Nacional

martes 26 oct 2021 | Actualizado a 14:53

Diputado califica de ‘dictadorcillo’ al cívico Calvo y lo denuncia por delitos como sedición

El diputado del MAS Rolando Cuéllar presentó la denuncia y anunció que exigirá la destitución del presidente cívico Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud

El cívico cruceño Rómulo Calvo

/ 31 de agosto de 2021 / 18:46

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue calificado de “dictadorcillo” y denunciado ante la Fiscalía por llamar a la “desobediencia civil”. El diputado del MAS Rolando Cuéllar presentó la denuncia y anunció que exigiría la destitución de Calvo de la Caja Petrolera de Salud.

“No vamos a permitir dictadorcillos del Comité Cívico de quinta, estamos presentado penalmente una denuncia por sedición, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa”, advirtió el legislador tras presentar la denuncia.

“Ya sabemos la receta para tumbar a un dictador, la receta es clara, la receta es la unidad del pueblo boliviano. La receta es tenernos en las calles, la receta es la desobediencia civil si no respeta la democracia”, advirtió Calvo tras la marcha del 5 de agosto en contra del cierre del caso fraude electoral y los “avasallamientos” de tierra.

Cuéllar aseguró que como legisladores “no permitirán amenazas al presidente Luis Arce” y recordó que el mandatario ganó las elecciones con más del 55% de la preferencia electoral.

“No vamos a permitir que este señor Calvo esté convulsionando el departamento de Santa Cruz diciendo desobediencia civil”, insistió.

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Permanece vigilia de víctimas y familiares de masacres 2019, hay acuerdo para dialogar

El diálogo se instalará este martes. En la vigilia se aceptó que mujeres y personas de la tercera edad acepten propuesta del Gobierno de descansar en un hotel

La vigilia de personas en la calle Socabaya. Foto: Álvaro Valero

/ 25 de octubre de 2021 / 22:42

Parte de los familiares y víctimas de las masacres de 2019 decidieron permanecer en vigilia en plena calle a la espera de la instalación del diálogo la mañana de este martes con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, mientras que mujeres y personas de la tercera edad fueron a pasar la noche a un hotel ofrecido por el Gobierno.

Decenas de personas que marcharon desde Caracollo instalaron una vigilia frente a efectivos policiales que les impidieron llegar hasta las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Cubiertos con algunas frazadas y sobre cartones varios de ellos se acomodaron en las aceras de las calles aledañas al centro del poder político.

Mientras que mujeres y personas de la tercera edad se trasladaron al hotel de la Central Obrera Boliviana (COB) a pasar la noche, atendiendo la propuesta del vocero presidencial Jorge Richter, quien acudió hasta el lugar para confirmar que Prada y su persona estarán en el diálogo de este martes.

David Inca, representa de los familiares y víctimas, informó que acudirá al diálogo sobre la base de un pliego que, principalmente, exige justicia. Aún no se definió el lugar de la cita.

Su pliego petitorio a la administración de Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Jeanine Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

En la vigilia se rechazó en horas de la tarde que personeros de los ministerios de Gobierno y de Justicia participen de las negociaciones, como lo había oficializado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboró un informe sobre la crisis de 2019 y calificó de masacres los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata, donde murieron unas 20 personas y resultaron heridas decenas de personas por impactos de bala.

Militares y policías intervinieron la marcha y protesta de afines a Evo Morales, que había renunciado días antes y que rechazaba al gobierno de Áñez, con saldos trágicos.

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Hijo de Jhonny Fernández jura como alcalde interino de Santa Cruz

El alcalde Jhonny Fernández viajará a Estados Unidos y lo reemplazará su hijo, Miguel Fernández. En Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa también tiene a su hijo como concejal

Luis Miguel Fernández, hijo de Jhonny en el momento de jurar como el alcalde interino de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Foto: Red Uno.

/ 25 de octubre de 2021 / 18:25

El concejal Miguel Fernández asumió como alcalde interino de Santa Cruz ante el viaje de su padre y alcalde Jhonny Fernández a Estados Unidos. El hijo de Fernández estará como alcalde entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre.

Según reglamento edil, ante la ausencia del Alcalde debía asumir esas funciones el Presidente del Concejo, pero en esta ocasión se informó que el presidente del Concejo, Israel Alcócer, también viajará al extranjero.

«Asumiré este gran desafío con mucha responsabilidad», escribió el ahora alcalde interino en redes sociales.

Padre e hijo candidatearon y fueron elegidos en las elecciones subnacionales de marzo por Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Un caso similar se da como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien tiene a su hijo, Manfred Sergio Reyes Villa Avilés, como concejal. También asumió de forma interina la alcaldía en una ocasión.

El acto de juramentación del hijo del alcalde Jhonny Fernández como Alcalde interino de Santa Cruz de la Sierra.

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Víctimas de masacres de noviembre de 2019 exigen diálogo con Arce

Los familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata llegaron a La Paz este lunes y se apostaron en el ingreso a la plaza Murillo ante un cordón policial que resguarda el centro del poder político

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se reúne con un dirigente de los marchistas entre calles Potosí y Socabaya de La Paz. Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de octubre de 2021 / 17:57

La dirigencia de los familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se apostaron en inmediaciones de la Plaza Murillo y no pudieron ingresar hasta el centro del poder político. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, salió a su encuentro y les ofreció un diálogo con una comisión que rechazó el dirigente David Inca.

