LR en la Memoria

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 20:18

Camacho pidió en 2019 refugio a Argentina si fracasaba en su intento de derrocar a Morales

El 4 de noviembre de 2019, seis antes de la renuncia de Evo Morales, el entonces líder cívico se reunió en Santa Cruz con los cónsules de Argentina y España.

Luis Fernando Camacho, en el cabildo del 2 de noviembre de 2019. Foto: Archivo La Razón (Marco Curi)

/ 22 de julio de 2021 / 12:51

Días antes de la renuncia de Evo Morales en 2019, obligada por una crisis política, un motín policial y la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Camacho solicitó a la Cancillería de Argentina refugio en caso de fracasar en su intento de derrocar al mandatario.

La información fue confirmada entonces a La Razón por fuentes de la legación de ese país en Bolivia. Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, se reunió en Santa Cruz con el cónsul argentino, acompañado de su entorno.

Esta reunión —que debía considerar la eventual autorización a la solicitud— no fue coordinada con el embajador de entonces, Normando Álvarez, sino directamente con la Cancillería en Buenos Aires.

Un cable al que accedió la periodista Alejandra Dandan (portal Cohete a la Luna) corroboró la reunión y los motivos. En su reportaje publicado el 17 de noviembre de 2019, la periodista argentina contó los detalles de esa reunión.

Dijo que esa cita estaba inicialmente prevista para el 1 de noviembre, pero por fin se cumplió el 4 de noviembre, a seis días de la renuncia de Morales. Contó que Camacho “pidió asilo al consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba ‘insubordinación civil’”.

No solamente estuvo el cónsul argentino, sino también su colega español. Dandan relató que ambos cónsules buscaron disuadir al fanático empresario de lo que consideraban una locura”.

Al final, la que debía encargarse de la tramitación del asilo era la Embajada de Argentina en La Paz, que no conocía el hecho.

Desde esa vez, Camacho no habló de esa reunión.

La noche del lunes 4 de noviembre, Camacho llegó sorpresivamente a La Paz, un día antes de lo previsto. Previamente, en un cabildo en Santa Cruz, desafió a Morales a renunciar, por quien incluso redactó una carta de dimisión.

“Yo personalmente le voy a llevar esta carta a La Paz, llegará sin armas, solo con la Biblia en la mano derecha y con su carta de renuncia en la otra mano. Y tengo fe de que regreso a Santa Cruz son su renuncia firmada”, retó.

El sábado 2 de noviembre, en un encendido cabildo al pie del Cristo Redentor en Santa Cruz, Camacho había invocado a los Fuerzas Armadas, había anunciado el “punto final” del gobierno de entonces y había conminado a Morales a renunciar en 48 horas.

Entonces agradeció a la cúpula castrense por “no aceptar las órdenes de disparar contra su pueblo”. “En este momento tan dramático y crucial de nuestro país, deben estar al lado de su pueblo; no se dejen amedrentar por ambiciones desmedidas; el que gobierna pasa, el pueblo perdura y Dios castiga”, dijo el dirigente.

“El lunes (4 de noviembre), el hombre se va de Palacio, eso se los prometo”, arengó Camacho.

Morales renunció el 10 de noviembre, presionado por las movilizaciones de Camacho, los cuestionamientos a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, un motín policial y la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas.

Ese día, Camacho plantó en el Palacio de Gobierno la carta de renuncia de Morales que redactó, una Biblia y la bandera tricolor en el hall del Palacio de Gobierno.

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Noviembre 2019-Noviembre 2020: Una transición de persecuciones y masacres

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le será dificultoso enarbolar la bandera de sus derechos.

15 de noviembre de 2019, un operativo armado dejó una decena de fallecidos en Sacaba, Cochabamba.

/ 25 de julio de 2021 / 00:48

La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952 a 1964 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha, a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Jeanine Áñez se encuentra encarcelada por el caso Golpe de Estado.

Como exsenadora, expresidenta, y excandidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que rigieron Bolivia entre 1964 y 1980. También debería estar enterada de que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto significaba dejar atrás la policía política —el Control Político de Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno—, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el Ministerio Público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento Al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.

Cacería ejecutada

Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquel que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de exfuncionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando wiphalas. La cifra no confirmada es de 1.500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Arturo Murillo, el exministro de Áñez fue detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero.

Quien se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminara encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel, al final de la tarde del 10 de noviembre de 2019, que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía, pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el exsenador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1.500 militares asesinaron a 119 pobladores, incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron nueve. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wólfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la Segunda Guerra Mundial, y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la Policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de Siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea con toma de rehenes para exigir la liberación de los dirigentes detenidos. Resultado: 1.500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El 29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños, y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX, ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 y 80 heridos y aproximadamente 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos), luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de Navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización de 1.000 efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el general Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían la “guerra del agua” (2000) en el gobierno democrático del general Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la “guerra del gas” (2003), originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, quien planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías, que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, Estados Unidos, por parte de los familiares de las víctimas, cuya sentencia condenatoria conmina a pagar al expresidente la suma de $us 10 millones.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del agua y del gas, y por supuesto de la masacre de Porvenir (2008), acaecida en el departamento de Pando, donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

19 de noviembre de 2019, otros 10 fallecidos por el operativo militar-policial en la zona de Senkata, en El Alto.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”… a cargo de esas facinerosas hordas masistas, como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares, guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a interpretación alguna. Los delitos que habría cometido ya como presidenta en materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos de NNUU, Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la exsenadora y expresidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto”, agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020, y sobre el que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia, ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del ‘fraude no golpe’

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortiz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce, y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de éstas), observaciones a las actuaciones de la Justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad de diciembre de 2019.

La Resistencia Juvenil Cochala, uno de los brazos operativos de la represión en el gobierno transitorio.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la exsenadora, expresidenta y excandidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que segaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo” (grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.

(1) Con información obtenida por Mayra Navarro, politóloga e investigadora académica.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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En el país de Anabel Angus y Unitel

Tras el Sí a la Constitución en un referéndum y su promulgación, Unitel y la Red Uno habían decidido renunciar a la radical línea opositora que ejercieron hasta 2008

2009. La promulgación de la nueva Constitución fue un parteaguas para las fuerzas empresariales comunicacionales.

Por Julio Peñaloza Bretel

/ 18 de julio de 2021 / 00:41

En el primer año del tercer mandato de Evo Morales (2015), la televisión en Bolivia había cambiado ante la reconfiguración política y social del país, desplazándose hacia las plataformas del espectáculo y el entretenimiento en primer lugar, relegando a la información y al análisis de la actualidad noticiosa informativa a un segundo plano. Se trataba de una decisión estratégica en lo comercial y en lo político.

