Con un video en la red social TikTok, el presidente Luis Arce compartió este jueves su último día de clases de este año como docente de la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz.

“Así concluimos un año más de nuestra labor como docente universitario”, dice el video y muestra la rutina del Presidente en su última jornada del año dictando clases.

Arce llega al monoblock de la UMSA, sube a un ascensor con varios estudiantes y ahí uno de ellos le pregunta sobre las clases y Arce le responde: “Ahora vamos a definir la fecha del examen final”.

Antes de entrar al aula, registra su ingreso digital e ingresa al aula. “Jóvenes, muy buenas. ¿Todo bien? ¿En qué hemos quedado, jóvenes?”, pregunta.

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Y comienza a dictar su clase, explica su tema en el pizarrón ante la atenta mirada de más de una docena de alumnos.

El Presidente dicta la materia de Economía Monetaria II.

Al concluir, agarra su maletín y sale del aula. En los pasillos, varios estudiantes aprovechan para tomarse fotografías y bajan con él hasta la planta baja. En el garaje lo espera un vehículo.

“Feliz vacación, queridos estudiantes”, concluye el video mientras el Presidente se aleja a bordo de la vagoneta.

Luis Arce es licenciado en Economía, título otorgado por la UMSA. Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas (MSc in Economics) de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Según datos de la Vicepresidencia del Estado, Arce tiene una vasta experiencia como catedrático de pre y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la UMSA, el Post Grado en Ciencias del Desarrollo (Cides)-UMSA, la Universidad Católica Boliviana (UCB), Universidad del Valle, Universidad Franz Tamayo, Universidad Loyola y otras.

Durante la presentación de su informe final de gestión 2024, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, defendió este jueves la prórroga de magistrados de ese órgano y explicó que se evitó un “daño incalculable” a la población litigante del país.

Agregó que el retraso en las elecciones judiciales se debió a la desatención de la Asamblea Legislativa por no cumplir con el proceso de preselección de candidatos a las altas instancias judiciales del Órgano Judicial.

“En un hipotético cese de funciones, se hubiera generado la paralización de este tribunal y con ello una afectación directa a la población, que acude a los estrados judiciales”, afirmó el magistrado orureño.

“Se hubiese afectado a los tribunales departamentales y judiciales del país. Sin servidores judiciales, con la incertidumbre que había los primeros días de enero de este año, (…) no se hubiera podido resolver recursos de casación, solicitudes de detención preventiva, procesos de extradición, revisión de sentencias, entre otros”, dijo la autoridad en un acto público.

Tribunal Supremo de Justicia

Advirtió que se habría ocasionado un “daño incalculable”.

A juicio de Jaimes, los magistrados de sala plena preservaron el derecho de las personas a una justicia pronta y oportuna.

“Pese a una campaña contraria a la realización de las elecciones judiciales, cumplimos entonces con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial, cumplimos con las leyes, siendo que las dificultades que se provocaron por las elecciones judiciales que están en curso, fueron efecto de una labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa”, complementó.

Según Jaimes, hubo compromiso con la justicia de parte de sus colegas, pese a los “embates políticos y mediáticos”.

El 15 de diciembre, 19 de 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura serán elegidos por la población en elecciones judiciales parciales.

La población podrá elegir cinco magistrados del Tribunal Ambiental; siete del Supremo de Justicia; cuatro del Constitucional y tres del Consejo de la Magistratura.

El empresario boliviano Marcelo Claure hizo un comentario sobre la investigación por trata de personas que pesa sobre el expresidente boliviano Evo Morales en Argentina.

“La vida me ha enseñado que todo lo que uno hace en esta vida eventualmente lo paga. A veces, tarda en llegar, pero la justicia llega. Se llama karma”, publicó el además presidente del Club Bolívar, de La Paz, en su cuenta de X.

Acompañó su publicación con el tuit de Erick Foronda, exasesor de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), que señala: “Hoy la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, explicó que el proceso contra Evo Morales sobre abuso sexual a menores, ya se encuentra en plena etapa de investigación y seguirá avanzando. Él que la hace, la paga”.

La fotografía de Foronda, acompañado de la ministra argentina, fue tomada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), inaugurada el miércoles en Buenos Aires.

Durante su discurso en el acto, Bullrich no emitió un mensaje específico sobre Morales, sin embargo, lanzó el lema que maneja el gobierno argentino para su acción contra los delincuentes.

“Nosotros somos un gobierno con una consigna muy clara. En la Argentina, hoy, el que las hace, las paga”, dijo la autoridad argentina en la inauguración.

Precisamente, ese mismo eslogan usó Bullrich al anunciar las investigaciones contra Morales. “Morales denunciado. El delito en suelo argentino se paga”, escribió el 2 de noviembre.

Considerado el foro conservador más importante del mundo, la CPAC congrega a líderes políticos, empresarios y académicos reunidos en el Hotel Hilton, ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Argentina.

