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lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 22:09

Presidente del TSJ: La reforma judicial debe ser construida por quienes administran justicia

En una entrevista con ‘La Razón Radio’, el viernes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reivindicó el rol del Órgano Judicial en la discusión de la reforma judicial.

Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: TSJ.

/ 18 de septiembre de 2021 / 09:07

Fue directo y claro: corresponde a los que administran justicia construir la reforma judicial, ahora en plena efervescencia política. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, al contrario, consideró que dicha tarea debe evitar la contaminación y las demagogias políticas.

“Tiene que ser construida naturalmente por quienes administramos justicia y no excluye a instituciones y actores políticos que con propuestas técnicas y jurídicas puedan incorporarse”, dijo ayer al streaming La Razón Radio.

Además, afirmó que el proceso será a mediano y largo plazo. “Obviamente, la reforma judicial es a mediano y largo plazo; quien nos hable de lo contrario, nos está mintiendo”, insistió Torres, desde el 13 de julio nuevo titular del TSJ, cabeza del Órgano Judicial.

—¿Qué lectura tiene de las recomendaciones del GIEI?

—El TSJ, al igual que otras instituciones en el país, recibió personalmente el informe del Grupo de Expertos relacionado a la coyuntura especial que tuvo el país durante las jornadas de 2019 y parte de 2020, la crisis política. Esa crisis política arrojó, lamentablemente, hechos de violencia que ocasionaron vulneración de derechos humanos.

Este informe del GIEI en lo que hace énfasis es precisamente en la vulneración de derechos humanos en diferentes instancias del Estado. Hemos ratificado y comprometido el trabajo del TSJ para acoger estas recomendaciones y trabajar sobre las recomendaciones.

Sin embargo, la crisis judicial no empieza ni termina con el informe del GIEI. La crisis no data de hace unos años, sino, permanentemente, el país ha estado en debate sobre la justicia. Recordemos la reforma de 1994, que fue producto de la exigencia de los pueblos indígenas para que exista apertura y reconocimiento de sus derechos; es ahí que se empezó a hablar de una jurisdicción y una justicia indígenas, no como la que tenemos ahora en la Constitución.

Entonces se avizoraba que la forma de designación de ministros en aquella época tenía un periodo agotado, que debía ser debatido y cambiado. Luego vino la propia Asamblea Constituyente, que profundizó grandes cambios, que incorporó la jurisdicción indígena y agroambiental; reconoció los derechos de los pueblos indígenas.

El debate del sistema de administración de justicia siempre estuvo sobre la mesa y siempre fue parte de una discusión polémica. Lo que hizo el GIEI es recordarnos y ponernos en tapete temas que aún están pendientes de solución.

—¿Hay una propuesta específica de parte del Órgano Judicial de discusión de la reforma?

—El 13 de julio, cuando asumí la presidencia del TSJ, mencionaba que tiene que hablarse de independencia judicial con mucha sinceridad y transparencia; debemos hablar y construir una carrera judicial y profundizar la jurisdicción indígena y campesina; modernizar la justicia acudiendo a las herramientas tecnológicas, al punto que debemos alcanzar en el mediano y largo plazo el expediente electrónico, no solamente con este concepto y premisa de modernizar, sino que esta modernización y la inclusión de estas herramientas en el trabajo jurisdiccional nos permitan también transparencia y actuar con mayor prontitud y agilidad, de esta forma dar una respuesta eficaz  en los cuestionamientos en torno a la administración de justicia.

Obviamente, también hablamos de presupuesto económico para el Órgano Judicial, que es uno de los órganos del Estado que tiene un presupuesto escaso y magro, que no permite crear mayores ítems y mayor personal para la carga procesal, concentrada especialmente en el eje central. No podemos sentar mayor presencia en lugares donde se necesita tener presencia como órgano del Estado, hablo de municipios y provincias, para de esta forma los bolivianos tengan la posibilidad de resolver sus litigios de manera pacífica, armónica y dentro de la aplicación del derecho.

Es una necesidad, y deben reconocerla tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo; hay necesidad de un mayor presupuesto a favor del Órgano Judicial que permita ingresar a la aplicación de herramientas tecnológicas e informáticas, y el equipamiento.

—¿Cuánto es el presupuesto anual del Órgano Judicial?

