Nacional

domingo 13 jun 2021 | Actualizado a 10:30

Estudio FES: Preocupación por la situación del país, pero esperanza por su futuro económico

El 51,8% de los entrevistados ve que el país va por “mal camino”, pero el 42,7% apunta a que la situación económica “mejorará algo” (32,5%) y “mejorará mucho” (10,5%) en los próximos 12 meses. La mayoría de las instituciones tiene una nota de reprobación.

La pandemia del COVID-19 fue un golpe para la economía del país y del mundo. Foto: Álvaro Valero

/ 2 de junio de 2021 / 12:01

Preocupación por la situación política y económica del país, pero esperanza con una reactivación económica en los próximos 12 meses. Es una de las conclusiones de la primera ronda del cuestionario Delphi a líderes de opinión, de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), presentado recientemente bajo el título Bolivia: Contexto y escenarios 2021.

La ficha técnica del informe indica que se realizó 114 entrevistas vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey, a “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, entre el 8 y el 24 de mayo, aplicando un “muestreo por conveniencia”, con criterios de diversidad y pluralismo.

En el tema del “clima social”, el 51,8% de los entrevistados ve que el país va por “mal camino”, el 36,8% que se dirige por “buen camino” y 11,4%, “no sabe”. Esta mirada macro se traduce en que 45,6% cree que la situación política es “regular” y 32,5% que es “mala” (27,2%) y “muy mala” (5,3%), mientras que para el 21,9% es “buena” (19,3%) y “muy buena” (2,6%).

Sobre la situación económica, la diferencia es más marcada en cuanto a la aprobación y la desaprobación. El 52,7% la califica como “mala” (43,9%) y “muy mala” (8,8%), mientras que el 35,1% señala que es “regular”; en la otra cara de la moneda, el 12,4% de los líderes de opinión encuestados indica que es “buena” (11,4%) y “muy buena” (0,9%).

Eso sí, las expectativas en lo económico son alentadoras, con la proyección de mejoras tras el golpe del COVID-19. El 19,3% cree que la economía en los próximos 12 meses “estará igual”, pero el 42,7% apunta a que la situación “mejorará algo” (32,5%) y “mejorará mucho” (10,5%), pero el 37,8% que “empeorará algo” (24,6%) y “empeorará mucho” (13,2%).

El estudio permitió que los entrevistados marquen dos opciones en las alternativas sobre la “preocupación actual” y los resultados muestran que el 71,9% de opiniones apuntan a la “crisis económica con aumento de la pobreza”, el 33,3% al “autoritarismo y la persecución política” y el 32,5% al “riesgo de contagio de coronavirus (mío o de algún familiar)”.

El resto de la torta se divide entre las alternativas de “crisis de la justicia” (21,1%), “polarización política” (18,4%), “colapso del sistema de salud” (11,4%, “hechos de violencia y enfrentamiento” (3,5%), y “otros” (1,8%). Un cuadro en el que el factor económico es la inquietud principal, ya que duplica en cuanto a porcentaje a las dos opciones siguientes.

El trabajo de FES muestra que la “confianza institucional” es baja para el Gobierno, el Legislativo, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la Policía, los comités cívicos y el Tribunal Constitucional. Y que hay una evaluación regular para el Tribunal Supremo Electoral, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y organismos internacionales.

En cuanto a la “gestión presidencial” de Luis Arce, los entrevistados dieron nota de reprobación a su labor en cuanto al “reencuentro tras los conflictos de 2019 y 2020” y el “sistema de educación, incluyendo educación virtual”, y le dieron mejor calificación en la “reactivación económica y empleo” y el “sistema de salud y lucha contra el coronavirus”.

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Interpelación bochornosa en el Legislativo: Mensaje de Twitter, golpes, insultos y el desafío de Del Castillo

Decenas de familiares de fallecidos y heridos en las “masacres” de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, en el mandato de Áñez, dijeron presente en las puertas del Palacio Legislativo y en uno de los balcones del hemiciclo.

El pugilato entre Henry Montero y Antonio Colque. Foto: APG

/ 9 de junio de 2021 / 10:17

A los golpes, a las patadas, con un incesante griterío, insultos, adjetivos calificativos… La interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, fue un bochorno en el que se trenzaron opositores y oficialistas.

