LR en la Memoria

domingo 19 sep 2021 | Actualizado a 01:20

En el país de Anabel Angus y Unitel

Tras el Sí a la Constitución en un referéndum y su promulgación, Unitel y la Red Uno habían decidido renunciar a la radical línea opositora que ejercieron hasta 2008

2009. La promulgación de la nueva Constitución fue un parteaguas para las fuerzas empresariales comunicacionales.

Por Julio Peñaloza Bretel

/ 18 de julio de 2021 / 00:41

En el primer año del tercer mandato de Evo Morales (2015), la televisión en Bolivia había cambiado ante la reconfiguración política y social del país, desplazándose hacia las plataformas del espectáculo y el entretenimiento en primer lugar, relegando a la información y al análisis de la actualidad noticiosa informativa a un segundo plano. Se trataba de una decisión estratégica en lo comercial y en lo político.

Considerábamos entonces que se había producido un cambio de prioridades de los medios de comunicación en Bolivia a partir de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), validada en el referéndum del 25 de enero de 2009. Desde ese momento, las fuerzas empresariales comunicacionales inscritas en la lógica del mercado decidieron situarse en zonas en las que la política y el acontecer público nacional con altos niveles de conflictividad dejaran de ser de primer orden, para dar paso a un establecimiento de prioridades comerciales que tienen un primer elemento central en el entretenimiento y que en términos de producción y puesta en el aire audiovisuales pasan por franquicias de reality shows o programas de concursos que por ejemplo a Unitel, red nacional televisiva con más alto rating de entre todas las del espectro nacional, le permitió posicionarse lejos de aquella agenda que pasaba por la defensa intransigente de los intereses hacendales y terratenientes de las tierras bajas, dado que el gobierno nacional penetró en los sectores empresarial agroexportador y ganadero, rayándoles la cancha en la que quedaban separados los negocios de la política.

Lo Gubernamental

«Bolivia Tv consolidó un perfil sesgado y unilateral, casi sin pluralidad de voces»
21F. El referéndum de 2016 contó con la intervención de una atinada red político mediática.

LÍNEA.

En la misma línea de lecto-escritura de la realidad boliviana, que la apropiada por la red de la familia Monasterios (Unitel) desde una lógica estrictamente mercantil y de fabricación de necesidades de consumo, la Red Uno del grupo Kuljis emuló a su más inmediata competencia y decidió apostar también por el entretenimiento de los eventos concursables de danza y canto con marca internacional, emitiendo un inequívoco mensaje al poder político cuando decidió despedir a su principal conductor, Enrique Salazar (mayo de 2015), por haber irrespetado a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa Que no me pierda. De esa manera lo periodístico noticioso terminaba siendo desterrado de las prioridades del medio y a cambio se entronizaba el show y el espectáculo como aspecto prioritario de su programación.

“No queremos pelear con el gobierno” era el mensaje de fondo, por lo que se decidió un rumbo informativo levemente diferenciado entre las emisiones para el oriente y para el occidente del país, pero muy alejado del estilo crispado y radical con el que se había combatido a Evo Morales y a su gobierno hasta días previos al triunfo del Sí a la nueva Constitución en las urnas. A partir de entonces, cesaría de manera casi terminante la amplificación de los mensajes sesgados y tendenciosos contra el gobierno que fueron moneda corriente entre 2006 y 2008. Cesaría, en términos concretos, el concertado rol opositor de la televisión privada contra el gobierno, encabezado hasta entonces por Unitel con Jimena Antelo como mascarón de proa.

Anabel Angus

Unitel y la Red Uno habían decidido poner el acento en ese precepto que dice que la televisión es en primer lugar un negocio y que más vale jugar a fortalecer la pauta publicitaria con anunciadores privados, renunciando a la radical línea opositora que había ejercido hasta 2008, cuando todavía las formaciones políticas alineadas detrás de los intereses de la clase dominante republicana, en lo político y en lo económico, creían que podían derrocar el proyecto político del MAS que ya llevaba más de una década de vigencia.

Como ya no era posible continuar apostando a las encerronas de dirigentes indígenas y campesinos, para ser triturados en los sets televisivos preparados para excitar el morbo de las clases medias, las dos redes televisivas con mayor alcance en cuanto a señal y captura de audiencia, Unitel y Red Uno, ejecutaron una traslación de contenidos informativo-noticiosos hacia la crónica roja y hacia la descripción superficial de los hechos que producen a diario la política y la economía.

Se trataba entonces de decisiones tácticas coyunturales, mientras el MAS continuara sellando su proyecto político hegemónico, de copamiento y control de las instancias públicas centrales y con tendencia a penetrar también las zonas autonomistas, a través de los municipios en los que la resistencia política de una oposición desparramada e inconexa se presentaba débil y se encontraba desprovista de potencia para la lucha diaria en los intentos de socavar la construcción del proyecto nacional popular en vigencia.

Por eso puede resultar llamativo para quienes tienen práctica en el uso de la Memoria y el Archivo que Unitel y la Red Uno nada tuvieran que ver con lo que el ministro de la Presidencia de entonces, Juan Ramón Quintana, etiquetó como “cártel de la mentira”, a propósito de la instalación mediática del caso Zapata como dispositivo informativo electoral que fue útil en el torpedeo manipulatorio del referéndum del 21F y que inscribió a una radioemisora (Erbol), una agencia de noticias (ANF) y a dos diarios (El Deber y Página Siete) como los presuntos socios promotores de una afinada red político-mediática que habría influido significativamente en las decisiones del Soberano para que el No se impusiera por apenas dos puntos y fracción, neutralizando de esta manera el objetivo de buscar una nueva reelección para el binomio Morales-García Linera en las elecciones que se producirían en 2019 y consiguiendo una primera victoria significativa para la oposición en la última década, en la comprensión de que como a Evo no se le puede ganar en las urnas, era imperativo eliminarlo del ruedo electoral a través de la voluntad popular, no importando si se ganaba por media nariz.

En ese nuevo momento comunicacional que vivió Bolivia, según la lectura estratégica y militar del ministro Quintana, dos medios impresos y una radio de alcance nacional terminaron superando a la televisión en términos de influencia de opinión, cosa que hasta las elecciones de 2014 no había sucedido, debido a que se tenía asumido que los medios televisivos en primer lugar, casi a la par con las radioemisoras de alcance nacional —Erbol, Fides, Panamericana—, influían decisivamente en los criterios de las audiencias y potenciales electoras del país, quedando en lugar de incidencia menor, en términos masivos, los diarios y las páginas web.

