La defensa de Áñez espera que la CIDH responda en 10 días a su solicitud de cautelares
“Un tratamiento médico no puede ser eterno, no puede durar seis meses, y seguir comunicando que la salud de ella es estable”, afirmó el abogado de la exmandataria.
La defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responda a su solicitud de medidas cautelares en un plazo máximo de 10 días, dijo este jueves Luis Guillén, uno de los abogados de la exmandataria.
“Al tratarse justamente de medidas cautelares y de carácter urgente, la defensa espera que en un plazo máximo de 10 días se tenga una respuesta (porque) en este caso existe una vulneración al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal de una (privada de libertad con) daño físico, daño psíquico y daños morales”, dijo el jurista en una entrevista con La Razón Radio.
La expresidenta está detenida de manera preventiva desde marzo por el caso Golpe de Estado y el 21 de agosto intentó quitarse la vida en la cárcel de Miraflores, por lo que diversos sectores del país e incluso del exterior se pronunciaron preocupados por su estado.
Mientras su defensa acudió a la CIDH para que le otorgue medidas cautelares con el fin de salvaguardar su salud, porque, según Guillen, lo que se busca es que “ella pueda acceder a un tratamiento adecuado de forma inmediata” después de que su condición física se deterioró en los seis meses de detención.
“En este caso, es un descuido del Estado, que es garante de la salud de cualquier persona detenida, y no ha logrado, en seis meses, restablecer su salud, de volverla a su condición original, lo cual significa que no se la dio el tratamiento adecuado, (además) un tratamiento médico no puede ser eterno, no puede dudar seis meses y seguir comunicando que la salud de ella es estable”, enfatizó.
El 31 de agosto, la CIDH envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, en la que le solicitó información sobre Áñez y también sobre su hija Carolina Ribera.
El 9 de septiembre, la Procuraduría General del Estado respondió a la solicitud de la CIDH y pidió que se declare inadmisible el requerimiento de medidas cautelares.