Considerábamos entonces que se había producido un cambio de prioridades de los medios de comunicación en Bolivia a partir de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), validada en el referéndum del 25 de enero de 2009. Desde ese momento, las fuerzas empresariales comunicacionales inscritas en la lógica del mercado decidieron situarse en zonas en las que la política y el acontecer público nacional con altos niveles de conflictividad dejaran de ser de primer orden, para dar paso a un establecimiento de prioridades comerciales que tienen un primer elemento central en el entretenimiento y que en términos de producción y puesta en el aire audiovisuales pasan por franquicias de reality shows o programas de concursos que por ejemplo a Unitel, red nacional televisiva con más alto rating de entre todas las del espectro nacional, le permitió posicionarse lejos de aquella agenda que pasaba por la defensa intransigente de los intereses hacendales y terratenientes de las tierras bajas, dado que el gobierno nacional penetró en los sectores empresarial agroexportador y ganadero, rayándoles la cancha en la que quedaban separados los negocios de la política.

Lo Gubernamental

«Bolivia Tv consolidó un perfil sesgado y unilateral, casi sin pluralidad de voces»
21F. El referéndum de 2016 contó con la intervención de una atinada red político mediática.

LÍNEA.

En la misma línea de lecto-escritura de la realidad boliviana, que la apropiada por la red de la familia Monasterios (Unitel) desde una lógica estrictamente mercantil y de fabricación de necesidades de consumo, la Red Uno del grupo Kuljis emuló a su más inmediata competencia y decidió apostar también por el entretenimiento de los eventos concursables de danza y canto con marca internacional, emitiendo un inequívoco mensaje al poder político cuando decidió despedir a su principal conductor, Enrique Salazar (mayo de 2015), por haber irrespetado a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa Que no me pierda. De esa manera lo periodístico noticioso terminaba siendo desterrado de las prioridades del medio y a cambio se entronizaba el show y el espectáculo como aspecto prioritario de su programación.

“No queremos pelear con el gobierno” era el mensaje de fondo, por lo que se decidió un rumbo informativo levemente diferenciado entre las emisiones para el oriente y para el occidente del país, pero muy alejado del estilo crispado y radical con el que se había combatido a Evo Morales y a su gobierno hasta días previos al triunfo del Sí a la nueva Constitución en las urnas. A partir de entonces, cesaría de manera casi terminante la amplificación de los mensajes sesgados y tendenciosos contra el gobierno que fueron moneda corriente entre 2006 y 2008. Cesaría, en términos concretos, el concertado rol opositor de la televisión privada contra el gobierno, encabezado hasta entonces por Unitel con Jimena Antelo como mascarón de proa.

Anabel Angus

Unitel y la Red Uno habían decidido poner el acento en ese precepto que dice que la televisión es en primer lugar un negocio y que más vale jugar a fortalecer la pauta publicitaria con anunciadores privados, renunciando a la radical línea opositora que había ejercido hasta 2008, cuando todavía las formaciones políticas alineadas detrás de los intereses de la clase dominante republicana, en lo político y en lo económico, creían que podían derrocar el proyecto político del MAS que ya llevaba más de una década de vigencia.

Como ya no era posible continuar apostando a las encerronas de dirigentes indígenas y campesinos, para ser triturados en los sets televisivos preparados para excitar el morbo de las clases medias, las dos redes televisivas con mayor alcance en cuanto a señal y captura de audiencia, Unitel y Red Uno, ejecutaron una traslación de contenidos informativo-noticiosos hacia la crónica roja y hacia la descripción superficial de los hechos que producen a diario la política y la economía.

Se trataba entonces de decisiones tácticas coyunturales, mientras el MAS continuara sellando su proyecto político hegemónico, de copamiento y control de las instancias públicas centrales y con tendencia a penetrar también las zonas autonomistas, a través de los municipios en los que la resistencia política de una oposición desparramada e inconexa se presentaba débil y se encontraba desprovista de potencia para la lucha diaria en los intentos de socavar la construcción del proyecto nacional popular en vigencia.

Por eso puede resultar llamativo para quienes tienen práctica en el uso de la Memoria y el Archivo que Unitel y la Red Uno nada tuvieran que ver con lo que el ministro de la Presidencia de entonces, Juan Ramón Quintana, etiquetó como “cártel de la mentira”, a propósito de la instalación mediática del caso Zapata como dispositivo informativo electoral que fue útil en el torpedeo manipulatorio del referéndum del 21F y que inscribió a una radioemisora (Erbol), una agencia de noticias (ANF) y a dos diarios (El Deber y Página Siete) como los presuntos socios promotores de una afinada red político-mediática que habría influido significativamente en las decisiones del Soberano para que el No se impusiera por apenas dos puntos y fracción, neutralizando de esta manera el objetivo de buscar una nueva reelección para el binomio Morales-García Linera en las elecciones que se producirían en 2019 y consiguiendo una primera victoria significativa para la oposición en la última década, en la comprensión de que como a Evo no se le puede ganar en las urnas, era imperativo eliminarlo del ruedo electoral a través de la voluntad popular, no importando si se ganaba por media nariz.

En ese nuevo momento comunicacional que vivió Bolivia, según la lectura estratégica y militar del ministro Quintana, dos medios impresos y una radio de alcance nacional terminaron superando a la televisión en términos de influencia de opinión, cosa que hasta las elecciones de 2014 no había sucedido, debido a que se tenía asumido que los medios televisivos en primer lugar, casi a la par con las radioemisoras de alcance nacional —Erbol, Fides, Panamericana—, influían decisivamente en los criterios de las audiencias y potenciales electoras del país, quedando en lugar de incidencia menor, en términos masivos, los diarios y las páginas web.

