La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que las fuerzas policiales y militares de Bolivia mantienen prácticas represivas y el Estado no cumple con sus obligaciones de adecuar la norma, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de tortura.
“Aquellas prácticas represivas y de abuso de poder persisten en las instituciones castrenses y policiales, lo que ha implicado que estas vulneraciones sean denunciadas ante instancias internacionales, que en un futuro próximo conllevará responsabilidad internacional para el Estado”, advirtió durante su participación en un foro organizado por el Ministerio de Gobierno y la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Cruz explicó que entre los últimos hechos en los que predominaron prácticas represivas por parte de los miembros de las fuerzas del orden están los conflictos registrado entre el 10 y 19 de noviembre de 2019, cuando se dieron “las masacres” de Sacaba y Senakata, donde fallecieron más de una veintena de personas y más de un centenar quedaron heridas, sin embargo, ningún miembro de las fuerzas militares o policiales resultó herido.
Al menos, dijo, “1.141 personas fueron detenidas ilegalmente y sufrieron algún tipo de tortura física y/o psicológica de parte de las fuerzas conjuntas de policías y militares” durante los conflictos poselectorales.
Citada en una nota institucional, Cruz lamentó que aún no existan sanciones por esos hechos, a casi dos años de haberse registrado, además de otros con anterioridad.
«Estos hechos nos hacen pensar que el abuso de poder, la arbitrariedad y el sadismo son parte de la formación que se imparte en las instituciones académicas castrense y policial”, agregó.
Precisó que entre la gestión 2020 y mayo de 2021 suman 82 las denuncias relacionadas a torturas contra la Policía Boliviana, la Dirección General de Régimen Penitenciario y las Fuerzas Armadas.
Agregó que Bolivia enfrenta dos demandas internacionales relacionadas con la tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes y humillantes, lo que demuestra que “aparentemente el Estado no cumplió con la obligación de investigar los hechos o no otorgó a las víctimas o sus familiares la reparación correspondiente”.
Precisó que esas demandas se relacionan con el denominado caso Blas Valencia y Gróver Poma Guanto. El primero se registró el 18 de diciembre de 2001, cuando la Policía allanó cuatro viviendas, golpeó a 22 personas, y aprehendió a 17, a quienes las condujo a la ex Policía Técnica Judicial, donde las torturó e incomunicó.
El segundo hecho pasó el 9 de febrero de 2011, cuando el subteniente Gróver Beto Poma Guanto murió dos días después de que sufriera una golpiza, durante un entrenamiento militar en la Escuela de Cóndores de Bolivia.