El Fiscal General presenta requerimiento acusatorio ante el TSJ para enjuiciar a Áñez por las masacres
El fiscal Juan Lanchipa señaló que el TSJ debe remitir a la brevedad posible la solicitud a la Asamblea Legislativa, por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte, por los 20 fallecidos en Sacaba y Senkata en 2019.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este viernes que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, para que se tramite un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa por las 20 muertes en las masacres de Sacaba y Senkata.
“La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales comunica que en mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019, en el sector del puente de Huayllani del municipio de Sacaba y la planta de Senkata de la ciudad de El Alto, y los antecedentes acumulados en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley 044 de 8 de octubre de 2010, presentó hoy ante el TSJ el requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa, en una conferencia de prensa en Sucre.
“El presente requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público ante el TSJ sobre los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos se funda en los hechos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia en el desarrollo de la acumulación de antecedentes previstos en la Ley 044, correspondiendo que dicha instancia (el TSJ), a la brevedad posible, remita a la Asamblea Legislativa para la respectiva autorización de juzgamiento. La Fiscalía reafirma su compromiso con el país en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia”.
El anuncio se produce cuatro días después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que halló graves violaciones a los derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata, en el gobierno transitorio de Áñez, bajo el paraguas del Decreto Supremo 4078 que exoneraba de cualquier responsabilidad penal a los militares en los operativos para “restablecer el orden”.
El 15 de noviembre de ese año, un operativo provocó la muerte de 10 movilizados en Sacaba, a tres días de la posesión de Áñez. Cuatro jornadas después, ocurrió lo mismo en Senkata, con otros 10 fallecidos. Todos murieron por impactos de bala. El GIEI determinó que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes en un uso desproporcionado de la fuerza. Así echó por tierra la narrativa del ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, de que los movilizados se dispararon entre sí.
Áñez llegó al poder en medio de un polémico proceso de sucesión marcado por reuniones extralegislativas y una autoproclamación en la Asamblea. El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue derrocado por protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Áñez se encuentra actualmente en la cárcel de Miraflores, detenida por el caso Golpe de Estado.
