Nacional

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 14:04

Tras 6 días de remezón por su declaración a la Fiscalía, Áñez aclara que se basó en vivencias y un libro

La exmandataria rompió el silencio en el caso "golpe de Estado", en su comunicado de este lunes no se refiere específicamente a temas como la oposición de Mesa a la sucesión de Adriana Salvatierra, pero pide investigar todos los hechos y defiende su autoproclamación.

Áñez en celdas policiales en marzo de este año. Foto: Rodwy Cazón

/ 14 de junio de 2021 / 12:59

Mediante un comunicado en su cuenta de redes sociales, desde la cárcel de Miraflores, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, señaló que las revelaciones que hizo ante la Fiscalía sobre cómo llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 se basaron en vivencias y un libro publicado por un medio de prensa; eso sí, defendió su autoproclamación.

Seis días después de haber ocasionado un remezón, tras haber decidido romper el silencio en el caso “golpe de Estado”, Áñez intentó poner paños fríos, aunque sin referirse de manera específica a los hechos que relató como episodios del libro o de sus vivencias, como que Carlos Mesa se opuso a una sucesión de la exsenadora Adriana Salvatierra.

“Respecto a mi declaración informativa ante el Ministerio Público, realizada los días 7 y 8 de junio del presente: Aclaro que al empezar mi declaración señalé que la narrativa sobre los antecedentes sucedidos antes de mi llegada a La Paz, y sobre hechos que no estuve presente, se basan en el libro ‘La revolución de las pititas’, publicado por Página Siete”.

Y añade: “Y otra parte de mi declaración desde mi llegada a La Paz el 11 de noviembre sobre mis vivencias en tales hechos. En todo caso, ambos elementos he pedido y pido investigarlos, para que se manifieste justicia, ya que en su momento los principales órganos del Estado (Legislativo con 2/3 del MAS y Tribunal Constitucional como guardián de la CPE) avalaron mi sucesión como presidenta constitucional transitoria de Bolivia”.

La exmandataria fue detenida junto a dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en la investigación por el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, Áñez, siendo segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó, primero, presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, presidenta del Estado.

Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), denuncian un “golpe de Estado”, mientras que sus opositores lo niegan y hacen énfasis en que la salida del líder de los cocaleros del Chapare se debió a una movilización ciudadana por un “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de ese año, cuando Morales ganó precisamente a Mesa.

Las protestas convocadas por Mesa y el entonces dirigente cívico cruceño Luis Fernando Camacho pusieron a Morales contra las cuerdas, que tomó su decisión también asfixiado por un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”.

En sus declaraciones a la Fiscalía, sin embargo, Áñez admitió que estaba enterada de las reuniones extralegislativas que al final allanaron su camino al poder y recordó una reunión en la editorial Plural, en la que se abrió la opción de Salvatierra como sucesora de Morales si éste renunciaba, lo que fue consultado con Mesa, que rechazó la opción.

De todas formas, la Fiscalía anunció el domingo que todos los aludidos por Áñez serán convocados a declarar por el caso “golpe de Estado” abierto por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Asimismo, el expresidente Morales, tras enterarse de las revelaciones de la exmandataria, acusó a Mesa de ser “el principal golpista” en lo sucedido en 2019.

Eso no es todo. El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que Mesa buscó entonces un vacío de poder para cumplir una “hoja de ruta” que lo beneficie con la convocatoria rápida a elecciones, o sea para llegar a la presidencia. El vocero de Mesa, Jairo Guiteras, negó a La Razón que el jefe de CC haya cumplido algún rol en la sucesión de Áñez.

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Costas afirma que el informe de la OEA fue político e intencionado

El exvicepresidente del TSE señala que el informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia es poco serio, y anuncia una representación. Cataloga a la auditora Ethical Hacking como un “caballo de Troya” en el conflicto.

Antonio Costas.

/ 28 de julio de 2021 / 07:31

“Estoy muy feliz”, asegura Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la crisis de 2019, al hablar sobre el sobreseimiento de la Fiscalía en el caso sobre los comicios anulados de 2019. Más aún, arremete contra el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anuncia una representación ante esta entidad, tras el daño ocasionado a su persona y sus excolegas.

