La secretaria Municipal de Salud, Cecilia Vargas, informó este lunes que el Gobierno Municipal de La Paz no entregará información solicitada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el estado de salud del exministro de Educación y Deportes Víctor Hugo Cárdenas, por considerar que es una petición ilegal.

“La Fiscalía Anticorrupción entregó este lunes 28 de junio un requerimiento para que la Dirección del Hospital Municipal Cotahuma proporcione el historial médico del paciente Víctor Hugo Cárdenas Conde. El pedido de la Fiscalía se enmarca en un proceso investigativo contra uno de los hijos de Cárdenas Conde acusado de conducción peligrosa”, informó.

Asimismo dio a conocer un comunicado en el que señala que el pedido de la Fiscalía Anticorrupción es ilegal: “La Ley No 3131 del Ejercicio Profesional Médico, en la parte pertinente del Art. 4, establece que: ‘secreto medico: Toda información identificada durante el acto médico sobre el estado de salud o enfermedad del paciente, su tratamiento y toda otra información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, inclusive después de su muerte, para salvaguarda la dignidad del paciente”.

Desde el 22 de junio, allegados al exvicepresidente informaron que se encuentra internado en el hospital Cotahuma afectado por el COVID-19. Hoy se conoció que sus familiares promueven una campaña solidaria para sostener el tratamiento.

Desde junio de 2020, figura en registros de la justicia boliviana el caso que involucra al hijo de Cárdenas, Irumaki, en un accidente de tránsito con un vehículo oficial. En estado de ebriedad chocó el vehículo oficial, con placa de circulación 4094 NPI, cuyo permiso estaba a nombre del Ministerio de Educación y Deportes, se informó.

El exviceministro del Tesoro y Crédito Público Carlos Schlink declarará este lunes, a partir de las 15.30, en la Fiscalía de La Paz en el marco de la proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, por el polémico crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). El exfuncionario está arraigado y fue detenido el sábado cuando pretendía salir del país, aunque luego fue liberado.

“Me dirijo a La Paz en un vuelo regular para prestar mis declaraciones ante la citación de la Fiscalía, debo aclarar que yo no pretendía escapar; me aprestaba a realizar un viaje de luna de miel con mi esposa y recién fui notificado y detenido”, declaró a Unitel.

Según la defensa de Schlink, éste no fue notificado con arraigo porque “es testigo y no acusado”.

“Yo ya no era viceministro cuando devolvieron el crédito. No tenía idea del arraigo, de lo contrario no iba a viajar de luna de miel que programé hace cuatro meses”, reclamó el exviceministro, quien además aseguró que “por esta situación pierde mucho dinero”.

En el marco de este juicio el exministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis parada declaró en calidad de investigado el pasado 19 de abril.

El 15 de marzo, el Ministro de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado (PGE) contra el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez para que la Fiscalía analice la viabilidad de juicios de responsabilidades.

Una de ellas tiene que ver con el crédito de $us 327,7 millones del FMI, que Áñez y su equipo avalaron bajo el discurso de que los recursos eran necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus y el pago de un bono. Sin embargo, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) se opusieron y advirtieron que los recursos eran condicionados y que el préstamo era ilegal porque no tenía la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El actual gobierno de Luis Arce (MAS) tomó la determinación de devolver el crédito. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el préstamo le representó al Estado $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El expresidente Evo Morales acusó, sin identificarlos, a dos periódicos de promover la “guerra sucia” al descontextualizar un análisis en mayo sobre la eventual caída de Jeanine Áñez, lo que, en su opinión, es usado por “la derecha golpista” para “desvirtuar el proceso penal en contra de los autores de las masacres y corrupción” del gobierno de Áñez.

A través de un manifiesto titulado “Por la #verdad y #responsabilidad ante la #Patria”, hecho público este miércoles por su cuenta en Facebook, Morales sostuvo que lo que “resulta sorprendente es que esta guerra sucia sea promovida por un par de periódicos, uno en Santa Cruz y otro en La Paz, que se jactan de promover la democracia y la libertad”.

“Los medios de comunicación tienen la misión sagrada de informar al pueblo con la verdad. De esa manera, las decisiones personales, institucionales, sindicales y comunitarias de la sociedad se apoyan en una valoración correcta de los hechos. Cuando un periódico miente sistemáticamente, destruye no solo su credibilidad, sino que afecta el derecho del pueblo a la información veraz y libre de intereses políticos sectoriales y empresariales”, insistió.

La posición surgió luego de la divulgación de un video en el que explora con sus bases lo que podría venirse de caer el gobierno de Áñez. Habla de las posibilidades de que los militares tomen el poder, que la entonces presidenta del Senado Eva Copa asuma la presidencia o en última instancia el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

El material fue difundido por el programa dirigido por el excandidato Virgilio Lema, en el que Morales indica que “hay que cuidar a Áñez para garantizar las elecciones”. Esa frase fue usada por la oposición para asegurar que Morales apoyó la administración de Áñez, con lo que descartó el denominado “golpe de Estado” que denuncia el oficialismo.

Sin embargo, Morales aclaró que la grabación corresponde a mayo de 2021 y citó titulares de los periódicos a los que acusa de alentar una “guerra sucia”.

“Uno de estos tabloides publicó ayer un artículo redactado por un exfuncionario del gobierno de facto de Jeanine Añez con el siguiente título: ‘A Evo Morales le plantearon cuatro opciones y él eligió la de #JeanineÁñez’”. “Con evidente intención de tergiversar señala: ‘El expresidente relata en un video cómo se debatió la sucesión constitucional de 2019, tras su renuncia’ y ‘descartaron que Eva Copa asuma el mando’”.

