Nacional

Tuesday 24 Jan 2023 | Actualizado a 21:32 PM

El GIEI considera que las FFAA y la Policía contribuyeron a la inestabilidad democrática

Con base en el informe del GIEI, que señala que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas deben sugerir o recomendar actos políticos, Luis Arce reafirma que en 2019 hubo “golpe de Estado”.

/ 17 de agosto de 2021 / 14:19

“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.

El criterio fue expresado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuyo informe conoció La Razón.

En la recepción del informe de parte de la experta argentina del GIEI Patricia Tappatá, la mañana de este martes en el salón de actos del Banco Central de Bolivia (BCB), Arce citó el documento para denunciar que la renuncia el 10 de noviembre de 2019 de Morales fue a causa de un “golpe de Estado”.

“Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, dijo el mandatario.

En su informe, el GIEI cuestiona duramente el papel de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en la crisis poselectoral de 2019, aunque se inhibe de comentar sobre si hubo o no golpe de Estado, como denuncia ahora el oficialismo, o fraude electoral en 2019, como denuncia la oposición.

“Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el GIEI.

Y complementa: “La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”.

La noche del 7 de noviembre, varios destacamentos policiales se declararon en motín, en coincidencia con las protestas de entonces convocadas por el Comité pro Santa Cruz y las vigilias propiciadas por fuerzas política de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS). “El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, concluyó el GIEI.

El equipo consideró que “la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátumpuede no ser más que una cuestión semántica”.

Además, recomendó un ajuste estructural en ambas instituciones. “La situación estructural de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión más amplio sobre las necesidades de ambas instituciones para superar lo que, en ocasiones, es un comportamiento autocrático”.

A las 16.09, casi una hora antes de la dimisión de Morales, el entonces comandante de la Policía Boliviana, coronel Yuri Calderón, leyó un comunicado difundido en las redes sociales de la institución. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, dijo.

Casi a la misma hora, similar actuación tuvo las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, acompañado del Alto Mando, también sugirió la renuncia del mandatario.

Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García, renunció a las 16.50 en Chimoré, en el Chapare, adonde viajó luego de dificultades al abordar el avión presidencial (los jefes militares se lo impedían).

“La información descrita y analizada en el Informe revela que, durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”, remata el informe parcial al que accedió La Razón.

Tras la renuncia de Morales, y luego de dos días de desgobierno, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesivamente titular del órgano camaral y mandataria por sucesión en sendos actos sin quorum ni asistencia del MAS.

Comparte y opina:

Juez define que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala. Cuatro días antes, se registró la masacre de Sacaba, en Cochabamba

La expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, en instalaciones carcelarias. Foto: Rodwy Cazón.

/ 24 de enero de 2023 / 19:44

El juez Primero de Instrucción Cautelar de El Alto determinó este martes que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata en 2019, en el caso que fue denunciada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.

Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los tres delitos mencionados.

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala. Cuatro días antes, se registró la masacre de Sacaba, en Cochabamba.

En ese marco, la Fiscalía presentó todos los argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.

En tanto, la defensa de Áñez solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.

Lea también: El martes 24, juez de El Alto definirá si Áñez va a juicio ordinario o de responsabilidades por la masacre de Senkata

El abogado Luis Guillén afirmó que en el marco de este proceso ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.

Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.

En 2022, Áñez pidió a CC y Creemos aprobar el juicio de responsabilidades para “exponer la verdad de los sucesos ante el país”, pero el tema no se logró debatir en la Asamblea.

“Ante la impostura y la actitud hipócrita de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de decirles a ustedes, a los medios que se iba a dar los dos tercios para una autorización congresal, cosa que no han hecho en todo este tiempo, y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra opción”, insistió Lima.

Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.

Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.

De manera paralela, Áñez es procesada por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato en 2020.

Asimismo, está acusada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de 2022.

Comparte y opina:

Cívicos de Santa Cruz analizan las preguntas que formularán este miércoles en el cabildo nacional

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que llegaron 15.700 interrogantes de todo el país, a través de una plataforma digital, muchas de ellas repetidas, pues se referían a una misma temática, por lo que ahora se realiza una revisión final.

El presidente del comité cruceño, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 24 de enero de 2023 / 19:32

Para este miércoles se ratificó el “cabildo nacional”, organizado “en defensa de la democracia, justicia y liberación de los 180 presos políticos”. Los cívicos de Santa Cruz analizan y sistematizan las preguntas a ser formuladas en la oportunidad.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que llegaron 15.700 interrogantes de todo el país, a través de una plataforma digital, muchas de ellas repetidas, pues se referían a una misma temática, por lo que ahora se realiza una revisión final.

