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Thursday 18 Apr 2024 | Actualizado a 00:36 AM

En noviembre de 2019, la FAB fue foco de insubordinación

El papel del excomandante Jorge Terceros fue clave. Evo Morales contó que le dijeron que no podía usar el avión presidencial.

/ 8 de julio de 2021 / 08:09

La salida de aviones caza, el bloqueo del avión presidencial y  otros incidentes ocurridos los días 10 y 11 de noviembre de 2019 apuntan a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) como el foco de la insubordinación de entonces en las Fuerzas Armadas.

La declaración del entonces comandante de la FAB, general Jorge Terceros, ante el fiscal del caso Golpe de Estado, Omar Mejillones, el sábado 3 de julio, puso en agenda los hechos previos y posteriores a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

El otrora jefe militar, al que se lo recuerda por algunos incidentes con el exmandatario, dijo que entonces Morales advirtió de una movilización de alteños hacia La Paz “para quemar la ciudad” y que no recuerda haber conversado con el expresidente Jorge Quiroga, quien había admitido la salida del exmandatario a México.

Terceros fue uno de los protagonistas en la crisis de 2019. Cuando en su calidad de sindicado el fiscal le preguntó sobre el hecho que se investiga (terrorismo, sedición y conspiración), contestó: “Sé de qué se trata el proceso, pero no lo entiendo”.

Al menos cinco hechos ocurridos en esos días lo vinculan con actos de insubordinación, según denuncia de Morales y el entonces vicepresidente Álvaro García.

Tras una serie de alusiones sobre él, Morales no respondió nada aún a Terceros, aunque ya lo hicieron García y el exministro de Defensa Javier Zavaleta. Sin embargo, en su libro de memorias Volveremos y seremos millones (Buenos Aires, septiembre de 2020), Morales denunció que la mañana del 10 de noviembre, el día que renunció, cooperativistas mineros se movilizaban desde Sucre y otros de La Paz, además de qaqachacas, en Oruro. “Y a las ocho, nueve de la mañana, yo veo aviones K-8 chinos que hemos comprado, a días de entrenamiento, que están sobrevolando, sin que yo lo autorice”, contó.

“Estaba el golpe de las Fuerzas Armadas, porque ellos solo pueden movilizar lo que llaman sus bienes, como carros, soldados, con orden del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y el presidente no había dado ni orden ni autorización”, insistió el exmandatario.

En una entrevista con la red Uno, la noche del martes, García también se refirió al hecho. “¿Quién autorizó eso?  No fue Evo, no fue el Ministro de Defensa; fue Terceros. Es decir que Terceros fue el iniciador y el que comandó la parte militar del golpe de Estado del 10 de noviembre del año 2019”, afirmó el exvicepresidente.

Sobrevuelos

Y en la televisora estatal Bolivia Tv el martes, Zavaleta insistió en que ni él ni Morales habían autorizado el sobrevuelo de los aviones caza (en Challapata) y que esa mañana ciertos mandos de las Fuerzas Armadas ya no obedecían a Morales y se ahondó la insubordinación.

La situación se complicó más tarde con el desplazamiento de la autoridad presidencial por parte de mandos militares. Morales recordó que entre las 10.00 y 11.00 de ese día conoció una nota del Comando General de la FAB. “Dice que el avión presidencial ya no depende de mí. Y ya no dependía del Ministerio de la Presidencia (…). Dependía directamente de las Fuerzas Armadas nomás, decía la nota”, contó en el libro.

“Ése fue el indicador, antes de nada. Y así fue que nos quitaron el avión presidencial en la mañana del domingo”, complementó.

Pero el incidente más claro lo experimentó al intentar viajar esa tarde a Chimoré. Relató que el piloto “no quiso levantar vuelo”; se trataba del mismo comandante del Grupo Aéreo Presidencial, el coronel Williams Guzmán.

Morales recordó que entonces  tuvo un intercambio verbal con el jefe militar. “¿Qué pasa, coronel? Usted tiene la obligación de llevarme al Trópico”.