—¿Cuál es su apreciación inicial sobre el sobreseimiento?

—Creo que en honor a la verdad corresponde que el Ministerio Público nos haya sobreseído, porque las nueve fiscalías departamentales estaban con el mismo tratamiento. Y leyendo la pericia informática de la unidad técnica de la Universidad de Salamanca, los resultados no tienen mucho cuestionamiento.

—¿Hubo algún objetivo para desacreditar la labor de los vocales del TSE en 2019?

—Ha sido un periodo muy conflictivo. Y dentro de lo que significó esa contienda electoral, el afectado ha sido el TSE, pero eso ya no interesa mucho, porque la misión de observación de la OEA, los que hicieron el informe de integridad electoral, no fueron técnicos, fueron básicamente políticos. Y mi apreciación hace bastante tiempo es que el trabajo de la OEA en la evaluación informática, el área de la evaluación estadística de los resultados, el área de lo que fue la parte operativa electoral, fueron muy superficiales. De hecho, yo baso muchos de los criterios que tengo en el mismo informe. Por ejemplo, cuando se habla del “hallazgo 5” sobre las tendencias, el mismo experto de la OEA dice que al 95% las diferencias entre el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y el cómputo son tan pequeñas que, en realidad, no tomó en cuenta el 95% y se centra solo en ese 4% y algo. O sea fue intencionado su análisis.

Y ahora haciendo una revisión, se encuentra una fe de erratas del estudio que hizo el experto de la OEA, Irfan Nooruddin, donde dice que, a raíz de la observación del CEPR (Centro de Investigación en Economía y Política), reconoce que en el cálculo del cómputo no tomó en cuenta la codificación alfanumérica, y habla de tendencias donde el factor fundamental es la cronología. Él ha cometido un error absolutamente grosero. Y adicionalmente, las conclusiones a la evaluación de ese informe público en agosto de 2020, él ha hecho un corrimiento en las marcas de tiempo. Por lo menos, de la manera más favorable a la evaluación que se ha hecho, casi 3.000 actas han tenido ese corrimiento. Entonces el informe de la evaluación estadística, de la tendencia es poco serio.

En cuanto a la parte informática, la OEA ni siquiera sabe hasta hoy cómo era la configuración del sistema de cómputo, la infraestructura. Y en lo del TREP, básicamente repite la información de los auditores de Ethical Hacking, con algunos aportes que no son nada serios. Y la pericia dice que efectivamente ha habido el uso del servidor B01 en lugar del servidor B021, que debía ser utilizado, pero en ningún momento implicó una manipulación de datos, porque la base de datos B02, la oficial, jamás fue modificada.

Entonces, es un tema muy delicado. Ahora ya puedo hablar con más solvencia. Voy a pedir, a través de mi abogado, las copias al TSE para ir a fondo en el análisis y por lo menos hacer una representación ante la OEA sobre este trabajo tan deficiente que ha hecho, y que nos provocó tremendo desaguisado en el país.

—Usted habló de un “caballo de Troya” en este desaguisado…

—Lo fue, Ethical Hacking actuó como un caballo de Troya. Nosotros hemos vivido casi 20 días de una disputa entre Neotec y Ethical Hacking que no tenía ningún sentido. Era una presión sobre Neotec con un programa que fue utilizado, donde decían que había deficiencias en los programas para los equipos móviles. Y cuando se hace una evaluación de toda la transmisión de datos desde los recintos electorales, nunca se ha producido un incidente que pueda denominarse de hackeo. Entonces, todas las observaciones que ha hecho Ethical Hacking respecto a ese componente fueron oficiosas y alarmistas. Y los operadores TREP han alcanzado el 98,9% de transmisión de actas en el día de la votación y las primeras horas del lunes. O sea, el trabajo del TREP y del cómputo han sido exitosos. Pero claro, la convulsión social, el hecho del corte del TREP, han desvirtuado todo ese esfuerzo que se hizo.

—¿Tomará acciones legales?

