El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció la participación de un “clan mafioso” durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en la compra irregular de material antidisturbios y apuntó a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López,  de ser parte de la red de sobornos revelada por un agente estadounidense, por lo cual fue detenido el viernes el exjefe de gabinete de Murillo.

El 21 de mayo, Sergio Méndez fue arrestado en Estados Unidos, ya que el FBI y el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.

Eades señala que “desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia”.

El informe no brinda nombres del “co-conspirador 1” y el “co-conspirador 2”, pero advierte que son “altos cargos” de los ministerios de Gobierno y de Defensa. Además, implica a Bryan Berkman, como propietario de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) y su padre, Luis Berkman, aparte de Philip Lichtenfeld, como partícipes de una trama que derivó en el sobreprecio de la adquisición de gases lacrimógenos, estopines y balines.

Entre las revelaciones de Del Castillo, quien presentó este miércoles una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en la conferencia de prensa, está que Murillo tenía lazos de amistad desde el colegio con Méndez y Luis Berkman, y develó que el “conspirador 1” y el “conspirador 2” que menciona el documento del agente estadounidense son los exministros Murillo y López, respectivamente.

Las investigaciones del FBI indican que en el negocio hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones, ya que el pago de la intermediaria a la empresa brasileña Cóndor para la dotación de los materiales solo alcanzó a $us 3,3 millones, mientras que el presupuesto asignado para ello era de $us 5,7 millones. El remanente, según el documento, fue repartido entre los miembros de esta red que usó el US Bank para el pago de sobornos.

El exjefe de gabinete de Murillo, de acuerdo con las indagaciones del agente Eades, recibió $us 582.000, el “co-conspirador 2” consiguió $us 20.000 y Lichtenfeld, quien era el contacto en Bolivia para las transferencias realizadas desde Estados Unidos y que también garantizó la provisión de los gases lacrimógenos, estopines y balines, incluso antes de la dotación de los recursos del Estado, logró una “comisión” de $us 500.000.

“Algo que venimos diciendo desde el inicio de gestión, incluso antes de ser gobierno, este gobierno de la señora Añez que encarceló, persiguió, masacró a quienes pensaban diferente, que tenía vínculos con el narcotráfico, no se dedicaba solo a estas cuestiones, era un gobierno corrupto, lo que nos demuestra este caso de gases lacrimógenos. Vamos a hablar del clan mafioso y a demostrar que esto no es una persecución”, dijo Del Castillo.

El ministro mostró fotografías en los que se ve a Áñez, Murillo y otras exautoridades junto a Méndez. El brazo derecho de Murillo “fue detenido desde el pasado viernes por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras, porque es ilegal actuar de manera corrupta. La jurisdicción de Estados Unidos es porque este clan mafioso utilizó bancos de ese país para cometer los delitos”, dijo con una presentación en PowerPoint.

Afirmó que el “núcleo duro” de este clan estaba conformado por Áñez, Murillo como el “co-conspirador 1” y López como el “co-conspirador 2”, personas de confianza de la expresidenta que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”, que es investigado por el Ministerio Público por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Se determinó que Murillo, Méndez y Luis Berkman tenían una relación desde la niñez y se develó que el padre del propietario de la intermediaria BTS fue denunciado en 2001 por tráfico de armas en Bolivia, ya que pretendió trasladarlas a Paraguay. “Lo novedoso es la participación de Philip Lichtenfeld, este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre la intermediaria BTS y la empresa Cóndor de Brasil”.

Remarcó que el documento del FBI demuestra que apenas cuatro días después de posesionado el gobierno de Áñez, Méndez ya entabló contactos con BTS para el negocio del material antidisturbios, adjuntando una solicitud de cotización firmada por Murillo. Además, para garantizar la adjudicación a la intermediaria BTS, se envió una carta a Cóndor para que solo se haga el negocio mediante la empresa de Estados Unidos.

Asimismo, se descubrió que López “trató de enviar a una de las cuentas de BTS desde el Banco Central de Bolivia la suma de $us 5,6 millones, esta transferencia despertó sospechas de los representantes del Banco en Estados Unidos. Por tal motivo, el 29 de enero fue rechazada la transferencia”, se ve en la presentación de Del Castillo. Sin embargo, la red igual depositó por partes la totalidad de los recursos para la compra.

Eso no es todo, el Ministerio de Gobierno señaló que “el 13 de abril, Luis Berkman envió información de la cuenta de banco de un familiar de López en EEUU a Philip Lichtenfeld. El 15 de abril de 2020, Luis Fernando López se comunicó con Luis Berkman preguntando por el depósito. Tras horas después, Philip Lichtenfeld envió a Berkman una captura de pantalla con la confirmación del depósito de $us 20.000 a la cuenta del familiar”.

Murillo y López son investigados en Bolivia por la Fiscalía, precisamente por la compra irregular del material antidisturbios. Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020. Diez días después, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra ambos, quienes huyeron hacia Brasil y luego, según la Policía, se instalaron en Estados Unidos, donde tienen hoy residencia.