Nacional

Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 20:58 PM

Nueve momentos: Carlos Mesa fue el factor clave de la sucesión de Jeanine Áñez

En su declaración ante la comisión de fiscales, el 8 de junio reciente, la exmandataria transitoria recordó que Mesa objetó la sucesión de la senadora Adriana Salvatierra.

/ 14 de junio de 2021 / 03:17

Jeanine Áñez acaba de vincular a Carlos Mesa con su sucesión y develar que éste impidió que Adriana Salvatierra u otros senadores del MAS asuman el poder en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente se convirtió en el factor clave de la transición.

En su declaración ante la comisión de fiscales, el 8 de junio reciente, la exmandataria transitoria recordó que Mesa, entonces candidato perdedor de las luego anuladas elecciones del 20 octubre, objetó la sucesión de la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de otros correligionarios suyos, aunque había dicho que esa “sucesión debería ser constitucional y que no aceptaría ninguna sucesión inconstitucional”.

“Luego, el señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra”, contó Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores y ahora acusada también de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty.

Nada más al saberse de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) dijo que la sucesión presidencial debía estar a cargo de “alguien que no sea del MAS”, como también recordó Áñez en su declaración ante los fiscales.

Mesa rozó entonces la segunda vuelta y en esa condición se convirtió en uno de los principales líderes de oposición y, así, en uno de los actores clave del quiebre institucional de entonces en al menos nueve momentos.

Primer momento, el TREP. Al paralizarse la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche del 20 de octubre, el expresidente protestó por la falla del sistema, una transmisión de actas de votación paralela al cómputo oficial, aunque no vinculante.

Al día siguiente, en conferencia de prensa llamó a movilizaciones y vigilias en el país, “para estar en todos los tribunales electorales con la fuerza de la gente”. Consideró que la paralización del TREP pretende “bloquear la segunda vuelta”.

Fue el primer momento del protagonismo de Mesa en la crisis poselectoral. Denunció en la noche en la ciudad de Santa Cruz un “fraude escandaloso”.

En coincidencia con esas declaraciones, también esa noche, el entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció movilizaciones. “Mañana, a las 12.00 del día, empezamos a parar este país”, arengó en un primer cabildo en la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz).

Fue el inicio de la revuelta, que tres semanas después terminaría con la renuncia de Morales.

El expresidente Evo Morales llamó a Carlos Mesa «el principal golpista» de 2019.

Segundo momento, la advertencia de Mesa. Una semana después, cuando las protestas se habían extendido en el país, una multitudinaria protesta tomó la avenida Costanera de La Paz. Allí, Mesa denunció que Morales y el vicepresidente Álvaro García lo acusaban de generar violencia.

Se declaraba otra vez víctima de las presuntas irregularidades en las elecciones. “Debo decirles que aquí estoy: ¡O voy preso, o voy a la presidencia!”, gritó con euforia ante la multitud.

Tercer momento, apoyo a Camacho. El 6 de noviembre, Mesa buscó a Camacho en el aeropuerto de El Alto. Para entonces, el líder cívico había logrado paralizar el país y porfiaba por tercera vez en llegar a La Paz, esta vez a dejar la carta de renuncia de Morales que él mismo redactó.

Sin conseguir su propósito, el candidato presidencial esperó al líder cívico hasta las 19.30 de ese día. “La Policía me bloqueó e impidió que me acercara a LF Camacho en el momento de su llegada al aeropuerto. Denuncio esta vulneración a mis derechos ciudadanos” (sic), justificó en su cuenta de Twitter.

Camacho prefirió propiciar las movilizaciones “sin políticos”. Pero a las 21.11, en la plaza Uyuni de La Paz, Mesa apareció junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza, y el expresidente Jorge Quiroga para decir que no estaba en el aeropuerto, esto ante el supuesto acoso de los masistas en El Alto.

Cuarto momento, anulación de elecciones. De reclamar su derecho a una posible segunda vuelta, Mesa pasó a plantear la anulación de las elecciones. En una entrevista con el diario español El País, publicada el 23 de octubre, decía: “La segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente votó el pueblo boliviano!”.

Sin embargo, días después, el 3 de noviembre, CC y Mesa cambiaron de posición: “La mejor solución a esta crisis, en las actuales circunstancias, es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional”.

Se esperaba que la declaración abunde sobre las declaraciones de Camacho, un día antes en un cabildo multitudinario en el Cristo Redentor de Santa Cruz, cuando había invocado la participación de las Fuerzas Armadas en las movilizaciones, “para estar al lado de su pueblo”.

Quinto momento, pedido de renuncia. El domingo 10 de noviembre, Mesa pidió la renuncia de Morales y García, de quienes dijo que “no están en condiciones” de presidir nuevas elecciones. “Creemos que ésta es una decisión que debe tomar el presidente Morales; si le queda un ápice de patriotismo, debería dar un paso al costado”, dijo.

Morales, muy temprano ese día, había anunciado nuevas elecciones, “incorporando a nuevos actores políticos”, y la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de bajar las tensiones y pacificar el país.