“Mañana 8 de junio, fui convocado por algunos asambleístas, a una interpelación en relación al tema de Áñez y su Clan Delincuencial. Ellos tratarán de encontrar todos los mecanismos posibles para defender a Áñez y a Murillo de sus masacres y de sus robos” (sic), escribió Del Castillo el lunes en su cuenta de Twitter.

Para sus interpelantes, los diputados de Creemos Erwin Bazán, María Álvarez, Marioly Morón, Tatina Áñez y Walthy Egüez, fue una declaratoria de guerra y se prepararon para ello, en medio de su pedido de respuestas a Del Castillo sobre la detención de Áñez y dos de sus exministros, en marzo, por el caso llamado Golpe de Estado. 

“El pueblo boliviano estará presente para decirles a estos malos asambleístas que no se trata de tener un partido político, de defender un color político, sino de darle justicia a todas las víctimas del Golpe de Estado y a sus familiares”, remató el ministro en Twitter.

Decenas de familiares de fallecidos y heridos en las “masacres” de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, en el mandato de Áñez, dijeron presente en las puertas del Palacio Legislativo y en uno de los balcones del hemiciclo. Las pancartas exigiendo justicia y apuntando a Áñez y sus colaboradores dominaron el ambiente.

Familiares de víctimas de las «masacres» de Sacaba y Senkata, afuera del Palacio Legislativo. Foto: Rodwy Cazón

La interpelación apuntaba a poner contra las cuerdas a Del Castillo por su participación en la aprehensión de Áñez en Beni. Los diputados de Creemos consideran que esto demuestra una injerencia del Gobierno en las investigaciones de la Fiscalía y que también se vulneró los derechos humanos de la exmandataria.

‘GOLPE’ VERSUS ‘FRAUDE’

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, en medio de protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora se proclamó primero presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta del Estado.

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue un “golpe de Estado”, mientras que los opositores defienden la tesis del “fraude” en las elecciones de octubre de 2019, y se respaldan en un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas dos narrativas volvieron a enfrentarse el martes en la Asamblea Legislativa.

Sin olvidar que el ambiente también estuvo marcado por la reciente detención de Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Áñez, en Estados Unidos, a la par de su exjefe de gabinete y de tres empresarios acusados de lavado de dinero y sobornos en la compra de material antidisturbios, con sobreprecio de $us 2,3 millones.

El vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato del Legislativo, dio inicio a la sesión del martes, cerca de las 15.00. Y fue notorio que los interpelantes de Creemos tenían un libreto elaborado, por lo cual un primer impasse tuvo con ver con la exigencia para que se respete una agenda de intervenciones elaborada por ellos.

El primero en disparar los dardos fue Bazán, quien atribuyó a Del Castillo “actitudes casi pugilísticas” y lo acusó de armar un show. Retó al ministro a que lo mire. “En mi vida aprendí a permanecer de rodillas ante Dios, ningún carcelero del régimen me va a intimidar”, increpó el exvocero cruceño de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Los gritos dominaron el hemiciclo, de ambos bandos. Tanto Bazán como los otros cuatro interpelantes afirmaron que se vulneró los derechos de Áñez, defendieron su tesis del “fraude” y rechazaron la del “golpe”, criticaron a Del Castillo por su mensaje por las redes sociales y no se reservaron apelativos para la autoridad gubernamental.

Del Castillo los escuchó sereno, en la testera. A las 16.35, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), pidió un receso de dos minutos. Luego, fue el turno del ministro, quien al grito de “¡Justicia!” convocó a un minuto de silencio por las “víctimas del régimen de Áñez”, por los muertos, heridos, perseguidos, detenidos. Más aún, leyó los nombres de los fallecidos en la crisis de noviembre de 2019.

EL VIDEO DE LA DISCORDIA

Y se escuchó una trompeta que tocó una diana, acto para el cual se ausentó buena parte de los asambleístas opositores que estaban presentes. Del Castillo pidió permiso para difundir un video con imágenes de la proclamación de Áñez, la represión y otros hechos que sucedieron en la crisis de 2019, lo que causó más molestia en la oposición.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fustiga a los opositores. Foto: APG

“¡Justicia!”, continuó gritando el ministro, incluso arengó “¡cómplices, cómplices!”, ante el rechazo de los opositores. Los ánimos se caldearon y Mamani llamó a un cuarto intermedio de 10 minutos, con reunión de jefes de bancada. En el ínterin, el senador Henry Montero (Creemos) fue a increparlo y ello derivó en una serie de discusiones.