Contó que la respuesta fue “no”. “Que el comandante, dice. Que llame yo al comandante”.

El comandante de la FAB era Terceros. Morales recordó que se contactó con él, quien le respondió: “No, no. Tiene que llevarte, ¿pero quién no quiere?”.

El problema se resolvió luego de la comunicación de Terceros con el piloto. “Recién entonces levantamos vuelo”, dijo Morales.

Zavaleta complementó que “los insubordinados alegaban que (Morales) ya no era el presidente que tomaba las decisiones”.

Dijo también que llamó a Terceros “para preguntarle quién está ordenando aquí, y él también decía que no daba órdenes”.

En su declaración ante los fiscales, Terceros recordó que el presidente reclamó el incidente al comandante general de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman. “Él le dijo de manera textual: ‘Hermano, yo le he escuchado al general Terceros hablar con el Ministro de Defensa y que estaba el vuelo ya autorizado para ir a Chimoré”, afirmó el exjefe militar.

Recordó que entonces le dijo a Guzmán: “Bajo mi responsabilidad ordene llevarlo y dé cumplimiento al pedido del presidente”.

En otro hecho, el comunicado de las Fuerzas Armadas de las 15.48 del 10 de noviembre de 2019, Terceros relató que Kaliman había reunido al Estado Mayor para plantear la renuncia de Morales. Dijo que él recordó al comandante que, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, no podía pedirle la renuncia al mandatario, sino “sugerirle”. “Vas a tener problemas”, relató que le dijo a Kaliman.

Al final, el jefe militar, rodeado de la jeraquía de las Fuerzas Armadas, entre ellos Terceros, leyó el comunicado en el que sugirió la renuncia de Morales. “No hubo deliberación; simplemente fue el criterio del comandante”, dijo Terceros al fiscal Mejillones.

Sobre eso, García afirmó que “entre los cinco (jefes militares) deliberaron y redactaron cuatro borradores” del texto. Consideró que lo dicho por Terceros, de que no hubo deliberación, fue la tercera de las siete falacias de su declaración ante el fiscal.

Una hora después, en Chimoré, Morales y García, junto a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, renunciaron a sus funciones a través de un video.

Terceros también fue protagonista en el ingreso y salida del avión militar mexicano que llegaba a Bolivia el 11 de noviembre al rescate de Morales. Un incidente por la nomenclatura de la operación —a decir de Terceros— generó roces con Morales y García.

Morales contó que llamó a Terceros y que éste le dijo “que falta una notita de la Embajada de México”. “Era solamente para perder tiempo”, supuso en el libro.

Hasta que Terceros explicó: “No puede entrar un avión militar nacional”. Dijo Morales que se enojó y que replicó a Terceros: “Y hace dos, tres semanas, entraba un avión de Turquía a La Paz; contigo estábamos, un avión militar, no me diga que no entra un avión militar”.

Y cuando Morales y García se aprestaban a despegar en la nave desde Chimoré, otro incidente.

Morales dijo que fue el momento en que Terceros avisó que el avión no podía despegar, que García habló con el entonces comandante de la FAB desde el Chapare. “Y Álvaro llama al comandante Terceros y dijo: ‘Aquí, general, bajo su responsabilidad, aquí hay más de 10.000 compañeros concentrados, aquí va a arder el avión, va a arder la pista, sus soldados van a arder, todos vamos a arder aquí’”.

Terceros negó haber bloqueado la operación, pero el incidente había tenido un protagonista ajeno a la administración pública y a las Fuerzas Armadas: el expresidente Jorge Quiroga.

Según contaron Teresa Morales y Adriana Salvatierra, que asistieron a las reuniones en la Universidad Católica los días 11 y 12 de noviembre, Quiroga —que admitió el suceso— “extrañamente” dispuso el despegue del avión.

Teresa Morales contó que “Tuto habla con el comandante de la FAB y le instruye que emita la autorización de despegue”.

