A través de sus redes sociales, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, en prisión preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz, consideró que las nuevas acusaciones en su contra son “imaginarias y fantasiosas”.
“Ayer, la expresidenta constitucional de Bolivia prestó su declaración informativa de manera amplia sobre las imaginarias y fantasiosas nuevas acusaciones del gobierno del MAS”, escribió la exmandataria, encarcelada desde el 13 de marzo de este año.
A instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, Áñez fue acusada inicialmente por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el llamado caso “golpe de Estado” cuyo proceso está foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”.
Sin embargo, en el transcurso del proceso, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitó la acusación contra Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en razón de la sucesión ocurrida dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
El 12 de noviembre, la exsenadora de Unidad Demócrata (UD) se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, primero, y mandataria transitoria, después, en sendos actos sin resolución ni quorum, menos asistencia de la bancada mayoritaria del MAS.
Otros procesos fuero adicionados a petición del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. La exmandataria detalló esos juicios por “anticipación y prolongación de funciones, asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes y seducción de tropas”.
Áñez, junto a otros 16 colaboradores suyos, es requerida también como testigo en el proceso seguido en Estados Unidos y Bolivia a raíz de la detención de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusado de sobornos e intento de lavado de dinero.
En 2019, el exministro propició la compra de material antidisturbios a un costos de $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones resultaron sobreprecio para el pago de sobornos a funcionarios bolivianos, entre ellos Murillo, por parte de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.