El exministro de Trabajo Oscar Mercado se presentó este martes ante la Fiscalía de La Paz a declarar en calidad de testigo por el caso “Gases lacrimógenos” y aseguró que no tiene ningún temor en este proceso mientras la justicia actué con objetividad.
“Mi persona viene por primera vez a una actuación judicial, espero de que esto se desarrolle de acuerdo al procedimiento y de manera objetiva; mientras la justicia actué con objetividad, los ciudadanos que sentimos haber hecho las cosas siempre con transparencia y en el marco de la ley no tenemos por qué temer, exigimos que la investigación sea objetiva”, dijo al ingresar a su declaración.
La exautoridad agregó que su interés, al igual que de todos los bolivianos, es que este caso se aclare a la brevedad posible y que se determinen las responsabilidades en el marco de la norma y el procedimiento.
Y cuando fue consultado si él también firmó los tres decretos supremos que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez, respondió: “por eso es mi convocatoria, entiendo que han convocado a todos los ministros que habrían suscrito y estamos acá para conocer esos detalles”.
Luego, al salir de su declaración, no quiso entrar en muchos detalles y solo señaló de manera reiterativa que todo está en proceso de investigación, a tiempo de subrayar que él ha cumplido con su obligación de presentarse y que está presto a retornar si surge una nueva convocatoria.
“Esto está en proceso de investigación, solo se espera una actitud responsable de quienes están encargados de la investigación; investiguen y den los resultados, todos estamos urgidos que esto se pueda resolver a la brevedad y creo que no vale la pena entrar a especulaciones”, ratificó.
Los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno de Áñez con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.
El exministro de Gobierno se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos que se habrían registrado, precisamente, durante la compra de ese material para Bolivia a través de una empresa intermediaria y de López aún se desconoce su paradero exacto, aunque se sospecha que está en Brasil.