Nacional

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 07:04 AM

Envían a la cárcel al excuñado y al exedecán de Murillo por legitimación de ganancias ilícitas

Daniel Aliss fue enviado por cinco meses a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, y el capitán Daniel Bellot a la cárcel de San Pedro de La Paz por cuatro meses.

/ 28 de mayo de 2021 / 22:34

Daniel Aliss y el capitán Daniel Bellot, excuñado y exedecán del exministro de Arturo Murillo detenidos en Estados Unidos, fueron enviados este viernes a la cárcel. Se acogieron a su derecho al silencio en su declaración informativa y se los acusó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La fiscal Magaly Bustamante informó que Aliss fue enviado por cinco meses a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, y Bellot a la cárcel de San Pedro de La Paz por cuatro meses.

Daniel Aliss, excuñado del ex ministro Arturo Murillo

“Los elementos de convicción que han sido presentadas se basan, prácticamente, en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), declaraciones testificales y registros de cámaras de seguridad de un banco”, explicó.

Ambos son acusados dentro de la investigación abierta contra Murillo por el negociado en la compra de material antimotín en 2019. En el gobierno de Jeanine Áñez se pagó $us 5,6 millones y se calcula que el sobreprecio asciende a $us 2,3 millones. El exministro fue detenido en Estados Unidos, junto a otros cuatro involucrados en el millonario negociado.

Aliss, divorciado de la hermana del que también fue legislador, fue detenido por retirar dinero y otros objetos depositados por Murillo en cuatro cajas de seguridad de un banco. Se informó que sacó unos $us 40.000.

Mientras que a Bellot se lo sindica de haber participado del depósito de Bs 100.000 a una cuenta del exministro. Habría instruido a otro capitán, ahora detenido, a hacer el depósito.

Son los dos primeros detenidos, luego de la detención del exministro en el gobierno de Jeanine Áñez en el país del norte.

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Rige reglamento y entra en vigencia prohibición de cláusulas ‘abusivas’ en preventa de inmuebles

En el reglamento se incrementó el número de prohibiciones en contratos de preventa y se creó el Sistema informático de certificación de registro de modelos de contratos inmobiliarios (SIRCI)

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva

/ 5 de julio de 2022 / 00:04

A partir de la fecha entra en plena vigencia la prohibición de las clausulas y prácticas comerciales abusivas en preventa de inmuebles. Se aprobó el reglamento del decreto 4732 que crea el sistema para el registro de modelo de contrato que protege a los compradores de “abusos” e incluye otras seis prácticas “abusivas” prohibidas.

El 1 de junio fue aprobado el decreto 4732 en contra de las “cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades de bienes inmuebles” que abarca “lotes de terreno, viviendas, lotes de inhumación, parqueos, depósitos, tiendas y otros bienes inmuebles”.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó de la aprobación del reglamento que pone en plena vigencia las normas para proteger a los compradores de bienes inmuebles como también da la seguridad jurídica a las empresas o propietarios dedicados a la actividad inmobiliaria.

El contenido del reglamento al que accedió La Razón fue concertado con los empresarios dedicados al rubro, quienes estuvieron en el acto de presentación del reglamentó que creó el Sistema informático de certificación de registro de modelos de contratos inmobiliarios (SIRCI) para realizar “solicitudes de registro y certificación de proyectos y contratos de adhesión libres de cláusulas abusivas”.

La base de datos estará administrada por el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Las inmobiliarias y otras que cumplan con las cláusulas recibirán “su Certificación de Registro de Modelos de Contratos de Adhesión libres de cláusulas abusivas”.

Entre los requisitos para la certificación están identificación del derecho propietario del proyecto; documento con facultades de disposición del bien inmueble y cesión de derechos, sin limitación; cláusula que permita al comprador transferir el inmueble o realizar cualquier tipo de cesión de derechos o accesorios; y cláusula de obligación de entrega inmediata del título de propiedad al comprador, una vez pagado el precio de venta acordado.

Mientras que en lo relativo a prácticas comerciales abusivas se incorporan aspectos como la exigencia de cualquier otro cobro no previsto en el contrato; incumplimiento de ofertas referidas a los espacios comunes, accesorios y otros compromisos establecidos; modificación unilateral del uso de las áreas comunes ofertadas; y venta de construcciones y otros que no cuenten con autorización del Gobierno Autónomo Municipal.

En la reglamentación se aumentó prohibiciones como exonerar de responsabilidad al proveedor por defectos o vicios que afecten el producto; permitir al proveedor la modificación, sin previo aviso, de los términos y condiciones del contrato; imposición de condiciones injustas o discriminatorias que causen desprotección al usuario y consumidor; y presentación de documentación fraudulenta, desactualizada o no correspondiente.

