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viernes 30 jul 2021 | Actualizado a 05:56

La Policía de Ecuador ratifica que préstamo de gases a Bolivia fue ‘cooperación’ y pide su devolución

La comandante Tannya Varela indicó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información”.

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, en entrevista con Teleamazonas Ecuador.

/ 18 de junio de 2021 / 16:09

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, confirmó este viernes que el préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es parte de la “cooperación internacional” que se practica actualmente entre distintos países. Y pidió la devolución del material.

“Municiones no, municiones no (hemos prestado), únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal, como son los gases, entonces esto es importante, la cooperación internacional existe bajo los protocolos que también están establecidos, más bien lo que queremos es que Bolivia nos devuelva”, dijo la jefa policial. 

El pasado 12 de junio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también  en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Del Castillo explicó que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse todo ese material de Ecuador “para reprimir al pueblo boliviano en base al principio de la cooperación regional para represión”.

Del mismo modo, el ministro boliviano dio a conocer que el 27 de mayo de 2020, el Comando de la Policía de Ecuador ya solicitó “una vez más que se le devuelva los proyectiles y las granadas”, pese a que el gobierno de Áñez ya había hecho una compra de ese material, que actualmente es investigada por un sobreprecio.

Entretanto, el pasado lunes 14 de junio, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra del expresidente Lenín Moreno por el préstamo de material antidisturbios a Bolivia.

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió entonces en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego legisladores de ambos países empezaron a coordinar el seguimiento a las investigaciones del caso mediante reuniones virtuales e incluso se anticipó que comisiones de asambleístas viajarían a Ecuador y a Bolivia. 

“He escuchado con mucha atención todo lo que han manifestado los asambleístas y quienes se han referido a este tema de la prestación (y hasta) han hablado de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional no utiliza para el control del orden público, nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gases lacrimógenos; (…) el desconocimiento de quienes hacen estas denuncias es realmente muy amplio”, lamentó Varela en una entrevista con Teleamazonas Ecuador.

Asimismo, la jefa policial ratificó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información, (sino también) si necesitan (se realizan) préstamos (de gases como) a Ecuador nos prestó Perú y Colombia”, para la crisis de octubre de 2019.

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Marvin Molina y Sandra Soto asumen como consejeros de la Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura garantizó plenamente la continuidad de la gestión institucional.

Conferencia de prensa de los consejeros de la Magistratura.

/ 29 de julio de 2021 / 16:16

Los suplentes Marvin Arsenio Molina Casanova y Sandra Cinthia Soto Pareja asumieron este jueves de manera oficial como nuevos consejeros de la Magistratura, tras la cesación de los titulares Dolka Gómez y Gonzalo Alcón por “nepotismo”.

El presidente de la Magistratura, Omar Michel, en conferencia de prensa, dijo que Molina y Soto, en cumplimiento de la Ley 025 y demás preceptos legales, asumen sus cargos “con todos los derechos y prerrogativas establecidas en la Constitución y la ley”.

“Nosotros solamente estamos cumpliendo una sentencia constitucional (Resolución Constitucional 150/2021, del 26 de julio, y el Auto Complementario del 28 de julio) que ha dispuesto lo que todos conocen, (es decir) la cesación de los ahora exconsejeros y (…) que determina que se convoque a los suplentes”, agregó.

También puede leer: Justicia falla contra consejeros Gómez y Alcón por nepotismo, convocan a sus suplentes.

Asimismo, Michel indicó que para la tranquilidad del pueblo boliviano se garantiza plenamente la continuidad de la gestión institucional porque hay un compromiso de trabajar coordinadamente conforme a las atribuciones, competencias y facultades que tiene el Consejo de la Magistratura.

“El objetivo es responder a todas esas expectativas de cambio y de transformación que a diario demanda el pueblo boliviano y, por lo demás, toda la agenda institucional será desarrollada a cabalidad y total normalidad”, apuntó.

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La Fiscalía General aclara que el caso Fraude Electoral aún no está cerrado

Quispe precisó que una autoridad jurisdiccional competente, en caso de confirmar el requerimiento de sobreseimiento, recién cerrará el caso.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe. Foto de archivo: Fiscalía.

/ 29 de julio de 2021 / 14:50

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aclaró este jueves que el caso Fraude Electoral, que investigó la presunta manipulación de datos en las elecciones generales anuladas de octubre de 2019, todavía no se encuentra cerrado y ratificó que aún se pueden presentar impugnaciones.  

“Con relación a este caso, (quiero) aclarar que nuestro Fiscal General, el doctor Juan Lanchipa, en ningún momento ha señalado que el caso está cerrado”, dijo Quispe en un contacto con medios de comunicación en Sucre.

Agregó que en la conferencia de prensa, realizada por Lanchipa en pasados días en la ciudad de La Paz, solo se “ha señalado claramente que se ha recibido un informe de la comisión de fiscales” del caso.

En ese sentido, los fiscales del caso “le han indicado (al Fiscal General) que, a partir de los elementos colectados y la última pericia recibida de la Fundación General de la Universidad de Salamanca-España, se ha determinado emitir requerimiento conclusivo amparado en el Artículo 323, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, lo que involucra un sobreseimiento”, remarcó.

Por tanto –según Quispe– el siguiente paso que corresponderá realizar es notificar con esa “resolución o requerimiento” de la comisión a todas las partes involucradas.

