La Asamblea de la Cruceñidad fustigó al Gobierno y decidió recurrir a instancias nacionales e internacionales para evitar el cierre del caso “fraude electoral”, rearticular el movimiento cívico, sumarse y coordinar la marcha nacional del jueves y apoyar el bloqueo en San José de Chiquitos.
Estuvieron en la cita el representante del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, la exdirigenta de esposas de policías Guadalupe Cárdenas, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y el dirigente cívico de La Paz Antonio Alarcón.
El presidente cívico Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho estuvieron al frente de la máxima instancia de decisión cruceña que tenía en agenda la defensa de la tierra y el pedido fiscal de cerrar la investigación de la denuncia de fraude electoral. En diferentes intervenciones se pidió empezar una movilización para pedir la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.
La propuesta contra Lanchipa no fue aprobada. Una de las medidas fue encomendar a Calvo iniciar las gestiones legales necesarias para evitar el cierre del caso fraude electoral en el ámbito nacional e internacional hasta lograr sanciones contra los responsables. Se sugirió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Fiscalía propuso el archivo de obras en el proceso abierto contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), apoyado en un trabajo pericial de un equipo de la Universidad de Salamanca que estableció que no hubo manipulación en el conteo oficial de los votos en las elecciones de 2019, anuladas por denuncias de la Organización de Estados Americanos (OEA) de irregularidades.
“Iniciar un trabajo de rearticulación del Movimiento Cívico Nacional como instrumento de lucha en defensa de la democracia, la justicia y la verdad. En ese sentido, apoyar y respaldar todas las movilizaciones democráticas, cívicas y ciudadanas en todo el territorio nacional”, establece una de las determinaciones.
En 2019, fueron los sectores cívicos los que protagonizaron una protesta, principalmente en Santa Cruz, que acabó con la renuncia de Evo Morales, acorralado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
En cuanto a la problemática tierra, decidieron apoyar el bloqueo del lunes y martes próximo en San José de Chiquitos e ir progresivamente a un bloqueo en caso de que la representación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no acuda a los llamados de la Comisión Agraria Departamental para definir acciones contra avasallamientos.
Antes y durante el acto por el Día de la Revolución Agraria, Productiva, Comunitaria en San Julián, Santa Cruz, el presidente Luis Arce advirtió que la Constitución deja en claro que “ninguna gobernación ni alcaldía” tiene competencia en materia de tierras y que se defenderá ese precepto constitucional.
Durante la reunión, los diferentes oradores defendieron el principio cívico de que la tierra en Santa Cruz debe ser para los cruceños. Decidieron articular el movimiento cívico para encarar movilizaciones.
Camacho aseguró en su intervención en la cita cívica que defenderán la tierra.
Los cívicos participarán el jueves de una marcha en Santa Cruz y convocaron al Conade a coordinar para ese día una movilización nacional en defensa de la democracia y en contra del cierre del caso fraude electoral.
En la reunión estuvieron como oradores Morales, Carvajal y Cárdenas, quien dijo que en la Policía hay malestar y están en emergencia por la ley del generalato que incorpora dentro del Mando Policial al Ministro de Gobierno. Entre las decisiones también está apoyar a los médicos en su rechazo a la ley de Emergencia Sanitaria.