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martes 5 jul 2022 | Actualizado a 18:14

Víctimas de Sacaba y Senkata piden a la oposición apoyo al juicio contra Áñez y otros

Familiares y víctimas de las masacres marcharon la mañana de este viernes en La Paz y quemaron muñecos alusivos a Jeanine Áñez y sus ministros.

/ 3 de septiembre de 2021 / 14:26

Familiares de víctimas y heridos de las masacres Sacaba y Senkata marcharon por las calles de La Paz en demanda de que el Ministerio Publico inicie procesos contra todos los actores que promovieron el denominado golpe de estado en 2019.

Marisol Rodríguez, representante de las víctimas de Senkata, afirmó que las movilizaciones de esta naturaleza serán constantes en demanda de justicia. “Ésta es una marcha pacífica para recordarle al Gobierno que hay juicios y procesos que tienen que iniciarse contra hospitales, médicos que han hecho mala práctica, contra exministros y aquellas personas que han iniciado las convulsiones en La Paz y toda Bolivia”, dijo.

La dirigente exhortó a los parlamentarios de oposición a que se sumen a la demanda de justicia por todas las víctimas del gobierno de transición. “Pedimos a toda la oposición de todo corazón no apoyaremos a una persona, apoyaremos a una población que ha sido masacrada, el hecho de que provengamos de gente indígena y seamos de piel morena no quiere decir que nos pueden venir a masacrar tiene que haber justicia para todos”.

Los movilizados respondieron también al exdiputado Amilcar Barral, quien señaló que esas organizaciones, al margen de haber cobrado recursos del gobierno de Jeanine Añez, hoy van tras otro bono económico del actual mandato.

Rodríguez aclaró que esos recursos cubren solamente gastos de alimentación, lo que no significa que reparen la ausencia de sus seres queridos. “Como quería el señor Barral que mantengan a los niños huérfanos, no hemos pedido estar en el lugar donde estamos nosotros, no hemos salido a las calles para que en ese momento el gobierno transitorio mande a masacrarnos; tiene que pagar por lo que han hecho”.

En criterio de la dirigente, el Ministerio Publico debe impulsar los procesos contra exautoridades del gobierno de Áñez y quienes tuvieron alguna relación con ese mandato.

La movilización de víctimas de Sacaba y Senkata, la mañana de este viernes en La Paz. Video: Álvaro Valero

Adelantó que las movilizaciones serán replicadas en otras regiones del país en demanda de  justicia. “Nos vamos a manifestar aún más, vamos a radicalizar nuestras medidas, vamos  salir a las calles, recordándole al pueblo que aquí están las víctimas; no nos vamos a rendir y vamos a seguir de pie hasta las últimas consecuencias”.

La marcha recorrió el centro de La Paz con carteles, fotos de los fallecidos y estribillos en demanda de justicia por los caídos y heridos en las violentas represiones militares y policiales de 2019. Al frente de la Fiscalía Departamental de La Paz quemaron muñecos que simbolizaban a Áñez y sus ministros, entre ellos Arturo Murillo.

El 15 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto 4078, que eximía de responsabilidades penales a las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana interceptaron la movilización de cocaleros en el puente Huayllani, en Sacaba. El saldo de la represión fueron 10 fallecidos, todos con impactos de bala. Cuatro días después, la represión se repitió en Senkata, El Alto, con el mismo número de fallecidos.

El decreto fue firmado por Áñez y su gabinete el 14 de noviembre.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, estableció que en las masacres de Sacaba y Senkata hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.

Por estos sucesos, la Asamblea Legislativa considera una proposición acusatoria contra Áñez, para un eventual juicio de responsabilidades.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsa el juicio, pero las fuerzas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, objetaron el proceso y lo condicionan a un eventual juicio a Evo Morales.

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Arce y Choquehuanca instruyen indagar denuncia de financiamiento por un acusado de narcotráfico

El diputado Rolando Cuéllar reveló una carta atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la que agradece a un acusado de narcotráfico por aportes a la campaña electoral

El presidente Luis Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 17:37

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia indagar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre financiamiento electoral por parte un acusado de narcotráfico, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, explicó en una entrevista con la red Unitel.

