El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales en 2018 al exmandatario y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tenía un plazo, pero como en su momento decidió no acogerse a ese beneficio, ahora debe someterse al juicio por el caso Quiborax.
“La amnistía tenía un plazo (y en ese sentido, Carlos Mesa) tenía 365 días para que use ese derecho, (sin embargo) no lo ha hecho, por lo tanto, debe ir a juicio”, dijo la autoridad gubernamental en una entrevista con La Razón Radio.
Lima agregó que la amnistía de Mesa solo requería que él realice una acción, es decir, ir con su cédula de identidad y decir a las autoridades, que conocían su caso, que quería acogerse a ese beneficio.
Pero como “él estaba como candidato (seguramente hizo) un cálculo político y decidió no acogerse a la amnistía”, señaló.
Anoticiado por esa declaración, el jefe de la bancada de Diputados de CC, Carlos Alarcón, respondió que la figura jurídica de la amnistía no está sujeta a condicionamientos administrativos.
“La amnistía es una figura constitucional que no está condicionada a ningún trámite ni administrativo ni judicial; es una figura que tiene un contexto y una aplicación clara en la Constitución y que no depende de ningún trámite inferior de índole administrativo o de índole judicial”, subrayó Alarcón.
El miércoles, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa aprobó el juicio de responsabilidades contra Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco del caso Quiborax.
En 2004, durante el gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en el salar de Uyuni. Tras ese hecho, la empresa chilena acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y Bolivia perdió el proceso llegando a pagar en 2018, durante el gobierno de Morales, $us 42,6 millones de indemnización.
En ese sentido, Mesa considera que con el juicio en su contra en realidad solo se busca “blanquear” a los responsables del gobierno de Morales, porque, según su criterio, él lo único que hizo fue “nacionalizar el salar de Uyuni declarando completamente tierra fiscal su costra salina y anular una concesión ilegal de la empresa Quiborax”.
“Bolivia aceptó pagar $us 42 millones a esos ‘piratas’ mediante un acuerdo donde están el exprocurador Héctor Arce, el exprocurador Pablo Menacho, el exministro de Minería César Navarro. Y quién es el cajero que autorizó el desembolso (de ese dinero) en favor de la empresa pirata chilena, nada más y nada menos que el entonces ministro (de Economía) Luis Arce, hoy presidente de Bolivia”, dijo Mesa el jueves en una conferencia de prensa.
Sin embargo, Lima ratificó que Mesa es quien ha generado al país el daño económico de más de $us 42 millones y el argumento que ahora plantea, aludiendo a otras exautoridades del gobierno de Morales, “lo que tiene que decir ante un fiscal y ante un juez”.
Aunque en realidad “lo que está buscando es un manto de impunidad. Estamos viendo la clase de político que es Carlos Mesa, que utiliza la política para encubrir acciones que debe responder ante la justicia”, insistió el ministro.
El Decreto Presidencial 3682 del 3 de octubre de 2018 concedió amnistía por razones de “alto interés nacional” a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.