Antonio Colque, diputado del MAS, se metió en la riña y terminó a los golpes con Montero, quien fue sujetado por otros asambleístas pero igual provocó que Colque termine en el piso. En medio, el griterío, con insultos y acusaciones entre opositores y oficialistas, y otro forcejeo entre la diputada María Alanoca (MAS)  y su colega Tatina Áñez (Creemos). Un zafarrancho.

La interpelación se convirtió en una pugna de gritos por la defensa del discurso del “golpe de Estado” y del “fraude electoral”. Lo sucedido provocó que la tensión se eleve a un punto alto, mientras Mamani intentaba poner paños fríos y era criticado por opositores de no poder obligar al orden en el hemiciclo. Fue el primer round. Y Del Castillo retomó su intervención. Se venía una nueva pulseta.

EL ‘PANFLETO’ DE LA OEA

Segundo round. A las 17.35, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, fue el turno de Del Castillo, quien fustigó a sus interpelantes y a los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, a quienes retó a sumarse al Movimiento Al Socialismo (MAS) para apoyar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

Tras el bochorno parlamentario, con golpes de por medio, en su primera intervención, Del Castillo pidió no proteger al “clan mafioso ligado a la corrupción” de Áñez. “Lastimosamente aún rondan algunos parásitos que creen que lavarse las manos como Poncio Pilatos es suficiente. Se equivocan interpelantes, o apoyan la justicia o son cómplices de la narcodictadura de Áñez. El pueblo tiene memoria”.

En su segunda intervención, el ministro bajó los decibeles y pidió disculpas por interpelar a los opositores. Tuvo que alzar la voz en casi la totalidad de sus mensajes, por los gritos que se escuchaban a favor y en contra en la accidentada sesión. “¡Golpistas!”, gritaban de un lado los del MAS, y del otro, la oposición increpaba con “¡fraude!”, en alusión a las elecciones de 2019.

Del Castillo calificó de “panfleto” el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la denuncia de irregularidades en los comicios de 2019 que fueron anulados y que acabaron con el derrocamiento del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

“En nuestro país no hubo fraude electoral y toda la gente que la rodea (a Áñez) hizo todo lo posible para consumar un golpe de Estado”, aseguró el ministro y enumeró una serie de hechos que derivaron, según la versión del oficialismo, en la autoproclamación ilegal de Áñez primero como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta del Estado. “Ustedes no pueden comprobar de que hubo fraude electoral porque pregonan una narrativa falsa”, insistió y desafió a presentar una sola acta en la que se evidencie alguna irregularidad en 2019.

EL RETO A CC Y CREEMOS

En la réplica, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, uno de los interpelantes, aseguró que Del Castillo busca “manipular” lo ocurrido en noviembre de 2019 y le recordó que entre los nombres de los muertos que leyó no estaban los de las dos personas que participaron de las protestas cívicas y que fueron victimadas en Montero en medio de los conflictos.

“Aprendiz de Murillo, Murillito, de verdad que sí, desde ahora en adelante no vas a ser ministro, vas a ser director de cine con esas proyecciones, con esas imágenes eres un manipulador, jugando a ser ministro”, le increpó Bazán y le dijo que no está a la altura del cargo que ocupa en el gobierno de Luis Arce.

El diputado Erwin Bazán, de Creemos, en una de sus intervenciones. Foto: Álvaro Valero

Del Castillo aseguró que en el proceso contra Áñez se respetó el debido proceso y cuestionó a la oposición por la defensa de una administración que emergió de un “golpe de Estado” y que estuvo marcada por la corrupción como la compra con sobreprecio de respiradores y de gases lacrimógenos.

“¡Asesino!”, le gritaban a Bazán cuando hacía uso de la palabra, desde la bancada del MAS y los balcones donde estaban familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, donde en noviembre de 2019 murieron más de 20 personas por impactos de bala durante la intervención policial-militar.