Para que esto fuera posible, la irrupción de las redes sociales fue fundamental porque una cuenta de Facebook o Twitter hace a cada ciudadan@ un periodista sin cartón académico, pero capaz de generar círculos de debate y opinión que se retroalimentan y que tenían, por ejemplo, en la Agencia de Noticias Fides (ANF), en los diarios Página Siete y El Deber y en la red Erbol (el “cártel de la mentira”) los traductores mediáticos de los contenidos políticos que a la oposición le interesaba masificar —viralizar en las redes— con el propósito de influir terminantemente en los criterios de esa misma clase media, por lo menos en una porción significativa y decisiva de ella a la hora del voto, que apostó a quebrar la democracia pactada y el canon neoliberal dominante en el país durante dos décadas (1985-2005) con la elección de un político —Evo Morales— con paradigma ideológico y visión de país opuestos a los esgrimidos por los hasta entonces actores intercambiables del neoliberalismo.

La televisión que ayudaría a hacer contrapeso a las grandes cadenas antigobierno, adquirida por empresarios supuestamente sintonizados con el oficialismo —ATB y PAT—, no jugó el rol paraestatal que se le atribuyó, utilizando como argumento el favorecimiento de la pauta publicitaria gubernamental a dichas televisoras. Se trata de canales de televisión que en algunos sentidos privilegiaron la agenda gubernamental y de la gestión pública en sus distintas expresiones, pero en su manejo general de programación de formas y contenidos siguieron respondiendo a una visión comercial en la que impera el sexismo, el entretenimiento frívolo sin contenidos ideológicos y el periodismo noticioso-informativo “neutro”, tan “independiente” en forma y fondo como los medios que se proclaman defensores de un periodismo que rechaza los supuestos rasgos gubernamentales, autoritarios y violatorios de la libertad de expresión.

En la arena de los medios oficiales, de estructura propietaria estatal, Bolivia TV fue la televisora que acentuó su rol de transmisor en directo de los eventos gubernamentales masivos, con prioridad en la agenda presidencial de Evo Morales, y consolidó un perfil sesgado y unilateral, donde la pluralidad de voces era prácticamente inexistente. Su fortaleza residía en su potente señal, ya que ésta llega hasta donde el resto de las televisoras privadas no pueden, diseminando así el mensaje rutinario informativo del gobierno sin grandes matices y sin propensión alguna a la deliberación y a la confrontación de puntos de vista.

Cobertura. La transición de Jeanine Áñez acompañada fiel y puntillosamente por Unitel.

La incidencia de las estaciones televisivas con alcances parciales en lo nacional, y las locales departamentales, tiene otras características, en las que coexisten la publicidad estatal en sus distintas expresiones y la vinculada a la iniciativa privada de bienes y servicios. Destacaba por su enfoque apolítico Bolivisión, parte de una cadena de televisoras situadas en distintos países de América Latina, de propiedad mexicana; Radio Televisión Popular (RTP), con su misión-visión de “Comunidad de la vida”, en la que lo originario y ancestral, emparentado con lo ecológico, tienen importancia, lo mismo que el entretenimiento musical popular de las esferas cholas paceñas, mientras que en lo noticioso presentaba un enfoque plural.

Con el panorama hasta aquí descrito tenemos que las redes televisivas de alcance nacional presentaban las siguientes características esquemáticas:

1) Unitel y Red Uno. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Crónica roja. Información oficial y opositora como fuentes, tratadas de manera epidérmica, sin apuesta por líneas editoriales claras e ideológicamente identificables.

Protagonistas. Óscar Ortiz, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho y Jorge Gonzalo Terceros.

2) ATB y PAT. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Agenda abierta con temáticas política, económica, social, de seguridad, y deportes. Línea editorial tenue, privilegiando en algunos capítulos la agenda gubernamental y la gestión pública. Un par de programas con entrevistas fueron sus cartas, con acento oficialista y con agenda híbrida entremezclada, en los que los temas de fondo quedaban tapados por los desfiles y concursos de belleza y el fútbol.

3) Bolivia TV oficialista, sin matices. Útil informativamente hablando, pero sin gran tratamiento periodístico por géneros y formatos. Muy unilateral, sesgada en su manejo de contenidos. Estigmatizada como medio al servicio de la imagen presidencial.

La prueba más rotunda de que la televisión dejó de ser trinchera opositora a ultranza del gobierno es que Evo Morales y Álvaro García Linera se pasearon por todas las estaciones televisivas, participando en programas especiales durante la campaña por el Sí previa al referéndum del 21 de febrero de 2016.

Resignada la televisión privada con altos índices de audiencia a que el MAS gobernaba el país demasiados años en el contexto de los períodos presidenciales bolivianos, Unitel fue perfeccionando sus estrategias de marketing y sofisticando sus puestas en escena, y para ello la figura excluyente se llama Anabel Angus, comunicadora social graduada con nota máxima de tesis, conductora de programas infantiles y juveniles en sus inicios, y estrella indiscutible de Calle 7 (franquicia originada en Televisión Nacional de Chile), un programa inscrito en la onda de los reality shows, en los que jóvenes mujeres y varones concursan por equipos, muestran sus destrezas psicomotrices y exhiben unos muy cincelados cuerpos de gimnasio.

Bolivia Tv. La estatal fue muy sesgada en su manejo de contenidos.

El Contrapeso

«Las televisoras ATB y PAT no jugaron el rol paraestatal que se les atribuyó»

ÁÑEZ.

Anabel tiene más de un millón de seguidores en Facebook y 920.000 en Instagram. Debe ser la envidia de políticos y opinadores pretenciosos que tienen un 50% de seguidores falsos como si fueran verdaderos, muy lejos, por supuesto, de los acumulados por la exitosa Angus. Muchas chicas y chicos de las ciudades quisieran ser como ella: de gran porte, muy empática y carismática como animadora televisiva del show más visto de la televisión boliviana desde 2014, que continúa vigente. Suficiente con caminar por todos los puestos de las Siete Calles, la zona comercial más tradicional y popular de la Santa Cruz antigua para verificar que todos, en distintos tamaños y modelos de televisores, tienen sintonizado el programa de esta heroína que anima escaramuzas diarias de los equipos rojo y amarillo, condimentadas por esas recreaciones melodramáticas selladas por la competitividad y los celos. Solo un milagro permitiría que alguna casera tuviera sintonizada otra estación televisiva.

Anabel era la imagen indiscutida de Unitel, hasta que la estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora fundada por el emenerrista y terrateniente Osvaldo Pato Monasterios (1926–2011), alguna vez senador cercano a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos ha regalado un documento histórico fundamental con la senadora beniana anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a “asumir la presidencia que le correspondía” (Unitel, Trinidad), cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa, según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público, ahora que se encuentra procesada y con detención preventiva.

