un grito desesperado de la expresidenta” que, en su criterio, se siente acorralada por el poder político del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y la “justicia corrupta”.

Entonces, “esta situación nos emplaza a las fuerzas políticas de oposición a generar acciones conjuntas con el fin de exigir justicia para todos en igualdad de condiciones, un poder judicial independiente y procesos justos y en apego a las leyes”, añadió el Gobernador.

Asimismo, en el mismo sentido, Camacho remarcó que “la oposición democrática debe trabajar unida para lograr que se respete el debido proceso y evitar que la justicia politizada acabe con la resistencia y la vida de Jeanine Áñez, como ocurrió con Marco Aramayo”.

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Bulo Bulo: Fiscalía acusa a Zamora, Soliz y a otros cuatro, pide ocho años de cárcel

La Fiscalía estableció un daño económico de $us 8.677.632 y presentó la acusación formal por dos delitos en contra los seis exfuncionarios involucrados.

El exministro Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Herland Javier Soliz.

/ 21 de marzo de 2022 / 11:41

El Ministerio Público informó este lunes que el 18 de marzo presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinicio del funcionamiento de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo, perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Entre los acusados se encuentran el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de YPFB Herland Javier Soliz (ambos declarados en rebeldía), informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Aldrin Barrientos.

Asimismo, el exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB Jorge Roberto Blancourt; el exgerente de Industrialización Oscar Alberto Boutier; el exdirector de la planta de amoniaco y urea Carlos Manuel Segundo Vilar; y el excoordinador de la planta Ivert Fernando Oliva están acusados.

Barrientos precisó que a los seis exfuncionarios se les atribuye los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En ese sentido, ahora “la Fiscalía está solicitando la pena máxima para los acusados consistente en la privación de libertad de ocho años, más el incremento que se determine por agravantes”, señaló.

Recordó que este caso, denominado “YPFB – Bulo Bulo”, investiga una cuestionada decisión que en noviembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se había tomado para “paralizar el funcionamiento de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo”.

Es así que “a partir de esa situación se había establecido por bastantes meses la paralización de la producción y también esa paralización había producido un deterioro importante en la maquinaria (ocasionando) un daño económico al Estado de aproximadamente $us 8.677.632”, explicó.

Además, detalló que el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.

Ahora, la Fiscalía está a la espera del señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

¿Dónde están los acusados?

Barrientos informó que en este momento no se tiene una comunicación oficial sobre el paradero del exministro Zamora ni de Soliz.

“Sin embargo, en junio de 2021, se ha presentado ante la Interpol la solicitud de notificación azul para la búsqueda internacional de estas personas; lastimosamente, se tuvo una respuesta negativa por parte de Interpol, que nos ha indicado que, debido a que estas personas eran parte del gobierno anterior, no se podría realizar esta búsqueda”, lamentó.

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Audiencia define la suerte judicial de Arias por supuesta designación irregular cuando era ministro

El alcalde paceño aseguró que se presentará ante el juez, por el caso de un presunto nombramiento irregular cuando fungía como ministro de Obras Públicas del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

/ 31 de mayo de 2021 / 03:34

Este lunes a las 08.30, una audiencia cautelar definirá la suerte judicial del alcalde de La Paz, Iván Arias, por un presunto nombramiento irregular cuando fungía como ministro de Obras Públicas en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Mientras estamos trabajando por nuestra amada La Paz, hay quienes quieren perjudicar y callarme, quieren que me rinda, quieren que la ciudad no avance, (pero) no lo lograrán. Estaré presente en la audiencia de medidas cautelares del día lunes porque no hice nada en contra de la ley”, expresó Arias el sábado, a través de sus redes sociales.

El alcalde está acusado de haber contratado a un funcionario que no tenía título profesional. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado publicado por la Agencia Municipal de Noticias, la normativa interna del propio ministerio establece que ese cargo era de libre nombramiento y, por lo tanto, el funcionario no requería tener un título.

En ese sentido, Arias, en un contacto con medios de comunicación, insistió que “hacen cualquier cosa con tal de poner obstáculos en esta persecución política, que lo único que hace es perjudicar a la ciudad”.

El caso de Arias se da en medio de otras sindicaciones contra el gobierno transitorio, como la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, por lavado de dinero y sobornos en la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

La expresidenta Áñez y otros dos exministros están detenidos preventivamente en las cárceles de Miraflores y de San Pedro de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”.

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