El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, consideró que la expresidenta Jeanine Áñez, que el 21 de agosto atentó contra su vida en la cárcel de Miraflores, solo estuvo en una etapa de victimización con el apoyo de la prensa y algunas personas que no defendieron los derechos humanos de otros sectores.
“En fin, todo se ha visto y creemos que estamos en una etapa simplemente de victimización que en su momento realizaron con el apoyo de la prensa y algunas personas que en su momento no atendieron a los derechos humanos (de otros sectores, pero) esperamos con tranquilidad la resolución que salga de la CIDH”, dijo.
Chávez afirmó que la exmandataria tiene un trato diferente al que recibe el resto de las reclusas del penal, que incluso causa cuestionamientos. “Muchos privados de libertad han expresado su repudio a tanta benevolencia con (esta) persona; que tenga dos habitaciones, que tenga visitas nocturnas de parte de sus hijos para que la asistan, que tenga una comida especial, que no haga los servicios que normalmente hacen los privados de libertad”.
Áñez está detenida de manera preventiva desde el 12 de marzo por el caso Golpe de Estado y, después de que intentó quitarse la vida, su defensa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la otorgación de medidas cautelares de protección, que aún se tramita.
Luis Guillén, uno de los abogados de la exmandataria, explicó el 26 de agosto que la familia acudió a esa instancia internacional “debido a las amenazas, hostigamientos y agresiones” en contra de la vida e integridad personal de la exautoridad “y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado” para restablecer su estado de salud.
El 31 de agosto, la CIDH envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, solicitando información sobre Áñez y la noche del pasado jueves, el Gobierno, a través del Procurador General del Estado, respondió al requerimiento de la Comisión.
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Sin embargo, “es la segunda vez que la expresidenta de facto pide la intervención de la CIDH (…) y en este caso ha utilizado un mecanismo vinculado a su salud”; no obstante, se está cumpliendo con todos los estándares de una detención preventiva y el cuidado de la salud de la privada de libertad, según Chávez.
“Es decir, se la han otorgado todas las garantías y en el tema de salud particularmente hemos sido escrupulosos, puesto que ha existido una (junta médica) el 7 de septiembre que ha concluido, con la participación del médico de confianza de Áñez, que no existía riesgo que sobre todo se alegaba como urgente por parte de la petición que se hacía a la CIDH sobre su estado de salud; eso ha estado claro y por eso hemos solicitado que se desestime la solicitud de medidas cautelares”, ratificó Chávez en una entrevista con Bolivia TV.
Pero cuando fue consultado cuál es realmente el estado de salud de Áñez, el funcionario no quiso entrar en mayores detalles. “Mire, por un tema de respeto a la CIDH, yo no puedo dar mayores detalles de fondo; lo que sí le puedo indicar es que la visita del 7 de septiembre, la junta médica, ha determinado y ha establecido que no existe el peligro ni la urgencia en cuanto a la salud y menos aún que exista una situación irreparable en cuanto a esa situación personal de Áñez”.
Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de entonces, salvo un comunicado del Tribunal Constitucional que invocaba una declaración de 2019 sobre la sucesión “ipso facto”.