La transición de Jeanine Áñez fue acompañada fiel y puntillosamente por Unitel. Se convirtió en la Bolivia TV del golpismo, interrumpiendo su programación habitual para dar paso a cuanta noticia extra o de último momento surgiera “desde el lugar de los hechos”, con intensidad entre el 10 y el 20 de noviembre, cuando Evo Morales se iba del poder y Jeanine llegaba gracias a la coordinación de esos que podrían considerarse los cuatro jinetes del apocalipsis boliviano: Tuto Quiroga, contraparte de la embajada de los EEUU; Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea; Óscar Ortiz, senador del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

No hay evidencias sobre si Anabel Angus se adscribió o no a la causa “pitita”. A estas alturas parece un ejercicio irrelevante el intentar averiguarlo. Lo cierto es que con la catastrófica derrota electoral sufrida el 18 de octubre de 2020 por “los transitorios”, como les llaman en la misma Santa Cruz, puede estar segura que otra vez vuelve a reinar en Unitel reinstalada en su zona de seguridad: Calle 7 y similares, entreteniendo a las audiencias bolivianas y otra vez prudentemente equidistante de la agenda informativa y noticiosa del país y sus alrededores.

La Transición

«Unitel se convirtió en la Bolivia Tv del golpismo en noviembre de 2019»

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Tiempos perversos

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:23

Todo fluía en Bolivia con los códigos instalados por la democracia pactada, hasta que los pactos y su sistema de partidos terminaron en astillas cuando el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) produjo en 2005 la primera victoria electoral por mayoría absoluta que inauguraba el tiempo de la irrupción de todos los actores sociales que hasta entonces eran ciudadanos solamente en breves lapsos de legalización y legitimación de candidatos y candidatas pertenecientes al Estado monocultural, al pensamiento económico único y excluyente, neoliberal de arriba a abajo, y a la utilización de lo indígena y campesino para la funcionalidad casi esclavizante de la producción de alimentos que pudiera satisfacer las necesidades de las urbes civilizadas, acostumbradas a la subordinación de todas las expresiones étnicas originarias a tareas menores, sin incidencia alguna en la determinación de las políticas públicas y en el destino del país.

Cuando aymaras, quechuas, guaraníes y todos los bolivianos originarios de las tierras bajas comenzaron a ser visualizados en las coberturas televisivas, pero sobre todo a partir de la Asamblea Constituyente (2006-2009), es decir, cuando los indios comenzaron a sentar presencia en todas las instancias de la vida pública, la siempre apoltronada clase media sintió que se rompía ese orden cotidiano en el que los Mamani, Quispe o Tomichá empezaban a opinar y a intervenir sobre su presencia en el mundo, a partir de una fuerte presencia étnico geográfica que terminó haciendo de Bolivia un Estado Plurinacional a partir de febrero de 2009.

Un presidente de orígenes indígenas, un canciller y un ministro de Educación, aymaras, y así sucesivamente, representantes, hombres y mujeres de la plurinación empezaban a marcar las pautas de la visibilización del país escondido, hasta entonces enterrado en sus saberes ancestrales solo útiles para la arqueología y la antropología, lo que produjo el hartazgo y el pretexto ideales cuando Evo Morales decidió desconocer un referéndum con el propósito de ser candidato por cuarta vez consecutiva, craso error finalmente neutralizado con la anulación de las elecciones de 2019, pero que hoy día sigue siendo coartada para unas prácticas sectarias con dosis concentradas de odio y de impotencia ante un nuevo tiempo político en el que el MAS-IPSP supo demostrar que había otro camino en la búsqueda del tamaño exacto de lo estatal para una vida más equitativa e incluyente de la sociedad.

No son 14 los años que una izquierda nacional con fuerte acento identitario de sus expresiones étnico culturales gobierna Bolivia. Ya son 15, sin contar la interrupción de facto cometida por Jeanine Áñez y su banda, que nada más necesitaron 11 meses para demostrar cómo se puede retroceder al país incompleto de ayer, desde los erróneos enfoques de qué hacer con la economía hasta las prácticas más execrables de conculcación de las libertades ciudadanas. Ya son 15 los años que en Bolivia manda el Estado sobre el Mercado, y cuando la gestión Arce-Choquehuanca concluya, serán 19, con la posibilidad de que se extiendan a 24, si los números de la economía y la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida convencen a la ciudadanía.

Los agentes opositores con auspicios internacionales, multi y bilaterales, creyeron que el proyecto político de las organizaciones sociales moriría con Evo. Resulta que no, y por ello tenemos un mapa de la conspiración cotidiana basado en el racismo y en la discriminación neocolonial que señala como inadmisible que los indios estén mandando en varias zonas de Bolivia, como sucede por ejemplo con los gobernadores Santos Quispe en La Paz, Jhonny Mamani en Potosí o Damián Condori en Chuquisaca.

En ese contexto, los desplazados actores de la política tradicional, muchos de ellos progresistas de los 70 y 80, han mutado y se han hecho conversos hacia la derecha. Por eso vivimos tiempos perversos por obsesividad contra la figura de Evo y el masismo, y contamos con personajes como Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indebidamente prorrogada en sus funciones, que reconoce en la Resistencia Juvenil Cochala a una “resistencia necesaria”.

La Carvajal es la representación paradigmática de quien se acomoda a los nuevos tiempos. Es la mejor expresión de la conversión de la defensa de los derechos humanos hacia territorios de exclusividad para privilegiados por su color de piel y estatus social, en el caso de Jeanine Áñez, violadora de esos mismos derechos por los que ahora se retuerce en su reclusión por considerarse estupenda e intocable. La perversidad racista, como se puede comprobar, ha llegado hasta extremos nauseabundos y por si fuera poco aplaudidos por tantos reaccionarios y reaccionarias que habitan Bolivia, que por si acaso, no son pocos y están siempre dispuestos a volver a la carga.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

Foto: ABI

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales

El legado de Banzer sigue vigente, tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Opositores. Jorge Quiroga, Óscar Ortiz, Rubén Costas y Luis Fernando Camacho, políticos opositores al MAS marcados por el banzerismo. Foto: APG

/ 29 de agosto de 2021 / 06:34

Los admiradores del mítico Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución de 1952, cuatro veces presidente de la República, ya deberán resignarse ante las evidencias históricas que dan cuenta de la impronta del general Hugo Banzer Suárez en la política boliviana del último medio siglo. El día en que el doctor Paz decidió apoyar el golpe de agosto de 1971 (98 muertos, medio millar de heridos) hipotecó para siempre al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que se fragmentó en varios “emenerres” y cavó su tumba, que lo tiene como cadáver insepulto desde 2003, año en que Goni se derrumbó por sus crasos errores de apreciación sobre un país que estaba a punto de cambiar. El principal propiciador de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y la instalación del voto universal que había renunciado a la presidencia en 1964, producto de la conspiración de su vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, regresaba del exilio de Lima para subordinar a su partido al militarismo bien conectado con el poder hegemónico imperial. Dicho y hecho, una vez que las Fuerzas Armadas se consolidaron en el poder, en 1974, Banzer, luego de haber utilizado a movimientistas y falangistas para pasarle un barniz de legitimidad a su dictadura, se deshizo de ellos, para armar un gabinete exclusivo de generales, coroneles, almirantes y contraalmirantes.

