El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó la posición del Gobierno frente a la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Remarcó que se ha guardado el debido proceso y que el Estado es garante de su estado de salud, al igual que de los 1.800 privados de libertad del país.
—¿Cómo evalúa el Gobierno los seis meses de detención de la expresidenta Áñez?
—Es un caso iniciado por la exdiputada Lidia Patty por terrorismo, sedición y conspiración. Ella fue detenida respetando el debido proceso en la ciudad de Trinidad, en momentos en que estaba en aprestos de fugar del país, por la información que se tiene. No estamos especulando sobre hechos que no sean reales, habiendo una causa iniciada meses antes de que fuera detenida, había una denuncia mediática y pública y no hubo un apersonamiento de ella.
—¿Por qué se determina su detención preventiva?
—No hubo la posibilidad de sustentar ese caso que se le había iniciado, por tanto existía la situación procesal, que es importante para aplicar la detención preventiva: la obstaculización de la investigación y el riesgo de fuga. Aparecen estos dos elementos, en ese caso la Fiscalía emite una orden de aprehensión y se procede a la detención preventiva.
—Su defensa alega que la Justicia no ha llevado el debido proceso en este caso.
—Contra esa decisión de la Justicia se ha presentado todos los recursos. Hay apelaciones, cesaciones, acciones de libertad, incidentes, excepciones, es un escenario que muestra el debido proceso. No se va a encontrar un solo elemento jurídico por el cual digan, Áñez o sus abogados, que hemos sido arbitrarios; si ha habido una vulneración al debido proceso, hay que discutirlo.
—¿Su condición de salud puede ser motivo para cesar la detención preventiva?
—Hay que analizar su salud, que no tiene que ver con el debido proceso. Si la salud fuera una causa para que se suspenda la detención preventiva, nadie debería estar en una cárcel. Estar privado de libertad genera una serie de problemas a la salud física y mental, es un tema fundamental, pero no es un argumento para pedir la revocación de una medida cautelar; nadie puede decir “estoy enfermo, procede en mi caso la cesación a la detención preventiva”. Cuando demuestras que no vas a irte del país y que no vas a obstaculizar la investigación, corresponde el cese, hay que establecer las razones jurídicas, las pruebas que ameritan para que no siga la detención.
—¿La atención de su salud está garantizada en el penal?
—El tema de salud está referido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y no está a cargo del Órgano Ejecutivo. Dice que a partir de que una persona ingresa a un penal debe haber un informe sobre su estado de salud y el Estado es garante de la salud de todos los privados de libertad. La norma dicta que en cada recinto penitenciario funciona un servicio de atención médica las 24 horas, a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y funcionalmente a cargo de la administración penitenciaria. No dice que estará a cargo de la clínica solicitada por el privado de libertad.
—La defensa de Áñez dice que el Gobierno está cometiendo persecución contra Áñez.
—Hemos hecho un trabajo a nivel de transparencia muy preciso en cuanto a los cuatro juicios de responsabilidades que hemos presentado ante la Fiscalía y que luego el Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa. Ha habido decretos supremos (en el gobierno de Áñez) que han dado lugar a actos de violencia, actos graves de corrupción. No hay persecución política. Tenemos dos opciones: un pacto de silencio o el debido proceso, hemos seguido el debido proceso.
—¿Y la solicitud de información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Áñez?
—La CIDH no tiene un procedimiento de medida cautelar estándar ni tiene plazo para emitir esa información. A raíz de las solicitudes, la CIDH amplió el periodo para responder por siete días adicionales, y es posible que nos siga solicitando información. Una medida cautelar puede tener incluso la solicitud de visitarla o de otras solicitudes de información. No son ellos un juez más, no emiten mandamientos ni derogan leyes, lo que hacen es recomendar al Estado que pueda tomar medidas concretas.