Gary Prado, abogado de los dos exfuncionarios encarcelados del Ministerio de Defensa, aseguró que la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos empezó al cuarto día de posesión de Jeanine Áñez y que para acelerar la compra se vendió una “necesidad extrema” del material a tal punto que se envió un avión militar a Ecuador para traer estos elementos disuasivos en préstamo.
“El exministro Arturo Murillo había vendido a la presidenta Áñez en el gabinete y al propio ministro de Defensa Fernando López una situación de necesidad extrema de la Policía a tal punto que pide un vuelo especial de Bolivia a Ecuador porque habían logrado les preste gases lacrimógenos y estopines de goma para suplir las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, informó en la red Uno.
Prado es abogado del exasesor Jurídico Raúl López Gonzáles y del exdirector de Logística Pedro Miguel Rea del Ministerio de Defensa, ambos fueron enviados este lunes a la cárcel de San Pedro de La Paz en la audiencia de medidas cautelares por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en la gestión de Murillo y López.
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Murillo y otras cuatro personas fueron detenidos en Estados Unidos por lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de los gases lacrimógenos por $us 5,6 millones. El sobreprecio asciende a $us 2,3 millones, según la investigación.
El negociado, según Prado, se vino gestando cuatro días después que Murillo fuera posesionado como ministro de Gobierno. En la trama de la compra había, dijo, presiones desde el Ministerio de Gobierno a Defensa.
“Durante el proceso de compra que es rápido porque es urgente, los funcionarios del Ministerio de Gobierno involucrados en lavado de dinero en Estados Unidos iban al Ministerio de Defensa a apurar el procedimiento, que no tenían gases”, insistió el jurista y reveló que se usó al comandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, para pedir también acelerar la compra.
“Nadie sabía que el hombre (Murillo) estaba en el esquema de corrupción”, aseguró.
Los gases lacrimógenos fueron comprados a través de un intermediario, lo que –según Prado- también fue forzado como parte de la trama de involucrados en la corrupción.