“A todas las autoridades que están en este hemiciclo quiero que se comprometan a votar por un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Áñez y a su clan mafioso”, demandó el ministro, quien luego recibió el voto de confianza del Legislativo, apoyado en los legisladores del MAS. Y eso no fue todo, Del Castillo fue sacado en hombros.

RECUENTO DE DAÑOS

Vinieron más acusaciones y amenazas por el bochorno. La diputada por el MAS Estefanía Morales anunció que este miércoles presentará una denuncia ante el Comité de Ética contra el senador Montero por haberse agarrado a golpes con el diputado Colque.

La conferencia del MAS tras el escándalo. Foto: Cámara de Diputados

“No estamos para tolerar ningún tipo de violencia, más bien estamos para trabajar por el pueblo boliviano. Sin embargo, estas acciones nos demuestran la capacidad de estas bancadas, como ustedes pueden advertir en los videos, quienes empezaron a agredir fueron ellos, quienes los pisoteaban a mis compañeros fueron ellos, la verdad es que este tipo de acciones tienen que ser sancionadas y mañana mismo presentaremos la denuncia ante el Comité de Ética”.

En la otra vereda, la bancada de Creemos cuestionó que Del Castillo expusiera un video con los hechos de violencia antes y después de la renuncia de Morales y la toma de poder de Áñez. “No podemos permitir que el Ministro de Gobierno de entrada nos trate de asesinos y homicidas. No puede ser que un representante del Ejecutivo actúe de esa manera”, cuestionó Montero.

Montero pidió disculpas por lo sucedido, mientras que Colque y sus colegas denunciaron también discriminación. A la par, la diputada de Creemos Álvarez dijo que Del Castillo incitó por las redes sociales a que “sus partidarios” asistan hasta instalaciones del hemiciclo para protagonizar actos de amedrentamiento contra la oposición.

Mientras que el diputado Bazán increpó a legisladores del oficialismo: “¡Qué se creen, que por tener ponchos y polleras nos van a agredir!”.

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Arce subraya la eliminación de arancel para importar material gráfico educativo

El beneficio es para libros, atlas, álbumes, revistas, cuadernos de dibujo, entre otros. El Presidente señala que se incentiva la lectura de los estudiantes.

/ 7 de junio de 2021 / 09:31

El presidente Luis Arce destacó este lunes la promulgación del Decreto Supremo 4514, el 26 de mayo, con el cual se elimina el arancel para la importación de material educativo gráfico y así promover la lectura para los estudiantes.

«Con el DS 4514 eliminamos el arancel de importación exclusiva de material gráfico educativo (libros, atlas, álbumes, revistas y cuadernos de dibujo), para incentivar la lectura. Priorizamos la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes», escribió en Twitter.

La norma tiene un solo artículo. «Se modifica el Gravamen Arancelario para la importación de las mercancías identificadas a nivel de subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo» (sic).

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El poder detrás de Áñez eran sus excolegas Murillo, Ortiz, Núñez, Coímbra y Guzmán

La detención de Murillo en Estados Unidos, el hombre fuerte del mandato transitorio, por el escándalo de la compra de material antidisturbios, con acusaciones de lavado de dinero y sobornos, ha vuelto a poner sobre el tapete el papel del “núcleo duro” de Áñez.

El primer gabinete de Jeanine Áñez.

/ 4 de junio de 2021 / 08:36

Jeanine Áñez nombró a su primer gabinete el 13 de noviembre de 2019. Se rodeó de excolegas de confianza en el Senado, en el Legislativo. Detrás de la presidenta transitoria, el poder eran ellos, incluyendo a un Óscar Ortiz que lo ejercía cuando no era parte del séquito de ministros. 

La detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, el hombre fuerte del mandato de la exasambleísta beniana, por el escándalo de la compra de material antidisturbios, con acusaciones de lavado de dinero y sobornos de por medio, ha vuelto a poner sobre el tapete el papel del “núcleo duro” de Áñez.

El recuento de daños y la investigación de la Fiscalía sobre esta adquisición con un sobreprecio de $us 2,3 millones han provocado el lanzamiento de dardos de exministros contra este círculo de confianza, al que responsabilizan de varias de las equivocaciones de la exmandataria que ahora está detenida en la cárcel de Miraflores.