Al ser consultado sobre este extremo, Terceros respondió al fiscal: “No recuerdo haberme comunicado con él (Quiroga)”.

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En Naciones Unidas, Choquehuanca denuncia que operadores políticos bloquean los derechos de la Madre Tierra

La autoridad criticó la denominación de “pueblos indígenas” como una etiqueta pasiva “impuesta por sistemas externos”.

El vicepresidente David Choquehuanca, en su participación en la ONU.

Por Boris Góngora

/ 17 de abril de 2024 / 20:54

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración del décimo aniversario de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el vicepresidente David Choquehuanca denunció que existen operadores políticos “del sistema vigente” que bloquean sistemáticamente las demandas genuinas que nacen de los pueblos originarios, así como del “reconocimiento y la aplicación de los derechos de la Madre Tierra”.

La autoridad criticó la denominación de “pueblos indígenas” como una etiqueta pasiva “impuesta por sistemas externos” y reivindicó la identidad de los pueblos como originarios ancestrales de la Madre Tierra.

“Somos pueblos originarios ancestrales de la Madre Tierra, pueblos que desde las civilizaciones precedentes a la cultura occidental han heredado la sabiduría que resiste las exigencias ontológicas, epistemológicas, exigencias de método, de códigos, de ética, sistema de valores, pedagogía, arte y cultura propias”, mencionó.

Lea más: Choquehuanca culpa a algunos líderes que tuvieron al pueblo ‘enfrentado’ y ‘polarizado’

También, mencionó que los operadores políticos del sistema vigente promueven que “los pueblos ancestrales originarios participen en los escenarios de las Naciones Unidas como entes desintegrados, desenergizados y desestructurados, porque en las Naciones Unidas los procedimientos regulan los enfoques eurocéntricos, antropocéntricos y egocéntricos, vetando los enfoques cosmobiocéntricos de los pueblos ancestrales”.

El Vicepresidente dijo que existe la necesidad de activar acciones para impulsar en todos los foros de Naciones Unidas y otros ámbitos, el paradigma cosmobiocéntrico del “Vivir Bien y las bases de la geopolítica del Vivir Bien”, desde “la unidad, desde la complementariedad, desde la armonía, desde la hermandad, desde el equilibrio, desde la cultura de la vida, desde la cultura de la paz”.

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El TSE rechaza los pedidos de evistas y arcistas para congreso del MAS

El presidente del TSE, Francisco Vargas, informó que no se cumplió el estatuto del MAS.

Las instalaciones del TSE en la ciudad de La Paz.

Por Boris Góngora

/ 17 de abril de 2024 / 19:04

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó este miércoles las dos solicitudes de supervisión para el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), uno del Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce y otro de la dirección nacional que respalda al exmandatario Evo Morales.

“Rechazar la solicitud de supervisión presentada por Lucio Quispe, Esteban Alva y Guillermina Kuno (del Pacto de Unidad) por incumplimiento a lo previsto al reglamento para la supervisión de organizaciones políticas y lo dispuesto por la Resolución Constitucional 273/2023 del 11 de diciembre de 2023, y el auto del 20 de marzo de 2024, disponiéndose el archivo del trámite”, señala la resolución 140/2024.

Mientras que la resolución 141/2024, sobre el pedido de los delegados del MAS señala que la Sala Plena “ha resuelto rechazar la solicitud de supervisión al décimo congreso nacional ordinario del partido político… por incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas y lo dispuesto por la Resolución Constitucional 273/2023 del 11 de diciembre de 2023, y el auto de 20 de marzo de 2024, disponiéndose el archivo del trámite, manteniéndose vigente las obligaciones dispuestas por la Resolución 122/2024, toda vez que el plazo de 25 días calendario dispuesto en la citada resolución se encuentra vigente hasta el 22 de abril de 2024” (sic).

