El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “no duda” en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como “masacres”, remarcó este martes la experta argentina Patricia Tappatá Valdez, en la lectura del resumen del informe que el GIEI presentó sobre la violencia en 2019.
A punto seguido, pidió que el Estado garantice reconocer a las víctimas “de ambos lados”; no puede ser, dijo, que los nuestros sean más víctimas que las de nuestros adversarios.
Al recordar que hubo al menos 37 muertos y cientos de heridos producto de la crisis de fines de 2019, señaló responsabilidad tanto en “agentes estatales” como “grupos particulares” que ejercieron violencia.
En las Fuerzas Armadas y policiales, el GEIE encontró el “uso de fuerza de modo excesivo”.
Tappatá, a nombre del GIEI, enfatizó que los hechos adquirieron una mayor gravedad con la “racialización” de la política: el Grupo pudo verificar la “violencia racista” contra la población que se expresaba en contra de la defensa de sus derechos, y demanda, dijo, la sanción de los responsables.
El Grupo precisó que son dos los sectores claves que deben ser objeto de urgente reforma para la no repetición de los hechos de violencia denunciados: la administración de justicia y los organismos de seguridad.
El informe tiene 30 recomendaciones, señaló Tappatá. Buena parte se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en su actuación para reprimir movilizaciones sociales.
Otra parte tiene que ver las vulneraciones a raíz de las desigualdades sociales.
Entre las recomendaciones, apuntó, están garantizara la justicia ágil y respeto por el debido proceso, por eso pidió que se tomen en cuenta los planes que el GIEI propone.
En ningún momento ni proceso, insiste el GIEI, la carga probatoria debe estar en las espaldas de las víctimas, corresponde al Estado garantizar el desarrollo de los casos.
Pide el GIEI, además, que el Estado garantice la imprescriptibilidad de los casos.
También demandó adecuar las figuras delictuales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo a una normativa de respeto a los derechos humanos; además de garantizar la independencia del órgano judicial.
Recomienda el GIEI que las fuerzas militares y policiales deban tener controles internos y externos para su actuación, además de que se instituya un mecanismo independiente para monitorear el uso de la fuerza en actos de represión.
El GIEI además propuso que haya una “cumbre nacional sobre racismo y discriminación” a fin de reflexionar sobre lo que pasó en la crisis de 2019.
Debe desnaturalizarse el orden patriarcal; los daños que se hicieron en Bolivia en la crisis no deben ser banalizados; no debe naturalizarse el uso de la violencia como al forma de resolver las diferencias políticas, demandó el Grupo. Desechar el “sentido común” de ver al enemigo político como alguien a destruir y no como un adversario con quien al final hay que construir país.
El Informe pone en un umbral más elevado lo que debe ser intolerable en la violencia política, destacó Tappatá, al concluir su lectura.