Esa madrugada había intentado comunicarse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se había anticipado a difundir el informe preliminar sobre los comicios del 20 de octubre, en el que la misión de observadores había hallado “graves irregularidades”.

Acto seguido, Almagro sugirió la continuidad del mandato de Morales.

Sexto momento, reuniones extralegislativas en la UCB. Mesa jugó un papel central en las negociaciones propiciadas por la Iglesia Católica y la Unión Europa (UE) inmediatamente después de la renuncia de Morales.

Allí hizo saber que no apoyará una eventual sucesión de Salvatierra, que había renunciado a la presidencia de la Cámara de Senadores de forma verbal. Áñez contó detalles de esa cita en la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Ni Salvatierra ni otro senador del MAS estaban consignados entre las posibilidades. “Se dice que en la reunión se propuso que debía elegirse como presidente interino a un senador con experiencia, a lo que Carlos Mesa indica que la sucesión debería ser constitucional y que no aceptaría ninguna sucesión inconstitucional”, contó la exmandataria.

Además, recordó que supo de una reunión previa en la casa de José Antonio Quiroga, en la editorial Plural, a la que presuntamente asistieron Salvatierra, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y Ricardo Paz, asesor de Mesa.

Ahí preguntaron a Mesa sobre esa posibilidad. “Quiroga llama al señor Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, (que) las protestas continuarían”, prosiguió Áñez.

Séptimo momento, la opción Áñez. Alejada la posibilidad de que alguien del MAS sea quien suceda a Morales, Mesa y CC impulsaron la proclamación de Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, con el apoyo de los asistentes a la cita en la UCB, salvo las representantes del MAS.

El propio Ricardo Paz, asesor de Mesa, se encargó de llamar la tarde del 10 de noviembre a Áñez, que se encontraba en Trinidad (Beni), para proponerle la decisión. “Entre las 18.00 y 19.00 (era de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión buscando una reunión”, dijo la exmandataria transitoria en su declaración ante el Ministerio Público.

Estaba decidida la situación. En una entrevista con Piedra, papel y tinta de La Razón, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones (UIF) Teresa Morales contó que el 11 de noviembre, en la reunión de la UCB, Mesa preguntó a Salvatierra sobre qué le parecía Áñez presidenta. “’Yo no entiendo por qué me preguntan si ya la señora Áñez se está moviendo en la cápsula presidencial; seguramente ustedes habrán decidido cosas’”, citó Morales a la senadora.

Es más, al día siguiente, de nuevo en la UCB, Mesa preguntó a la legisladora del MAS si había presentado su renuncia. Morales contó que Salvatierra respondió que “solo en redes sociales”.

La reunión previa a la autoproclamación de Áñez, el 12 de noviembre de 2019.

Octavo momento, garantías a la Asamblea. Al principio, Mesa propugnó una “sucesión constitucional” y también exigió garantías para el desarrollo de las sesiones con ese fin en la Asamblea Legislativa.

Ese 11 de noviembre, el expresidente instó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a garantizar la seguridad de los legisladores del MAS para las sesiones de sucesión constitucional. Es más, pidió a la población no hostigar a los oficialistas.

Consideró que será importante que el MAS haga quórum en la Asamblea Legislativa. Ésta es “la única posibilidad de construir una sucesión democrática y una acción que esté bajo la norma constitucional para que el mundo no nos acuse de haber llevado un gran golpe de Estado”, justificó.

Noveno momento, la tesis del golpe. El 24 de enero de 2020, Áñez se proclamó candidata a la presidencia para las elecciones, inicialmente, del 3 de mayo. La decisión generó protestas y cuestionamientos de algunos políticos, en razón de que la mandataria había llegado al poder solo para llamar a nuevas elecciones.

Uno de ellos fue Mesa, que tres días después hizo un texto llamativo en su blog para cuestionar la candidatura de Áñez, que había formado la alianza Juntos con Samuel Doria Medina y Luis Revilla, entre otros.

“La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”, escribió el candidato de CC en un texto llamado Una decisión equivocada.

A cuatro días de la develación de Áñez sobre el papel de Mesa en la sucesión constitucional, por cuya acción el MAS y el Gobierno han comenzado un proceso político y judicial, el expresidente no se manifestó. El sábado, La Razón intentó infructuosamente con sus allegados una posición sobre el caso.

Mesa ya tuvo la experiencia de librarse del camino de la sucesión con otros políticos en 2005, cuando pidió a los entonces presidentes de las cámaras de Senadores, Hormando Vaca Díez (fallecido), y de Diputados, Mario Cossío, a resignar esa posibilidad para dar paso a la asunción del entonces presidente de la otrora Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Éste es un tiempo de renunciamientos, éste es un tiempo en el que el país no puede seguir apostando a la locura”, dijo el 7 de junio de aquel año.

La diferencia de entonces con el cambio de gobierno de 2019 fue que el viejo Congreso Nacional aceptó la renuncia de Mesa y, a la vez, posesionó a Rodríguez Veltzé.

Comparte y opina:

Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

Comparte y opina:

Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

Comparte y opina: