Nacional

domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 11:27

Subrayado del TCP en 2019: La sucesión ‘ipso facto’ corresponde al Vicepresidente

“Cualquier entendimiento distinto (sucesión del Vicepresidente) podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, subrayó en 2019 el TCP.

Áñez, con la banda y medalla presidencial en noviembre de 2019.

/ 3 de agosto de 2021 / 18:14

El comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el que Jeanine Áñez sustentó su proclamación en 2019 tenía un subrayado en texto negro a manera de límites para la sucesión tras la renuncia de Evo Morales: corresponde la asunción “ipso facto” al Vicepresidente de la República y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión”.

Este martes, La Razón conoció de la ampliación escrita de las explicaciones del TCP a la comisión de fiscales que investiga el caso Golpe de Estado, cuya principal acusada es Áñez, actualmente bajo detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz.

Ese 12 de noviembre, dos días después de la dimisión de Morales, el comunicado era el documento clave para la proclamación de Áñez. Lo esperaba el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez y lo había cabildeado el exsenador Luis Vásquez, entonces asesor del expresidente Jorge Quiroga.

“(…) frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señalaba el comunicado del TCP.

Dicho documento se refería a “la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, que interpretó los artículos 91; y, 93.I y III de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), referidos a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el art. 169.I de la CPE vigente”.

En 2001, el entonces presidente Hugo Banzer Suárez padecía un cáncer terminal. Aquejado por la enfermedad, renunció a sus funciones y dejó en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga, la sucesión constitucional.

Quiroga, entonces presidente en ejercicio, había interpuesto entonces ante el TCP una “consulta sobre la interpretación constitucional” con el fin de blindar su mandato, registrado como expediente 2001-02996-06-CCL

Con el magistrado Wilman Durán como relator, el TCP entonces había homologado la sucesión de Quiroga.

“(…) dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señala el parágrafo I del considerando III.

En 2019, el vicepresidente era Álvaro García, que había renunciado a la par de Morales en Chimoré, a las 16.52 de ese domingo 10 de noviembre. Según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, luego de la renuncia del Presidente del Estado están en línea de sucesión constitucional el Vicepresidente, el titular de la Cámara de Senadores y, finalmente, el de Diputados.

Antes de Morales, a las 13.30, había renunciado el presidente de Diputados, Víctor Borda, y luego de la dimisión presidencial, también la titular de Senadores, Adriana Salvatierra.

Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestiona que en la proclamación de Áñez fueron violentados los reglamentos legislativos respecto de la renovación de las directivas camarales a raíz de sendas renuncias, su oposición reivindica la tesis del “vacío de poder” que supuestamente ocasionó el oficialismo de entonces; justifica con ese problema la proclamación inmediata (La Razón contó 11 minutos y 20 segundos entre la frustrada instalación de sesiones en Senadores y la Asamblea Legislativa hasta la asunción de Áñez) de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

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El ‘daño’ al Estado en los procesos contra Reyes Villa asciende a Bs 128,4 millones

Las denuncias que se ventilan en la Justicia no solamente tienen que ver con proyectos u obras de la gestión de Reyes Villa cuando fue prefecto entre 2006 y 2008, sino con legitimación de ganancias ilícitas y la “venta inexistente” de sus bienes para evitar embargos.

/ 26 de septiembre de 2021 / 10:18

Manfred Reyes Villa está contra las cuerdas. Una sentencia ejecutoriada ha puesto en riesgo su libertad. En el camino, tiene otros 14 procesos en los que están en juego Bs 128,4 millones, y cuatro ya tienen condenas de entre cinco y tres años de cárcel.

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación de Cochabamba envió a La Razón un recuento de los casos (ver el cuadro). Su directora, Patricia Sánchez, indica que la mayoría espera la resolución de jueces o del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Mientras eso no ocurra, no podemos avanzar”.

