El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que, según la Constitución, hay una “responsabilidad solidaria” por los decretos que dieron vía libre a la compra irregular de material antidisturbios entre 2019 y 2020, por lo cual pidió a la Fiscalía General del Estado que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete de ministros.
“La CPE establece en su artículo 165, parágrafo II que las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. La Señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la @FGE_Bolivia las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos” (sic), indicó el ministro en sus cuentas de redes sociales.
La detención de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, en Estados Unidos, junto a su exjefe de gabinete y tres empresarios estadounidenses de la intermediaria que se hizo con la adjudicación de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en el gobierno transitorio de Áñez, ha provocado un remezón político y judicial en suelo boliviano.
La investigación realizada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos apunta a estas personas por los delitos de lavado de dinero y sobornos, por lo cual se establece un sobreprecio de $us 2,3 millones. Murillo está detenido, al igual que su brazo derecho Sergio Méndez, mientras los empresarios pagaron una fianza.
“La compra de gases lacrimógenos con sobreprecio millonario en plena pandemia, fue justificada con tres decretos supremos (DS 4090, DS 4116 y DS 4168) que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la @FGE_Bolivia que los convoque a declarar” (sic), demanda en otro mensaje el Ministerio de Justicia.
“Los exministros @ArturoMurilloS y @Ferlopezjulio1 fueron censurados en el Legislativo pero @JeanineAnez los ratificó en un acto de desacato y burla en la CPE. Le pedimos que explique por qué mantuvo en sus cargos a los operadores de la compra de gas lacrimógeno con sobreprecio” (sic), dijo sobre Murillo y el exministro Luis Fernando López.
Asimismo, subrayó también mediante Twitter que el 8 de enero de este año, el Ministerio Público emitió la imputación contra Murillo y López “a instancias de la denuncia de siete legisladores del MAS por la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio. Esta investigación será la base para el proceso y sanción a los responsables”.
Murillo espera su audiencia en Estados Unidos, programada para la siguiente semana, país al que huyó dos días antes de la salida de Áñez de la presidencia, el 6 de noviembre de 2020. Se tiene información López fugó a Brasil. El Gobierno adelantó que solicitará la extradición de ambas exautoridades.
El año pasado, Murillo, López y los exministros Yerko Núñez (Presidencia) y Óscar Ortiz (Economía) eludieron las convocatorias de la comisión legislativa que investigó esta adquisición irregular de material antidisturbios.