Inca, también representante de los Derechos Humanos de El Alto, contrapropuso que el diálogo sea con el presidente Luis Arce o la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “No podemos hablar con ellos”, respondió cuando se le entregó la carta de invitación al diálogo, en la que figuran como interlocutores de las carteras de los ministros Eduardo del Castillo e Iván Lima, y del director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Tito Tornero.

“Esto voy a trasladar a las instancias superiores”, afirmó Ríos en respuesta a la propuesta de la dirigencia de quienes marcharon por una semana exigiendo justicia para las víctimas de los hechos de violencia y muerte de 2019, en el gobierno de Jeanine Áñez. La carta de invitación no fue recibida.

Marcharon desde Caracollo y llegaron este lunes a la ciudad de La Paz. Un cerco policial impidió que ingresen hasta el centro del poder político para hacer escuchar su demanda. Se apostaron en una de las calles de ingreso y desde ahí pedían justicia.

Su pliego petitorio a la administración de Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de masacres los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata, donde murieron unas 20 personas y resultaron heridas decenas de personas por impactos de bala.

Militares y policías intervinieron la marcha de afines a Evo Morales, que había renunciado días antes y que rechazaba al gobierno de Áñez, con saldos trágicos.

Hay dos dirigencias de las víctimas y Ríos anunció que se espera reunir a ambos grupos para informar sobre el avance en el cumplimiento de las demandas.

Por el momento solo militares fueron procesados y están detenidos por las muertes de Senkata, mientras que en Cochabamba dos altos mandos policiales por lo de Sacaba.

Marchistas en la calle Potosí de La Paz, este lunes 25 de octubre. Video: Álvaro Valero

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Arce: En el Congreso de EEUU avanza ley en la que piden informe del rol de la OEA en justas en Bolivia

El embajador Héctor Arce informó que en la ley que se aprueba en el Congreso de EEUU se fija un plazo de 120 días para remitir ese informe al Legislativo

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 22:56

En el Senado de Estados Unidos se ajustó la redacción de un acápite referido a Bolivia, en un proyecto de ley de asignaciones, y se instruyó al Departamento de Estado solicitar un informe sobre el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia y remitirlo en un plazo de 120 días al Congreso, informó el embajador Héctor Arce.

Este interés de Washington por lo ocurrido en Bolivia está en un proyecto de ley de asignaciones que fue aprobado en la Cámara de Representantes (Diputados). También se aprobó en una comisión del Senado, pero con ajustes en la redacción que pone énfasis en el papel de la OEA y fija plazos, explicó en una entrevista con el canal estatal.

“En el Senado se ha aprobado una redacción mediante la que se conmina al Departamento de Estado solicitar información sobre lo ocurrido en Bolivia en las elecciones de 2019, el rol de la OEA y remitir esa información, además de la violación de los derechos humanos, y remitir todas esta información al Congreso de Estados Unidos en un plazo de 120 días”, precisó.

Un informe preliminar de la OEA denunció irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 que agravó una crisis arrastrada con denuncias de fraude electoral. La protesta cívica, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Estudios externos descartaron el informe de la OEA.

Justamente este viernes, en la sede del organismo, se realizó el evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, que expuso los estudios que cuestionaron el trabajo de la secretaría de Luis Almagro.

“Para desgracia de Francisco Guerreo, de Luis Almagro, de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho, este es un tema que está muy lejos de ser cerrado”, afirmó Arce en alusión a la carta de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA en la que rechazó la invitación a participar del evento de este viernes, porque ese “es un tema cerrado”.

Arce, embajador ante la OEA, informó que la Secretaría General no remite los elementos técnicos de la auditoría que realizó en las elecciones de 2019 a la delegación boliviana, pese a las siete solicitudes hechas a la fecha.

“Es el secreto mejor guardado del mundo”, cuestionó.

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Trasladan al líder de la RJC Yassir Molina a la cárcel de Oruro

Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), estaba recluido en la cárcel de Cantumarca, Potosí, pero la población penitenciaria exigió con una protesta su traslado

Un operativo de traslado de Yassir Molina. Foto: RRSS

/ 22 de octubre de 2021 / 21:05

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina fue enviado la noche de este viernes a la cárcel de San Pedro de Oruro, luego del motín en la cárcel de Cantumarca, Potosí, exigiendo su traslado porque se dedicaba –según denuncias- a extorsionar a internos nuevos.

“De acuerdo con la información que recibí de Régimen Penitenciario de Potosí y de los fiscales, Yassir Molina y otros cuatro reclusos procedían a extorsionar a los internos nuevos que llegaban a su pabellón, incluso procedieron a golpear a un recluso”, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, según Correo del Sur.

Cerca de las 10.30 de este viernes, los reclusos de la cárcel de Cantumarca iniciaron un motín para exigir el traslado de cinco miembros de la RJC, entre ellos Molina, quien se encuentra en el lugar desde septiembre.

Los líderes de la RJC son acusados por disturbios en 2020 en la ciudad de Sucre, exigiendo la destitución del fiscal General, Juan Lanchipa. En Cochabamba se lo relaciona con hechos de violencia en las protestas de noviembre de 2019.

Para aplacar la protesta, Molina y otros cuatro privados de libertad fueron traslados a celdas judiciales por disposición del juez de ejecución penal.

En la noche se decidió que Molina sea trasladado al penal de San Pedro de Oruro. Molina negó las acusaciones en la red Unitel.

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