El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se conformará una “gran comisión” en el Ministerio Público para cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de violencia de 2019 en Bolivia.
“Vamos a implementar las recomendaciones que ha presentado el informe del GIEI y de inmediato vamos a conformar (…) una gran comisión inicialmente de fiscales para que de manera prolija lleven adelante la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones”, dijo Lanchipa, después de que el grupo de expertos presentó su trabajo investigativo sobre los hechos suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El GIEI, en su informe, recomendó, entre varios puntos, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.
Remarcó que en especial estos grupos estén integrados primordialmente por fiscales de carrera con dedicación y competencia exclusiva y con formación en la protección de derechos humanos, y tengan los recursos logísticos y científicos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como autonomía e independencia de gestión.
Asimismo, el grupo de expertos recomendó que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso.
Del mismo modo “se recomienda que, con base en este análisis, se determinen cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas”, cita uno de los puntos del informe.
Además, pide que la Fiscalía incluya en su estrategia de priorización de investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género, tales como los documentados en el informe de investigación del grupo de expertos, y asegure que los operadores de justicia involucrados en estos casos tengan conocimiento especializado, actúen con la debida diligencia y prioricen el bienestar y la protección de la víctima.