El exvocal Idelfonso Mamani, quien dirigió las elecciones de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, habla con La Razón sobre el sobreseimiento para él y sus excolegas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el correspondiente cierre del caso Fraude por parte del Ministerio Público.
—¿Cuál es su opinión sobre el anuncio de la Fiscalía de este martes?
—Es una resolución que ha adoptado el Ministerio Público, mediante la que se refrenda la inexistencia de hechos delictivos. Nunca hemos aceptado (los vocales) los hechos que nos han atribuido. Más bien la elección de 2019 ha sido completamente transparente y la propia ciudadanía ha sido parte de las elecciones. No olviden que el día de la elección el jurado de las mesas es conformado por ciudadanos sorteados aleatoriamente del padrón electoral, y ellos son vecinos del recinto, entonces son la mayor garantía de transparencia en escrutinio y en cómputo.
A la finalización de su trabajo, el resultado de la elección está (cerca de las 19.00), y lo único que resta es la sumatoria que se hace en los TED (Tribunales Electorales Departamentales). Entonces, hasta ese momento todos habían expresado su conformidad y lo habían declarado públicamente, los observadores internacionales, nacionales, organizaciones políticas, todos. Entonces, después se produjo una declaración que dijo lo contrario, que habló de un fraude, situación que no tenía ningún respaldo, ni consistencia. Pero lamentablemente se dio lugar a que se hagan investigaciones y que permanezca un proceso sin base material alguna por bastante tiempo, más de año y medio. Hoy la Fiscalía hace, con objetividad, lo que corresponde.
—¿Piensa que hubo un objetivo para desacreditar el trabajo del TSE y los vocales en las elecciones de 2019?
—Se trata de un hecho que tocó a la democracia boliviana. No les ha importado a ellos (los denunciantes) quiénes estaban al interior del TSE, quienes estuvieran iba a pasar lo que ocurrió. Se desacreditó la labor del TSE, se interfirió en la democracia y la transparencia que se tuvo en las elecciones de 2019. Creemos que han sido factores ajenos inclusive a la decisión soberana de Bolivia.
—¿Esta decisión echa por tierra el informe y el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esas elecciones?
—El Ministerio Público optó por solicitar otro informe científico en la Universidad de Salamanca, que dice que las elecciones fueron transparentes y ningún dato fue manipulado, concretamente. Con relación al informe preliminar de la OEA, si refrescamos un poco lo que pasó, se basa o hace apreciaciones subjetivas, enteramente. Dice que supuestamente existe tal situación y podría generarse fraude, supuestamente, supuestamente, y todo es supuesto. Supone que podría haberse roto la cadena de custodia del material electoral, supone que se habría falsificado actas, y si se habrían falsificado actas no dice qué vocal fue, en qué número de mesa, qué acta manipuló o adulteró… no dice nada. Son subjetividades y ese informe carece de toda verdad porque además no lo firma ningún profesional acreditado, y se supone que fue elaborado por la comisión que vino a Bolivia. Entonces ese informe no condice con la verdad y falta a la honestidad. Más aún, el informe final de la OEA refrenda ese informe preliminar y hace apreciaciones desconocidas en el contexto del proceso electoral boliviano. Y hasta sorprende. Entonces es difícil discutir las mentiras que están en esos informes. Son hechos extraídos de otro contexto, es complicado.
—El informe de la Universidad de Salamanca habla de negligencia…
—En realidad la negligencia fue por parte de la empresa encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Lo que se dijo anteriormente, utilizó un servidor más de emergencia para el TREP, no supo ser ágil con la información y esa es la negligencia, pero no significa que en ese servidor se haya manipulado o alterado datos, en absoluto, esta información del TREP ha sido manejada con bastante responsabilidad. Y el mismo 28 de octubre de 2019, la empresa Neotec, responsable del TREP, hizo una explicación del incidente, y al final dijo que no hubo ninguna afectación ni peligro para la base de datos, tampoco de la información en los servidores, entonces ha sido totalmente transparente en esa parte la empresa. Y la compañía auditora, Ethical Hacking corrobora, que el incidente con el servidor fue analizado y auditado inmediatamente, y dijo que la información ha sido manejada en su integridad, garantizando la integridad de todos los datos y la seguridad correspondiente. Entonces, nunca ha estado en duda la transparencia e integridad de los datos desde el TSE. Desde la empresa que administró el TREP y la firma auditora, más bien han garantizado con rigurosidad el manejo de la votación popular.
—Este sobreseimiento, ¿abre las puertas para que ustedes, como exvocales acusados, abran un proceso?
—En un Estado democrático garantista no se puede permitir que hayan vulneraciones de derechos y supresión de garantías constitucionales que han llegado a marcos fuera del límite, inconcebibles, cuando se ha perseguido a personas encargadas de las elecciones sin que haya un elemento material, objetivo que pueda dar lugar a que se abra una investigación. Todos los delitos que se nos atribuyeron han sido denuncias falsas, temerarias, porque no han adjuntado ningún elemento de prueba, más que el informe sin firmar que publicó la OEA un 10 de noviembre de 2019. Los procesos iniciados vulneraron los derechos humanos y garantías constitucionales, y un país en Estado de derecho debe reparar esos derechos vulnerados.
Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes que hicieron que se abra este proceso, sin tener ningún elemento material, sean sancionados. Buscaremos por lo menos justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas que han sido indebidamente perseguidas.