Las denuncias que se ventilan en la Justicia no solamente tienen que ver con proyectos u obras de la gestión de Reyes Villa cuando fue prefecto entre 2006 y 2008 —fue removido después de un referéndum revocatorio—, sino con legitimación de ganancias ilícitas e incluso la “venta inexistente” de sus bienes para evitar embargos.

‘El Sillar alternativo’

El caso que ahora le quita el sueño al Alcalde cochabambino es “El Sillar Alternativo”, en el cual tiene una sentencia de cinco años de cárcel y la orden de ser trasladado al penal de San Sebastián. Un amparo constitucional ha frenado el mandamiento en su contra, al menos hasta la audiencia del 7 de octubre en Sucre.

De los 15 procesos, “El Sillar Alternativo” es el único con un fallo definitivo, otros cuatro tienen sentencias condenatorias que fueron apeladas por el exprefecto. Aparte, seis esperan definiciones judiciales para seguir o no su curso. Eso sí, Reyes Villa tiene tres absoluciones y un sobreseimiento, fallos que fueron apelados por la Gobernación.

No hay que olvidar que este militar en retiro (tiene grado de capitán), empresario y excandidato presidencial se fue a Estados Unidos tras su revocatoria, cuando se sintió asfixiado por los juicios con aroma de corrupción. Volvió en enero de 2020, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, una década después de su partida.

Lanzó su candidatura a la Alcaldía de Cochabamba. Y llegó con polémica a las subnacionales de marzo de este año. Fue inhabilitado por un proceso coactivo fiscal que también tiene sentencia ejecutoriada, que lo conmina a pagar un daño económico de Bs 2,3 millones por la compra (sin entrega) de coches de lujo para la prefectura.

Pero la decisión electoral fue anulada, ya que se informó que Reyes Villa había honrado la deuda con el Estado; en realidad solo pagó la mitad. El caso “Vehículos” es uno de los 15 que impulsa la Gobernación y Sánchez revela que el Alcalde solo cumplió con una cuota del plan que solicitó para cancelar la otra parte de los Bs 2,3 millones.

En junio dejó de cumplir con esa obligación ante el juez. “Pedimos que se le revoque ese plan de pagos, lo que quedó ejecutoriado”, señala Sánchez. Aunque Reyes Villa sacó otro as de la manga. Logró una medida precautoria para que el cobro quede en suspenso. Ahora, levantar o no la determinación se encuentra en manos del TCP.

Otros 68 sentenciados o acusados

De los 15 procesos, solo uno (“Vehículos”) no sigue la vía penal. Aparte del jefe de la desaparecida Nueva Fuerza Republicana (NFR), otras 68 personas tienen calidad de sentenciadas y acusadas. Los tres delitos más recurrentes son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. (Ver cuadro)

Eso sí, lo que se encuentra en juego en 11 de las 15 denuncias es una millonada: Bs 128.419.798, ya que las otras cuatro no tienen que ver con daño económico, o no se lo puede determinar. El caso con más recursos “malversados” en la gestión prefectural de El Bombón es el “Camino Vinto-Sacambaya”, con Bs 70,7 millones.

Según la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos, esta demanda se remonta a 2009 y apunta a Reyes Villa por la modificación de un proyecto caminero sin haberse realizado un estudio de diseño final. De esta forma, un camino vecinal de 117 kilómetros fue convertido a una ruta interdepartamental de 31 kilómetros.

Surge la pregunta: ¿Podrá recuperar el Estado este dinero? Sánchez remarca que con ese fin, todos los bienes a nombre del Alcalde se encuentran hipotecados. “Pero no cubren en absoluto la deuda”. Y queda esperar que los procesos tengan sentencia definitiva para ejecutar los bienes y resarcir el daño.

“Hay retardación y esperamos que se aplique la justicia en todos los casos, y aclaro que ninguno es amañado ni inventado, como dice la oposición”, expresa Sánchez. Mientras Reyes Villa insiste en que es víctima de una persecución política y judicial. Por el momento, está arraigado y a la espera de lo que se determine el 7 de octubre.