Lea más: TSE definirá hasta el jueves cuál de los congresos convocados del MAS es legítimo

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó se notificó a los solicitantes con las resoluciones. Recalcó que, de acuerdo con una determinación anterior, la tienda política tiene un plazo de 25 días, que finaliza el lunes 22 de abril, para convocar a un nuevo cónclave en coordinación con las organizaciones matrices y fundadoras del partido, en cumplimiento de su estatuto interno.

“Esperamos que puedan llegar a dar cumplimiento para realizar una nueva solicitud, rectificando y cumpliendo las observaciones técnicas que han sido realizadas y notificadas de manera oportuna”.

Añadió que “el Órgano Electoral ya se ha pronunciado rechazando ambas solicitudes porque no se ha cumplido el mismo estatuto de la organización política, pero también no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas”

Vargas instó al MAS a dar cumplimiento a su estatuto, la norma electoral vigente y la Ley de Organizaciones Políticas para que el Órgano Electoral realice los acompañamientos, las supervisiones y “pueda proceder al registro de todas las directivas que aún no han llevado adelante”

El Pacto de Unidad que apoya Arce convocó a un congreso del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto. En tanto que el ala evista promueve su propio cónclave para el 10 de junio, en Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba.

En 2023, el MAS evista llevó adelante su congreso en Lauca Ñ, Cochabamba, pero no fue reconocido por el TSE, ya que se lo realizó sin la respectiva coordinación con las organizaciones sociales fundadoras del partido.

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El Procurador pide reabrir los casos Terrorismo I y II

Siles indicó que los dos casos se cerraron en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con una “visión política y no jurídica”.

El procurador general del Estado, César Siles.

Por Boris Góngora

/ 17 de abril de 2024 / 18:32

El procurador del Estado, Cesar Siles, pidió este miércoles a las autoridades competentes reactivar los procesos Terrorismo I y Terrorismo II con el fin de que se pueda determinar qué ocurrió exactamente en la intervención en el hotel Las Américas.

“Es importante, por justicia, que el caso Terrorismo I y Terrorismo II sea reabierto y se pueda terminar la investigación, (que) ya estaba concluida en etapa preparatoria, ya había una acusación y prueba en un juicio que se estaba produciendo. Tiene que existir, de alguna manera, que el Gobierno y las autoridades competentes del área reinicien esta investigación para que se descubran todos los aspectos de este complejo y complicado caso, que en realidad son tres casos”, dijo el Procurador.

Siles indicó que los dos casos se cerraron en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con una “visión política y no jurídica”. “Ambos casos estaban en proceso judicial, estaban en juicio oral (y) estaba a punto de dictarse sentencia en este caso”.

En 2020, el caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”. Entonces, Murillo confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

Lea más: Giro del caso Terrorismo: Morales no se presentará, desafía a que lo encarcelen

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

Siles indicó que en el caso Terrorismo hubo gente que se sometió a proceso abreviado, como es Mario Tadic y Elôt Tóásó que “aceptaron su culpa y responsabilidad voluntariamente”.

“Así que hay que tomar en contexto eso. Un elemento que hay que diferenciar, (es) que hay un proceso penal en Bolivia sobre esas vejaciones, esas supuestas torturas, la ejecución extrajudicial del señor Dwyer, según dice la denuncia. Y ese proceso penal está íntimamente relacionado con la petición en la CIDH y la recomendación que nos hace el informe de fondo de la CIDH de realizar una investigación prolija, eficiente, con resultado”, explicó.

Dijo que ese proceso se inició en 2019 y tuvo un lento avance, lo que hace una crítica no solo a “la Fiscalía, (sino) al sistema de administración de justicia. No puede tardar tanto, no puede un caso seguir en etapa preliminar de investigación, ni siquiera preparatoria por tantos años”.

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Rodríguez dice que la Ley 348 es ‘antihombres’ porque se cometen ‘abusos’ y Barrientos lo fustiga

La senadora Patricia Arce dijo que la Ley 348 “es muy complicada” y que la Comisión de Constitución, de la que forma parte, recibió denuncias de vulneración de derechos hacia los hombres.

