El fiscal que investiga la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Javier Gorena, descartó convocar al ministro de Justicia, Iván Lima. Esto pese a que la autoridad difundió información referida al caso.

“En ningún momento se ha visto esa situación (de convocar a Lima), ni se ha visto necesario dentro de esta investigación”, afirmó.

“Lo que nosotros estamos investigando es un hecho concreto”, agregó el representante del Ministerio Público.

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En este caso se investiga la presunta coima que habría pagado el gerente de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a funcionarios de la ABC, a cambio de adjudicarse la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. 

Desde la semana pasada, el ministro Lima difundió varios datos relativos a este caso, como la muerte del testigo protegido, Felipe Sandy Rivero, y sobre la devolución de casi $us 9 millones, de la presunta coima.

Fiscalía

Según el fiscal, la información que pueda tener Lima prácticamente ya sido puesta en conocimiento del Ministerio Público.

Dijo que no se puede desviar el objeto de investigación y tampoco emitir citaciones respecto a declaraciones.

La pasada semana, Lima develó que el testigo había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos.

Lima

El presunto “testigo clave”, antes de morir, dejó un video en que develo detalles del caso.

A través del material audiovisual, denunció que era víctima de persecución política desde el Ministerio de Justicia, por develar irregularidades en la adjudicación de esa obra vial.

Tras las revelaciones del “testigo clave”, la dirección nacional del MAS pidió interpelar al ministro Lima.

Caso ABC

“Pedimos a la bancada de legisladores del MAS-IPSP llevar adelante una interpelación al Ministro de Justicia para que declare ante el pueblo todo lo que sabe de este caso”, señala parte de un comunicado del partido oficialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Gobierno de Bolivia una solicitud para que se le informe sobre el estado de salud del dirigente cocalero César Apaza.

En febrero, el dirigente fue internado en el Hospital de Clínicas de La Paz, con un cuadro de embolia. No obstante, hace poco fue dado de alta y retornó al penal de Chonchocoro, donde cumple una detención preventiva.

Mediante una carta, del 21 de marzo, la CIDH explica que el pedido responde a la solicitud de medidas cautelares. Que hizo la senadora Centa Rek (Creemos), para “proteger la vida de Apaza”.

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“La solicitud señala que el propuesto beneficiario se encontraría en una situación de riesgo, debido a la falta de una adecuada atención en salud”, señala la carta, firmada por Fernanda dos Anjos, a nombre de la Secretaría General de la CIDH.

La carta pide a la Cancillería, que informe, en un plazo no mayor a 10 días, sobre la situación de Apaza.

En ese marco, se pidió documentación sobre el estado de salud del dirigente cocalero, exámenes médicos, información de su situación jurídica y del avance de las denuncias que realizó el peticionario, entre otros datos.

CIDH

El martes, la directora Nacional de Salud de la Dirección de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, informó que Apaza no sufrió una embolia.

“Se ha descartado la embolia, incluso el director del Hospital de Clínicas ha descartado, por las evaluaciones médicas que se le hizo”, afirmó García.

Apaza

El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, en septiembre del 2022.

Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Cocalero

Empero, en noviembre del año pasado se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el Hospital de Clínicas debido a un cuadro de embolia que le paralizó medio cuerpo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó, este jueves, mediante un comunicado de prensa que realizará una visita “in loco a Bolivia”. Asimismo, agradeció la “apertura del Estado” para realizar esta actividad.

La entidad precisó que su presencia en el país será para “observar” la situación de los derechos humanos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco al Estado Plurinacional de Bolivia para observar la situación de derechos humanos en el país, del 27 al 31 de marzo”, señala parte del comunicado.

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El documento agrega la delegación estará “en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. La Comisión valora la apertura del Estado y agradece su anuencia para realizar la visita” (sic).

De acuerdo con el comunicado, la delegación será liderada por la comisionada Margarette May Macaulay (presidenta de la CIDH) y el comisionado Joel Hernández (Relator para Bolivia).

CIDH

Asimismo, estará la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño (primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas), la comisionada Julissa Mantilla Falcón (Relatora sobre los derechos humanos de las mujeres).

Además, el grupo estará compuesto por el comisionado Stuardo Ralón Orellana (Relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad).

Bolivia

“Durante la visita, la Comisión observará la situación de los derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los Órganos del Estado”, detalla el documento.

Asimismo, se hará un diagnóstico de los “desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, agrega la nota.

También analizará “la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, con enfoque en la situación de discriminación por género y origen étnico-racial, entre otros temas”.

Asimismo, adelantó que, en ejercicio de sus funciones y como resultado de su visita, la CIDH publicará un informe país con observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado.

Estado

Aclaró, además, que esta visita tiene un ámbito distinto al trabajo que se viene realizando a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Bolivia, sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019.