“Muchas son preguntas repetidas. Hemos definido en diferentes lugares las reglas, las preguntas que son constitucionales, que están enmarcadas en la ley, son las preguntas que estamos trabajando, son las que estamos cruzando”, explicó el líder cívico.

La semana pasada, Calvo se reunió con cívicos de otras regiones y representantes de plataformas ciudadanas; en ese marco, convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.

Lea también: Comité Cívico de Oruro no participará del ‘cabildo nacional’ ni acatará resoluciones

El objetivo central de ese encuentro —que según Calvo se realizará de forma simultánea en todo el país— es demandar que el gobernador Luis Fernando Camacho se defienda en libertad luego que fue encarcelado en Chonchocoro, a fines de 2022.

La autoridad cruceña fue aprehendida el 28 de diciembre del año pasado por el caso Golpe de Estado I. En ese marco, la Fiscalía lo imputó por el delito de terrorismo y un juez cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses.

Ante ese escenario, el movimiento cívico cruceño promovió el cabildo nacional, no obstante, a la fecha, cívicos y plataformas de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz anunciaron que no participarán de la convocatoria.

La mañana de este martes, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, afirmó que su organización no será parte de la convocatoria y que tampoco acatarán las resoluciones que se vayan a tomar.

“No vamos a ser partícipes del cabildo y no vamos a acatar las resoluciones que emitan ellos porque queremos trabajar por el bienestar del departamento y el país”, indicó Pérez.

“No podemos entrar a un ritmo de movilizaciones por una sola persona, el gobernador de Santa Cruz; no atinge al departamento de Oruro”, agregó.

Con todo, este martes, Calvo reiteró la convocatoria que, en su criterio, busca “construir, entre toda la Bolivia democrática, una sólida unidad política para enfrentar unidos a la dictadura totalitaria”, en alusión a la administración del presidente Luis Arce.

Comparte y opina:

Comité Cívico de Oruro no participará del ‘cabildo nacional’ ni acatará resoluciones

Cecilio Pérez dijo que “no se puede entrar a un ritmo de movilizaciones por una persona (Luis Fernando Camacho)”.

Cecilio Pérez, presidente del Comité Cívico de Oruro.

Por Roberto Medina

/ 24 de enero de 2023 / 16:11

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, afirmó que su organización no participará del “cabildo nacional” convocado para este miércoles y que no acatará las resoluciones que emanen en Santa Cruz.

“No vamos a ser partícipes del cabildo y no vamos a acatar las resoluciones que emitan ellos porque queremos trabajar por el bienestar del departamento y el país”, dijo a Bolivia Tv.

Lea también: Diputada Choque dice que el ‘cabildo nacional’ verá de qué manera busca impunidad

Convocatoria

La semana pasada, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, luego de reunirse con cívicos de otras regiones y representantes de plataformas, convocó a los comités de los nueve departamentos, incluyendo El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.

Este miércoles, de acuerdo con Calvo, se leerán preguntas relacionadas con la “democracia, justicia y liberación de los 180 presos políticos”.

El objetivo central de este cabildo es demandar la excarcelación del gobernador Luis Fernando Camacho, quien cumple una detención preventiva de cuatro meses en Chonchocoro.

Camacho está acusado del delito de terrorismo, en el grado de autor, en el marco del proceso Golpe de Estado I.

Cívico

Pérez aclaró que el Comité Cívico de Oruro “jamás” ha sido partícipe de las reuniones de los entes cívicos y menos de la definición de movilizaciones o cabildos.

“No podemos entrar a un ritmo de movilizaciones por una sola persona, el gobernador de Santa Cruz; no atinge al departamento de Oruro. Por eso, no podemos perjudicar al departamento y al país con este tipo de movilizaciones porque solo perjudican en el desarrollo y activación económica”, aseveró.

Aseguró que el “cabildo nacional” y las movilizaciones impulsadas desde Santa Cruz “buscan la impunidad” para Camacho por su participación en la crisis de 2019.

Reiteró que los orureños no estarán inmersos en ese tema, por ello hay que dejar en manos de la justicia lo que suceda con Camacho

Comparte y opina:

En medio de protesta por ‘injerencia’, Arce expresa consternación por fallecidos en Perú

Luis Arce recomendó a “las partes en conflicto” hallar una solución en base al diálogo, “para retomar el camino del entendimiento y recuperar la paz social y política”.

Una jornada de enfrentamientos en Perú.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de enero de 2023 / 15:34

El presidente Luis Arce dijo sentirse “consternado” por los más de 50 fallecidos y centenares de heridos durante las movilizaciones en Perú, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una Asamblea Constituyente.