“El pueblo boliviano sabe que durante los días que la derecha perpetró el golpe, nuestros esfuerzos se concentraban en evitar un derramamiento de sangre provocado por los grupos paramilitares, militares y policías amotinados. Nuestra preocupación también era salvar nuestras vidas. ¿Cómo hubiéramos podido debatir una mal llamada ‘sucesión’?”, sostuvo.

“Gracias a una reacción oportuna de algunos periodistas responsables, la tergiversación de la grabación fue contextualizada en su verdadero momento histórico”, afirmó.

La población puede descargar y habilitar en su teléfono móvil tres aplicaciones administradas por la Policía para la denuncia en línea de hechos delictivos y el reconocimiento y recuperación de objetos y vehículos robados recuperados.

Se trata de las aplicaciones Bolivia Denuncia, Objetos Recuperados y Mi Vehículo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera; y el director de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic), Vladimir Terán, presentaron las aplicaciones.

“Hace unos meses el señor Ministro instó a iniciar investigaciones en mercados ilegales, que son lugares donde se legaliza la venta de cosas robadas. Bajo esta premisa, la Policía logró la recuperación de 985 vehículos hasta el momento y también muchos objetos robados, básicamente electrónicos, que tienen facilidad de venta, especialmente, en las casas de empeño. Entonces, el ministro de Gobierno, a través de su equipo, ha construido tres aplicaciones para que el ciudadano pueda denunciar robos o tenga acceso al objeto que le robaron y que fue recuperado”, explicó Aguilera.

La aplicación Bolivia Denuncia está dirigida a las víctimas de un delito, quienes sin tener que acudir hasta las dependencias de la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE) puede realizar la denuncia en línea.

Está disponible en PlayStore y se la puede descargar de manera gratuita. Una vez que se ingresa, debe identificar el lugar en el que se encuentra el usuario y verificada la ciudad de la solicitud se pueden anotar los datos, a través de pasos sencillos.

“De esta manera su denuncia será evaluada y la Policía responderá a la brevedad posible. Se puede realizar esta comunicación desde cualquier punto del país”, explicó Del Castillo.

La segunda y la tercera aplicación, Objetos Recuperados y Mi Vehículo, son bases de datos para informar detalles de los vehículos de cuatro o dos ruedas robados y recuperados por la Policía Boliviana, como objetos confiscados en mercados negros de venta ilegal de electrodomésticos robados. Para acceder a estos sitios se sigue similar procedimiento a la primera aplicación.

“Se podrá conocer de manera fácil en cuál de las direcciones regionales o provinciales se encuentra el motorizado o el objeto robado recuperado”, detalló Aguilera, quien además aconsejó que la población tenga anotados datos básicos de sus pertenencias como el número de serie, imei o número de serie en caso de objetos y en el caso de motorizados la serie del motor y el chasis.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, responsabilizó, este miércoles, a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, al empresario y político Samuel Doria Medina y al excívico y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, de haber roto el orden constitucional del Estado en noviembre de 2019 porque allanaron el camino para que Jeanine Áñez tome el poder.

“(Ellos) son los responsables, son los que han allanado el camino para que de manera ilegal la señora Áñez asuma. Son los que han alentado a salir a las calles, desobedeciendo las normas y rompieron el orden constitucional”, denunció.

Los dos expresidentes y los otros dos líderes políticos de la oposición participaron de forma directa o con representantes, como en el caso de Camacho, en el diálogo extralegislativo propiciado por la Iglesia católica y la Unión Europea para resolver la crisis desatada tras la renuncia del expresidente Evo Morales acorralado por denuncias de fraude electoral, motín policial, protestas cívicas y la “sugerencia” militar de renunciar.

Ese proceso de diálogo se dio en ambientes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) poco después de la dimisión de Morales, el 10 de noviembre. La expresidenta del Senado Adriana Salvatierra aseguró que la toma del poder por parte de Áñez ya estaba definida desde el 10 y solo las convocaron para avalarlo.

Áñez se encuentra cumpliendo detención preventiva por el caso golpe de Estado, similar suerte corrieron dos de sus ministros y jefes militares en el marco de un proceso judicial abierto por la exlegisladora Lidia Patty, quien también identificó a Camacho como principal agitador de los sucesos de ese noviembre de 2019.

Camacho aseguró en las últimas horas que “si es convocado a declarar, a diferencia de Carlos Mesa, no se abocará al silencio”.

“No vamos a huir en ningún momento, no le debemos nada a la justicia, es más, no le debemos nada al país más que un agradecimiento, no tenemos por qué escondernos. No me acogeré al silencio, creo que hay que hablar (…), no tengo nada que esconder”, afirmó a la red PAT.

Rodríguez cuestionó la “lentitud del Ministerio Público en el proceso para esclarecer las masacres que sucedieron en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto)”.

“No sé a qué está jugando el Ministerio Público, cuando el señor Mesa va a declarar en calidad de testigo y se abstiene a hacerlo, y hay pruebas contundentes”, cuestionó.

Sobre el silencio de Mesa, Camacho apuntó: “El señor Mesa habrá tenido sus motivos por los que se ha acogido al derecho al silencio; nosotros creemos que hay que contarla. No podemos avergonzarnos de nuestra lucha, de nuestra historia, la valentía de nuestros jóvenes y las mujeres”.

Rodríguez informó que en la Cámara de Senadores se espera el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), sobre los hechos desde septiembre hasta diciembre de 2019 para el 20 de julio.

“Desde el pasado año efectúan visitas a varias zonas del país y se entrevistaron con autoridades, exautoridades, además de víctimas de los hechos violentos que se vivieron en 2019 en las masacres de Huayllani y de Senkata, para esclarecer los hechos que sembraron dolor y luto en decenas de familias bolivianas. Nosotros creemos que con ese informe se esclarecerán los hechos y se identificará culpables”, puntualizó.