A partir de entonces, Banzer no dejó de ser más importante y decisivo en la agenda política boliviana que Paz Estenssoro. Tan evidente fue la visión estratégica del dictador de los años 70, que en 1985 se acercó nuevamente al MNR, ya en igualdad de condiciones partidarias al haber fundado Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1979. Banzer había pasado de su septenio autoritario, con terrorismo de Estado incluido, al escenario democrático en el que a través del Pacto por la Democracia se recomponía su relación con el MNR pazestenssorista, ofreciéndole apoyo desde el parlamento, sin condicionamientos, y valiéndose de los contactos de un par de tecnócratas de su partido para facilitar la llegada al país del economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, que escribió los lineamientos inaugurales del neoliberalismo, que adquirió carta de ciudadanía con el Decreto 21060, que rigió la política económica boliviana durante 20 años. De esta manera, el MNR, la ADN, el empresariado privado y las fuerzas militares sometidas al poder civil democrático iniciaban un nuevo período en la historia de Bolivia.

PACTO. Banzer había combinado el aceite con el vinagre, amigando al MNR con sus antiguas víctimas de la Falange Socialista Boliviana (FSB). En pacto civil-militar se repartieron el primer gabinete de ministros el 21 de agosto de 1971. Veintidós años más tarde, el mismo general asoció a su ADN con quienes fueran activistas en la clandestinidad que lo combatieron, encabezados por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), poniéndole la firma al Acuerdo Patriótico entre 1989 y 1993. Dos conciliaciones partidarias de apariencia imposible fueron gestadas por este militar, único en América Latina entre sus camaradas del Plan Cóndor, por haber sido capaz de regresar al poder por la puerta democrática: solo en Bolivia podía suceder semejante cosa, dice el lugar común. Banzer se metió al bolsillo a Paz Estenssoro en 1971, se lo sacó de encima en 1974 y se abuenó con él en 1985. En buenas cuentas, hizo lo que le dio la gana con quien alguna vez definiera el poder como un maravilloso instrumento. También lo hizo con los miristas de Paz Zamora, a quienes persiguió en su dictadura por comunistas que querían “sustituir la gloriosa tricolor por el trapo rojo con la hoz y el martillo” para en 1989, a través de un impensado acuerdo entre la derecha y la izquierda con perfil social-demócrata (ADN-MIR), sacar otra vez de en medio al MNR, y le cerró el paso a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de ese año.

En 1995 entrevisté al general Banzer en su oficina de la calle Hermanos Manchego (Fundemos) y en el piso 10 del edificio Gloria de la avenida Arce, apartamento en el que residía. En las dos entrevistas me hizo un par de revelaciones que explican su dimensión: “Decidí romper las negociaciones con Sánchez de Lozada para definir la presidencia de la República porque me ofreció dinero a cambio de mi respaldo. Me ofendió de tal manera que nunca más quise saber de él. Creyó que con su fortuna todo era posible y conmigo se equivocó, por eso al final nos sentamos a conversar con el MIR y decidimos apoyar a Jaime que había sido tercero en las elecciones para que asumiera la presidencia.” En el segundo encuentro le pregunté si era cierto que le había sacado la pistola a Max Fernández, el empresario cervecero, jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS): “Lo encañoné porque había ofendido mi honor en una nota periodística, lo conminé a que se retractara exactamente en el mismo espacio y con la misma extensión en el mismo medio de comunicación”. Estas confesiones, que forman parte de varias de las confidencias que Banzer me hizo, nos permiten, a 20 años de su muerte, extraer conclusiones acerca del temperamento y la determinación de este militar nacido en Concepción, Santa Cruz, bien entrenado por la Escuela de las Américas en tiempos de la guerra fría contra ese enemigo interno, el comunismo, que tenía su epicentro en Moscú y su satélite latinoamericano y caribeño en La Habana.

GOLPE. Banzer, en el balcón del Palacio Quemado en 1971, junto a sus aliados, entre ellos Víctor Paz Estenssoro (MNR) y Mario Gutiérrez (FSB). Foto: Archivo La Razón

Banzer hizo posible el Pacto por la Democracia en 1985. Generó el Acuerdo Patriótico en 1989. Y para completar su protagonismo en la construcción del Estado de derecho en el país, fabricó una megacoalición para su presidencia democrática (1997-2002), en la que entraron como en una bolsa de gatos, además del MIR de Paz Zamora-Oscar Eid, la UCS ya entonces comandada por Jhonny Fernández luego de la muerte de su padre Max, Conciencia de Patria (Condepa) de Carlos Palenque, Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y hasta el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) del que en sus orígenes fuera jefe del maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), Oscar Zamora Medinacelli, quien había sido su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989. En su obsesión por pasar a la historia como un auténtico demócrata, Banzer pactó con ángeles y demonios de los años 80 y los 90, y su legado sigue vigente tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Las operaciones psicológicas de la derecha boliviana tuvieron éxito indiscutible con la instalación de matrices del miedo que conducen a la conspiración como extrema necesidad de sobrevivencia: “Nosotros o los indios”. Así tenemos que Evo Morales es un comunista. Evo Morales nos va a quitar nuestras casas y eliminará la propiedad privada. Evo Morales hará de nuestros hijos unos ateos al abolir la religión católica. Evo Morales quiere que Bolivia sea como Cuba y Venezuela. De esta manera, la acumulación de tensiones y el odio al indio, convertido y funcionalizado en campesino desde la Revolución del 52, que gobernaba Bolivia desde 2006, se hacían cada vez más evidentes hasta que llegó el 28 de noviembre de 2017, día en que el Tribunal Constitucional habilitó una nueva candidatura con un argumento recientemente rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que sirvió para cuajar la idea fuerza clave que exigió dos años de trabajo conspirativo: Evo Morales, a título de derecho humano a una nueva reelección, quiere eternizarse en el poder.

Plenamente posicionada la imagen de un autoritario y prorroguista ante la clase media urbana “apolítica”, Evo Morales creyó que podía capear aguas turbulentas hasta conseguir un nuevo triunfo en octubre de 2019. No cayó en cuenta, y menos sus asesores en contrainteligencia, que al haber enfatizado un discurso antiimperialista y antinorteamericano durante sus tres mandatos consecutivos, efectivamente quedaba demostrado que era un comunista, cuando el comunismo en los hechos de la geopolítica mundial había dejado de existir. De esta manera, el banzerismo empezó a funcionar con toda su carga ideológica, y sus matrices culturales de pacto entre civiles, militares y policías, para dar lugar al derrocamiento del primer gobierno popular con identidad indígena y campesina que había tenido Bolivia desde 1825.

