La expresidenta Jeanine Áñez acusó al MAS de promover la violencia en noviembre “frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”.
Apoyada en la versión de la Iglesia Católica sobre lo ocurrido en 2019, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a jueces y fiscales que atienden su caso disponer su libertad y demandó al resto de “facilitadores” de las negociaciones extralegislativas de noviembre corroborar la versión de la jerarquía eclesiástica.
“Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica”, exigió en una carta publicada en sus redes sociales.
El 15 de junio y en un documento de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión sobre los hechos de noviembre de 2019 y de su papel en las negociaciones que acabaron con la toma de poder de Áñez. Según su posición, “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir la presidencia del Senado y luego de Bolivia.
Según el relato cronológico que hizo, en las negociaciones del 12 de noviembre se planteó que “asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”. Este hecho fue negado por Rivero y Salvatierra.
Áñez se encuentra detenida desde marzo en la cárcel por lo que hizo en su condición de senadora en 2019, cuando asumió la presidencia del Senado siendo de la minoría y en una sesión sin quórum. Tras tomar la presidencia del Senado asumió la presidencia de Bolivia en una sesión sin quórum, no juró en el Legislativo.
“Nunca existió golpe de Estado. Hubo un acuerdo desde el seno mismo de la Constitución Política del Estado, en el que el MAS fue un actor fundamental y decisivo para pacificar el país y poder convocar a nuevas elecciones generales con nuevas autoridades electorales que fueron elegidas por más de dos tercios de votos de la Asamblea”, aseguró la expresidenta.
Áñez aseguró que Bolivia se encontraba en un “vacío de poder” tras la renuncias de Evo Morales, Álvaro García y el resto de la cadena de sucesión, mientras que acusó al MAS de los hechos de violencia en noviembre de 2019.
“Se desató un desenfreno de la violencia promovida por el MAS, frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”, sostuvo.
Morales dimitió acorralado por las denuncias de fraude, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.