Para que esto fuera posible, la irrupción de las redes sociales fue fundamental porque una cuenta de Facebook o Twitter hace a cada ciudadan@ un periodista sin cartón académico, pero capaz de generar círculos de debate y opinión que se retroalimentan y que tenían, por ejemplo, en la Agencia de Noticias Fides (ANF), en los diarios Página Siete y El Deber y en la red Erbol (el “cártel de la mentira”) los traductores mediáticos de los contenidos políticos que a la oposición le interesaba masificar —viralizar en las redes— con el propósito de influir terminantemente en los criterios de esa misma clase media, por lo menos en una porción significativa y decisiva de ella a la hora del voto, que apostó a quebrar la democracia pactada y el canon neoliberal dominante en el país durante dos décadas (1985-2005) con la elección de un político —Evo Morales— con paradigma ideológico y visión de país opuestos a los esgrimidos por los hasta entonces actores intercambiables del neoliberalismo.

La televisión que ayudaría a hacer contrapeso a las grandes cadenas antigobierno, adquirida por empresarios supuestamente sintonizados con el oficialismo —ATB y PAT—, no jugó el rol paraestatal que se le atribuyó, utilizando como argumento el favorecimiento de la pauta publicitaria gubernamental a dichas televisoras. Se trata de canales de televisión que en algunos sentidos privilegiaron la agenda gubernamental y de la gestión pública en sus distintas expresiones, pero en su manejo general de programación de formas y contenidos siguieron respondiendo a una visión comercial en la que impera el sexismo, el entretenimiento frívolo sin contenidos ideológicos y el periodismo noticioso-informativo “neutro”, tan “independiente” en forma y fondo como los medios que se proclaman defensores de un periodismo que rechaza los supuestos rasgos gubernamentales, autoritarios y violatorios de la libertad de expresión.

En la arena de los medios oficiales, de estructura propietaria estatal, Bolivia TV fue la televisora que acentuó su rol de transmisor en directo de los eventos gubernamentales masivos, con prioridad en la agenda presidencial de Evo Morales, y consolidó un perfil sesgado y unilateral, donde la pluralidad de voces era prácticamente inexistente. Su fortaleza residía en su potente señal, ya que ésta llega hasta donde el resto de las televisoras privadas no pueden, diseminando así el mensaje rutinario informativo del gobierno sin grandes matices y sin propensión alguna a la deliberación y a la confrontación de puntos de vista.

Cobertura. La transición de Jeanine Áñez acompañada fiel y puntillosamente por Unitel.

La incidencia de las estaciones televisivas con alcances parciales en lo nacional, y las locales departamentales, tiene otras características, en las que coexisten la publicidad estatal en sus distintas expresiones y la vinculada a la iniciativa privada de bienes y servicios. Destacaba por su enfoque apolítico Bolivisión, parte de una cadena de televisoras situadas en distintos países de América Latina, de propiedad mexicana; Radio Televisión Popular (RTP), con su misión-visión de “Comunidad de la vida”, en la que lo originario y ancestral, emparentado con lo ecológico, tienen importancia, lo mismo que el entretenimiento musical popular de las esferas cholas paceñas, mientras que en lo noticioso presentaba un enfoque plural.

Con el panorama hasta aquí descrito tenemos que las redes televisivas de alcance nacional presentaban las siguientes características esquemáticas:

1) Unitel y Red Uno. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Crónica roja. Información oficial y opositora como fuentes, tratadas de manera epidérmica, sin apuesta por líneas editoriales claras e ideológicamente identificables.

Protagonistas. Óscar Ortiz, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho y Jorge Gonzalo Terceros.

2) ATB y PAT. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Agenda abierta con temáticas política, económica, social, de seguridad, y deportes. Línea editorial tenue, privilegiando en algunos capítulos la agenda gubernamental y la gestión pública. Un par de programas con entrevistas fueron sus cartas, con acento oficialista y con agenda híbrida entremezclada, en los que los temas de fondo quedaban tapados por los desfiles y concursos de belleza y el fútbol.

3) Bolivia TV oficialista, sin matices. Útil informativamente hablando, pero sin gran tratamiento periodístico por géneros y formatos. Muy unilateral, sesgada en su manejo de contenidos. Estigmatizada como medio al servicio de la imagen presidencial.

La prueba más rotunda de que la televisión dejó de ser trinchera opositora a ultranza del gobierno es que Evo Morales y Álvaro García Linera se pasearon por todas las estaciones televisivas, participando en programas especiales durante la campaña por el Sí previa al referéndum del 21 de febrero de 2016.

Resignada la televisión privada con altos índices de audiencia a que el MAS gobernaba el país demasiados años en el contexto de los períodos presidenciales bolivianos, Unitel fue perfeccionando sus estrategias de marketing y sofisticando sus puestas en escena, y para ello la figura excluyente se llama Anabel Angus, comunicadora social graduada con nota máxima de tesis, conductora de programas infantiles y juveniles en sus inicios, y estrella indiscutible de Calle 7 (franquicia originada en Televisión Nacional de Chile), un programa inscrito en la onda de los reality shows, en los que jóvenes mujeres y varones concursan por equipos, muestran sus destrezas psicomotrices y exhiben unos muy cincelados cuerpos de gimnasio.

Bolivia Tv. La estatal fue muy sesgada en su manejo de contenidos.

El Contrapeso

«Las televisoras ATB y PAT no jugaron el rol paraestatal que se les atribuyó»

ÁÑEZ.

Anabel tiene más de un millón de seguidores en Facebook y 920.000 en Instagram. Debe ser la envidia de políticos y opinadores pretenciosos que tienen un 50% de seguidores falsos como si fueran verdaderos, muy lejos, por supuesto, de los acumulados por la exitosa Angus. Muchas chicas y chicos de las ciudades quisieran ser como ella: de gran porte, muy empática y carismática como animadora televisiva del show más visto de la televisión boliviana desde 2014, que continúa vigente. Suficiente con caminar por todos los puestos de las Siete Calles, la zona comercial más tradicional y popular de la Santa Cruz antigua para verificar que todos, en distintos tamaños y modelos de televisores, tienen sintonizado el programa de esta heroína que anima escaramuzas diarias de los equipos rojo y amarillo, condimentadas por esas recreaciones melodramáticas selladas por la competitividad y los celos. Solo un milagro permitiría que alguna casera tuviera sintonizada otra estación televisiva.

Anabel era la imagen indiscutida de Unitel, hasta que la estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora fundada por el emenerrista y terrateniente Osvaldo Pato Monasterios (1926–2011), alguna vez senador cercano a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos ha regalado un documento histórico fundamental con la senadora beniana anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a “asumir la presidencia que le correspondía” (Unitel, Trinidad), cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa, según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público, ahora que se encuentra procesada y con detención preventiva.