MOTOR. El poder del espíritu del general Banzer fue el nervio motor para que la conspiración fuera exitosa. Tuto Quiroga, su exvicepresidente, coordinaba la salida de Evo Morales de Bolivia con el comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros. Óscar Ortiz, que había sido subsecretario en su gobierno democrático (1997-2002), operaba desde el Senado una sucesión presidencial inconstitucional. Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, compañero de Banzer en la fraternidad Los Tauras, hizo de su aparente pasividad personal un arma de control de la capital cruceña en esos días en que no volaba ni una mosca sin el permiso del comité cívico. Luis Fernando Camacho, sin tener profunda conciencia de que el banzerismo podía ser hereditario, usó a su papá, falangista armado en el golpe del 71, para transar con militares y policías que “se pusieran al lado del pueblo”, entendiéndose por pueblo en dicho contexto al ciudadano movilizado con la tricolor, católico, anticomunista, odiador del indio, nada que ver con el nacionalismo popular de los inicios de Paz Estenssoro en los años 50, que en gran medida fue heredado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que es nacionalista revolucionario antes que comunista o socialista, aunque el discurso antiyanqui confunda.

MÉXICO. El expresidente Evo Morales, tras ser derrocado en 2019. Foto: AFP

Los pocos falangistas de los años 70 que quedan, sus hijos y hasta nietos, los militares de esa misma generación, empresarios, agroindustriales y ganaderos, y hasta la sociedad civil a través de grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista fundada en 1957 por el que fuera ministro de Salud de la dictadura banzerista, otro falangista, Carlos Valverde Barbery, ingresaron en una especie de máquina del tiempo, para que 48 años después de llamar al golpe de Estado “revolución” Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, fuera portador de la herencia del Frente Popular Nacionalista (FPN) —militares, movimientistas y falangistas, autores del golpe del 71— para derrocar a Evo Morales de la presidencia, recibiendo además el apoyo de la jerarquía católica y de embajadores como el de la Unión Europea, el franquista León de la Torre. La armonía ideológica que se había logrado contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS, tal como lo había hecho en Madrid, acosando a Pablo Iglesias, entonces líder del izquierdista Unidas Podemos. Y como actor de reparto completaba el cuadro el nostálgico pazestenssorista Carlos D. Mesa Gisbert, exvicepresidente del MNR de Sánchez de Lozada, que sin otra prueba que una interrupción de un conteo no oficial de votos instaló la matriz “fraude” para iniciar el tramo final de la conspiración.

Aviones de combate sobrevolando rasantes en El Alto o en Challapata, lo mismo que sucediera con Laikakota en La Paz en 1971. Y días después, como en el septenio del banzerato, masacres en Sacaba-Huayllani y Senkata, para eliminar masistas ondeando wiphalas, tal como sucedió en Tolata y Epizana en 1974, arremetiendo contra indígenas quechuas a los que se condenó por subversivos. “Si encuentran un comunista, mátenlo, yo me hago responsable”, dijo Banzer en esa trágica oportunidad que ofrecía recompensa por la caza de estos revoltosos, que en la actualidad formarían parte de las “hordas masistas” criminalizadas por un aventajado alumno de los métodos represivos de las dictaduras militares, el ministro de la muerte, Arturo Murillo.

Los dilemas ideológicos acerca de una Bolivia neoliberal, nacional popular, nacionalista revolucionaria o de izquierda nacional excluyen del análisis al militarismo desarrollista y capitalista de Estado en dictadura y del neoliberalismo en democracia con el que el general Hugo Banzer Suárez se manejó como actor decisivo de la política boliviana. Fue presidente de facto, iniciador de los pactos partidarios en 1985 y en 1989, apoyando a Paz Estenssoro y a Paz Zamora, y en reciprocidad éste último respaldó su presidencia democrática iniciada en 1997 con algo más del 20% de la votación cuando el presidente era elegido de entre los tres primeros en el Parlamento nacional.

DEFINICIÓN. Jeanine Áñez, en la reunión previa a su autoproclamación, con representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Foto: Senado de Bolivia

Banzer evitó en 1971 que un soviet boliviano se consolidara con la Asamblea del Pueblo que otro histórico del MNR, el legendario secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Lechín Oquendo dirigía con la venia de ese otro general de Ejército, Juan José Torres Gonzales, que presidía el país, y que el 2 de junio de 1976 fuera asesinado bajo las coordenadas del Plan Cóndor, cinco años después de haber sido derrocado por su camarada del Ejército, el en ese momento coronel Banzer. Aquellos episodios caracterizados por la violencia política y la eliminación del enemigo me provocaron la siguiente pregunta: ¿Cuál era el objetivo del general Terceros al ordenar que el avión en el que Evo Morales aterrizaba en Chimoré fuera llevado al hangar militar del aeropuerto el 10 de noviembre de 2019?

Los fascistas de los años 70 y los fascistoides del nuevo siglo han establecido conexiones que forman parte de una manera de hacer política. Cuando no es por el camino de la formalidad democrática de acuerdo con sus conveniencias y con las exigencias de sus estructuras de poder, queda el recurso de la fuerza y del trastocamiento de las obligaciones institucionales en democracia. Así tenemos un país con médicos que hacen paros como arma desestabilizadora. Curas católicos que arman reuniones paralelas a la formalidad democrática para definir el destino de la presidencia del Estado. Embajadores que meten sus narices hasta en las habitaciones de los refugiados políticos, tal como hacía León de la Torre en la residencia de la Embajada de México entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. Conversos e impostores disfrazados de defensores de los Derechos Humanos que aborrecen a los “izquierdos humanos” y por eso nada más defienden a Jeanine Áñez y hacen silencio acerca de los masacrados y humillados, aymaras y quechuas, de Sacaba-Huayllani y Senkata.

LEGADO. Este es el legado que Banzer le ha dejado a Bolivia. Luchar contra los enemigos y ponerles la etiqueta que convenga a cada coyuntura para sacarlos de en medio. Lo que el General ya no sabe es que las indias y los indios bolivianos aprendieron a ganar elecciones. Superaron el miedo a que uno de los suyos, iletrado, sin estudios universitarios, pudiera ser presidente del país “para gobernarnos a nosotros mismos”, como ha afirmado recién el vicepresidente David Choquehuanca. Lo que el dictador de los años 70 tampoco puede ya saber, pero sus herederos sí, es que los instrumentos político- sindicales de las mayorías bolivianas han funcionado 14 años con un gobierno que demostró que era posible ser pragmáticos —“nosotros hablamos y negociamos con todos”, me dijo alguna vez el exvicepresidente Álvaro García Linera—, pero con sujeción a la identidad plural de un Estado que ahora tiene visibilizados a todos sus actores étnicos, fundamentalmente a aquellos que hasta hace dos décadas se avergonzaban por sus apellidos y ahora los llevan con orgullo pronunciándolos a voz en cuello.