Silva aseguró que la certificación de condiciones “libre de abusos” de los proyectos inmobiliarios de preventa tiene un carácter gratuito y se emitirá en un plazo máximo de 24 horas.

También anunció que se trabajará con el Consejo de la Magistratura y los gobiernos municipales para resolver reclamos presentados por las organizaciones dedicas a este rubro.

“Se han identificado cuellos de botella que tienen que ver con la burocracia y la corrupción en las alcaldías. En Derechos Reales hay un compromiso de atender esas observaciones, está en pie una reunión con el Consejo de la Magistratura para tratar el tema de Derechos Reales”, anunció.

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Ordenan aprehensión del exdiputado Quispe por denuncia del viceministro Siles

El viceministro de Justicia, César Siles, denunció al exdiputado Rafael Quispe por haberlo denunciado de formar parte de una red de corrupción sin pruebas

Rafael Quispe cuando cumplía funciones de asambleísta nacional.

/ 21 de marzo de 2022 / 20:17

El exdiputado, exviceministro y excandidato a la gobernación de La Paz Rafael Quispe tiene una orden de aprehensión en el marco de una denuncia por difamación presentada por el viceministro de Justicia, César Siles. La orden lleva la firma del exfiscal y ahora juez Edwin Blanco.

“Se declara la rebeldía de Rafael Arcangel Quispe Flores, disponiéndose además se expida el correspondiente mandamiento de aprehensión del referido ciudadano”, establece parte del mandamiento de aprehensión que tiene fecha del 10 de febrero.

Quispe fue denunciado debido a que en junio de 2021 acusó a Siles de formar parte de una red de corrupción que cobraba para cargos a jueces.

En una entrevista con la red PAT, Siles afirmó en junio de 2021 que Quispe no presentó ninguna denuncia y anunció la presentación de una demanda “de acción privada” por difamación, calumnia e injuria.

A través de su cuenta en Twitter, Quispe aseguró que no conoce del caso ni al demandante.

“El mismo fiscal del caso Jhiery Fernández, ahora contra mí. No conozco el caso ni al demandante, nunca tuve relación con él. Esperemos que la justicia obre con la verdad. Solo esperemos hermanos”, sostuvo.

El juez Blanco tiene una acusación penal por su participación como fiscal en el caso del médico Fernández, quien fue acusado de la violación de un menor siendo inocente.

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Apuntan vetar a candidatos a Defensor del Pueblo vinculados a la ‘ruptura del orden constitucional’

El proyecto de reglamento de selección y designación del Defensor del Pueblo establece 18 criterios de incompatibilidad, entre ellos haber emitido opiniones racistas o discriminadoras

La Asamblea Legislativa tendrá la misión de elegir al nuevo Defensor.

/ 3 de marzo de 2022 / 17:28

Entre los 18 criterios de incompatibilidad para la elección del próximo Defensor del Pueblo están el haber expresado opiniones o desarrollado acciones de discriminación, racismo o participado de acciones de “ruptura del orden constitucional”, establece el proyecto de reglamento para seleccionar y designar al Defensor del Pueblo que está en manos del Legislativo.

Según el documento al que accedió La Razón, uno de los criterios de inelegibilidad prevé: “No haber expresado, en algún momento de su trayectoria, opiniones públicas o desarrollado acciones contra los derechos fundamentales, en particular, si fueron expresadas o desarrolladas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de todas las personas”.

Los candidatos para Defensor del Pueblo “no deben haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.

Para el Gobierno de Luis Arce y el MAS, lo ocurrido en la crisis de 2019 implicó la ruptura del orden constitucional y un golpe de Estado. En ese noviembre una crisis agudizada por la movilización cívica denunciando fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

De hecho, los hechos que se investigan de ese entonces se los denomina Golpe de Estado I y Golpe de Estado II. La exsenadora Jeanine Áñez tomó la presidencia del Senado y luego el poder en sesiones legislativas sin quórum y sin respetar las normas legales de sucesión, según la Fiscalía. Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo de 2020.

La actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

También quedarán en el camino aquellos postulantes que hayan desempeñado un alto cargo en los gobiernos subnacionales y quienes hayan tenido un cargo dirigencial político o militancia hasta ocho años antes de su postulación.

La calificación de los postulantes estará dividida en méritos, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos.

Quien salga elegido reemplazará en el cargo a Nadia Cruz, quien ejerció el cargo de forma interina tras la dimisión de David Tezanos Pinto por problemas conyugales.