Cuéllar reveló una carta de 2017 firmada por García, en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Apoyada en esa misiva, la oposición política envió una carta al TSE, en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

“Hay competencia del Tribunal Supremo Electoral en la materia que han solicitado diputados de oposición, hay competencia del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, porque definitivamente este es un hecho que está sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y también existe la posibilidad que el Ministerio Público active los mecanismos que tiene”, sostuvo Lima y aseguró que ya está en curso una investigación.

García presentó este martes una demanda penal contra Cuéllar y lo relacionó con delitos de violación y tráfico de madera

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García presenta demanda contra Cuéllar y le dice que ‘no es santo ni limpio’

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, denunció por tres delitos al diputado Rolando Cuéllar tras haberlo acusado de vínculos con una persona ligada al narcotráfico

El diputado Rolando Cuéllar y el vicepresidente del MAS, Gerardo García

/ 5 de julio de 2022 / 17:13

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, formalizó una denuncia penal contra el diputado Rolando Cuéllar y negó la autenticidad de la carta en la que se le atribuye haber agradecido aportes económicos a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

La denuncia es por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictiva. García aseguró que se someterá a la investigación pertinente y desafió a Cuéllar a asumir similar actitud ante la demanda presentada, pero también en otros casos que había tenido en su contra relacionados –sostuvo- a violación de menor y tráfico de madera.

“Este señor no es santo ni es un señor limpio”, aseguró y negó la autenticidad de la carta de 2017 por la cual se lo vincula con una persona acusada de narcotráfico.

En la misiva se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

García negó conocer a Miguel Ángel Salazar Yavi.

A partir de esa misiva, la oposición pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciar de oficio una investigación sobre el financiamiento a la campaña del MAS con vistas a anular su personería jurídica.

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Richter: El desafío es una ‘hoja de ruta’ para institucionalizar las ‘instituciones decadentes’

El vocero presidencial dijo que es necesario una reforma en consenso con las fuerzas de oposición, pero que ellas solo “quieren ganarle algo al MAS”.

El vocero presidencial, Jorge Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y tinta, de La Razón.

Por Mauricio Diaz

/ 5 de julio de 2022 / 14:49

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este martes que el desafío para institucionalizar la Justicia, y la Policía Boliviana, a las que calificó de “decadentes”, es una “hoja de ruta” que debe ser consensuada con las fuerzas de oposición para el bien de los bolivianos y también dijo que la institucionalidad en el país “está relegada”.

“La institucionalidad en el país se ha quedado relegada. Por eso hoy se instala una agenda de reformas institucionales en la Justicia, y en la Policía (…). Tenemos que conocer en los siguientes días una hoja de ruta, y hay que ponerla a consideración, por la vía del diálogo, con la gente de la oposición, porque la institucionalidad de un país no la resuelve alguien solo”, dijo en una entrevista con el programa Piedra, papel y tinta, de La razón.

En el último tiempo, varios sectores, dentro del Gobierno como fuera de él, cuestionaron las acciones de la Policía Boliviana, específicamente, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Contrabando (FELCN) en hechos ilícitos. Incluso, se investiga a algunos miembros de las fuerzas el orden por el presunto encubrimiento a personas involucradas en actos ilegales.

“La FELCN está en crisis desde 1995. Ha estado asociada a permanentemente a escándalos vinculados con narcotráfico y corrupción desde que fue creada. Es una institución propiamente neoliberal, fue creada en los 90”, recordó.

“Lo mismo pasa en la Justicia”, afirmó.

Cuestionó que, luego de la promulgación de la Ley 179 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) se hay declarado en estado de emergencia y afirma que ese sector solo busca cuidar las “corporaciones que conforman entre ellos”.

“Tienen relaciones entre bufetes, consorcios, Régimen Penitenciario y han establecido un sistema de ilegalidades para obtener recursos”, sostuvo Richter.