Incluido el golpe del que fuera su ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, general Alberto Natusch Busch, en 1979, otra vez, con la complicidad del MNR (Bedregal Gutiérrrez-Fellman Velarde, con Paz Estenssoro por detrás), que derivara en la Masacre de Todos Santos, Hugo Banzer Suárez pasó de la brutalidad de las dictaduras militares, con la suya como la más importante por duración, a los pactos en democracia para regresar al poder “de a buenas”. Pero la historia lo enseña, cuando un indio desobediente no entiende, hay siempre la posibilidad de volver a tomar el poder a la mala, tal como sucedió en 1971, cuando los obreros comunistas y trotskistas pretendían ejercer poder. Sin la salvadora presencia de Banzer o su nefasto legado, según desde donde se lo mire, las Bolivias de los últimos 50 años no podrían comprenderse si no seguimos con rigurosidad crítica el trayecto de este general nacido en un pueblo chiquitano, al que los cruceños que saben de historia le llaman el pueblo de los gatillos fáciles.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

DATOS

1971 – tomó el poder el dictador Hugo Banzer Suárez

1997 – fue designado Banzer presidente, en la era Democrática

10 de noviembre de 2019 – fue derrocado Evo Morales

12 de noviembre de 2019 – se autoproclamó Áñez

20 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata

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El melodrama de Jeanine

/ 28 de agosto de 2021 / 02:40

Los géneros literarios, musicales y audiovisuales pertenecientes a la cultura popular, se encuentran fuertemente conectados con el relato político al que algunos analistas de coyuntura suelen no otorgarle importancia “categorial”, para decirlo pronto y en difícil, como corresponde hacerlo en el caso de Jeanine Áñez, la expresidenta accidental, transitoria o de facto de la “República” de Bolivia que decidió trasladar su despacho al original de la vieja casona o Palacio Quemado en actitud negacionista de las transformaciones constitucionales operadas en Bolivia desde 2006. Así, Áñez negó la existencia del Estado Plurinacional, negó a la wiphala como símbolo patrio oficial, negó que la Casa Grande del Pueblo fuera simplemente un edificio con oficinas para el trabajo y de ninguna manera un palacete de lujos asiáticos, negó que los masistas fueran ciudadanos bolivianos y por eso no le tembló la mano para firmar el Decreto 4078 que liberaba de posibles culpas a militares que fueran a abrir fuego contra los facinerosos que no admitían el derrocamiento de Evo Morales.

Las lenguas viperinas dicen que Jeanine Áñez era vendedora de cosméticos y productos de belleza, actividad comercial que le permitía algo así como un refuerzo salarial a su dieta parlamentaria. Existe también mucha información acerca de su parentesco con benianos de San Joaquín presuntamente vinculados al tráfico de cocaína. Se sabe que la captura de varios de ellos le habría generado un gran rencor contra quien habría ordenado algunas pesquisas y apresamientos, el que fuera ministro de Gobierno, Carlos Romero. En las redes sociales, cuando Áñez era senadora, fue objeto de memes y malos tratos publicados en la banda ancha de su filiación política, alguna frase disparatada y sus relaciones personales.

Jeanine Áñez ha traído de retorno el melodrama latinoamericano a nuestras pantallas, ediciones digitales y testimonios orales. Su antecesora había sido Gabriela Zapata, la mediática exnovia de Evo Morales que de la noche a la mañana quiso que su dinero la llevara a la fama con estilo muy erótico y a las páginas glamorosas de revistas y portales donde la cursilería y la frivolidad generan felicidad e ilusión a miles y miles de mujeres que soñarían con ser iguales a su heroína de la telenovela noticiosa. Ahora reside en el mismo recinto penitenciario, con detención preventiva, una expresidenta del país que presenta la imagen de una pobre mujer gobernada por la hipertensión arterial, la gastritis aguda y la depresión, agobiada por presuntas vulneraciones a sus derechos ciudadanos. A la hora en que sus coterráneos pudieron expresarle su confianza cuando se postuló a gobernadora del Beni, éstos decidieron que había mejores opciones y apenas le concedieron un miserable 13% de la votación. Si quería evitar todas las incomodidades y el calvario actuales, debió pensar que con su tercer lugar en las subnacionales, el camino a seguir era el de sus exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López: la huida. Si así hubiera sido, es probable que ya estaría en condiciones de exhibir un envidiable bronceado conseguido en playas de South Beach.

Dicen que a Jeanine Áñez la pillaron con las maletas hechas para rajar de Bolivia cuando fue detenida en un apartamento en Trinidad. Y a partir de entonces se ha instalado esta historieta que para unos será bolero y para otros solamente una balada cursi. El engreimiento del personaje, a estas alturas más cercano a la ficción que a la realidad, ha dado lugar a un supuesto intento de suicidio, a una victimización que siempre tiene buena prensa e interlocutoras activas y muy escénicas como Amparo Carvajal, que debería ser llamada Desamparo por quienes le pidieron auxilio y a los que nunca escuchó, que con el bastón de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sentada en la calle en postura de indefensión, llora a moco tendido por la pobre expresidenta violada en sus derechos y nueva perseguida política de los vengativos masistas.

El mediocre guion de la historieta de la señora Áñez, divorciada, madre de una niña y un niño, podría tornarse en novela con desenlace trágico, luego de haber ingerido de su propia medicina en dosis muy distintas y tolerables, que las que dio a probar a través de su aparato represivo cuando era presidenta, a varias mujeres vinculadas y no vinculadas al MAS, detenidas, torturadas, encadenadas y traumatizadas para siempre. Si el desenlace es fatal, los culpables serán Evo Morales, Luis Arce y todos los endemoniados masistas, incluidos los monigotes del Órgano Judicial, que no se apiadaron de su comprometida condición anímica y de salud, por lo que sería sensato otorgarle detención domiciliaria para que pueda ver tele en su casa y no tenga problemas de correr al refrigerador para tomarse un jugo de acerola o copoazú. De esta manera, concluiría otro episodio del melodrama nacional y ya no habría lugar, hasta la próxima vez, para más tribulaciones en nuestro valle de lágrimas.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El pulpo Garáfulic y su herencia en P7

EMPRESARIOS. Raúl Garáfulic Gutiérrez (centro) y Raúl Garáfulic Lehm (derecha).

/ 22 de agosto de 2021 / 01:50

Dice Wálter Chávez en su artículo El Plan Cóndor del periodismo (El juguete rabioso, 21 de enero de 2001) que Raúl Garáfulic Gutiérrez proyecta una imagen de “individuo bajo sospecha” y que sus antiguas amistades “cimentaron las bases de esa fortuna que empieza a surgir a partir de su participación —como parte de un grupo civil armado— en el golpe de Hugo Banzer Suárez en 1971”. Para decirlo más sencillamente, el que sería llamado con los años Don Raúl, habría sido integrante de un grupo paramilitar que contribuyó a la caída del gobierno del general Juan José Torres Gonzales y a la llegada del entonces coronel Banzer a la presidencia respaldado por las Fuerzas Armadas, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez.

Garáfulic fue el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana en los inicios del septenio dictatorial y a partir de entonces emprendería una carrera repleta de leyendas urbanas voceadas por sus admiradores y sus enemigos. Trece años más tarde (1984), durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), presidido en la reinaugurada democracia boliviana por Hernán Siles Zuazo, el que iniciara su carrera empresarial en actividades mineras decidió fundar el 20 de octubre, junto a Rolando Chiappe, Paceña de Televisión, casi al mismo tiempo en que Ivo Kuljis inauguraba en Santa Cruz de la Sierra, canal 13, y Carlos Cardona en La Paz iniciaba tareas con Telesistema Boliviano.

De esta manera llegaba la televisión privada al país en momentos en que el cuasi monopolio lo detentaba el canal estatal, secundado por algunas estaciones de propiedad de universidades públicas, y lo hacía en calidad pirata, puesto que no existía en ese momento marco legal que validara su existencia en el espectro público. A la cabeza de Garáfulic, la naciente televisión comercial se metía a la fuerza en la vida del país, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un gobierno que se caía a pedazos y que a pesar de las voces impugnadoras del atropello empresarial terminaría imponiéndose para quedarse. La amistad con Banzer le permitió a Garáfulic formar parte del gobierno MIR-ADN en el que se cruzaron una y otra vez los llamados ríos de sangre —extorturadores y extorturados formando alianza política—, en calidad de embajador ante el Reino de España, condición diplomática que le facilitó un gran acercamiento con Prisa, grupo con el que entablaría sociedad para intentar la consolidación de un monopolio mediático conformado por los diarios La Razón, Extra, El Día y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB), nuevo nombre de la televisora que propendería a convertirse en red nacional de televisión dejando atrás la inicial Paceña de Televisión, propiedad de Illimani de Comunicaciones.

POLÍTICA. Raúl Garáfulic saluda a Jorge Quiroga, ambos fueron amigos y asesores de Hugo Banzer, en su dictadura y en su versión democrática. FOTO.angel illanes-archivo

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el general Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratándose de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.

MARCA. Garáfulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes, y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuán poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así trascender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001), en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

Guiteras, el poderoso ministro y senador por el departamento del Beni, se vio obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto ministro a presentar ante una comisión especial pluripartidaria en el Parlamento nacional, 11 grupos de delitos con el título El historial delictivo de Garáfulic (Revelaciones de Guiteras: Garáfulic espió para dictadura de García Meza, Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garáfulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta, “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por $us 1 millón de la empresa Telebingo de la cual Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Solo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz estaba valuada en $us 70 millones. Garáfulic la adquirió solo en $us 4 millones, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garáfulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Wálter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió que envíe una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la “inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia”, dice la nota de ANF. Garáfulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garáfulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kilómetros de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó, lo que provocó la muerte de Raúl Garáfulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Díez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia moría dos años y 10 meses después de que se desatara una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el general Banzer.

FRIVALES. El exministro Wálter Guiteras y Rául Garáfulic Gutiérrez, enemigos acérrimos al comienzo de siglo. FOTO.La Razón-Archivo

Sin embargo, los principales problemas del grupo Garáfulic no pasaban por una pelea con un exministro herido que la emprendió con toda la artillería posible para mostrar a Don Raúl como un inescrupuloso y voraz hombre de negocios que cuatro meses antes de encontrarse con la muerte, tomaba conocimiento que el grupo Prisa con el que había entablado sociedad, publicaba en su diario especializado en economía, Cinco Días (17 de julio de 2003), que Prisa reorientará sus negocios en Bolivia tras romper con Garáfulic: “El grupo Prisa tiene intención de reorientar sus inversiones en Bolivia una vez se resuelvan favorablemente los contenciosos que mantiene con el grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada ayer en Madrid, el grupo Garáfulic perdió la propiedad de su participación en el principal periódico de Bolivia, el diario La Razón (…) Las inversiones de Prisa en Bolivia comenzaron en 2000, cuando se tomaron participaciones en las sociedades propietarias de una serie de medios de prensa (el principal de los cuales es La Razón), una cadena de televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión ascendió a 10 millones de dólares, de los que tres millones se abonaron a la familia Garáfulic y otros siete a las compañías en concepto de aportación de capital (…) Garáfulic garantizó a Prisa una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic de comprar las acciones de Prisa por un precio no inferior a la inversión más los intereses.”

PRISA. El mismo 17 de julio de 2003, el diario El País informaba que el grupo Prisa asumía el control de tres diarios en Bolivia: “La medida fue adoptada después de que el grupo Garáfulic incumpliera sus obligaciones, por un total de 11 millones de dólares, ante el Banco de Sabadell, y cuyo garante era PRISA, según fuentes de dicho grupo. Prisa espera el resultado de las acciones judiciales entabladas contra Garáfulic ante la Justicia boliviana, que examina una demanda de estafa por desvío de dos millones y medio de dólares, y ante la justicia francesa.”

Dos años más tarde, el mismo Cinco Días de El País (5 de mayo de 2005) publicaba La boliviana Garáfulic condenada a pagar más de 20 millones (de euros) a Prisa: “La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garáfulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros (…) El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garáfulic Lehm, Wálter Raúl Garáfulic Lehm y a los herederos de Raúl Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garáfulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 de dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos (…) Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garáfulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma de decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.”

De esta manera, Garáfulic padre e hijos quedaban afuera de la estructura propietaria de La Razón, Extra, El Día y ATB. Cinco años después Raúl (h) decidió comenzar de cero. Pero es bien sabido que nada nace de la nada y que P7 es el resultado de una herencia ideológica y empresarial con la que el hijo pretendería honrar la memoria del padre, iniciando una nueva aventura ya sin las pretensiones de monopolizaciones, cuando habían transcurrido cuatro años de la llegada de Evo Morales a la presidencia y cuando Bolivia había pasado de República a Estado Plurinacional.

HEREDERO. Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio del diario Página Siete.

