Nacional

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 01:41

Salvatierra refuta a la Iglesia: No me plantearon la presidencia, Áñez fue elegida antes

Recordó un capítulo no menor ocurrido el 4 de noviembre, cuando el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió la sustitución de Evo Morales.

Foto: Twitter de Óscar Ortiz

/ 18 de junio de 2021 / 08:31

Adriana Salvatierra dejó su silencio, refutó el jueves la versión de la Iglesia Católica en sentido de que rechazó la sucesión constitucional en 2019 y recordó que el “golpe de Estado” comenzó mucho antes de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

En la primera entrevista que ofreció sobre el caso desde noviembre de 2019, en la transmisión digital Piedra, papel y tinta, del diario La Razón, la expresidenta de la Cámara de Senadores recordó que el quiebre constitucional comenzó con la quema de cinco tribunales departamentales, el bloqueo en Santa Cruz que impedía el acceso a suministros básicos, las acciones violentas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y un asedio permanente a la sede de gobierno y a las instituciones.

Adriana Salvatierra, en l a entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente.

Sin embargo, dijo que esos actos de conspiración cobraron mayor relevancia con el motín policial y la sugerencia de renuncia presentada por el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, una hora antes de que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera dimitieran en un mensaje desde Chimoré.

En la entrevista con Claudia Benavente, directora de este diario, Salvatierra recordó un capítulo no menor ocurrido el 4 de noviembre, cuando el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió la sustitución de Morales.

“No queremos a García Linera, no queremos a los presidentes del Senado (Salvatierra) y de Diputados (Víctor Borda). Queremos que asuma, como tiene que ser, la decana de Tarija de la Corte Suprema (ndR: María Cristina Díaz Sosa), la única que no es masista”, dijo en el cabildo del 4 de noviembre en el Cristo Redentor.

Además, la exlegisladora contó otros pasajes de la crisis poselectoral de 2019 como, por ejemplo, la desobediencia de las Fuerzas Armadas al mandato de Morales o el impedimento que sufrió ella de ingresar la Asamblea Legislativa un día antes de la renuncia del mandatario. “El sábado no pude ingresar a la Asamblea Legislativa, estaba tomada”, dijo.

Además, afirmó que le resultó “muy extraño” que luego de la renuncia de Morales el entonces candidato presidencial Carlos Mesa se apueste al frente de la Asamblea Legislativa para presionar por que se impida que alguien del MAS asuma la sucesión.

Según reportes de ese día, el expresidente declaró: “Nosotros sabemos y creemos que nadie que sea militante del MAS puede continuar este proceso político”.

La misma Áñez, en su declaración por el caso Golpe de Estado del 8 de junio reciente, citó que Mesa propuso en las reuniones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) que ni Salvatierra ni nadie del MAS debe asumir la sucesión.

Salvatierra recordó también en el streaming de La Razón que la medalla presidencial fue retirada de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) la tarde del 11 de noviembre, un día después de la renuncia de Morales y un día antes de la proclamación de Áñez. ¿Por qué retiran la medalla si no se definió quién debía suceder a Morales?, cuestionó.

Documentos a los que accedió este diario acreditan que el general Milton Navia, entonces jefe de la Casa Militar, “informa” al presidente del BCB, Pablo Ramos, que el mayor Rolando Gallardo “es designado como responsable para realizar el recojo de la joya presidencial el día de hoy lunes 11 de noviembre de 2019 a horas 15.30”.

Salvatierra expresó también su extrañeza sobre las develaciones de Áñez acerca de su llegada a La Paz bajo resguardo militar, al mediodía del 11 de noviembre. En su declaración ante el fiscal de materia Omar Alcides Mejillones y los oficiales de investigación tenientes Carlos Vargas y Emanuel Gemio, la exmandataria transitoria admitió que en el aeropuerto de El Alto la esperaba un militar que —según sus palabras— le dijo que tenía la instrucción de llevarla, junto a sus hijos, al Colegio Militar de Irpavi, en La Paz, en un helicóptero.

La exsenadora del MAS respondió —como a Mesa en la UCB el 12 de noviembre— que para entonces Áñez ya se movilizaba en una “cápsula presidencial”. Con eso refutó a la Iglesia Católica sobre su informe en sentido de que en las citas de la UCB no hubo decisiones ni actas, sino “acuerdos verbales”.

Si Áñez era la elegida, no había razón para hablar del asunto.

La exmandatataria declaró también ante el fiscal que luego de la reunión de Morales, en la primera reunión en la UCB, a través de una llamada telefónica Ricardo Paz, asesor de Mesa, le consultaron si estaba en condiciones de asumir la sucesión.

“Yo presento mi renuncia a las 18.15 y en menos de 15 minutos o en menos de media hora ya definieron en la UCB que sea Jeanine Áñez. A las 18.45 Áñez se proclama presidenta (en una entrevista con Unitel)”, cuestionó Salvatierra en La Razón.

Ella renunció a la presidencia de la Cámara de Senadores —a través de sus redes sociales— luego de hablar con Morales y García Linera al rato de las dimisión de éstos. “Ellos me transmitieron que las Fuerzas Armadas no aceptaban la sucesión constitucional y decían que incluso Luis Fernando Camacho pedía que renuncien todos los asambleístas y funcionarios del Órgano Electoral, y dar paso a un gobierno cívico-militar”, recordó la exsenadora del MAS.

“Además, me preguntaron cómo estaba mi familia; les conté la situación (había ‘vigilias’ en su casa de Santa Cruz) y me dijeron que no había condiciones para que pueda darse la sucesión constitucional”, reveló Salvatierra en el programa de La Razón.

“Haciendo esta evaluación, dijimos que es imposible que se pueda dar paso a una sucesión constitucional. Con un razonamiento claro: si Morales y García renuncian para que cese la violencia y las Fuerzas Armadas manifiestan que incluso con la sucesión conmigo no va a cesar la violencia, mi participación en la sucesión no era una solución”, insistió la exlegisladora, quien afirmó que, de forma conjunta, definieron su renuncia verbal.

A las 18.45 de ese domingo, Áñez declaraba así en la red Unitel: “En el orden constitucional, me correspondería asumir este reto” de presidenta por sucesión.

Incluso dijo que debía llamar a la Asamblea Legislativa para considerar las renuncias de Morales y García. No sucedió así; al contrario, Áñez se proclamó en sendos actos, sin quórum ni resolución, ni el MAS, titular del Senado y presidenta transitoria.

Salvatierra afirmó que en ningún momento el MAS provocó un vacío de poder, como la Iglesia Católica describió en su memoria. Recordó que en la primera reunión en la UCB no participó nadie del MAS.

“Ella (Áñez) sabía lo que tenía que hacer: convocar a una sesión de Asamblea Legislativa y que la presidencia del Estado tenía que definirse en esa Asamblea Legislativa”, refutó Salvatierra.

Ella asistió a las reuniones de la UCB los días 11 y 12 de noviembre. Dijo que el primer día solo se consideró la salida a México de Morales. “Extrañamente Jorge Quiroga llama al comandante de la FAB” para autorizar el despegue del avión, confirmó lo que en La Razón también contaron sus compañeras Teresa Morales y Susana Rivero.

La Iglesia Católica dijo que en esa reunión se propuso a Salvatierra y a Rivero asumir la sucesión presidencial, “pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”.

Rivero desmintió la versión y Salvatierra también. “Ni siquiera me permitieron ingresar en la Asamblea”, respondió la última.

También desmintió que hubiera invitado a la Iglesia Católica a participar de la sesión del 11 de noviembre para la proclamación de Áñez. “Es falso”, dijo.

Salvatierra contó también que la noche del 10 tenía orden de aprehensión. Afirmó que con eso buscaban impedir la sucesión constitucional incluso luego de haber renunciado a la presidencia del Senado.

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Justicia envía a la cárcel al exjefe de Estado Mayor de las FFAA por el caso Senkata

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido el viernes. Formó parte del Alto Mando militar designado por la expresidenta Jeanine Áñez

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 25 de julio de 2021 / 16:47

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue enviado a la cárcel por seis meses, en el marco de la investigación por el caso “golpe de Estado”.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por la expresidenta Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido la tarde del viernes.

Se lo acusa en el proceso abierto por la violencia y muertes en Senkata, cuando fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron el bloqueo por parte de partidarios del expresidente Evo Morales de la planta de hidrocarburos en Senkata.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público.

En una audiencia de medidas cautelares, se lo envió a la cárcel por seis meses.

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El Fiscal General asegura que el gobernador Camacho será citado por caso ‘golpe de Estado’

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

/ 25 de julio de 2021 / 11:40

El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho será citado a declarar en el marco de las investigaciones por el caso “golpe de Estado”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.

“Es una decisión de la comisión de fiscales que, dentro de la estrategia investigativa, está desarrollando la citación correspondiente (para Camacho) y con seguridad lo van a citar”, informó, según la estatal ABI.

Camacho lideró en 2019 las protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral que, sumadas al motín policial, la “sugerencia” militar de dimisión al expresidente Evo Morales, derivaron en la renuncia de Morales.

Su nombre figura en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty para establecer responsabilidades en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Camacho aseguró en reiteradas oportunidades que acudirá a cualquier citación fiscal sobre su participación en los hechos de noviembre.

En un video que circuló en redes sociales, el excívico reveló que su padre gestionó con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no obedezcan al mando civil. Una vez consolidado los acuerdos, dijo, dio un plazo de 48 horas a Morales para renunciar.

Por el caso “golpe de Estado”, están en la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y parte del mando militar de ese entonces.

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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