—Hemos proyectado Bs 1.060 millones como presupuesto para la gestión 2022; en la gestión 2021, con el recorte abrupto que se hizo, llegamos a Bs 900 millones.

Hoy estamos solicitando al Órgano Ejecutivo un incremento leve, por las necesidades para el funcionamiento de los despachos judiciales en el país y no es para reponer los salarios que fueron disminuidos, sino para posibilitar que el Órgano Judicial funcione adecuadamente y responda al mundo litigante en el país.

—Hay voces en sentido de que la iniciativa de la reforma judicial debería ser iniciativa del Órgano Judicial, como lo planteó el expresidente de la República y expresidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez.

—El Órgano Judicial está compuesto por el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la propia jurisdicción indígena originaria campesina. Esencialmente, en estos ámbitos debe discutirse la reforma judicial; las propuestas deben nacer de estos ámbitos naturales del sistema de administración de justicia.

Pero esto no excluye a otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Defensa Pública o Régimen Penitenciario, que también deben incorporarse con propuestas sobre la reforma judicial,

Si hablamos de Régimen Penitenciario, uno de los más cuestionados de Latinoamérica por los hacinamientos, políticas de reconducción para quienes están purgando una pena, la infraestructura no es de las mejores. Si hablamos de la Policía, es una de las entidades poco confiables; sin embargo, es la encargada de llevar inicialmente la investigación en materia penal y, muchas veces, es el sustento de una imputación o una acusación. El Ministerio Público, lo propio, carece de la institucionalidad correspondiente.

O sea, todos los actores que tienen que ver con el andamiaje de la administración de justicia están llamados naturalmente a hablar y discutir la reforma judicial, y lo estamos haciendo como Órgano Judicial. Obviamente, no con los matices políticos, no con la demagogia que puede caracterizar a los actores políticos, sino a partir del punto de vista técnico, del diálogo mucho más sincero, no con el alto perfil que discuten mediáticamente los políticos.

Repito, si estamos sosteniendo análisis y discusión respecto a los puntos que en ocasión de la posesión del nuevo presidente del TSJ ya lo habíamos manifestado y expresado como preocupación, como propuesta del TSJ para discutirlo dentro del Órgano Judicial.

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Sectores sociales cierran filas en torno a Arce y en emergencia ante ‘proceso de desestabilización’

“Hoy estamos ratificando una vez más, firmemente, nos declaramos en estado de emergencia, nos declaramos en alerta ante cualquier intento de desestabilización", dijo el ejecutivo de la COB

El Pacto de Unidad y la COB con el presidente Luis Arce.

/ 18 de octubre de 2021 / 21:28

Los sectores sociales del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) cerraron filas en torno al gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y se declararon en emergencia ante los “procesos de desestabilización de la derecha fascista”.

“Hoy estamos ratificando una vez más, firmemente, nos declaramos en estado de emergencia, nos declaramos en alerta ante cualquier intento de desestabilización a nuestro proceso, a nuestro gobierno y por ende a nuestra democracia”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Los dirigentes sociales se reunieron con Arce y Choquehuanca en la Casa Grande del Pueblo. Al final emitieron un pronunciamiento.

Los dirigentes del Pacto de Unidad y de la COB hicieron público un pronunciamiento desde las escalinatas en Casa Grande del Pueblo, con Arce y Choquehuanca presente. Arce agradeció el respaldo y se comprometió a seguir avanzando en la reconstrucción de la economía nacional.

“Para que de una vez no exista desempleo en nuestro país, para que los micro, pequeños y grandes productores sigan generando riqueza (…) es importante mencionar que las organizaciones acá reunidas están en desacuerdo de que se utilice siquiera el nombre de nuestras organizaciones para otro tipo de actividades desestabilizadoras, acá está el pueblo”, sostuvo Arce.

El bloque de oposición cívica-política anunció que se plegará a las movilizaciones y paro anunciado por los gremiales para esta semana en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Además, sumó una serie de demandas como la liberación e “presos políticos” y la renovación de la Justicia y Fiscalía.

“La unidad de todas las organizaciones sociales va a ser para poder sacar adelante este país que ha sido saqueado, ultrajado, humillado con actos de racismo, de discriminación. El pueblo boliviano con sus organizaciones sociales le está diciendo basta con estos actos de racismo, de discriminación y basta de estos actos de intentos de desestabilización”, insistió Huarachi.