La transición de Jeanine Áñez fue acompañada fiel y puntillosamente por Unitel. Se convirtió en la Bolivia TV del golpismo, interrumpiendo su programación habitual para dar paso a cuanta noticia extra o de último momento surgiera “desde el lugar de los hechos”, con intensidad entre el 10 y el 20 de noviembre, cuando Evo Morales se iba del poder y Jeanine llegaba gracias a la coordinación de esos que podrían considerarse los cuatro jinetes del apocalipsis boliviano: Tuto Quiroga, contraparte de la embajada de los EEUU; Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea; Óscar Ortiz, senador del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

No hay evidencias sobre si Anabel Angus se adscribió o no a la causa “pitita”. A estas alturas parece un ejercicio irrelevante el intentar averiguarlo. Lo cierto es que con la catastrófica derrota electoral sufrida el 18 de octubre de 2020 por “los transitorios”, como les llaman en la misma Santa Cruz, puede estar segura que otra vez vuelve a reinar en Unitel reinstalada en su zona de seguridad: Calle 7 y similares, entreteniendo a las audiencias bolivianas y otra vez prudentemente equidistante de la agenda informativa y noticiosa del país y sus alrededores.

La Transición

«Unitel se convirtió en la Bolivia Tv del golpismo en noviembre de 2019»

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Golpe de García Meza: Fue la Fiscalía la que incumplió en completar los procesos

El Ministerio Público no continuó con las investigaciones

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto- Archivo-Lucio Flores.

/ 17 de julio de 2021 / 11:36

Han sido los ministerios públicos, pero también la voluntad política, los que en estos años de democracia han impedido no solo hacer justicia, sino también fortalecer la democracia, destaca Juan del Granado, uno de los abogados del juicio de responsabilidad a Luis García Meza y sus colaboradores.

Fue una “tarea que incumplió el Ministerio Público, 20, 30 años de incumplimiento, de la tarea de continuar con las investigaciones; por tanto, está pendiente esa indagación para completar la lucha contra la impunidad dictatorial de García Meza.

Ahora, Del Granado extiende esta agenda contra la impunidad ya no solo a las dictaduras, sino a lo que llama las tendencias autoritarias en democracia.

“Está absolutamente impune la dictadura de Banzer, de Barrientos; pero debo decírtelo, sin ningún ánimo partidario, están impunes varios delitos contra los derechos humanos, contra la dignidad y la libertad, (cometidos) durante estos últimos 30 años de vida democrática”.

DÉFICIT.

En la vida democrática del país (desde 1982), el abogado, antiguo líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), se refiere a violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos que habrían desarrollado lo que él llama “autoritarismo gubernamental” de regímenes constitucionales.

Estoy hablando de las masacres de Amayapampa y Capasirca, las que hubo en el gobierno de Paz Estenssoro; la muerte de tantos ciudadanos en el Octubre Negro, y durante el gobierno de Evo Morales, las graves violaciones en Chaparina, Huanuni, en los Yungas y, cómo no, las últimas ocurridas en Sacaba y Senkata”.

Es bueno que en fechas como ésta (41 años del golpe de Estado de García Meza del 17 de julio de 1980) se recuerde que “los bolivianos tenemos pendiente esta agenda de continuar y consolidar la lucha contra la impunidad autoritaria y dictatorial”.

Ahora, si hay algo que ha impedido continuar con la consecución de justicia en los casos de la dictadura, asevera Del Granado, es la “precaria institucionalidad” de la justicia boliviana, y si no se resuelve esto, “vamos a tener una recurrencia de esas violaciones”.

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Aviones, helicópteros y la mala memoria del general Terceros

SACABA. Los aviones de guerra también fueron protagonistas en la ‘masacre’ del 15 de noviembre de 2019.

Por Julio Peñaloza Bretel

/ 11 de julio de 2021 / 09:12

Para quienes suelen treparse a algún púlpito en el plan de ofrecer directrices sobre los deberes del periodismo, es oportuno hacer notar que no todos juegan a la dicotomía del fraude o golpe de Estado, en estos tiempos postraumáticos de interrupción de la democracia y autoritarismo de transición producida entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.

El 20 de octubre de 2019 pudo haberse generado un fraude electoral y eso no quita que a continuación, como producto de la indignación por aquel hecho, también resultara posible optar por una salida inconstitucional luego de la renuncia del presidente Evo Morales. Una vez producida la sucesión, sobre la que venimos abundando en argumentos acerca de los motivos que nos llevan a afirmar que la asunción de Jeanine Áñez estuvo caracterizada por la ilegalidad, el gobierno que la exsenadora encabezó disponía de todos los instrumentos, incluido el año de ejercicio del poder, para encontrar pruebas reales e incontrastables sobre el presunto fraude. No sucedió aquello. El informe vinculante de la OEA, admitido en esos términos por el gobierno de Evo Morales, nunca llegó a demostrar técnica y jurídicamente en qué consistió con precisión y detalle el proceso fraudulento, esto es, en qué mesas electorales se habría producido, con la manipulación de qué y cuántas actas para fraguar los resultados planeados a la medida del binomio del MAS, y así sucesivamente para llegar a la conclusión de cuántos votos o qué porcentajes fueron finalmente los registrados como fraudulentos.

En consecuencia, lo que tenemos hoy siguen siendo consignas: “Fraude monumental” o “no fue golpe, fue fraude”, y otras frases de prosapia republicana, trasladadas a las redes sociales con las que no se demuestra absolutamente nada. En cambio, sobre la sucesión inconstitucional los datos verificables son cada vez más evidentes en los planos político (Asamblea Legislativa), militar (sugerencia de renuncia y movimientos de efectivos), policial (motines y represión callejera) y ciudadano: civiles “haciendo justicia” por mano propia como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Supongo que a eso, un personero de la corporación de opinadores que publica a control remoto le llama “formidable convergencia de fuerzas sociales e institucionales”.

TERCEROS. Capturados el pasado 3 de julio los excomandantes de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros y de la Armada, almirante Gonzalo Jarjuri, conviene recuperar algunos indicios sobre la participación del primero en la administración de aeronaves militares entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, días en los que Evo Morales dejó el gobierno para ser sustituido por la senadora JeanineÁñez.