El senador Andrónico Rodríguez

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 17 de abril de 2024 / 16:59

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este miércoles que la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es “antihombres” porque se cometen “abusos” y su colega Andrea Barrientos lo fustigó por ese comentario.

“Me parece una muy buena iniciativa (modificar esa norma), porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente le senadora Andrea (Barrientos) no va a estar de acuerdo, pero hay bastante abuso y nos consta”, dijo en la sesión del pleno camaral.

“¿Qué le pasa?”, repudiaron varias senadoras, entre ellas, Andrea Barrientos.

Rodríguez hizo esa declaración luego de que su colega, también del ala evista del MAS, Patricia Arce, planteara una modificación a dicha ley, debido a que su comisión recibió “varias denuncias” sobre violación de derechos a la que son sometidos algunos hombres.

“Es una ley muy complicada, (porque) hemos recibido denuncias de personas que están siendo vulneradas por esta ley”, dijo Arce.
Incluso, Arce pidió a sus colegas sumarse “para sacar una ley en beneficio de todos los bolivianos”.

Aludida, la senadora Barrientos criticó el comentario de Rodríguez y le recordó que esa norma es “el resultado de casi 50 años de lucha de las mujeres para que no nos maten, para que no nos violen y no nos abusen”.

Rodríguez

La legisladora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) reconoció que existen “abusos”, aunque atribuyó ello a los operadores de justicia.

“Yo jamás voy a negar que hay denuncias falsas, porque (sí) hay denuncias falsas. ¡Retráctese! Son los operadores de justicia los que fallan; son los IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) los que no hacen sus informes a tiempo; son las defensorías que dilatan por más de 40 días sus informes; la Policía, que no recibe denuncias a tiempo”, reclamó.

“Es el sistema machista que le impide a usted, como hombre, ir a decir ‘yo soy víctima de violencia también’. Yo estoy dispuesta y abierta al debate cuando usted guste”, añadió.

Barrientos

El intercambio de criterios entre los legisladores se hizo viral en redes sociales hasta a las 15.18 de este miércoles. Luego de sus primeras declaraciones, Rodríguez se excusó.

“Ratifico mi convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348. Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso si se malinterpretaron mis palabras”, escribió en su cuenta de X.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

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Defensoría del Pueblo expresa preocupación por paralización de las judiciales

Dos amparos constitucionales ante la Justicia amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, es entrevistado por los medios de comunicación.

Por Boris Góngora

/ 17 de abril de 2024 / 16:29

Ante el escenario adverso por el continuo riesgo de interrupción del proceso de preselección de candidatos rumbo a elecciones judiciales, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la latente paralización del proceso a efecto de un amparo constitucional.

“La institución defensorial agotará toda oportunidad de convocar a las instancias correspondientes a garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales”, señala la Defensoría, a través de un pronunciamiento.

Dos amparos constitucionales ante la Justicia amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa.

Ayer se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.

También se conoció otro recurso interpuesto por el inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Lea más: Rodríguez sugiere a la Asamblea ‘declarar inadmisible’ el fallo que suspende la preselección

La Defensoría señaló que realizó diferentes acciones en el acompañamiento al proceso de preselección, desde “exhortar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Órganos del Estado a garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades”, además de “acompañar la sesión en la Cámara de Diputados donde se consideró la aprobación de la ley de convocatoria para las judiciales”.

“Tras la promulgación de la Ley 1549, la Defensoría del Pueblo llamó a los actores políticos a cumplir con sus acuerdos y viabilizar el cumplimiento de la norma y, mediante comunicado, se alentó a las mujeres a participar del proceso de elecciones judiciales, para impulsar la equidad de género dentro el sistema de justicia boliviano”.

Además, señaló que el anuncio de la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, prevista para el mes de mayo, debe ser una oportunidad para que se pueda allanar y dar continuidad al proceso de preselección a los cargos del Órgano Judicial.

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