Luego, “una vez notificadas, las partes tienen el derecho de impugnar si es que vieran mancillado su derecho y será la autoridad (jurisdiccional) competente quien, en caso de confirmar el sobreseimiento, pues (recién) cerrará el caso y con eso archivaremos los obrados”, señaló.

La comisión de fiscales –con base en los indicios recolectados en la etapa investigativa y, principalmente, el contenido de la pericia de “seguridad informática y administración de redes” realizada en España– emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento “al determinar que el hecho investigado no constituyó delito”.

En dicha pericia internacional, según Lanchipa, se estableció que hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

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Defensa reporta un 85% de reducción de los incendios forestales en Bolivia

Se apagaron 30 incendios entre junio y julio de este año en distintos departamentos del país.

/ 29 de julio de 2021 / 12:40

Los incendios forestales registrados en el país, entre junio y julio de este año, respecto a similar periodo de análisis de 2020, se redujeron en 85%, informó este jueves el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Explicó que en junio de 2020, los incendios forestales llegaron a quemar 192,5 hectáreas de superficie; mientras en junio de 2021, solo se tuvo una afectación de 8,3 hectáreas.

Entretanto, en julio de 2020 se registró una afectación de 234.021 hectáreas y en lo que va del mismo mes de este año las quemas alcanzaron una superficie de 23.670 hectáreas.

Por tanto, “el total de superficie afectada, tomando como dato los meses de junio y julio del año pasado, ha sido 234.213,50; y en este año 2021 solo hemos tenido una afectación de 23.678,30 hectáreas”, detalló. Lo cual significa, según ratificó el ministro,  “una reducción significativa en un 85%”.

Pero “aquí debemos reconocer el trabajo y labor de las Fuerzas Armadas que son quienes operan el plan nacional de prevención y combate contra incendios porque a ellos se les ha dado la tarea y ellos han cumplido de manera muy empeñosa”, subrayó.  

En ese sentido, también dio a conocer que en Santa Cruz se apagaron 17 incendios, cinco en Beni, dos en Pando, tres en Tarija y tres en Cochabamba.

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Exvocales forman asociación para pedir resarcimiento por ‘persecución política’ de 2019

Conformaron una asociación tras haber sido sobreseídos de los cargos por la Fiscalía, y al no hallarse pruebas de un fraude en las elecciones de octubre de 2019.

Foto: Rodwy Cazón

/ 29 de julio de 2021 / 11:54

Exautoridades electorales nacionales y departamentales conformaron una asociación de víctimas de “persecución política” y anunciaron que buscarán el resarcimiento por el daño ocasionado en su contra con los procesos judiciales iniciados por denuncias de “fraude” en las elecciones de octubre de 2019.

“Nosotros hoy hemos presentado un pronunciamiento por el que se hace conocer a la opinión pública la conformación de una asociación de exautoridades electorales víctimas de la persecución política tras las elecciones de 2019”, confirmó el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani.

Agregó que a partir de este primer hecho, los exvocales del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) empezarán a “diseñar y trabajar permanentemente” en todas las estrategias y acciones que sean necesarias ante instancias nacionales e internacionales, si corresponde, “para lograr que se dé el resarcimiento y reparación integral de los daños”.

Para ello “también (vamos a recurrir) a las instancias de protección de los derechos humanos”, afirmó Mamani en una conferencia realizada junto a varias otras exautoridades electorales.

Esta decisión de los exvocales se anuncia después de que varios de ellos incluso fueron encarcelados por el supuesto “fraude” y en los últimos días el Ministerio Público determinó el sobreseimiento de los procesados a partir de la emisión de una pericia internacional que descartó la “manipulación de votos” en las elecciones anuladas.

El pasado martes, el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones de un informe elaborado por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de los comicios.

En ese sentido, Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”, tal como planteó una auditoría de la Organización de Estados Americanos.

Por tanto, los exvocales, en su pronunciamiento público, consideran que hubo una “demostración plena y absoluta de la inexistencia de delito alguno en el proceso de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019” y ahora exigirán la “reparación integral de los daños causados en los aspectos moral, material, inmaterial y el quebrantamiento del proyecto de vida por el ilegal e indebido procesamiento judicial y persecución política”.

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El ministro de Defensa confirma que la parada militar del 7 de agosto será en Sucre

El acto se realizará en la avenida América de la capital del Estado Plurinacional de Bolivia.

/ 29 de julio de 2021 / 11:28

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó este jueves que la parada militar del próximo 7 de agosto se realizará en Sucre, capital del Estado Plurinacional.

“De manera oficial quiero informar que el 196 aniversario de creación de las Fuerzas Armadas se realizará este 7 de agosto en Sucre”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Agregó que todos estos actos oficiales, conocidos como la parada militar, se realizarán en la avenida América sujetos a un “programa especial” en el que destacan un “silencio plegaria” en honor al personal militar caído en los actos de servicio por el COVID-19, el solemne juramento a la bandera y las palabras del presidente y capitán general de las FFAA, Luis Arce.

En el evento “estarán las principales unidades militares y más representativas del país (…) y toda esta actividad se está coordinando con las Fuerzas Armadas, la Cancillería, el Ministerio de la Presidencia y  el Ministerio de Defensa”, señaló.

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