—No sé. La verdad es que estoy tan contento disfrutando esta muy buena noticia. Estoy leyendo el informe de la pericia informática, releyendo el informe de la OEA, y el sobreseimiento. Y veremos qué pasa después. Cada cosa en su momento. Estoy seguro que jamás mi conducta ha estado en duda, esas acusaciones eran injustas.

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Mamani: Se refrenda que la elección fue transparente; tomaremos acciones legales contra los denunciantes

La exautoridad electoral señala que el informe de la OEA, que fue la base para la denuncia contra las elecciones de octubre de 2019, está lleno de subjetividades y que no hubo ningún elemento material de prueba en el caso Fraude.

/ 27 de julio de 2021 / 20:59

El exvocal Idelfonso Mamani, quien dirigió las elecciones de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, habla con La Razón sobre el sobreseimiento para él y sus excolegas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el correspondiente cierre del caso Fraude por parte del Ministerio Público.

—¿Cuál es su opinión sobre el anuncio de la Fiscalía de este martes?

—Es una resolución que ha adoptado el Ministerio Público, mediante la que se refrenda la inexistencia de hechos delictivos. Nunca hemos aceptado (los vocales) los hechos que nos han atribuido. Más bien la elección de 2019 ha sido completamente transparente y la propia ciudadanía ha sido parte de las elecciones. No olviden que el día de la elección el jurado de las mesas es conformado por ciudadanos sorteados aleatoriamente del padrón electoral, y ellos son vecinos del recinto, entonces son la mayor garantía de transparencia en escrutinio y en cómputo.

A la finalización de su trabajo, el resultado de la elección está (cerca de las 19.00), y lo único que resta es la sumatoria que se hace en los TED (Tribunales Electorales Departamentales). Entonces, hasta ese momento todos habían expresado su conformidad y lo habían declarado públicamente, los observadores internacionales, nacionales, organizaciones políticas, todos. Entonces, después se produjo una declaración que dijo lo contrario, que habló de un fraude, situación que no tenía ningún respaldo, ni consistencia. Pero lamentablemente se dio lugar a que se hagan investigaciones y que permanezca un proceso sin base material alguna por bastante tiempo, más de año y medio. Hoy la Fiscalía hace, con objetividad, lo que corresponde.

¿Piensa que hubo un objetivo para desacreditar el trabajo del TSE y los vocales en las elecciones de 2019?  

—Se trata de un hecho que tocó a la democracia boliviana. No les ha importado a ellos (los denunciantes) quiénes estaban al interior del TSE, quienes estuvieran iba a pasar lo que ocurrió. Se desacreditó la labor del TSE, se interfirió en la democracia y la transparencia que se tuvo en las elecciones de 2019. Creemos que han sido factores ajenos inclusive a la decisión soberana de Bolivia.

—¿Esta decisión echa por tierra el informe y el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esas elecciones?

—El Ministerio Público optó por solicitar otro informe científico en la Universidad de Salamanca, que dice que las elecciones fueron transparentes y ningún dato fue manipulado, concretamente. Con relación al informe preliminar de la OEA, si refrescamos un poco lo que pasó, se basa o hace apreciaciones subjetivas, enteramente. Dice que supuestamente existe tal situación y podría generarse fraude, supuestamente, supuestamente, y todo es supuesto. Supone que podría haberse roto la cadena de custodia del material electoral, supone que se habría falsificado actas, y si se habrían falsificado actas no dice qué vocal fue, en qué número de mesa, qué acta manipuló o adulteró… no dice nada. Son subjetividades y ese informe carece de toda verdad porque además no lo firma ningún profesional acreditado, y se supone que fue elaborado por la comisión que vino a Bolivia. Entonces ese informe no condice con la verdad y falta a la honestidad. Más aún, el informe final de la OEA refrenda ese informe preliminar y hace apreciaciones desconocidas en el contexto del proceso electoral boliviano. Y hasta sorprende. Entonces es difícil discutir las mentiras que están en esos informes. Son hechos extraídos de otro contexto, es complicado.