Una vez más, afirmó que “las respuestas y soluciones” a esos problemas solo se pueden dar en base a diálogo entre sectores de oficialismo y oposición.

“Necesitamos una oposición que sea más sincera con las dolencias de nuestro país. Y que se puedan sentar en una mesa sin los dogmas de creer que siempre tienen que ganarle algo al MAS pensando en el 2025, hay otras necesidades del momento”, afirmó.

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Policía aprehende al principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama

Hasta el momento suman dos las personas capturadas por el crimen que acabó con la vida de tres jóvenes en el trópico cochabambino.

El vehículo donde estaban los cuerpos de los asesinados en Ivirgarzama. Foto: Radio Televisión Carrasco.

/ 5 de julio de 2022 / 14:42

El principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama fue aprehendido la noche del lunes y en su domicilio fueron encontradas sustancias controladas, informó este martes Rubén Lobatón, comandante departamental de la Policía en Cochabamba.

El jefe policial precisó que el aprehendido es un ciudadano de 28 años de edad y que su captura fue ejecutada aproximadamente a las 22.30.

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano “es el principal sospechoso del asesinato de las tres personas, por ese motivo ha sido trasladado a la ciudad (ciudad de Cochabamba y ahora está a la espera) de su audiencia de medidas cautelares”, agregó.

Además, detalló que en el domicilio de esa persona, que fue allanado, fueron encontrados “una cantidad de marihuana y también residuos de cocaína”.

Sin embargo, insistió que el móvil del triple crimen sería una deuda, tal como se había anticipado desde el comienzo de este proceso investigativo.

Esta nueva captura se suma al encarcelamiento del inicialmente considerado como un “testigo importante” y único “sobreviviente” del crimen.

También puede leer: De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

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Alarcón no responde ninguna pregunta de la Fiscalía e insiste que el caso Golpe I es ‘montado’

El diputado de CC consideró que el propósito de este proceso “es generar un escenario de amedrentamiento y de represalia a la sociedad civil disidente”.

El diputado Carlos Alarcón llegó a la Fiscalía acompañado del expresidente Carlos Mesa. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 13:37

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I, sin embargo, al salir de esa oficina, informó que no respondió ninguna de las preguntas porque, según dijo, no se iba a prestar a los objetivos de un proceso “montado”.

“No he contestado ninguna de las preguntas porque ante un caso montado no voy a ser yo el funcional para abrir la compuerta y que después utilicen ilícitamente y tergiversen mis declaraciones para guillotinar a personas inocentes, o sea, jamás me iba a prestar a eso, no contesté ninguna de las preguntas”, dijo.

Agregó que casi el 90% de las preguntas formuladas se refería a las reuniones extralegislativas realizadas, durante la crisis de noviembre de 2019, en la Universidad Católica en La Paz a convocatoria de la Iglesia Católica y con la participación de diferentes actores, entre ellos, de la Unión Europea y hasta “tres representantes del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

Además, “es tan burdo y grosero este montaje del falso caso Golpe de Estado I que no había una sola pregunta referida al terrorismo, que es el único tipo penal que está subsistiendo en este proceso, (es decir no se preguntó nada, por ejemplo, sobre un posible) colocado de bombas, toma de rehenes o dirección de células armadas”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que el propósito de este proceso en realidad “es generar un escenario de amedrentamiento, de represalia y de intimidación a la sociedad civil disidente” para que, en su criterio, nunca más se atreva a protestar “cuando haya una vulneración o desconocimiento de un referendo o cuando haya un fraude electoral”.

“Es decir, quieren dar una lección a la sociedad civil para que se someta ante la tiranía, autocracia y abuso de poder, eso busca este proceso penal, y por supuesto no hemos sido funcionales a eso, porque sabemos que estas falsas convocatorias a testimonios lo que buscan es ilícitamente obtener declaraciones para incriminar a terceros inocentes en un proceso penal totalmente montado”, reiteró Alarcón, quien se presentó en la Fiscalía acompañado del líder de su organización política, Carlos Mesa.

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