El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este miércoles que la pericia internacional realizada a las elecciones anuladas de 2019 tuvo un costo aproximado de $us 30.000.
“El precio cancelado es de 216.000 bolivianos y fracción, lo que más o menos, convertido en dólares, son aproximadamente 30.000 dólares que se han pagado”, dijo Quispe en conferencia de prensa.
El Ministerio Público —en el marco del caso Fraude Electoral, que investigó las presuntas irregularidades en los comicios del 20 de octubre de 2019— realizó el proceso de contratación de una consultora internacional con el objetivo de que realice una “pericia en el área de seguridad informática y administración de redes” para el análisis de integridad electoral de las mencionadas elecciones.
Es así que el 15 de abril de 2021 —según información de la Fiscalía General— entre varios proponentes se designó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), para realizar la pericia requerida “al verificar que cuentan con la suficiente capacidad técnica, científica y la idoneidad necesaria”.
El trabajo pericial, después de tres meses, concluyó con la emisión de un informe de análisis de integridad electoral, que tiene una extensión de más de 230 páginas y cuyas principales conclusiones fueron dadas a conocer ayer por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En ese sentido, Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.
Sin embargo, este informe generó una serie de cuestionamientos de parte de los actores políticos de la oposición porque consideran que es una “burla” e incluso creen que fue elaborado a medida del expresidente Evo Morales para lavar su imagen tomando en cuenta que él fue apuntado en su momento como uno de los supuestos impulsores del presunto fraude electoral.
Quispe, ante los cuestionamientos, respondió que el Ministerio Público no mezcla lo político con el trabajo técnico y defendió el informe del Grupo de Investigación.
“Hemos lanzado una convocatoria pública para que empresas consultoras se presenten y el grupo de investigación cumplió con todos los requisitos técnicos”, remarcó.