Sin duda, apenas Áñez comenzó a ponerse el traje presidencial, que fue antes de su autoproclamación del 12 de noviembre de 2019 —según se desprende de reuniones extralegislativas impulsadas por un grupo de “padrinos” en instalaciones de la Universidad Católica—, decidió rodearse de “amigos” para asumir el mando.  

El periodista Julio Peñaloza, en un artículo en Nodal, afirma que Murillo y Ortiz diseñaron y ejecutaron la llegada al poder de la exlegisladora de Unidad Demócrata (UD), pese a que ello estaba viciado por la ilegalidad. Aparte, un integrante del gabinete de Áñez, quien pidió reserva en su identidad, señaló que todavía como segunda vicepresidenta del Senado, ella ya tenía su lista de ministros.

Derrocado el gobierno de Evo Morales e investida por los militares con la banda presidencial, el entorno de Áñez se conformó con sus excolegas de UD, con los que tenía una relación muy estrecha: Murillo tomó la cartera de Gobierno, Yerko Núñez la de Obras Públicas, Álvaro Coímbra (diputado supraestatal) la de Justicia y Álvaro Guzmán (diputado) la de Energías.

Los factores Murillo y Ortiz

Fue su “núcleo duro” junto a Ortiz. En segunda línea estaban, principalmente, María Elba Pinckert, senadora de UD que fue designada titular de Medio Ambiente y Agua, y Víctor Hugo Zamora, su excolega del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuota que es atribuida a Jorge Quiroga, precisamente uno de los que “apadrinó” a Áñez. 

La firma de tres decretos ha puesto en la mira de la Fiscalía a 16 ministros de la mandataria transitoria, normas que dieron carta blanca a Murillo y Luis Fernando López, quien dirigió el Ministerio de Defensa, para la compra de gases, estopines y balines de goma por $us 5,6 millones, de los que solo se pagó $us 3,3 millones a la proveedora brasileña Cóndor.

Exintegrantes del gabinete han reaparecido para lavarse las manos y apuntar a excolegas como Murillo, indicando que Áñez se dejó llevar por su entorno de confianza, que la “cercaron”. Una de las que enarbola ese discurso es Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación que se fue a Estados Unidos, una defensora de Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de octubre de 2003.

En el programa Encontrados, relató que Murillo asumió tanto poder que intentó conformar un Ministerio de Comunicación paralelo, junto a Érick Foronda —exasesor de la Embajada de Estados Unidos, que fue contratado por Murillo y luego fue secretario privado de Áñez— y María Landívar, senadora suplente de Ortiz, con quienes se definía toda la agenda y las visitas a la presidenta.

Lizárraga apuntó al jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de haber sugerido a Murillo como ministro, lo que fue negado por el vicepresidenciable en la fallida candidatura de la mandataria. Precisamente sobre este tema, la exministra reveló que Murillo y Foronda dibujaron la polémica postulación de Áñez, presionando para que se destinen recursos para una encuesta a pedido, que solvente la candidatura.

Más todavía, Lizárraga contó que otro de los más influyentes era Ortiz, incluso antes de ser primero ministro de Desarrollo Productivo y luego de Economía, o sea, en su época de senador. “Era también muy cercano Óscar Ortiz, que estaba más en el Palacio de Gobierno, en el despacho de la presidenta, que en la misma Asamblea Legislativa”.

Jerjes Justiniano, quien fue ministro de la Presidencia de Áñez y es considerado una cuota del excívico cruceño Luis Fernando Camacho, exaliado del gobierno transitorio, señaló que, sin duda, Murillo era el poder detrás del trono y que ejercía una “influencia notoria” en la mandataria, al punto de que estuvo detrás de destituciones ministeriales como las de José Luis Parada y el mismísimo Ortiz, o del procurador José María Cabrera. 

Y añadió que fue testigo del poder de Ortiz. “Inclusive el senador Ortiz, que no era parte del Ejecutivo, en un principio era muy cercano a la presidenta. En varias ocasiones yo lo vi en el Palacio, en reuniones, inclusive cuando las sostuvimos con la comunidad europea; era un grupo de ministros, la presidenta y el propio Ortiz”.

El exministro no duda en afirmar que otros influyentes eran Núñez, Coímbra y Guzmán; es decir, Áñez trasladó su entorno de confianza en el Legislativo al Órgano Ejecutivo. Ellos son llamados por Lizárraga como el bloque de “los benianos”, eran amigos de la mandataria por su natal Beni y su trabajo en el Legislativo. 

Precisamente este grupo es el que acompaña a Áñez en la cárcel, por el caso denominado “golpe de Estado”. Coímbra y Guzmán se encuentran en el penal de San Pedro, mientras que Núñez, otro de los “grandes amigos” de la expresidenta, se declaró en la clandestinidad y tiene orden de aprehensión, al igual que los exministros Pinckert y Zamora, prófugos.

Murillo espera su audiencia en Estados Unidos, programada para el lunes. López, quien prefirió a Áñez a seguir siendo fiel a Camacho, huyó a Brasil, según las investigaciones. Y la Fiscalía cierra más el cerco al “núcleo duro” de la exmandataria no solo por el caso Gases, sino por otros hechos signados por la corrupción y la vulneración de derechos humanos.

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La Fiscalía emitirá otra orden de aprehensión contra Ibarra por asedio a la Defensoría

No se presentó a declarar el martes 1 de junio, también es investigada por una supuesta red de extorsión que operó en la cuarentena rígida de 2020. La abogada Paola Barriga fue citada por el Ministerio Público para el viernes 4 de junio.

/ 3 de junio de 2021 / 09:27

El Ministerio Público emitirá una segunda orden de aprehensión contra Melisa Ibarra, expresentadora de televisión, en el caso abierto por el intento de toma de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en La Paz, durante la crisis política de 2019.

«Al no presentarse (a la convocatoria del martes 1 de junio) y no justificar su inasistencia, (el) Ministerio Público va a evacuar la resolución de aprehensión correspondiente», anunció el fiscal Marcos Villa, de acuerdo con un reporte de radio Patria nueva.

La denuncia fue presentada por la Defensoría del Pueblo, por el asedio que sufrieron por tres días sus dependencias durante la crisis de 2019, por un grupo de activistas políticos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al derrocado gobierno de Evo Morales.

Las cámaras de seguridad permitieron la identificación de los responsables de estos hechos, por lo cual Ibarra y otras personas se encuentran acusadas por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y atentado contra la libertad al trabajo.  

En este caso también están implicadas la abogada Paola Barriga, quien fue citada por la Fiscalía para que brinde su declaración el viernes 4 de junio, y la dirigente de las esposas de los policías Guadalupe Cárdenas, quien se acogió a su derecho al silencio.

Ibarra cuenta con otro mandamiento de aprehensión en el caso por ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa. Una persona denunció a un grupo que pretendió raptarla durante la cuarentena rígida de 2020, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Según las pesquisas, el coche en el que se intentó cometer ese delito fue apedreado por vecinos de la zona Sur y luego se verificó que pertenecía a Ibarra. El Ministerio Público apunta a una red de extorsión que operaba en ese coche para hostigar a ciudadanos.

La expresentadora se declaró en la clandestinidad y se pronunció por las redes sociales. “Soy víctima de una historia armada, soy perseguida política. Ya verán la trama que están inventando y se darán cuenta que el Gobierno intenta acusarme de algo que no hice”.

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Estudio FES: El 81,3% considera que la polarización no se resolvió con las elecciones de 2020

El 58,04% de los entrevistados señala que esto se debe al “enfrentamiento político-ideológico”. Una mayoría pide sancionar a los autores del “fraude electoral” y hay casi un empate entre quienes demandan o rechazan lo mismo para los responsables del “golpe de Estado”.

/ 2 de junio de 2021 / 16:29

El 81,3% considera que la polarización no se cerró con las elecciones de 2020, en las que ganó el candidato del MAS, Luis Arce; la mayoría pide indagar y sancionar a los autores del “fraude electoral” y casi hay un empate para similares medidas contra los responsables del “golpe de Estado”, según la primera ronda del cuestionario Delphi a líderes de opinión, de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), bajo el título Bolivia: Contexto y escenarios 2021.