En dicho encuentro, también participó el anunciado candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones de Branko Marinkovic.

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Claure

El caso al que aludió Foronda y lo secundóa Claure fue abierto por presuntas relaciones de Morales con adolescentes mientras estuvo asilado en Buenos Aires entre el 11 de diciembre de 2020 y el 9 de noviembre de 2020.

Ese caso se abrió a instancias de la Fundación Apolo, que el 12 de noviembre pidió a la Fiscalía argentina incluir a un exmilitar boliviano y a un primo del exmandatario, a quienes se les atribuye el traslado de menores de edad desde Bolivia a Argentina, en el tiempo en que Morales se encontraba asilado en ese país.

La información fue confirmada por José Magioncalda, jefe del Equipo Legal de la Fundación Apolo. Se trata de Rurig River Covarrubias, un exmilitar boliviano, y Hernán Solís Morales, primo del exmandatario.

Actualmente, Morales está envuelto en un escándalo por ata de personas y estupro, por el que incumplió una citación para declarar ante la Fiscalía Departamental de Tarija el de octubre.

Aparte de ese caso, hay otros abiertos contra Morales, por lo que denunció una supuesta persecución jurídica en su contra. Incluso, apuntó al presidente Luis Arce y su equipo de ministros de buscar “eliminarlo” políticamente para inhabilitar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2025.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes o en su defecto asumir una decisión para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Le daría la palabra a la Asamblea Legislativa para que asuma una postura como órgano del Estado y asuma una decisión si va a poder emitir una nueva convocatoria (para las judiciales) o en su defecto va a asumir alguna decisión que tenga que ver con regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló la autoridad electoral.

Vargas aclaró que el Órgano Electoral para administrar el proceso judicial restante depende de una primera fase que es la preselección que está a cargo del Legislativo.

Responsabilidad

“Quienes tienen que responderle al país son los miembros de la Asamblea sobre el rumbo que debe tener el Tribunal Constitucional”.  

Dijo que el Órgano Electoral está abocado en llevar adelante la elección de las judiciales en los “términos y condiciones” que dispuso el TCP, respetando el estado de derecho y las sentencias constitucionales que son de cumplimento “obligatorio vinculante”.

La sentencia 0770/2024-S4 de 4 de noviembre declaró desierta la convocatoria a elecciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

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En tanto, para el TCP, en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El miércoles se conoció la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4 que ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre, tal como lo estableció con el fallo 0770/2024.

También, la Sala Cuarta del TCP advirtió que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional.

Debate

La decisión cierra todo debate y toda posibilidad de modificar la determinación de las judiciales parciales, pese a que candidatos y pueblos indígenas presentaron acciones de cumplimiento en busca de la realización de los comicios de manera total.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi señaló en noviembre que el proceso judicial tendrá un costo de al menos Bs 183 millones y las restantes tendrán otro costo y no se tiene la claridad de cuando serán.

“(Esas) están desfasadas y en el tema económico debería pronunciarse la Contraloría General del Estado y sobre cuándo será se tendrá que preguntar a la Asamblea”, dijo el vocal entonces.

El legislador chuquisaqueño Marcelo Pedrazas pidió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados la eliminación la renta vitalicia a expresidentes del país en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar la inclusión de una disposición en el Proyecto de Ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025 que elimine la renta vitalicia otorgada a los expresidentes y exvicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, abrogando la Ley 376, del 15 de mayo de 2013, que la instituyó”, dice parte de la misiva dirigida al presidente de dicha comisión, Andrés Flores Condori.

Marcelo Pedrazas

En su carta, Pedrazas también consideró que dicho beneficio para exmandatarios es un “privilegio inmerecido para un grupúsculo de exempleados públicos en edad de jubilación”.

Criticó, además, que algunos expresidentes accedieron a la Presidencia del Estado por sucesión para ejercerla de forma “efímera e intrascendente”.

Aludió a los expresidentes Jorge Quiroga, que en 2001 sucedió a Hugo Banzer (+); Carlos Mesa, que en 2003 reemplazó al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada, y Eduardo Rodríguez, que en 2005 sucedió al también renunciante Mesa.

Cobran también ese beneficio los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Jaime Paz Zamora (1989-1993). Jeanine Áñez (2019-2020) no logró su propósito de cobrarlo.

Expresidentes

La ley invocada por Pedrazas señala que los exvicepresidentes también son beneficiarios de la “suma equivalente a diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente”.

“Su existencia como gasto inútil perpetúa inequidades en el uso de los recursos públicos que podrían ser destinados a sectores de mayor necesidad y urgencia en tiempos de crisis y necesidad de austeridad”, justificó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en su misiva.

Finalmente, consideró que la discusión y aprobación PGE 2025 se constituye en una oportunidad “propicia para materializar esta demanda ciudadana”, incorporando una disposición de abrogación de este privilegio en el marco de la política presupuestaria del país.