La Subcomisaría de Colchane, en Chile, recibió la noche del martes una denuncia de una familia chilena de haber sido violentamente detenida y amedrentada por militares bolivianos en territorio chileno del salar de Coipasa, en la comuna de Colchane, región de Tarapacá.

Una de las afectadas, Yasna Rocha, detalló que la situación ocurrió luego de que el vehículo en que se trasladaban sus familiares se quedara enterrado en un sector entre Colchane y Cariquima.

Por esa razón, el martes Yasna, su pareja y su hermana se trasladaron a la frontera a prestar ayuda a sus familiares. Al llegar se encontraron con que el auto estaba siendo desmantelado y que posteriormente fueron seguidos por militares bolivianos armados.

“Al darnos vuelta, los militares bolivianos se acercaron y se subieron arriba de un auto, eran 10 militares. Había un jeep negro más allá con otros militares que estaban esperando y ellos nos siguieron y empezaron a disparar”, relató al portal chileno lared.cl.

Según el relato de la mujer, la acción de los militares bolivianos fue extremadamente violenta, quienes justificándose de estar supuestamente en territorio boliviano procedieron a amarrar a la pareja de Yasna y hacerle tocamientos a ella.

“Empezaron a maltratar a mi pareja, lo amarraron de brazos, de pies y lo tiraron hacia la camioneta, y a mí me pescaron, me arrodillaron y empezaron a hacerme ‘tocaciones’ con la pistola, a meter la pistola entre medio de mi vagina. Y yo lo único que hacía era mirarlos a la cara, y me decían ‘no me mires, porque o si no te va a ir mal’. Yo les decía que lo único que venimos a hacer es buscar el vehículo de mi sobrino”, puntualizó en la entrevista a lared.cl.

Luego de esto, los militares bolivianos tomaron la camioneta y la robaron con todas las pertenencias de la familia en su interior, por lo que Yasna y su pareja tuvieron que caminar dos horas para pedir ayuda. Posteriormente, la pareja fue encontrada por carabineros chilenos.

Por su parte, el coronel Andrés Arenas, de la Prefectura de Iquique, indicó que derivaron las denuncias al Ministerio Público con los antecedentes que aportó la familia para iniciar la investigación.

La Fiscalía Departamental de La Paz ordenó este jueves la aprehensión del gobernador Santos Quispe, quien fue acusado de presunto uso indebido de bienes y servicios públicos y posible conducción peligrosa.

La autoridad deberá ser conducida a dependencias del Ministerio Público, a las oficinas de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, a prestar sus declaraciones informativas en presencia de su abogado, según se lee en el documento oficial expedido por la fiscal de materia Ingrid Feraudi, especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas, delitos aduaneros y tributarios.

El memorial señala que “el señor no tiene voluntad de someterse al proceso investigativo” y que actuó “de forma dolosa al ocultarse maliciosamente y omitir su declaración informativa”.

La denuncia fue presentada por Fernando Chura, según la publicación de la red ATB.

Al atractivo turístico de Charquini deberían ingresar como máximo de 60 personas por día para no sobrepasar su capacidad de carga, para evitar la contaminación y el impacto ambiental negativo que ya causaron las recientes visitas

“En el tema de capacidad de carga, tomando el parámetro de lo que se considera un espacio natural de conservación, estamos hablando que solo deberían llegar al lugar unas 60 personas por día”, informó el profesional en turismo Emilio Alanoca, quien recientemente realizó una inspección al lugar.

De acuerdo con la explicación del director de la Agencia Municipal de Turismo, Javier Vera, la afluencia a Charquini se incrementó desde septiembre de 2020, luego que se flexibilizara la cuarentena sanitaria que se aplicó por la pandemia del coronavirus en La Paz. El 6 de agosto, llegaron hasta el lugar 1.000 personas y en anteriores semanas no bajaron de 600, según datos proporcionados por los comunarios que hacen vigilias de la zona

“Lo que pasa es que la gente no tiene cultura de montaña, esa laguna  hace cuatro semanas estaba congelada pisaron el hielo y se metieron al medio. En una reciente inspección se constató que ya no existe hielo porque más de 100 personas estaban en esa base de hielo y no aguantó ese impacto y en cuatro fines de semana se han carcomido 18 centímetros de grosor de hielo” lamentó Alanoca.

El experto explicó que la llegada de 1.000 personas en un día es complicado porque a eso se suma la cantidad de desechos humanos y puso como ejemplo que la gente, cuando le da flato, escupe allá y hasta hace sus necesidades.