La ficha técnica del informe indica que se realizó 114 entrevistas vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey, a “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, entre el 8 y el 24 de mayo, aplicando un “muestreo por conveniencia”, con criterios de diversidad y pluralismo “en criterios de diversidad, pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad”.

Los hallazgos principales del estudio señalan que 92,9% de los encuestados siente preocupación por la conflictividad en el país en los próximos 12 meses, porcentaje que se compone de la siguiente manera: el 42% se declara “bastante preocupado”; el 30,4%, “algo preocupado” y el 20,5%, “muy preocupado”. En la otra cara de la moneda se encuentra el 7,1% de los entrevistados, que afirman estar “nada preocupados”.   

Además, el 81,3% responde que no está de acuerdo con que “la polarización política en el país se resolvió en las elecciones 2020” (51,8% se declara “en desacuerdo” y 29,5%, “muy en desacuerdo”), mientras que el 16,1% señala que “está de acuerdo” (14,3%) y “muy de acuerdo” (1,8%) con la frase puesta en consideración por los responsables del cuestionario. Solo para el registro, 2,7% de los encuestados dice que “no sabe”.

El 18 de octubre de 2020, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó los comicios con el 55,10% de la votación, logrando la mayoría absoluta y siendo posesionado el 8 de noviembre, a casi un año del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que fue instalado tras una crisis política que desembocó en el derrocamiento de Evo Morales, la anulación de las elecciones de 2019 y la instalación de los discursos de “fraude” y “golpe de Estado”.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

El 62,5% de los encuestados cree que “el país está polarizado, pero los/las bolivianos/as podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente”; el 25% asevera que “en el país hay una fuerte polarización política, regional y social”, por lo cual “el enfrentamiento entre bolivianos es inevitable”. Otro 7,1% se declara convencido de que “no hay polarización política en el país” y el 5,4% indica que “no sabe” sobre este asunto.

Sin embargo, ¿cuáles son las causas de esta polarización? El 58,04% la atribuye al “enfrentamiento político-ideológico”, el 37,50% al “racismo y la discriminación”, el 32,14% a las “disputas regionales, regionalismo”, el 23,21% considera que responde a otras razones, el 9,82% indica que la causa son las “diferencias de clase” y el restante 1,79% eligió la opción “no sabe”, siempre de acuerdo con los datos del estudio de FES.

Los encuestados también se pronunciaron sobre “el mayor riesgo si la polarización persiste”, y cada uno eligió hasta dos opciones. El 52,7% de opiniones apunta a la “imposibilidad de acuerdos entre oficialismo y oposición”; el 45,5%, a “conflictos a nivel local/regional”; el 42,9%, a una “convulsión social y represión estatal”; el 17,9% a un “enfrentamiento violento (hasta guerra civil)”, entre las principales respuestas.

La crisis en noviembre de 2019.

En cuanto a la crisis y la violencia suscitadas entre 2019 y 2020, el 59% dice que está “de acuerdo” (27%) y “muy de acuerdo” (32%) en que se investigue y sancione a “los responsables del fraude electoral del 2019”, mientras hay casi un empate entre los que rechazan o consideran que se haga lo mismo con los “responsables del golpe de Estado de 2019: el 48% de los líderes de opinión entrevistados está “muy en desacuerdo” (27%) y “en desacuerdo” (21%), pero el 45% está “de acuerdo” (24%) y “muy de acuerdo” (21%).

El 66,1% afirma que en el país hay un “escenario de crisis de representación política”, mientras que el 34% rechaza esa tesis. Eso sí, el 96% opina que “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, y 1,8% señala que “algunas veces es preferible tener un gobierno autoritario que un gobierno democrático”. Además, el promedio de “satisfacción con la democracia” es de 3,9 puntos, en una escala de 1 al 7.

En otro acápite, referido a las elecciones subnacionales de este año. El 68,4% las aprueba, el 2,6% las aplaza y el 28,1% las califica de “regulares”. Aparte, el 85,1% indica que esos comicios fueron “limpios y transparentes”, pero el 6,1% opina lo contrario. Y el 64,9% afirma que “es imprescindible” un sistema de difusión de resultados preliminares, el 28,1% dice que “sería útil, aunque no es imprescindible”, y el 6,1%, que “no es necesario”.

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