Abogado de Reyes Villa: Solo pedimos el mismo trato que con Evo Morales y Mario Cossío

Manfred Reyes Villa, cuando retornó al país en enero de 2020, tras 10 años de su partida.

Ronald Pinto, abogado de Manfred Reyes Villa, atendió al requerimiento de La Razón. Señala que el único caso que provoca “dificultad” al Alcalde es “El Sillar Alternativo” y remarca que se pide el mismo tratamiento que tuvo la Justicia con Evo Morales y Mario Cossío, a quienes se les anuló procesos porque fueron tramitados en su ausencia, sin haberles notificado en su domicilio en el extranjero.

—¿Cómo evalúa los 15 procesos en curso contra su cliente?

—El único que ha avanzado es “El Sillar Alternativo”, que tiene sentencia condenatoria con auto supremo, pero uno que deniega el recurso de casación y no ha resuelto el tema de fondo, sobre las denuncias de vulneración de derechos, y tampoco estableció si Reyes Villa es responsable o no por la acusación que se le hace. Ese es el único tema que nos está causando dificultad. Los otros procesos estarían, diríamos, con relativa tranquilidad, tramitándose como debería ser.

—El Alcalde habla de una persecución política y judicial…

—Pongo dos ejemplos. El señor Evo Morales fue objeto de un proceso penal en el gobierno de Jeanine Áñez, se lo vinculó con un audio y en ese momento estaba en Argentina. Salió la imputación y el mandamiento de aprehensión. Y su abogado acudió a la Justicia y solicitó la nulidad porque nunca se le notificó a Morales, más bien se lo declaró rebelde, cuando deberían haberle notificado en Buenos Aires. Y un juez anuló el proceso. Aparte, el exprefecto de Tarija Mario Cossío tenía procesos y dijo lo mismo, nunca lo notificaron y lo declararon rebelde, sabiendo que estaba en Paraguay; pidió a los jueces de Tarija que anulen sus procesos, y le dieron la razón.

El señor Reyes Villa llegó a Cochabamba y dijo exactamente lo mismo, que lo declararon rebelde, que realizaron procesos en su ausencia y sabían que tenía su domicilio en Estados Unidos, pero nunca le notificaron. Y en este recurso de casación (de “El Sillar Alternativo”) ha denunciado eso. Pero le dicen que no van a responder su denuncia porque no cumplió un requisito en la presentación del recurso. Han buscado un pretexto para no responderle, porque en el fondo deberían responderle igual que a los señores Morales y Cossío.

Eso nos llama la atención, ese trato diferenciado de la aplicación de la Constitución, la ley y los procedimientos. Lo que estamos reclamando es que ese recurso de casación se admita, se tramite y resuelva, y nos respondan si nos van a dar el mismo tratamiento que con Morales y Cossío.

—¿Solo en éste u otros casos?

—En los otros igual, porque todos los procesos se han tramitado igual. Por ello, el señor Reyes Villa se ha visto forzado a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue admitida. Se puede abrir un juicio contra el Estado. Imagínese que la CIDH termine diciendo de que se han vulnerado los derechos en estos procesos y van a tener que anularlos. Pero también el Estado va a tener que reparar todos los daños y perjuicios a Reyes Villa y seguro el Gobierno va a tener que repetir contra las autoridades judiciales que están fallando de esta manera. Ojalá puedan asumir con seriedad este tema y permitir que el Poder Judicial falle sin presiones.

—¿Están embargados los bienes de Reyes Villa?

—Podría decir que sí. He visto resoluciones de que los bienes están con anotaciones preventivas.

—En el caso “Vehículos”, Reyes Villa no pagó aún la deuda con el Estado de Bs 2,3 millones…

—Evidentemente, es un juicio coactivo, se interpuso una acción constitucional y está paralizado.

—¿Está garantizada la estadía de Reyes Villa en el país? Hace 10 años se fue a Estados Unidos ante los procesos en su contra.

—Son especulaciones. Está en Cochabamba, va a seguir acá. No hay motivo para eludir y salir del país. Él va a seguir asumiendo sus funciones como Alcalde.