En la edición del 20 de junio de esta serie periodística (Memoria y Archivo, Los senadores que impusieron la presidencia de JeanineÁñez) publicamos la siguiente versión con respecto de los contactos que mantenía Tuto Quiroga con el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros: “Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, Gral. Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición (la salida de Evo Morales del país), previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el lunes 11 y el martes 12 (Salvatierra, Morales, Rivero) no sabían que cuando Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche), estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los exmandatarios y la exministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos”.

ALIADOS. Ortiz, Murillo y Núñez, los excolegas de Áñez que la llevaron al poder e impulsaron su candidatura. Foto. La Razón-archivo

En su edición del miércoles 7 de julio, producto de una entrevista concedida a la red Uno de televisión, el diario El Deber apunta siete mentiras establecidas por Álvaro García Linera con respecto de la declaración informativa ofrecida por el Gral. Terceros al fiscal Omar Mejillones (3 de julio, hs. 23.17) en calidad de sindicado. Entre ellas figura la relacionada con nuestra versión periodística que queda confirmada: “García Linera dijo que Terceros mintió al decir que se reunió con Evo Morales el 10 de noviembre; también aseguró que el exjefe militar ordenó guardar el avión presidencial para que no traslade a Morales de El Alto a Chimoré y que, una vez en el Chapare, los hizo aterrizar en el hangar militar y no en el aeropuerto. Opinó que su intención era detener al exmandatario y al exvicepresidente.” Esta información ya se conocía gracias a una conversación sostenida en diciembre de 2019, en Buenos Aires, con una fuente confiable, ciudad en la que Evo Morales, en su calidad de refugiado político, en entrevista ofrecida a la emisora televisiva C5N, el 15 de ese último mes del año, apuntó al Gral. Terceros como “principal golpista”.

Leída con detenimiento y detalle su declaración informativa ante la Fiscalía, es evidente que el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana no fue preguntado por el episodio del hangar militar de Chimoré. Habría sido interesante tener alguna respuesta para comprobar hasta qué punto el ahora jubilado militar estaba diciendo la verdad. Cuando se le consultó si conocía a JeanineÁñez, a líderes cívicos y a otros políticos, fue tajante: “No conozco a nadie”. Pero cuando el fiscal, a continuación, requiere respuesta sobre si entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 habló con Tuto Quiroga, dice textualmente: “No recuerdo haberme comunicado con él”. Si se comparan ambas afirmaciones, la una es rotunda e indiscutible, mientras que la otra es de esas en que para no mentir, se decide salir por la tangente, pretextando olvido. Lo interesante de esta parte de la conspiración que terminó con la caída de Evo Morales es que Quiroga no desmintió autorizaciones de vuelos y llamados por celular que el lunes 11 de noviembre se produjeron para que una vez convenida la salida de Evo en avión mexicano, vía Paraguay, las representantes masistas aceptaran sentarse a conversar en la Universidad Católica con quienes fueron durante 48 horas dueños del destino constitucional del país, sin sustento representativo y jurídico alguno, por obra y gracia de la jerarquía eclesiástica que convocó a una primera reunión el mismo domingo 10 de noviembre.

Para que no haya ni la más mínima duda acerca de la actuación de Tuto Quiroga, LA RAZÓN se encargó de recordárnoslo en su edición digital del 7 de julio: “ Tras la dimisión del presidente Evo Morales, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes (…). ‘A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país’, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue retirado”.

SALUDO. La llegada de Morales a México, tras una odisea en Bolivia. Foto. La Razón-archivo

MÉXICO. En este contexto, en mi columna Contragolpe del 5 de diciembre de 2020, afirmé lo siguiente: “… decirle cobarde a Evo Morales por haber salido del país en noviembre del año pasado, cuando fue él (Tuto) quien intercedió ante el Gral. Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, ya que del puñado de golpistas entre los que por esas horas se movía (…) era el más lúcido: ‘Si Evo Morales se queda en el país, el nuevo gobierno no aguanta’, pensaba, por lo que era aconsejable que se le diera el visto bueno para salir hacia México vía Paraguay.” Con este significativo dato, quienes afirman que el lunes 11 de noviembre, Evo y Álvaro todavía mandaban sobre las Fuerzas Armadas, buscan vanamente desvirtuar los hechos conspirativos aquí descritos.

Dice Terceros que solo estuvo para la foto en la conferencia de prensa ofrecida por el Gral. Williams Kaliman cuando “sugirió” a Evo Morales renunciar. En otras palabras se trataba, según su declaración jurada, casi de un convidado de piedra, ante lo que cabría preguntarle: ¿Quién autorizó los vuelos de los aviones T-33 el 9 de noviembre sobre Achacachi y Viacha? ¿Quién ordenó los vuelos rasantes sobre La Paz de los aviones K-8 el 11 de noviembre en plan de amedrentamiento? La respuesta a esta última pregunta la dio el propio Kaliman a radio Fides en diciembre de 2019: Él mismo junto a sus comandantes. Sigamos. ¿Quién facilitó el helicóptero H425Z-9 Harbin para que Jeanine Áñez y Óscar Ortiz pudieran llegar hasta el Colegio Militar de Ejército de La Paz el lunes 11 de noviembre, a objeto de reunirse minutos después con Luis Fernando Camacho, que los esperaba en el hotel Casa Grande? Se sabe que ese mismo helicóptero, el H425, es el que se utilizó para disparar sobre la población civil en Senkata el martes 19 de noviembre. Estas preguntas llevan a una conclusión incontrastable: había una coordinación civil militar que facilitaba tareas y en ese contexto encaja perfectamente el rol jugado por el padre de Camacho (José Luis) que se habría acercado a militares y policías “para que no salieran a reprimir al pueblo” o, dicho de otro modo, para que se insubordinaran violando la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas contra su Capitán General, Evo Morales.

Los comandantes de los regimientos Calama, Ingavi, Bolívar, Bilbao la Vieja, Lanza, Ayacucho y del Batallón Vidaurre decidieron no intervenir en la crisis porque consideraban peligrosísimo entrar en acción sin un panorama con órdenes expresas. En ese contexto, es el mismo Terceros quien declaró ante el Ministerio Público que el Gral. Gróver Rojas increpó a Kaliman pidiéndole que “ordene que salgan a los militares para defender al pueblo”, a lo que el Comandante en Jefe respondió “qué pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el pueblo.” Este panorama deja en claro las tensiones instaladas entre comandantes y Estado Mayor, estructura de la que formaba parte el Gral. Rojas, el Gral. Luis Fernando Valverde (con detención preventiva por los hechos de Senkata desde el 1 de abril) y el Gral. Sergio Orellana, que sucedería en el Comando en Jefe a Kaliman, una vez consolidada la presidencia de Áñez. En la actualidad, Orellana, el “desaparecido en acción” en noviembre de 2020, se encontraría en algún lugar de Colombia debidamente camuflado por los habitantes de alguna ciudad populosa.