En el Legislativo deberá aprobarse el reglamento y lanzarse la convocatoria. El MAS fijó como parte de la agenda legislativa la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

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Gutiérrez: Ascendieron promociones 89 y 90 de las FFAA, aprobaron ‘preclusión’ de promociones 87 y 88

La sesión reservada del Senado se instaló con presencia de legisladores del MAS, Creemos y parte de CC. La senadora Andrea Barrientos denunció que no se les permitió el ingreso a la sesión

/ 20 de enero de 2022 / 19:53

En sesión reservada y ausencia de senadores de Comunidad Ciudadana (CC) por “impuntuales”, el Senado aprobó este jueves la lista de ascensos en las Fuerzas Armadas. El senador del MAS Rubén Gutiérrez informó que las promociones 87 y 88 fueron marginadas del proceso por “preclusión” y se terminó ascendiendo a las promociones militares 89 y 90.

“Es una sesión reservada, corresponde informar a la población, se ha dispuesto la preclusión de las promociones 87 y 88, eso significa que no hay vacaciones, pero sí las promociones 89 y 90 han sido ascendidos a generales de Brigada, generales de División y contraalmirantes del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada Boliviana”, explicó.

Gutiérrez aseguró que el Senado solo aprueba la propuesta de ascensos enviada desde el Ejecutivo y que son aprobadas en las Fuerzas Armadas.

La mañana de este sábado fue instalada la sesión senatorial, que inmediatamente después fue declarada en reserva para tratar el tema de ascensos militares y la aprobación de la designación de Teresa Subiera como embajadora ante el Vaticano.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que la sesión convocada con 24 horas de anticipación se instaló a las 09.00.
La senadora de CC Andrea Barrientos explicó que llegaron a las 09.10 y que ya no les dejaron participar de la sesión.

“La sesión ha sido convocada a las 09.00 y las puertas se han cerrado a las 09.10, se han bloqueado ascensores de asambleístas para que no podamos entrar (cuatro senadores) al hemiciclo, además de ello han vulnerado nuestros derechos, no nos han dejado entra a una sesión reservada que ha sido manejada de una manera irregular”, denunció.

Gutiérrez informó que hubo quórum reglamentario con la presencia de senadores del MAS y de Creemos, mientras que Rodríguez explicó que los senadores pueden recurrir a cualquier instancia si consideran que hubo alguna irregularidad en la sesión instalada.

El expresidente y jefe de CC Carlos Mesa se sumó a los cuestionamientos.

“La Directiva masista del Senado utiliza la chicana, el abuso y el engaño para aprobar el ascenso de generales de las FFAA, impidiendo el ingreso de senadores de oposición a la sesión y forzando los 2/3. Nuevamente el MAS denigra a las FFAA propiciando ascensos ilegítimos”, cuestionó.

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Pérez del Castillo denuncia que seguro de buses Pumakatari fue utilizado en otras obligaciones

A partir de un informe del alcalde Iván Arias, la concejal del MAS aseguró que el dinero del seguro por la quema de los buses fue utilizado en la gestión de Luis Revilla y en la actual.

Un bus Pumakatari

Por Carlos Corz y Roberto Guzmán

/ 13 de enero de 2022 / 23:18

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que el seguro pagado, más de Bs 80 millones, por la quema de los 66 buses Pumakatari en la crisis de 2019 fueron usados en otros fines, por lo que se pone en riesgo la reposición de los motorizados, denunció la concejal Roxana Pérez del Castillo.

La concejal requirió un informe al ejecutivo edil para conocer “¿cuál el uso de estos recursos? y en caso de no haberlos ejecutado ¿dónde se encuentran?”

Parte de la respuesta fue: “Dichos recursos fueron utilizados en la gestión 2020 para efectuar los diversos pagos que se iban realizando producto de las obligaciones que generó la administración edil”.

Pérez del Castillo informó que la respuesta hace presumir que los recursos pagados por la aseguradora fueron usados en otros fines en la gestión del exalcalde Luis Revilla y del propio Arias.

“Lo que podemos entender es que se ha gastado una parte (del pago de la aseguradora) en la gestión 2020 y que también ha gastado el señor Arias. Lo importante es que esos recursos no están en arcas del Gobierno Autónomo Municipal”, explicó la concejal.

La Compañía de Seguro Fortalece hizo efectivo el pago del seguro el 19 de junio de 2020 y que asciende a Bs 80.149.402,68, según el informe edil.

Los 66 buses Pumakatari fueron quemados durante la crisis de 2019 que acabó con la renuncia del expresidente Evo Morales. Por este hecho fue procesado el dirigente vecinal Jesús Vera, quien a su vez inició un proceso penal contra Revilla por una denuncia de sobreprecio en la compra del lote de buses ediles.

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