“Estamos consternados por las decenas de peruanos que han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales.

Expresamos) nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia”, dijo el mandatario boliviano en Argentina.

Arce se refirió otra vez a la crisis en Perú en ocasión de la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires.

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de cuestionamientos de las autoridades peruanas y una “enérgica protesta” por una “injerencia inaceptable” de su parte.

La tarde del lunes, la Cancillería de Perú emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que advierte de que “evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia”.

Hizo alusión a las declaraciones de Arce en su mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional, en el que afirmó que “el pueblo peruano está en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.

Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia refutó la posición peruana.

“No aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú”, publicó en Twitter.

Los conflictos en Perú comenzaron el 7 de diciembre del año pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo decidió, primero, cerrar el Congreso y gobernar mediante decretos.

Inmediatamente, los congresistas se reunieron de emergencia y decidieron destituir al mandatario peruano. Así, asumió la actual mandataria, Dina Boluarte.

Desde entonces, las protestas en varias regiones peruanas no cesaron, incluso, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron a los manifestantes, acción que derivó en una represión violenta que mató a más de medio centenar de personas e hirió a centenares.

Las regiones con mayor nivel de violencia son Apurímac, Ayacucho y Puno, donde la represión de las fuerzas combinadas dejó 17 fallecidos en una sola jornada.

Boluarte cuestiona las movilizaciones y dice que no entiende sus razones, aunque apunta a factores externos, entre ellos el expresidente boliviano Evo Morales, quien ahora está impedido de ingresar en Perú.

“Desde la Celac debemos expresar nuestra preocupación por los sucesos que acontecieron en la hermana República del Perú”, insistió Arce.

Pero también recomendó a “las partes del conflicto” hallar una solución en base al diálogo, “para retomar el camino del entendimiento y recuperar la paz social y política”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Informe a la CIDH sobre la violencia en 2019 muestra avances en tres niveles

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se demuestra el trabajo realizado respecto a la atención a las víctimas, justicia y política pública.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia.

Por Roberto Medina

/ 24 de enero de 2023 / 14:02

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el informe a la CIDH respecto de las recomendaciones del GIEI sobre la violencia en 2019 tiene tres niveles de avance: atención a las víctimas, justicia y política pública.

El informe final sobre vulneración de derechos humanos (1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019) del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) establece 36 recomendaciones para el Estado Plurinacional, la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lea también: La CIDH llega a Bolivia para verificar los avances en las recomendaciones del GIEI

Avances

En relación a la atención a las víctimas, Lima indicó que se estableció una política pública que fue validada con todos los sectores de la sociedad y que concluirá con una ley en curso en la Asamblea Legislativa.

Recordó que respecto a la ayuda humanitaria se terminó de implementar diversos pagos económicos.

“Todo esto para lograr que nunca más ocurran estos hechos, pero si ocurren, tener una política pública establecida”, dijo este martes en conferencia de prensa.

Sobre la justicia para las víctimas, el titular de Justicia fue enfático en señalar que todo está en el ámbito del debido proceso.

“Todas las víctimas necesitan justicia, es parte de las recomendaciones del GIEI”, puntualizó.

Respecto de las políticas públicas, ponderó la realización de una cumbre inicial contra el racismo y la discriminación, en 2022, porque es, en su criterio, es “la causa estructural” de lo que sucedió en 2019.

“Avanzamos en las tres áreas, pero no es un avance porcentual porque son tareas de mediano y largo plazo que se van a consolidar”, aclaró.

Reuniones

Entre este martes y jueves estará en Bolivia el relator de la CIDH, Joel Hernández García.

Evaluará el avance de las recomendaciones del GIEI y luego socializar dicha evaluación.

Sostendrá reuniones con las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba .

Desde este martes se prevé encuentros con la Defensoría del Pueblo, embajadas, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia.

Concluirá las jornadas de trabajo el jueves con reuniones en La Paz con parlamentarios de oposición y grupos de la sociedad civil.

“Especialmente con las víctimas y otras agrupaciones de víctimas”, indicó Lima.

Mesa de trabajo

Este 22 de marzo se cumplirá un año de la implementación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg-Bolivia).

La información que reciba la CIDH ayudará a mejorar e implementar las recomendaciones del GIEI.

“Ellos ven por conveniente tener un primer informe al año de cumplimiento de la firma del acuerdo (marzo de 2022), pero puede haber otros informes específicos”, aclaró el ministro.

Dejó en claro que el cumplimiento de la mesa de trabajo y de las recomendaciones no debe ser una declaración del Ejecutivo, sino el acompañamiento y evaluación de la CIDH

Comparte y opina: