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Defensa de militares bolivianos en Chile perfila negociar proceso abreviado sin reconocer delito

La defensa legal de los tres militares bolivianos detenidos en Chile perfila negociar un proceso abreviado con el Ministerio Público, pero sin reconocer el delito por el que se los acusa, robo con intimidación, informó el abogado Maximiliano Mendoza.

“Lamentablemente sí traspasaron a territorio chileno. Eso es un hecho que no se puede discutir, que es lo que vamos a tratar de negociar con el Ministerio Público respecto a un procedimiento que sea diferente a un juicio oral y sea un procedimiento abreviado y sea una expulsión”, explicó el jurista en entrevista con el programa La Mañana de radio Erbol.

Los militares Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Bautista Carvajal fueron aprehendidos el 7 de septiembre en Chile cuando luchaban contra el contrabando. La Justicia chilena determinó prisión preventiva de 90 días para los uniformados, imputados por robo con intimidación y portación de armas.

Mendoza insistió en que en este caso no existe la figura de robo, porque los militares intervinieron vehículos que estaban siendo contrabandeados.

Como lo denunció el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, corroboró que los denunciantes son bolivianos.

Como prueba de que los vehículos eran contrabandeados, Mendoza mencionó que las personas que los llevaban habían ingresado a Chile de manera ilegal, pero además los motorizados no tenían placa.

El abogado, que fue contratado por el Estado boliviano, también indicó que se está trabajando en una apelación a la prisión preventiva que recibieron sus defendidos, con la intención de que tengan una medida menos gravosa o incluso fianza.

El 11 de septiembre, la magistrada Daniela Gutiérrez Albornoz ordenó el ingreso de los militares bolivianos al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Fueron formalizados por robo con intimidación y tenencia de arma de fuego y municiones.

Según la versión presentada por el Ministerio Público chileno, los militares procedieron a incautar un vehículo recurriendo a sus armas de fuego en territorio chileno e incluso usaron las mismas contra carabineros que atendieron una denuncia sobre el supuesto robo de un vehículo.