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Ortuño y Bejarano identifican incongruencias en informe de la Iglesia sobre los hechos de 2019

Los analistas políticos Armando Ortuño y Susana Bejarano advierten varias incongruencias en el informe que presentó la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sobre su mediación en los conflictos poselectorales desatados de noviembre de 2019.

Entre las primeras observaciones que resalta Ortuño está que ese informe revela que el nombre de la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez no surgió de un acuerdo o una discusión en la mediación, sino que ya se hablaba de ella como presidenta del Estado desde el 10 de noviembre, horas después de que Evo Morales renunciara a su cargo.

La CEB presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

«Me llama la atención de que, si uno lo lee, me queda como gran conclusión es que nunca hubo acuerdos sólidos, hubo tal vez algunas aproximaciones, y, de hecho, alguna de las novedades del propio contexto de la Iglesia», agregó en su análisis en la transmisión digital Piedra, papel y Tinta de La Razón.

Insistió en que el nombre de Áñez surgió el 10 de noviembre «sin la presencia de los masistas, solo con los actores de la entonces oposición». «Hay una incongruencia muy fuerte» en eso, dijo.

Asimismo, observó que el relato de la Iglesia Católica dice que el 12 de noviembre se había llegado a un acuerdo, sin embargo, aclara que los representantes de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) no aceptaron, sino que anunciaron que «eso dependía de una consulta con Evo Morales y su bancada, lo que me parece totalmente razonable».

«Esos dos momentos claves me queda la sensación de que nunca hubo acuerdo y ése es un problema (…), sí hubo conversaciones, pero nunca se llegó a firmar algo concreto», agregó Ortuño.

Por su parte, Bejarano enumeró varios aspectos que permiten ver un «sesgo» en el informe de la Conferencia Episcopal. Lo primero, las fuentes periodísticas a las que recurre, como Página Siete, El Deber, ANF y Correo del Sur, “periódicos que han tenido editoriales marcando una línea, nunca dudaron de que hubo un fraude, nunca plantearon que hubo un golpe y siempre apostaron por la sucesión constitucional».

Asimismo, advirtió «contradicciones en el propio informe», cuando dice que la otrora diputada del MAS Susana Rivero supuestamente había presentado su renuncia el 10 de noviembre, pero la legisladora desmintió ese hecho. Sin embargo, también informaron de que la asambleísta participó en otra reunión el 12 de noviembre

Asimismo, cuestionó que el mismo 10 de noviembre se realizó una reunión «sin ningún representante del MAS» y empezó a figurar el nombre de Áñez para la sucesión. «Pero quiénes eran ellos para tomar decisiones, un grupo de representantes que no tenían ninguna representatividad en la Asamblea», criticó.

La analista también observó que la Iglesia Católica habla de la quema de la casa del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, pero minimiza los hechos de violencia que orillaron la personas que seguían en el orden constitucional para la sucesión presidencial a rechazar la presidencia.

«¿Por qué renuncia el presidente Morales, Álvaro García Linera, (Adriana) Salvatierra, Víctor Borda? Las presiones son muy pasadas por encima. No se puede hablar de que no haya existido una presión tremendamente antidemocrática», agregó.

Dijo que en una parte del informe se habla de dos propuestas donde se dice que un asambleísta del MAS asuma la presidencia, pero la Iglesia Católica «asume que era un hecho que estaba por fuera de la norma», «a pesar de que el reglamento así lo establecía».

También cuestionó que se hable de algunos acuerdos los que se arribaron, entre ellos los salvoconductos, lo cuales «jamás se vieron».

Asimismo, Bejarano dijo que el informe de la CEB minimiza las “masacres” de Sacaba y Senkata, en la que falleció al menos una veintena de personas y cientos resultaron heridos de bala en protestas que cuestionaban la sucesión de Áñez.

«La Conferencia Episcopal, desde mi perspectiva casi ofensiva, los nombra como enfrentamientos, como hechos y no como lo que ha sido, que ha sido una masacre en Sacaba y en Senkata (…); porque no hubo dos fuerzas, había fuerza del Estado contra ciudadanos», explicó Bejarano.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.