El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, informó el viernes que el 2 de junio fue remitido un exhorto suplicatorio a la Cancillería para el trámite de la extradición de Arturo Murillo por el caso gases lacrimógenos.
“Tengo entendido que la Fiscalía ha hecho una solicitud al juzgado de Claudia Castro y también tengo conocimiento de que la citada autoridad ha remitido el exhorto suplicatorio a la Cancillería en fecha 2 de junio”, informó el vocal Quino.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe transmitir ahora ese trámite a la delegación diplomática acreditada en el país requerido, de acuerdo con el procedimiento oficial para estos casos, según dicta la ley boliviana a través del el artículo 156 del Código de Procedimiento Penal.
Los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tienen un mandamiento de aprehensión en su contra que fue ordenado por la Fiscalía en el mencionado caso. La orden fue firmada el 5 de noviembre de 2020.
Luego del cambio de gobierno se evidenció que ambas exautoridades salieron huyendo del país y el 26 de mayo pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que Murillo fue arrestado y es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero. Aquél podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.
Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, el rol de su cartera es transmitir por la vía diplomática el pedido de extradición del acusado Murillo, ante los Estados Unidos, para que sea juzgado en Bolivia por los delitos que es acusado en un total de nueve juicios, aparte del caso gases lacrimógenos.
“Es el juez de un proceso el que tiene que solicitar la extradición a otro juez de otro país. El rol que toca a Cancillería es transmitir por vía diplomática esa solicitud”, declaró el canciller Mayta.
Hace seis días, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, entrevistada por La Razón, afirmó que para su país el combatir la corrupción es un tema de seguridad nacional y Murillo cometió infracciones a la ley estadounidense justamente por soborno y lavado de dinero.
“Para el Gobierno de Estados Unidos combatir la corrupción es un tema de seguridad nacional, porque la corrupción mata y también roba las esperanzas”, apuntó, y respecto de la extradición de Murillo fue enfática: “Es cierto, hay un convenio de extradición entre nuestros dos países, pero primero hay que cumplir con cualquier sentencia o sentencias, investigaciones, en Estados Unidos, antes de ser expulsado o extraditado”.
Es decir, Murillo deberá cumplir una eventual sentencia en Estados Unidos antes de ser extraditado a Bolivia.
Pedido se extiende para extraditar a López
La solicitud de exhorto suplicatorio enviada por la jueza Claudia Castro a la Cancillería también incluye el pedido de extradición del exministro de Defensa Fernando López, Samuel Berkman y Sergio Zamora, entre otros involucrados en el caso Gases lacrimógenos.
“El exhorto también se refiere al proceso penal seguido por el Ministerio Público a Luis Fernando López y otros implicados en el caso”, enfatizó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino.
El exministro López es uno de los principales acusados, junto al exministro de Gobierno Arturo Murillo, por la compra de los gases lacrimógenos en 2019 a un costo total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones fueron presuntamente desviados.
Con el cambio de gobierno, López salió del país, a pesar de una orden de aprehesión en curso. Según informes de Inteligencia, se encuentra en Brasil.
“No tenemos nada formal; sin embargo, de manera extraoficial sabemos que este prófugo de la justicia se encuentra en Brasil”, afirmó a La Razón el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
En tanto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia de prensa, denunció que aparte de la denuncia por el caso Gases lacrimógenos, López tiene ocho procesos por posibles irregularidades en la compra de alimentos y equipos, además de otras irregularidades en el proceso de compra de combustible con la empresa estatal YPFB.