‘RAULI’. A lo largo de su vida empresarial y política, Don Raúl confiaba a sus más cercanos el hondo convencimiento de que su hijo mayor, bautizado con el mismo nombre, tenía perfil para llegar a ser Presidente de Bolivia. Alumno del colegio San Ignacio (entonces San Calixto de Següencoma), Rauli era el prototipo del atleta ganador. En los juegos estudiantiles representaba al colegio en los 100 metros planos, y en los saltos largo y alto con bastante éxito, y se tomó tan en serio su carrera como deportista que cuando era llamado por los profesores a pasar al frente del aula para exponer cualquier tema, éste que se sentaba en las últimas filas, se erguía para caminar aparatoso y saltar hacia la pizarra con movimientos que denunciaban una seguridad poco frecuente en un chico de su edad. Tenía en su cabeza que era un velocista a tiempo completo.

Rauli era además arquero del equipo principal de su curso (Chaco Petrolero), que en los horarios de recreo alquilaba a sus compañeros esos autitos en miniatura de marca Dinky Toys y Matchbox para armar carreras de autos que se hacían en unos redondeles de cemento que rodeaban los gigantescos árboles del colegio de la Compañía de Jesús: Todo un hombre de negocios precoz. Esas carreras de autos olían a una especie de Alasitas jailona en la que participaban una decena de compañeros organizados por “el Garáfulic” (era muy frecuente nombrarse por el apellido) que invitaba a unas inolvidables fiestas de cumpleaños en su casa de la avenida Ballivián casi esquina calle 8 y luego en la plaza de la calle 15, las dos ubicadas en Calacoto, zona Sur de La Paz.

A 11 años de la existencia de P7 no puede haber dudas acerca del cariño infinito que Don Raúl profesaba por su hijo Rauli. Lo creía presidenciable, pero su recorrido como cabeza del directorio del diario que fundó acompañado de Raúl Peñaranda Undurraga ha sido marcado por una ostensible falta de calidad periodística, su tendencia a equivocarse muy seguido y a tener que rectificar continuamente (Peñaranda tuvo que renunciar a la dirección del diario en 2013, ver ¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal? LA RAZÓN, 15 de agosto de 2021). El problema de fondo del diario en cuestión y de su principal accionista es que la Bolivia de la dictadura banzerista, la de la democracia pactada, la privatización y la capitalización es la vieja nación superada con la llegada al gobierno y al poder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) con su brazo electoral (Movimiento Al Socialismo, MAS). Un medio de comunicación que se pretenda pluralista y debidamente instalado en el siglo XXI no puede funcionar de espaldas a la historia de los movimientos sociales, las luchas sindicales, campesinas, e indígenas. Cualquier diario tiene el derecho a ser muy reaccionario, pero si no asimila ciertas lecciones de historia, está condenado a no comprender el país, y como consecuencia a no saber explicarlo, por lo que la proclividad a los errores de apreciación con base en la manipulación de los hechos, se convirtieron en moneda corriente. Suficiente con el siguiente ejemplo: Senkata y Sacaba pesan sobre Áñez, Vila Vila y Playa Verde sobre Morales (P7, 18 de agosto de 2021). Por estos días, el diario presidido por Rauli hace los más grandes esfuerzos por tratar de rebatir que en noviembre de 2019 se produjo una sucesión inconstitucional.

Rauli se empleó a fondo para que en las elecciones presidenciales de 2020, Carlos Mesa alcanzara al primer lugar del podio. En ese afán, informaciones no confirmadas dicen que llegó a recaudar de sus amigos empresarios, $us 406.000 para la realización de encuestas. A tal punto llegó su convencimiento que su amigo Jorge Tuto Quiroga, a través de una carta, fue señalado por haber iniciado una “campaña de desprestigio contra P7”. En la carta fechada el 18 de agosto, se puede leer el siguiente reproche: “Su partido insinúa que la presentación de la encuesta de Página Siete es una manipulación para favorecer a Carlos Mesa por el solo hecho de que va segundo, cerca de Arce, sin ninguna otra prueba que la calumnia misma. Le recuerdo que todas las encuestas del país posicionan a Mesa en segundo lugar (…) Sepa Ud. que vengo realizando presentaciones de encuestas durante los últimos ocho años a prestigiosas instituciones, como el cuerpo diplomático, directorios y grupos de ejecutivos de las principales empresas del país, cámaras sectoriales, las principales transnacionales que operan en Bolivia y también a integrantes de los principales partidos políticos, como Juntos, CC e incluso el MAS…”

Foto. Oswaldo Aguirre

ENCUESTA. Pues bien, Tuto terminó bajándose de la carrera electoral y Rauli ha tenido que cerrar un importante ciclo como encuestador debido a que el 17 de agosto (un día antes de la carta enviada a Tuto Quiroga), es decir, dos meses antes de la realización de los comicios, P7 abrió su edición titulando MAS y CC empatan con 27%, Creemos es tercero con 14%. Mientras tanto, ya sabíamos con información recibida desde Buenos Aires, que según otras encuestas el binomio Arce-Choquehuanca ya tenía un 52% de las preferencias y que ganaría las elecciones en primera vuelta. En otras palabras, Rauli se enemistó en vano con Tuto, ya que los resultados de sus forzados estudios de opinión, además de ser escandalosamente equivocados, se constituyeron en el peor mapa posible durante el último tramo de la estrategia de campaña de la candidatura de Mesa.

Gran parte de la trayectoria de Rauli Garáfulic queda completada con el recuerdo de que el 16 de mayo de 2018 (diario Opinión de Cochabamba), Wálter Guiteras reapareció en el escenario público para informar que acusaría al propietario de P7 por difamación y calumnia al haber sido acusado de formar parte de una red de narcotráfico: “Aseguró que esa acusación pública ‘es una venganza’, porque el padre de Raúl Garáfulic, del mismo nombre, hace 17 años pretendió valerse de la presión de La Razón y de ATB, para obtener favores sin cumplir los procedimientos (…) Citó el proyecto de electrificación Beni, compra del Lloyd Aéreo Boliviano, minas Amayapampa y Capasirca, en los que Garáfulic pretendía beneficios de manera excepcional (…) ‘Actividades que no son mi forma de ser y que al parecer quedaron en el recuerdo del hijo de Garáfulic, que hoy trata de cobrar una especie de venganza’”, agregó.

Por segunda vez en casi dos décadas, la pelea Garáfulic-Guiteras terminaba en nada. El exsenador beniano, oriundo de San Borja, falleció el 18 de agosto de 2020 por coronavirus y enfermedades de base. Lo cierto es que en los años 20 del siglo XXI, la palabra “golpe” ha dado lugar a un atragantamiento en varios herederos del banzerismo. Está claro que en 1971, Don Raúl fue parte de la asonada civil militar que llevó al poder por siete años al General. Rauli, su principal heredero, no soporta la idea de que se asocie a su diario con el derrocamiento de Evo Morales en 2019, también a cargo de un grupo civil militar que violentó el Estado de derecho. Probablemente será una cruz con la que deberá cargar hasta el fin de sus días.

LA RAZÓN publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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