La CIDH tendrá espacios de escucha con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos que se anunciarán oportunamente.

Visita

La visita in loco de la CIDH a Bolivia, se realizará después de 17 años y a raíz de la invitación del Gobierno nacional con el objetivo de que un tercero imparcial emita recomendaciones que permitan mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

Ante las solicitudes del gobernador Luis Fernando Camacho y otras personas encarceladas de sostener una reunión con la delegación de la CIDH que llegará al país, el Gobierno afirmó que al final esa entidad decidirá los encuentros que sostendrá.

El viceministro de Justicia, César Siles, informó que las solicitudes que hicieron esas personas. Además de otras instituciones, son de conocimiento de la CIDH, pues fueron “canalizadas a través de la Cancillería”.

Al final, “ellos deciden con quién reunirse, de acuerdo a su tiempo”, afirmó el funcionario de Estado.

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En tanto, Siles precisó que la delegación estará en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Además, visitará las cárceles de Chonchocoro, San Pedro y Miraflores.

El martes, en ocasión del arribo al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobernador Camacho solicitó una audiencia con esa entidad.

Gobierno

“Mi intención es exponer mi caso dejando constancia de las graves violaciones y vulneraciones al debido proceso». «Al derecho a la salud y a la privacidad”, señala parte de la misiva que envió Camacho a la CIDH.

Entre el 27 y 31 de marzo, llegará al país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación de los Derechos Humanos, en diferentes regiones de Bolivia.

Al respecto, Siles enfatizó que la visita tendrá un “carácter monitoreo”, y que se reunirá con diferentes instituciones del sector público.

“La última vez que la CIDH llegó al país fue el 2006 y el 2007 se emitió un informe respecto a esa visita y posteriormente hubo informes de seguimiento”, dijo Siles.

CIDH

“Habiendo transcurrido 17 años, el Estado boliviano recibe con mucho beneplácito la nueva visita de la Comisión que estará conformada por comisionados, titulares, secretarios adjuntos y un equipo de 25 personas aproximadamente”, agregó la autoridad.

Explicó que, al inicio de la visita, la misión se reunirá con el vicepresidente David Choquehuanca y, al final, sostendrá un encuentro con el presidente Luis Arce.

Esa actividad se realizará el 31 de marzo, cuando se prevé una conferencia de prensa para conocer las conclusiones preliminares de su visita.

A través de una carta, este jueves, el gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro, agradeció el respaldo expresado por 70.000 personas en el caso Golpe de Estado I y ratificó que en 2019 hubo fraude en las elecciones generales.

“Agradezco y valoro la valentía de los miles y miles de bolivianos, que se acercaron a firmar la petición para ser testigos en este proceso injusto, por el cual estoy aquí en Chonchocoro como preso político del masismo”, señala parte de la misiva.

El documento fue leído por Luis Fernando Camacho Parada, hijo mayor del gobernador cruceño.

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“Las 70,000 firmas de bolivianos que quieren dar su testimonio personal de que nunca hubo golpe, sino una resistencia social a un fraude, es una muestra de lealtad, no a mí, sino a esa sagrada lucha del pueblo boliviano en la defensa de la democracia”, agrega el documento.

Tras las elecciones de 2019, políticos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron fraude en los comicios.

Camacho

Este hecho derivó en protestas sociales en todo el país, además del amotinamiento de la Policía. A esto se sumó el pedido de la cúpula militar de que Morales dimita a la presidencia del país.

En medio de un escenario de violencia y conflicto, Morales renunció al cargo, el 10 de noviembre de 2019 y dos días después, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez se proclamó primero presidente del Senado y luego presidenta del país.

En ese marco, en 2021 se activó el caso denominado Golpe de Estado I, referidos a los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión de Morales, además de las protestas promovidas por cívicos liderados por Camacho. 

Por este caso, Áñez y otras exautoridades de su administración guardan detención preventiva, desde hace dos años.

Golpe I

A fines de 2022, Camacho fue implicado en el caso Golpe I e imputado por el delito de terrorismo, por lo que ahora guarda detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro.

A casi tres meses de encierro, la defensa legal de Camacho presentó en La Paz libros notariados con más de 70.000 firmas.

Se trata de personas que se ofrecieron como testigos para declarar por el caso Golpe I.

Al respecto, este jueves el gobernador cruceño hizo pública una carta de agradecimiento y recuerda lo ocurrido en 2019.

Fraude

“Es reconfortante ver que nuestro pueblo no olvida esa lucha y sigue firme defendiendo la verdad y la democracia”, señala el documento.

“Mientras haya miles de bolivianos dispuestos a decir su verdad el masismo nunca podrá consolidar la mentira que hoy quiere imponer a través de la violencia y persecución judicial”, agrega la misiva.