El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el último trimestre de 2019, entregó este miércoles a las víctimas de Senkata, en la zona del mismo nombre en la ciudad de El Alto, el informe de su trabajo y ratificó que en la investigación no se encontraron elementos como para calificar de “crímenes de lesa humanidad” lo ocurrido.
“Nosotros no usamos la denominación de crímenes de lesa humanidad, pero no quiere decir que no hayamos investigado; al contrario, tratamos de analizar los hechos más graves que hemos incluido en nuestro informe bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene una definición muy precisa para lo que se llama como crímenes de lesa humanidad; (sin embargo) nosotros no encontramos elementos suficientes en las pruebas que observamos para determinar que se (hubieran) dado esos criterios que hacen que ciertas violaciones de derechos humanos adquieran la característica de crimen de lesa humanidad”, dijo Juan Méndez, integrante del GIEI.
El experto explicó que para considerar un hecho como crimen de lesa humanidad se requiere de “un ataque sistemático o generalizado contra la población civil con conocimiento de ese ataque”.
“Lo que supone organizaciones de poder alrededor de instituciones estatales, pero también de civiles o de actores no estatales, que en lo que nosotros pudimos investigar no encontramos evidencias de ello; pero nosotros sí calificamos a todos estos hechos de graves violaciones a los derechos humanos, que en el derecho internacional tienen efectos jurídicos muy parecidos a los crímenes de lesa humanidad, como ser que no se aplica la prescripción (…), que no se aplica la forma de amnistía, indulto o supresión de la posibilidad de investigar”, remarcó.
Sin embargo, también dijo que “no se descarta que alguien con mejor acceso a la investigación pueda eventualmente encontrar esos elementos de ataque sistemático generalizado a la población civil con conocimiento del ataque”.
Mientras, el embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, consideró que fue “absolutamente innecesario” incluir la calificación de crímenes de lesa humanidad de manera expresa en el informe del GIEI.
“Es absolutamente innecesario porque dentro de los crímenes de lesa humanidad las ejecuciones sumarias extrajudiciales son catalogadas como crímenes de primer orden y no hay nada más grave que ejecutar una persona de una manera abierta, de una manera deliberada, como se presume (ocurrió) en los hechos de Sacaba y Senkata (que fueron los sitios de mayor violencia durante la crisis de 2019)”, afirmó Arce en una entrevista con La Razón Radio, este miércoles.
El GIEI, en su trabajo investigativo, concluyó que en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia en el marco de un conflicto político rodeado de violencia y donde al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
Además, “lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Entretanto) la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”, cita la primera parte de la conclusión del grupo de expertos.