CONFERENCIA. El Alto Mando militar, cuando ‘sugirió’ la dimisión de Evo Morales. Arriba, de azul, el comandante Jorge Terceros.

En los últimos 15 días, el brazo mediático que jugó un rol determinante de consolidación del gobierno de JeanineÁñez patalea duro y parejo en el frenético intento de querer tapar el sol con un dedo.

Quiere instalar la idea de que Evo pretendía incendiar La Paz con 2.000 personas. Que García Linera dijo que 15.000 campesinos generarían un baño de sangre si no permitían el despegue del avión hacia México. Que Evo debe declarar ante la Fiscalía por pirómano. Que la Iglesia Católica les ofreció la presidencia a una senadora y a una diputada del MAS. Que esto. Que aquello. Y lo de más allá. Es decir, convirtiendo el ejercicio periodístico en un manojo de conjeturas, del dice que dice, cuando las verdades materiales de lo acontecido se encuentran en los hechos consumados, no en las suposiciones o en las interpretaciones forzadas de los colaboracionistas del golpe o de los analistas de manual. Será por la insosteniblidad de sus pretendidos argumentos que varios de ellos dejaron de redactar esos penosos panegíricos en forma de columnas de opinión y emprendieron la retirada, una vez recuperada la democracia a través del voto popular.

ORTIZ. Los militares no iban a tomar el poder, aunque a Luis Fernando Camacho una junta civil militar le pareciera la mejor fórmula.

Una decisión de semejante vuelo significaba un golpe al estilo de los años 70, por lo que había que maquillar con un delgado revestimiento “lo más cercano a la Constitución”, la resolución final luego de conseguido el derrocamiento de Evo Morales. En ese contexto, el jugador decisivo se llama Óscar Ortiz Antelo, senador del Movimiento Demócrata Social (MDS), que preguntó a Adriana Salvatierra y Susana Rivero el martes 12 de noviembre “¿qué hacen ustedes aquí? (Universidad Católica) Esto hay que resolverlo en la Asamblea.” Se sabe que en las reuniones auspiciadas por curas y embajadores, Ortiz ni se sentó en la mesa. No abrió la boca. Su discreción era estratégica.

¿Quién pregunta hoy por Ortiz? Nadie. Puede darse el lujo de tomar café con el editor de un diario cruceño a media mañana de un día cualquiera en un café del Tercer Anillo. Puede escribir y publicar sobre la ausencia de Estado en el diario paceño de la derecha, cuando es bien sabido que quien condujo todo el operativo en el Senado para colgarle la banda presidencial a Jeanine Áñez sin posesión en la Asamblea fue él, con el acompañamiento de su colega y entonces amigo Arturo Murillo, quien pasaría al frente de las acciones gubernamentales a partir del 13 de noviembre cuando fue posesionado como ministro de Gobierno.

Ortiz acompañó en helicóptero militar a Jeanine para aterrizar en Irpavi (Colegio Militar de Ejército) y reunirse con Camacho, el macho alfa de la revuelta cívica “pitita”. Lo suyo era el razonamiento con vistas a quitarle la personería jurídica al MAS, pero eso hubiera sido encaminado si Áñez no se tragaba la versión de que el plan de su colega era generar un par de movidas en el Senado para reemplazarla poco tiempo después en la presidencia, intriga a cargo del murillismo, que impuso el estilo atrabiliario y represivo que le significó un desgaste que permitió la recuperación de la musculatura masista. En buenas cuentas, Ortiz tenía un proyecto político, y Murillo un proyecto personal —por eso está preso en Miami, ya se sabe con detalle— que terminó siendo funcional a los intereses del partido azul.

Ortiz continuó como senador, probablemente barajando posibilidades acerca de su influencia en el gobierno transitorio hasta que la pandemia trastocó los planes de la propia presidenta y de su mano derecha que sin pudor le corregía al oído frente a cámaras, y que obligaron a la reorientación gubernamental, al extremo de que el propio Ortiz quedó fuera de combate aquejado por la enfermedad que lo postró durante aproximadamente un mes. Cuando estuvo listo para volver, Murillo ya se había consolidado como el Taita del poder y las ambiciones ideológicas y estructurales de Ortiz habían quedado en el canasto. Todo se había reducido a perseguir, encarcelar y extorsionar a masistas y a quienes lo parecieran; de hacer negocios con barbijos, respiradores, gases lacrimógenos, y con lo que se pudiera, al punto que el senador cruceño terminó destituido del cargo de ministro de Economía por la presidenta a la que él había encumbrado a la silla, al declararse contrario a la privatización de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), gestión en la que, por supuesto, también mandaba Murillo. Los esfuerzos civiles y militares terminaron desembocando en una desastrosa transición que terminó con el regreso del MAS al gobierno, más temprano de lo previsto, producto de una suma de atropellos y atrocidades.

LA RAZÓN publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Noviembre 2019, la transición que partió a Bolivia por el eje

La promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial fue materializada por un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas: la propia Áñez, Óscar Ortiz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Núñez.

Jeanine Áñez junto a sus colegas opositores en el Legislativo, el 12 de noviembre de 2019.

/ 4 de julio de 2021 / 01:31

¿Alguien preguntó por la vida y el paradero del entonces primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli Ortiz? ¿Se sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancias decidió desaparecer luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la tarde del 10 de noviembre de 2019? Pareciera que a Medinaceli se lo hubiera tragado la tierra. Se sabe que la línea de sucesión presidencial, según el artículo 169 de la CPE, fue acosada y amedrentada, no solo en las personas de la presidenta del Senado, del presidente y la primera vicepresidenta de Diputados, sino que fue extendida a sus familiares: la casa del padre de Adriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra, el hermano de Víctor Borda amenazado de muerte en Potosí, la casa de la madre de Susana Rivero en Trinidad. Todo estaba perfectamente planificado: ninguno de los legalmente habilitados para instalar plenos camarales y generar decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría en condiciones de hacerlo porque la triple vigilancia y persecución con acciones sincronizadas —civiles, militares, policías— tenía el objetivo principal de lograr que el MAS quedara desplazado del gobierno por la fuerza.

Lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 fue el rompimiento del poder constituido, activado por la expresión más rabiosa de la clase media urbana adscrita a una visión conservadora y étnicamente excluyente de país de la que tengamos memoria en las últimas décadas, que sacada de quicio por el prorroguismo de Evo Morales, decidió adoptar durante tres semanas lo que las organizaciones sociales bolivianas conformadas por indígenas, campesinos y obreros utilizaron históricamente como métodos de protesta: bloqueos y movilizaciones callejeras, de manera que esa clase media urbana “apolítica” ampliara su radio de acción desde las redes sociales hacia los espacios públicos de los nueve departamentos de Bolivia para impugnar un fraude electoral hasta hoy no demostrado, reclamando en principio un desempate en segunda vuelta, pidiendo a continuación la anulación del acto eleccionario y finalmente presionando para que Evo Morales dimitiera a la presidencia del Estado.

No sería presidenta del Estado Plurinacional Adriana Salvatierra. Amedrentada por civiles, militares y policías e instruida por Evo Morales, tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Senado. ¿Rubén Medinaceli? No se sabe, no responde. Víctor Borda tampoco, si no renunciaba y osaba aparecer por la plaza Murillo, la vida de su hermano corría peligro: el asunto estaba en manos del Comité Cívico de Potosí encabezado por Marco Pumari. Ojo que ninguna de las dimisiones fue formalmente tratada y aceptada porque las cámaras se vieron imposibilitadas de instalar sesiones entre el 10 y el 12 de noviembre. Susana Rivero, en cambio, se negó a renunciar y quedaba como presidenta en ejercicio de la Cámara Baja. Estuvo en la Embajada de México desde el 10 de noviembre hasta la tarde del 13, día en que fue a la Cámara de Diputados, y asediada por uniformados en el hemiciclo recompuso la directiva que a partir de ese momento presidía Sergio Choque, y se marchó para dejar formalmente su diputación, recién el 6 de enero de 2020.

Neutralizada la línea sucesoria legalmente habilitada por los dos tercios con los que el MAS controlaba las dos cámaras, los ya conocidos y varias veces nombrados usurpadores de la institucionalidad democrática —Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, Doria Medina, Ortiz, la jerarquía eclesiástica, tres embajadores, dos exdefensores del Pueblo, Albarracín y Villena (+)—, consensuaron en la Universidad Católica de La Paz la promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial que un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas se encargó de materializar: la propia Áñez, Óscar Ortiz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Núñez se valieron de la figura constitucional con la que accedió a la presidencia Tuto Quiroga en 2001 —que sí se encontraba en la línea sucesoria en su condición de Vicepresidente— y de un comunicado institucional sin valor vinculante emitido por el Tribunal Constitucional sustentando la figura del ipso facto, basada en el antecedente de Quiroga reemplazando a Banzer.

Los senadores Yerko Núñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo, aliados de Áñez en su llegada al poder.

La posesión ilegal

Para desembocar en la ilegal posesión de Áñez en el viejo Palacio de Gobierno, sin haber sido elegida formalmente por nadie, se desencadenaron una serie de hechos que en exactamente tres semanas derivaron en la caída de Evo Morales, operados desde afuera por la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea y la Embajada de Brasil, y desde dentro del país a través de una concertación civil, policial, militar y eclesiástica que envalentonó a los civiles que con trastos domésticos y unas cuerdas improvisadas a las que Evo Morales bautizara despectivamente como “pititas”; supieron paralizar el tráfico vehicular alterando la cotidianidad con gran contundencia, endemoniados porque el mismo Morales habría osado instruir que no se abasteciera de alimentos a los centros urbanos del país. ¿Cómo? ¡Sacrilegio! ¿Los campesinos que cultivan la tierra, los que le dan de comer a señoras, señores, señoritas, señoritos, jailones y no jailones se atreverían a dejar de servir a los estupendos habitantes con pedigree familiar, con 4×4 a la puerta, y viajes a Camboriú o a Miami? Los trabajadores de la tierra nunca habían llegado a extremos de soportar amenazas de grueso calibre y en esta oportunidad tampoco sucedería. Los campesinos y los indios tuvieron siempre la obligación de procurar todo lo necesario para las zonas de confort.

De la protesta callejera, de los cabildos en el Cristo Redentor de la Monseñor Rivero en Santa Cruz de la Sierra repletos de plegarias y la Biblia en el atril de Luis Fernando Camacho, de los bloqueos con amarres y cuatro gatos por esquina bien distribuidos por todas las zonas de La Paz y el resto de las ciudades capitales, los “pititas” pasaron al frente, indignados y temerosos porque “la indiada” amenazaba con descolgarse de los cerros desde Pampahasi para saquear e incendiar casas. Efectivamente sucedió que las “hordas masistas”, así calificadas por Arturo Murillo, cometieron, por ejemplo, desmanes como el producido en el Chapare donde campesinos cocaleros quemaron el Victoria Resort —hotel propiedad de Murillo—, quien al día siguiente del atentado sufrido (11 de noviembre) informó que el edificio quedó reducido a cenizas y tuvo que esconder a sus familiares a fin de evitar consecuencias funestas. Cosa parecida sucedió con la casa del rector de la UMSA y miembro del Conade, Waldo Albarracín, y la presentadora de televisión Casimira Lema. ¿Eran efectivamente militantes del hasta ese momento partido de gobierno los que actuaron vandálicamente? ¿O se trataba de una confusa mezcla de actores provenientes del lumpen junto a sectores desesperados porque su presidente estaba siendo derrocado?

Los “pititas” tenían como guardaespaldas a policías y militares que cambiaron de dirección en sus tareas de sofocamiento de los desórdenes y la violencia, que decidieron vulnerar sus roles constitucionales que les impiden la deliberación pública y la no intervención en los asuntos políticos del Estado: le pidieron la renuncia a su Capitán General, el Presidente del Estado. Los “pititas” verdes, amarillos, azules y rojos fueron protegidos para arremeter, golpear, pintarrajearle todo el cuerpo y poner de rodillas a la alcaldesa de Vinto (Cochabamba) Patricia Arce. Lo hizo la Resistencia Juvenil Cochala que perpetró este acto de violencia cargado de simbolismo racista, pisoteando la wiphala para convertirla en un trapo mugroso.

Persecución política

Antes de que el 15 y 19 de noviembre se produjeran las tragedias de Senkata, El Pedregal y Sacaba, la Unión Juvenil Cruceñista, consecuente con su muy conocido accionar racista y discriminador, acorraló a ciudadanos y ciudadanas en Yapacaní y en Montero que terminaron encarcelados y torturados sin que a varios de ellos se les pudiera haber comprobado vinculación alguna con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Era, como se dice popularmente, “gente que pasaba por ahí”. El pasado viernes 18 de junio, este periodista tuvo la posibilidad de participar en una reunión producida en La Paz con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en las mencionadas localidades cruceñas, personas de muy limitada condición económica, hace más de un año desempleadas. En dicho encuentro se registraron 45 testimonios de hombres y mujeres, muy jóvenes todos ellos, que todavía no han sido sobreseídos por acusaciones nunca demostradas por el Ministerio Público. La crueldad y los comportamientos extorsivos de efectivos policiales les provocaron estancias infernales en los recintos penitenciarios en los que fueron recluidos. A fin de evitar la espectacularización de un evento como éste, dramático en su dimensión humana, de los que suele aprovecharse el amarillismo periodístico, no hubo convocatoria a los medios de comunicación. Las conclusiones de dicha mesa informativa dejaron clara la urgencia de una solución judicial para otorgar libertad irrestricta a estos ciudadanos criminalizados por militar en el partido azul o tener una relación con él, como si se tratara de un delito en sí mismo.  Sería bueno preguntarle a Jeanine Áñez y a los suyos, a Amparo Carvajal de DDHH, al Conade, a la Iglesia Católica, y a todos quienes facilitaron la presidencia transitoria ilegal, si esto es o no persecución política, si éstas son o no violaciones sistemáticas a los derechos ciudadanos.

La Bolivia “pitita”, en su legítimo afán de reclamar por su voto del 21F de 2016, desconocido por el Tribunal Constitucional el 28 de noviembre de 2017, fue desplegando una serie de movimientos que pasaron de la retórica agresiva a las acciones de hecho. Los “pititas” verdes fueron los ambientalistas de ocasión que armaron una campaña en redes sociales demonizando como antiecológico y depredador de la naturaleza al gobierno del MAS por los incendios en la Chiquitanía. Los “pititas” amarillos tecleaban desquiciados y producían memes en sus redes contra Venezuela, Cuba, el socialismo del siglo XXI, los cocaleros narcotraficantes y los populistas corruptos. Los “pititas” azules andaban desencantados porque habían votado —¡dos veces!— por Evo y habían quedado decepcionados por su obsesión de eternización en el poder. Y los “pititas” rojos eran los parapoliciales y paramilitares dispuestos a mancharse las manos de sangre si era necesario para hacer justicia contra esos “masistas de mierda”, idólatras de su líder.

Los “pititas” de cualquier color solo sabían a quién sacar del gobierno. No tenían idea de a quién se podía poner constitucionalmente. Su ceguera político-ciudadana se verificaba en vigilias organizadas al ingreso de la zona de La Rinconada donde se encuentra la Embajada de México, o al frente del edificio de apartamentos en el que habitaba el ministro de Gobierno Carlos Romero, o en las puertas de medios de comunicación como la televisión estatal, y en el trajinar diario en las calles en el que si aparecía alguna cara que no fuera de su agrado, se instalaba el acoso verbal y la amenaza. Podría contarlo la chofer del pseudoperiodista Entrambasaguas, alguna vez dedicada a la producción audiovisual. O también la persona que repartía vales de comida chatarra por tantas horas de sacrificio para los vigilantes con la misión de evitar las “fugas” de Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta o Wilma Alanoca de la residencia de la embajadora de México, María Teresa Mercado.

¿Transición democrática? ¿Gesta heroica contra la dictadura? ¿Reivindicación del Estado de Derecho? No. Instalación de un gobierno de derecha cívico policial militar, autoritario, persecutor, extorsivo, torturador y asesino. Esos fueron los resultados con que quedaron retribuidos los “pititas” por su unción cívica. Con un gobierno que malversó sus sueños y que los condujo a mascullar, 363 días después de las anuladas elecciones de 2019, otra aplastante derrota. Habían ganado el referéndum del 21 de febrero de 2016, habían tumbado a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y terminaron estruendosamente derrotados el 18 de octubre de 2020 ya sin la coartada de Evo queriendo ser presidente para siempre.

Bolivia vivió un año de patetismo entre 2019 y 2020. La clase media movilizada, ansiosa por ver al “indio” expulsado del gobierno, terminó convirtiéndose en la facilitadora de un ahondamiento de lo que podría llamarse la grieta boliviana. Los militares volvieron a ser nombrados “milicos golpistas” como sucedía en los años 70 y 80. Los policías ahora son estigmatizados como “motines” por haberse rebelado contra el gobierno constitucional. Y los “pititas”, vivieron un espejismo de esperanza con su “¿quién se wrinde? Nadie se wrinde”.  “¿Evo de nuevo?” Ya no, como consuelo, aunque su partido sea otra vez el que gobierna Bolivia a través de otro de esos triunfos electorales al que ya fue imposible tachar de fraudulento. Aunque volvieran a tocar las puertas de los cuarteles. Aunque pidieran al organismo electoral evitar la posesión de Luis Arce Catacora. El precio ha sido nuevamente muy alto en vidas humanas, con un gobierno autoritario especializado en destrozos, capturado por un puñado de vividores que luego de asaltar el poder, comenzaron a asaltar las arcas del Estado con desenfreno.

El 15 de agosto de 2020 Jeanine Áñez afirmó que pacificó al país dos veces. Que en ese momento se trataba de salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Que era necesario combatir la violencia del MAS que impedía el transporte de oxígeno por las carreteras. Vistos los acontecimientos en este primer semestre de 2021, no hay argumentos que puedan sostener esa pretendida pacificación. Se lo han desmentido, con el destape de tramas de corrupción y de represión política, los mismos que la animaron a asumir la presidencia a sabiendas de que a la larga tan temeraria decisión tendría consecuencias jurídico-constitucionales. Quedan unas cuantas “pititas” blancas esperanzadas con un cambio político por fuera de la opción del MAS. Áñez, su entorno y los negociadores de la transición trucha, les hicieron astillas las ilusiones.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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