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Fracasa el diálogo y cocaleros amenazan con radicalizar medidas de presión

Los cocaleros abandonaron el encuentro con el Vicepresidente, aclarando que continúan sin admitir el liderazgo de Alanes, reconocido por el Ministerio de Gobierno y a quien le fue entregada la tuición sobre el mercado de Adepcoca en Villa Fátima.

El enfrentamiento entre cocaleros y policías. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2021 / 09:09

El diálogo instalado el sábado por el vicepresidente David Choquehuanca con sectores de los cocaleros fracasó esta madrugada. Uno de los bloques asistentes amenazó con radicalizar las medidas de presión en la ciudad de La Paz y los Yungas.

En instalaciones de la Vicepresidencia se instaló la negociación, a las 17.45. Asistieron representantes de un autodenominado “comité de autodefensa” (que no apoyaría a ninguno de los bandos enfrentados) y del dirigente Fernando Calle.

Calle se declara presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, por aclamación. No asistió Arnold Alanes, quien fue elegido en unos polémicos comicios. Y tampoco el sector del dirigente Armin Lluta.

Pasada la medianoche, los cocaleros abandonaron el encuentro, aclarando que continúan sin admitir el liderazgo de Alanes, reconocido por el Ministerio de Gobierno y a quien le fue entregada la tuición sobre el mercado de Adepcoca en Villa Fátima.

El dirigente Wílder Vargas, del “comité de autodefensa”, indicó que no atendieron su pliego: el retorno a la sede cocalera en Villa Fátima y el rechazo a la posesión de Alanes, quien es acusado de pertenecer a la zona de coca excedentaria en los Yungas.

“Los Yungas están más unidos que nunca”, dijo Vargas, quien amenazó con radicalizar las medidas de presión. Esta semana el conflicto se desbordó por la presión del grupo de Lluta, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía, quema de vehículos, heridos y detenidos.

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El Gobierno activará procesos por discriminación contra los agresores de un dirigente originario en Santa Cruz

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó los incidentes ocurridos el viernes en el acto oficial por el aniversario cruceño. Dijo que no puede ser agredida una persona por el color de piel

/ 25 de septiembre de 2021 / 16:52

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este sábado que se activarán procesos por racismo y discriminación contra quienes sacaron el viernes a empujones y a chicotazos a un dirigente de la Conamaq de los actos protocolares realizados en la plaza principal por el aniversario de Santa Cruz.

No poder suceder que “Por llevar un poncho, por tener un color de piel diferente, hablar otra lengua o levantar un  símbolo patrio ancestral como la wiphala, una persona sea agredida, humillada y sacada a patadas o a chicotazos como en la época de la colonia”, cuestionó en una conferencia de prensa.

El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Iver Valenzuela, fue sacado a empujones y a chicotazos el viernes de la plaza 24 de Septiembre, por un grupo de personas que cuestionaron la presencia en los actos del presidente en ejercicio David Choquehuanca y la iza de la wiphala.

Valenzuela vestía un poncho y un sombrero típico de las personas del área rural del altiplano. Como Adalid F. M. fue identificado una de las personas que agredió físicamente Valenzuela.

“Hemos anunciado, se tomarán las acciones desde instancias correspondientes, como el ministerio de Descolonización, ministerio de Culturas, que tienen la función de luchar contra toda forma de discriminación es un mandato que haremos cumplir por el bienestar no solo de nosotros sino de las futuras generaciones”, anunció Prada.

El gobernador Luis Fernando Camacho terminó abruptamente el acto protocolar e impidió que Choquehuanca hiciera uso de la palabra, como es  parte del protocolo. Ya antes se había registrado incidentes por la iza de la wiphala, que fue retirada por un grupo de personas aduciendo que no los representa y en medio de agresiones.

El viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se iniciarán acciones penales en contra de los autores de la “afrenta” a la wiphala en Santa Cruz e identificó al dirigente cívico Rómulo Calvo como una de las personas que incurrió en actos racistas y de discriminación.

