La Fiscalía fija para el viernes la toma de declaración de Áñez por las ‘masacres’ de 2019
La proposición acusatoria, por las “masacres” de Sacaba y Senkata, fue presentada el 1 de julio por un grupo de 20 personas y el lunes fue admitida por la Fiscalía General del Estado.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por las “masacres” de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
“Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana, que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)”, dijo.
Lanchipa agregó que, para la toma de la declaración de Áñez, se trasladarán a la ciudad de La Paz dos fiscales superiores que tendrán el cuaderno de investigación, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de Sucre.
La proposición acusatoria, por las “masacres” de Sacaba y Senkata, fue presentada el 1 de julio por un grupo de 20 personas (entre víctimas y familiares) y el lunes se informó que Fiscalía General del Estado admitió los legajos para su investigación.
Las masacres ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de Evo Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre de 2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.
El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.
Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo cartucho”.
Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.
Mientras Áñez, que llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales, guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado, a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.