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martes 25 ene 2022 | Actualizado a 01:36

La Fiscalía considera que el informe de 2019 de la OEA es un ‘indicio’ y no es vinculante

“Durante el desarrollo del proceso penal no se recibió aportes de carácter probatorio por parte de actores que hoy observan este trabajo”, dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

/ 10 de agosto de 2021 / 14:29

En respuesta al comunicado de la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA, que ratificó que en las elecciones de 2019 hubo “irregularidades”, la Fiscalía General del Estado consideró que ese informe es un indicio y no es vinculante.

“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante”, afirmó este martes en conferencia de prensa el secretario  general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

El lunes, la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó el informe del organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia —anuladas posteriormente— que denunció irregularidades “dolosas” en el proceso.

En respuesta a las pericias de la Universidad de Salamanca (España) que halló “negligencias” y no “modificación” de datos sobre el recuento rápido y el cómputo final, la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA confirmó “los graves hallazgos en materia informática”.

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Al respecto, Quispe dijo que el Ministerio Público “no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que no llevan ni siquiera la firma o rúbrica de sus autores anónimos”.

Cuestionó que el informe de la OEA sea solo producto de pactos y acuerdos políticos, a diferencia de las investigaciones del Ministerio Público que, en su criterio, abordaron “la parte técnico-jurídica”. Antes de las elecciones de 2019, el entonces canciller Diego Pary firmó un acuerdo con la OEA para el desarrolló de una auditoría a los resultados de las elecciones cuyo carácter señalaba que era vinculante.

Sin embargo, aclaró que “sería incongruente por parte del Ministerio Público pronunciarse sobre documentos que se limitan a decir muchas cosas que pueden o no pueden ser ciertas, sin evidencias contrastables y, peor aún, que no tengan base técnico-científica”.

El funcionario defendió la pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, de la que dijo que es parte de “una investigación penal, integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia son incuestionables”.

La pericia “fue realizada con honestidad y libre de presiones, conforme ellos mismos han reconocido”, insistió.

Al contrario, Quispe afirmó que quienes denunciaron fraude en las elecciones generales de 2019 nunca presentaron pruebas. “Durante el desarrollo del proceso penal no se recibió aportes de carácter probatorio por parte de actores que hoy observan este trabajo”.

La madrugada del 10 de noviembre de 2019, la OEA adelantó un informe preliminar sobre su evaluación de los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Consideró que hubo graves irregularidades en el sistema informático que no le permiten validar las elecciones.

Dicho documento precipitó la renuncia del entonces presidente y candidato Evo Morales, para que se encontraba acorralado por protestas contra su gobierno y las elecciones, además de un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada ese día en conferencia de prensa por las Fuerzas Armadas.

Con el informe de la Universidad de Salamanca, la Fiscalía General del Estado cerró el caso, decisión que generó duros cuestionamientos y amenazas de movilización por parte de fuerzas políticas y cívicas contrarias al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Vamos a ser claros: el Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema; por tanto, no vamos a entrar al debate de este tema con nadie”, remató Quispe.

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Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Tras 14 días, Cox vuelve a la función pública como Director Jurídico del Ministerio de Culturas

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con Arturo Murillo

Nelson Cox

/ 24 de enero de 2022 / 21:55

Nelson Cox fue destituido el 10 de enero del Viceministerio de Régimen Interior y 14 días después volvió a la función pública, esta vez como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

“Desde hoy he empezado en Culturas como Director de Asuntos Jurídicos (…) La hermana (la ministra) Sabina Orellana gentilmente me ha invitado a trabajar con ella como su Director Jurídico”, explicó Cox a La Razón.

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.

Cox aseguró en ese entonces que no renunció e insistió en que fue destituido.

Fue exdelegado defensorial en Cochabamba, exviceministro de Justicia y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MAS.

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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Justicia envía al exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila a la cárcel de San Pedro por seis meses

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue detenido en Villazón, cuando pretendía fugar hacia Argentina

Presentación del exdirector de la FELCN a la prensa en La Paz, la noche del domingo.

/ 24 de enero de 2022 / 18:45

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas.

Fue aprehendido la noche del sábado en Villazón, Potosí, cuando pretendía pasar a Argentina, en un intento de fuga. Se lo trasladó por vía terrestre a La Paz y desde el domingo permaneció en celdas policiales, luego de haber sido presentado a los medios enmanillado.
Como solicitó la Fiscalía, Dávila fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) lo investigaba por delitos vinculados al narcotráfico y como parte de una red delictiva que envió droga a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el domingo que se requirió información a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia sobre la investigación al exjefe de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente”, sostuvo.

También fueron realizados cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con Dávila en Santa Cruz y Cochabamba.

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