—El informe de la Universidad de Salamanca habla de negligencia…

—En realidad la negligencia fue por parte de la empresa encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Lo que se dijo anteriormente, utilizó un servidor más de emergencia para el TREP, no supo ser ágil con la información y esa es la negligencia, pero no significa que en ese servidor se haya manipulado o alterado datos, en absoluto, esta información del TREP ha sido manejada con bastante responsabilidad. Y el mismo 28 de octubre de 2019, la empresa Neotec, responsable del TREP, hizo una explicación del incidente, y al final dijo que no hubo ninguna afectación ni peligro para la base de datos, tampoco de la información en los servidores, entonces ha sido totalmente transparente en esa parte la empresa. Y la compañía auditora, Ethical Hacking corrobora, que el incidente con el servidor fue analizado y auditado inmediatamente, y dijo que la información ha sido manejada en su integridad, garantizando la integridad de todos los datos y la seguridad correspondiente. Entonces, nunca ha estado en duda la transparencia e integridad de los datos desde el TSE. Desde la empresa que administró el TREP y la firma auditora, más bien han garantizado con rigurosidad el manejo de la votación popular.

—Este sobreseimiento, ¿abre las puertas para que ustedes, como exvocales acusados, abran un proceso?  

—En un Estado democrático garantista no se puede permitir que hayan vulneraciones de derechos y supresión de garantías constitucionales que han llegado a marcos fuera del límite, inconcebibles, cuando se ha perseguido a personas encargadas de las elecciones sin que haya un elemento material, objetivo que pueda dar lugar a que se abra una investigación. Todos los delitos que se nos atribuyeron han sido denuncias falsas, temerarias, porque no han adjuntado ningún elemento de prueba, más que el informe sin firmar que publicó la OEA un 10 de noviembre de 2019. Los procesos iniciados vulneraron los derechos humanos y garantías constitucionales, y un país en Estado de derecho debe reparar esos derechos vulnerados.

Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes que hicieron que se abra este proceso, sin tener ningún elemento material, sean sancionados. Buscaremos por lo menos justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas que han sido indebidamente perseguidas.

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En Argentina imputan al ‘enlace’ de la Gendarmería que coordinó el envío de pertrechos a Bolivia

Adolfo Héctor Caliba fue quien presidió el 13 de noviembre de 2019 el desembarco del equipamiento de la Gendarmería argentina en el aeropuerto de El Alto.

La presentación de los pertrechos hallados en la Policía de Bolivia. Foto: APG

/ 26 de julio de 2021 / 23:53

Adolfo Héctor Caliba, excomandante de la Gendarmería de Argentina, identificado como el “enlace” que coordinó con la Policía de Bolivia el envío del material antidisturbios en noviembre de 2019, durante el mandato transitorio de Jeanine Áñez, fue imputado este lunes en el proceso por contrabando agravado impulsado por el gobierno de su país.

La denuncia involucra al expresidente argentino Mauricio Macri, los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Óscar Aguad (Defensa), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez, el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los exdirectores de Logística y Operaciones de esa entidad, Rubén Yavorski y Carlos Recalde.

El escándalo salió a la luz pública por una carta de agradecimiento del 13 de noviembre de 2019, firmada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, por el envío de los pertrechos. Fue remitida al entonces embajador Álvarez, quien negó conocer la misiva, pese a que lleva el sello de recepción de la embajada, el 15 de noviembre.

El “material bélico”, como lo cataloga la carta, llegó a Bolivia tres días después del derrocamiento del presidente Evo Morales y a un día de la autoproclamación de Jeanine Áñez, primero como presidenta del Senado y, posteriormente, como presidenta del Estado, tras una serie de reuniones extralegislativas que allanaron el camino de su posesión.

“A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal (en lo Penal Económico Claudio) Navas Rial acusó a Caliba ‘en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto de El Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería  y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”, publica el diario argentino Página 12.

Según la reconstrucción que publicó Página 12, que recogió declaraciones del exagregado y exjefe de la misión militar en Bolivia, Caliba fue quien presidió el 13 de noviembre de 2019 el desembarco del equipamiento de la Gendarmería argentina en el aeropuerto alteño, mientras el entonces embajador Álvarez, y otros dos funcionarios y familiares esperaban ser evacuados en el mismo avión Hércules C-130 que transportó el material esa madrugada.

