El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que durante esta semana será derogado el Decreto Presidencial 4461, de Luis Arce, que concede amnistía, entre otros beneficios, a procesados durante el “gobierno de facto”.
“El Presidente anunció que se iba a derogar el decreto presidencial que da amnistía, no en su integridad, sino en cuanto a las razones expuestas por el GIEI para poder adecuar al estándar internacional y a la recomendación que nos hizo, (…) y eso también está en curso y yo entiendo que esta semana ya vamos a tener ese documento que debe pasar por la Asamblea, ya que el Presidente ha realizado lo que está bajo su ámbito de competencia para publicar en la Gaceta Oficial”, dijo Lima este domingo en una entrevista con medios estatales.
El martes, durante la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de violencia de 2019 en Bolivia, Arce anunció, “según las recomendaciones planteadas” la derogatoria del Decreto 4461 de febrero de 2021.
Uno de los puntos del artículo 5 de la cuestionada norma establece que se concede el beneficio de amnistía a las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Sin embargo, el GIEI, en su informe, considera que “la amnistía, aunque haya sido concebida para atender a un legítimo reclamo de personas víctimas de persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de graves hechos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños”.
El GIEI evalúa que, desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia, y advierte que la aplicación del Decreto “puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
Asimismo, considera que “desde la perspectiva de los derechos humanos, la amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal”.