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Gobierno ratifica convocatoria al diálogo; un sector de los cocaleros dice que no fue invitado

Desde Cofecay se afirmó que su sector no recibió ninguna invitación al diálogo. Además, que este conflicto solo es de interés de los cocaleros, por lo que rechazó cualquier intromisión del Gobierno.

Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de septiembre de 2021 / 15:33

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, ratificó la convocatoria al diálogo a los cocaleros de La Paz para buscar una solución al conflicto por el control de la presidencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

“Está abierta esa posibilidad de que ellos puedan constituirse a este diálogo que se ha convocado y se pueda buscar las soluciones a todos los problemas que, lamentablemente, está acarreando este enfrentamiento entre productores (cocaleros)”, indicó la autoridad a la Red Uno.

Desde la madruga del lunes, un grupo de al menos 40 personas tomó las instalaciones de Adepcoca. El conflicto es entre los seguidores de Armin Lluta y Arnold Alanes.

Ayer, la violencia se profundizó con la quema de cinco patrullas y las instalaciones del módulo policial de Minasa, en la zona de Villa Fátima, en La Paz, cuyos daños ascienden parcialmente a $us 40.000.

 Para solucionar el conflicto, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, convocó para las 16.00 de este sábado a los dirigentes de los sectores en conflicto a un diálogo en la Vicepresidencia del Estado.

Silva no descartó que el encuentro sea presidido por el Choquehuanca. “Posiblemente, dependiendo de la agenda y del horario que ellos definan, el presidente (Choquehuanca) tiene toda la voluntad de poder solucionar, a través del diálogo, cualquier problema que se suscite en el país”.

Al respecto, el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas Cocaleras de los Yungas (Cofecay), Carlos Choque, afirmó que su sector no recibió ninguna invitación al diálogo. Además, que este conflicto solo es de interés de los cocaleros por lo que rechazó cualquier intromisión del Gobierno.

“A nosotros, los Yungas de las tres provincias de La Paz, no nos ha llegado nada escrito, aquí, en sí, no hay nada serio en lo que está indicando el Gobierno. El Gobierno no tiene que meterse, es una asociación departamental muy privada de cada uno de los hermanos yungueños, nosotros solo queremos retornar a nuestra casa, miren como estamos aquí, todos los Yungas de La Paz solo queremos entrar a nuestra casa departamental”, expresó el dirigente cocalero.

Añadió que los cocaleros de los Yungas de La Paz se encuentran en estado de emergencia por los hechos suscitados y responsabilizó al sector de Alanes por los incidentes registrados en el módulo policial.

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Padre del gobernador Camacho es notificado en el aeropuerto para que declare en caso Golpe

José Luis Camacho Parada fue retenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar a Estado Unidos. Se lo notificó con la citación.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos.. Foto: Gobernación Santa Cruz

/ 25 de septiembre de 2021 / 15:17

José Luis Camacho Parada, padre del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, fue retenido en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz cuando intentaba viajar a Estados Unidos, porque tenía una alerta migratoria. Fue puesto en libertad tras ser notificado para que declare en La Paz por el caso Golpe de Estado.

Permaneció retenido hasta que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el fiscal Edwin Jamachi lo notificaran con la citación para declarar el 5 de octubre en La Paz por el caso golpe de Estado, donde Camacho es uno de los principales acusados.

Camacho denunció el hecho en su cuenta en Twitter. “Nuevamente se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, él debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud. Está en VVI y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha”.

Perdió el vuelo y solo abordaron la aeronave con destino a Estados Unidos su esposa y uno de sus hijos.

Camacho reveló en 2019, en un video que circula en redes sociales, que su padre cerró acuerdos con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no salgan en defensa del expresidente Evo Morales, como ocurrió.

La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia para que establezca responsabilidades sobre los hechos que llevaron en 2019 a la renuncia del expresidente Evo Morales. La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y jefes de la cúpula militar de 2019 están en la cárcel por este proceso.

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