La detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos generó diversos criterios. El periodista y columnista de La Razón Julio Peñaloza advirtió que el caso demostró que quien gobernaba Bolivia era la exautoridad, mientras la comunicadora y también columnista de La Razón Verónica Rocha dijo que la detención golpeó fuerte la imagen del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“Quien gobernaba era Arturo Murillo, hacía lo que le venía en gana”, sostuvo Peñaloza en el programa por streaming de La Razón y Extra “Piedra, papel y tinta”.
“Arturo Murillo decía en los pasillos del Ministerio de Gobierno que el Presidente era él. Creo que la imagen, la marca del gobierno de transición, el gobierno de facto, autoritario, represivo, persecutor la impone el perfil y estilo de Arturo Murillo. A Murillo lo atraparon con su grupo, sus amigotes de la infancia”, acotó Peñaloza.
Rocha indicó que el caso Murillo generó un “golpe muy, muy fuerte” al gobierno transitorio de Áñez “y a su legitimidad que aún quedaba con algunas personas que simpatizaban con ese gobierno y que aún lo apoyaban y lo defendían, hoy se les hace muy difícil defenderlo”.
“Obviamente, ese gobierno como tal, independientemente de que hubiera habido una pluralidad de voces allá adentro con mejores o peores intenciones o mejores y peores desempeños, la totalidad de ese gobierno transitorio ha quedado fuertemente golpeado (…) estos no son temas políticos, sino son temas de robos y asaltos al Estado y que por supuesto indignan a toda la ciudadanía”, añadió la comunicadora.
Según Rocha, Murillo no era “un ministro cualquiera, era una pieza central dentro del gobierno de Áñez”.
Peñaloza indicó que el único interés de Murillo fue amasar dinero y que la “imagen del autoritarismo no es Áñez, es Murillo”. Según el periodista, la exmandataria le hacía caso a Murillo porque éste le “despejó el camino para que sea Presidenta”.
“Murillo termino siendo un delincuente común (…) Hizo y deshizo Murillo en el gobierno de Áñez”, insistió Peñaloza.
Murillo fue aprehendido junto a otras cuatro personas en Estados Unidos tras una investigación sobre transacciones económicas y sobornos vinculados a la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de $us 2,3 millones. De ser declarados culpables, se exponen a una condena de hasta 20 años.