Tras un accidente ocurrido el pasado fin de semana en Charquini, que terminó con la vida de un visitante, la Gobernación de La Paz determinó suspender las operaciones turísticas en el glaciar. El objetivo es establecer condiciones de seguridad, protección y prevención para los turistas.

“Sí se puede visitar, pero alrededor de la laguna; ese atractivo es como una joya. Es decir, la puedes mirar, admirar, pero no la puedes ni tocar. No se puede ir al glaciar, no se puede ir a los bordes, no puedes nadar, nada; cualquier intervención está prohibida en el área”, aclaró Alanoca.

Detalló que Charquini no es una laguna como tal, simplemente es el producto del deshielo que se formó hace dos años y seis meses por una caída del glaciar “que es resultado del cambio climático”.

El nevado Charquini, ubicado a 5.390 msnm, está situado a una hora y media al noroeste de la ciudad de La Paz, región que se convirtió desde hace varios meses en un atractivo para el turismo.

Roxana Choque, fiscal departamental de Potosí, informó que César Mamani Barro, de 23 años de edad, fue el autor del delito de Infanticidio cometido en contra de su hijastro de dos años y medio, que perdió la vida por golpes que recibió en 2019. El Tribunal de Sentencia de Llallagua emitió condena a 30 años de cárcel en el penal de Uncía.

“Como Ministerio Público, en la audiencia se ofreció las pruebas consistentes en las declaraciones testificales, protocolo de necropsia que estableció como causa de muerte traumatismo cráneo encefálico, asfixia por bronco aspiración y síndrome de niño maltratado, inspección y reconstrucción del hecho y otros elementos que fueron valorados por los miembros del tribunal”, detalló en un boletín institucional.

El hecho se registró el 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de Cochabamba, cuando Mamani empezó a golpear al niño. Ante ello, la madre del menor intentó evitar la golpiza; sin embargo, ella también fue agredida por su pareja. Al día siguiente, el pequeño se sintió mal de salud y horas más tarde falleció en su vivienda. A sugerencia del agresor, el cuerpo fue trasladado a una comunidad del municipio de Caripuyo, donde lo enterraron.

Dos días después, a las 13:30, aproximadamente, la pareja salía del cementerio de la comunidad con una actitud sospechosa y fue interceptada por un vecino que descubrió que enterraron al menor, además que no contaban con ningún documento del pequeño, por lo que hizo una denuncia a la Policía.

Según datos de la Fiscalía, de enero a julio de este año se registraron 19 infanticidios y el grupo etario prevalece en los recién nacidos de 0 a 1 año y de 5 a 10 años. El mecanismo de muerte con mayor incidencia es por asfixia, seguido por golpe y traumatismo, y por lesiones por arma blanca.

Seis casos fueron en La Paz, seis en Chuquisaca, cuatro en Potosí, uno en Cochabamba, otro en Santa Cruz, uno en Tarija. En Oruro, Beni y Pando no se reportan casos.

Ante el anuncio de una investigación en su contra por la presunta falta de registros en el manejo de donaciones en la Unidad de Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, dijo que se trata de una «persecución política» con la intención de quebrantar más la salud de su madre.

«Esta nueva patraña inventada por un diputado masista busca quebrar la precaria salud de mi madre, abrumarla con otra preocupación porque saben lo vulnerable que es una madre si le tocan un hijo o una hija», escribió en su cuenta de Facebook.

Omar Yujra, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), en declaraciones a Erbol, señaló que se detectó que en muchas de las entidades a las cuales llegó donaciones en el gobierno transitorio de Áñez, «no se han registrado (las donaciones), incluido el Ministerio de la Presidencia manejado por la señora Añez y su hija en su momento, en una en una unidad que precisamente estaba encargada de ese tema».

«Esta nueva maldad y persecución política inventada por un diputado masista pretende acallarme y resignarme a ver decaer a mi madre día a día. Les digo que no, no lo van a lograr, no tengo cola que me pise y como boliviana, como mujer y como hija, no cesaré en la lucha hasta encontrar justicia, respeto a los derechos de mi madre y a la Constitución», agregó Ribera.

Aclaró que no fue funcionaria pública y no recibió sueldo, salario ni ningún recurso del Estado, «simplemente colaboré a mi madre mientras fue Presidenta de Bolivia en una Unidad que dependía del Ministerio de la Presidencia y que estaba desmantelada de la gestión anterior. Y llevé una esperanza a los bolivianos más necesitados» (sic).

Áñez se encuentra encarcelada por el caso Golpe de Estado.