Fue Caliba quien tramitó los pertrechos antitumultos para la Policía Boliviana ante el entonces comandante de la Gendarmería argentina, Gerardo Otero.

Es más, el 17 de noviembre —dos días después de la masacre de Sacaba, que al final terminó con una decena de muertos— Caliba mandó una nota a Otero para contarle que ese día tuvo una reunión con la “nueva conducción” de la Policía Boliviana (NdR: Rodolfo Montero fue posesionado el 14 de noviembre comandante por Jeanine Áñez). “Ese encuentro fue coordinado por el subcomandante de la fuerza Claudio Zenobio Espinoza Luna”, dice Página/12.

Según parafrasea el diario argentino, esa cita fue para considerar la “posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón (de) que se les está acabando su stock”.

Otro nuevo dato conocido es que quien hizo el inventario y recibió el material antidisturbios en los depósitos de la Policía Boliviana el mismo 13 de noviembre fue el sargento Juan Mario Serrano Ávila, de acuerdo con una copia publicada por el diario Página/12. Firmaron la entrega los mayores William Fernández El Hage y César Zeballos Ariñez.

El documento —que aclara que es un inventario levantado “al no existir ningún documento de entrega”— detalla lo siguiente: 29.600 cartuchos con perdigón de goma calibre 12 My, 28 unidades de gas aerosol MK-4, 19 de gas aerosol MK-9, 55 granadas gas CN, 19 granadas gas CS, 58 granadas HC y dos granadas tipo bésibol de industria estadounidense.

El 16 de julio, el comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, informó de la existencia de ese material y precisó ese número de cartuchos.

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El Procurador confirma audiencia de Murillo para el 9 de agosto en Estados Unidos

La demanda para la instalación de un juicio civil contra el exministro de Gobierno se encuentra en la última fase de revisión, indicó el procurador Wilfredo Chávez.

/ 26 de julio de 2021 / 15:32

El procurador general, Wilfredo Chávez, confirmó para el lunes 9 de agosto la audiencia en Estados Unidos del exministro Arturo Murillo, por las acusaciones de lavado de dinero y soborno en la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

“Según el reporte que tenemos está detenido en la misma cárcel federal, esperemos que sea así hasta el 9 de agosto (día en que se realiza la audiencia), faltan 10 días más o menos y vamos a estar presentes en la audiencia», informó, según radio Patria Nueva.

Asimismo, indicó que la demanda para abrir un juicio civil contra la exautoridad en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez se encuentra en revisión. «En nuestro juicio civil, están en la última revisión, esperemos tener este proceso en un par de días más».

La audiencia de Murillo ya se suspendió dos veces. El exministro de Gobierno fue detenido junto a Sergio Méndez, su exjefe de gabinete, y tres empresarios de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, que se benefició del contrato de los gases comprados a la compañía Cóndor de Brasil.

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Alvarado asume como presidente de la ESM con el reto de concluir el proyecto hasta 2023

"No puede haber ningún acto de corrupción y este es el compromiso señor ministro, que yo adquiero frente a usted, frente a todos los bolivianos”, dijo Alvarado al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.

Foto: ABI

/ 26 de julio de 2021 / 15:16

Jorge Alvarado asumió este lunes como presidente ejecutivo interino de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), con el reto de la conclusión del proyecto hasta 2023.

El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, le tomó juramento en el acto en Santa Cruz. «Es por ello que, en esta oportunidad, tendremos a la cabeza principal de la planta al ingeniero Jorge Alvarado Rivas, quien en su calidad de presidente ejecutivo a.i de la empresa, tendrá bajo su responsabilidad una misión fundamental, el desarrollo y la conclusión del proyecto de la Empresa Siderúrgica del Mutún hasta el 2023”.

Alvarado agradeció la confianza depositada en su persona y remarcó que exigirá transparencia y profesionalismo en la compañía, según un reporte de ABI.

«No puede haber ningún acto de corrupción y este es el compromiso señor ministro, que yo adquiero frente a usted, frente a todos los bolivianos (…). Seré un luchador intransigente contra la corrupción, no voy a permitir ningún acto de corrupción», indicó.

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