El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este miércoles que “solventó” la existencia de un «golpe de Estado» en Bolivia, durante el conflicto poselectoral de 2019, en su cuestionado informe que envió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“El Alto Comisionado nos ha requerido el informe y nosotros hemos cumplido; ha sido presentado a fines de abril o principios de mayo y hubo repercusiones (porque) hicimos un informe basado estrictamente en temas legales (…) y hemos solventado la existencia de golpe de Estado”, dijo la autoridad en una entrevista con La Razón Radio.
En ese sentido, ratificó que el “golpe de Estado es una situación que sí se dio en el país” y es precisamente lo que, según su versión, se ha demostrado en el informe basado en hechos “objetivos” y en la descripción de lo sucedido.
Es así que se hizo “énfasis en el tema de las supuestas renuncias (de las autoridades) y hemos indicado que de acuerdo a nuestra ley vigente claramente se determina que primero la renuncia de una autoridad electa debe ser de manera escrita, presentada de forma personal junto a su cédula de identidad y de manera voluntaria, (pero) esos tres (elementos) no han sido cumplidos en ninguno de los casos” producidos en el país en la crisis de noviembre de 2019, remarcó.
El 20 de octubre de 2019 se realizaron elecciones generales en Bolivia y sus resultados fueron cuestionados en medio de una serie de denuncias de presunto fraude electoral que derivaron en protestas callejeras de sectores opositores al entonces presidente Evo Morales y quien en dichos comicios fue reelecto nuevamente como mandatario.
En medio del conflicto poselectoral, el Gobierno acordó con la Organización de Estados Americanos (OEA) realizar una auditoría a las elecciones y cuyo cuestionado informe preliminar estableció “irregularidades”, que empeoró la crisis en el país hasta provocar la renuncia de Morales el 10 de noviembre del mismo año. Un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas fueron la estocada final.
Cadena de renuncias
Junto a Morales también dio a conocer su renuncia el entonces vicepresidente Álvaro García Linera y luego se produjo una cadena de dimisiones de parte de una serie de las otrora autoridades del oficialismo.
Pero, por ejemplo, “si revisamos la renuncia de Adriana Salvatierra (que era presidenta del Senado) vamos a encontrar que ella (solo ha emitido) una comunicación al nivel de las redes sociales y su renuncia escrita no llegó; en el caso de Víctor Borda (que era presidente de Diputados, pasó una situación similar)”, aseguró Chávez.
Además –según el Procurador– Susana Rivero, que era primera vicepresidenta de Diputados, “nunca renunció” y a ella, en la línea de sucesión, también le correspondía asumir la presidencia del país si es que Salvatierra y Borda oficializaban su decisión, y no a Jeanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado y quien finalmente terminó asumiendo la Jefatura del Estado el 12 de noviembre.
“Entonces, todos estos temas se han obviado (…) y hemos tomado en cuenta eso (en el informe), hemos indicado que de acuerdo a derecho no se han cumplido (con los procedimientos porque todas) esas expresiones que se manifestaron por las redes (o medios de comunicación) no tenían efecto legal, no habían sido cumplido los procedimientos para una renuncia”, insistió.
Asimismo, recordó que el órgano deliberante (Asamblea Legislativa) tiene que considerar previamente las renuncias y si ya no tiene ni la directiva correspondiente procedía elegir otra a la cabeza de la mayoría, es decir, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para que se registre la sucesión constitucional en el marco de las normas vigentes.
Por tanto, con ese tipo de elementos, en el informe “hemos desbaratado la tesis de la vacancia y (hasta) la tesis del comunicado (que emitió en esa oportunidad) el Tribunal Constitucional (para avalar la proclamación de Áñez) y que no tiene ninguna (vinculación) porque el Tribunal solo emite sentencias, autos y no comunicados de prensa; (en consecuencia) no tiene ninguna vinculación legal, así establece la ley y la Constitución, son temas de orden legal, eso hemos (establecido en el documento) y eso ha molestado a los golpistas porque se han visto descubiertos y develados”, afirmó.
Informe ante el Legislativo
La autoridad añadió que todos estos elementos los volverá a ratificar en el Órgano Legislativo cuando se presente a dar un informe sobre el documento que mandó al Alto Comisionado.
“Me han citado a una petición de informe oral para julio y voy a cumplir, ahí claramente voy a ir con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, y vamos a discutir en un nivel estrictamente de alto respeto y académico”, confirmó.
«Fraude»
Además, Chávez recordó que antes de las elecciones de octubre de 2019 ya se produjeron una “concatenación de hechos” y de expresiones de parte de actores políticos que anticipaban el presunto fraude.
“Fraude ya decían los actores (…) y después, lo más fuerte, es que los bolivianos no hemos visto hasta ahora las actas del fraude, queremos ver, han tenido un año para demostrar las actas de fraude, dónde se han cambiado votos, dónde está el fraude descomunal del que hablaba el señor (Carlos) Mesa (líder de Comunidad Ciudadana y quien compitió en esas elecciones que luego fueron anuladas)”, cuestionó.
Agregó que Comunidad Ciudadana (CC) tenía delegados en la gran mayoría de las mesas electorales y seguramente también tendría que haber contado con las copias del recuento de los votos para demostrar el “fraude”.
“Pero nunca lo han hecho, dónde están esas actas que dicen que hubo fraude, el pueblo tiene derecho de ver luego de sufrir el golpe de Estado y (más aún cuando) sobre la base de esa mentira se generó muerte y robo en el país; esa irresponsabilidad de ese candidato perdedor, al que (luego en las siguientes elecciones) el pueblo le ha castigado, (tiene que demostrar su denuncia)”, reiteró.