El Pacto de Unidad, la COB y Arce evaluaron la gestión gubernamental y en un pronunciamiento resolvieron mantener y forjar “la unidad”, garantizar el trabajo estatal productivo y reconocer y valorar la reconstrucción económica.

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Reaparece el exministro Nuñez y muestra documentos del TCP que se refieren a Áñez como presidenta

El exministro de la Presidencia Yerko Nuñez mostró dos documentos del TCP en el que se refieren a Jeanine Áñez como presidenta constitucional

El exministro Yerko Nuñez

/ 18 de octubre de 2021 / 20:03

Reapareció el exministro de la Presidencia Yerko Nuñez en redes sociales para mostrar dos documentos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los que se refieren en 2020 a Jeanine Áñez como presidenta constitucional, en respuesta a un reciente fallo que descarta la legalidad del mandato de la expresidenta.

Desde la clandestinidad, el exministro publicó el auto constitucional 0027/2020 sobre el proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos y una cédula de notificación en los que se menciona a Áñez como “Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, además publicó otro texto en el que –aseguró- se “valida” su llegada a la presidente del Senado y de Bolivia.

Según el fallo constitucional cuestionado, a Áñez no le correspondía “la sucesión ‘ipso facto’, como se alega, porque solo está reservado al Presidente y Vicepresidente. La expresidenta era segunda vicepresidenta del Senado, como cuota de la minoría opositora, y asumió la Presidencia del Senado y luego de Bolivia.

“Ante afirmaciones irrisorias del q huyó llorando a MEX, expongo el Auto Constitucional 0027/2020-CA rubricado por 3 magistrados del TCP, GONZALO HURTADO, JULIA CORNEJO y PETRONILO FLORES, en el cual, VALIDARON la sucesión constitucional de la PRESIDENTA CONSTITUCIONAL, J. Añez.”, escribió Nuñez.

Nuñez fue parte del gabinete de Áñez y se declaró en la clandestinidad. No se conoce su paradero.

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EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento

En una carta, la encargada de Negocios de Washington Charisse Phillips denunció que estos grupos amenazan a activistas de derechos humanos

/ 18 de octubre de 2021 / 17:03

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al Gobierno su “desmantelamiento” como lo recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos de violencia y muerte de 2019.

La alerta y el pedido de la encargada de Negocios de Washington Charisse Phillips esta contenida en una carta dirigida, con fecha 15 de octubre, al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox. La misiva la publicó el abogado estadounidense Thomas Becker a través de su cuenta en Twitter.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, establece la misiva.

Becker acompañó su post con el mensaje: “Esto es grande: en una carta al gobierno boliviano, el gobierno de EE.UU. ha reconocido el peligro de grupos paraestatales como los motoqueros y ha pedido explícitamente que sean desmantelados como han sugerido el GIEI y el presidente Arce”.

En la misiva, Phillips recordó que el GIEI expresó en su informe de la violencia y muerte en 2019 “la naturaleza de riesgo que representan los grupos de seguridad paraestatales en la sociedad”, y que Arce “también ha manifestado su plan para desmantelar dichos grupos”.

“Le pido al Gobierno que implemente plenamente las recomendaciones del GIEI y garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos”, expresó la diplomática y le pide a Cox una reunión para “discutir este tema con más detalles”, en referencia a Ledebur.

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A un año de su triunfo electoral, el Gobierno cree que persiste un pequeño grupo de ‘golpistas’

Camacho ratificó que apoyará todas “las medidas que sean tomadas por los sectores y que sean correctas”.

Un día como hoy, Luis Arce ganó las elecciones. Foto de archivo: AFP.

/ 18 de octubre de 2021 / 16:21

El 18 de octubre de 2020, el ahora presidente Luis Arce ganó las elecciones generales con el 55,1% de los votos y a un año de ese hecho, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, consideró que todavía persiste en el país un pequeño grupo de “golpistas”.

“Después de que el pueblo boliviano, en las urnas, ha demostrado que es completamente democrático, todavía persiste un grupo de golpistas; aún hay todavía un pequeño grupo que pretende realizar golpes de Estado y lo hemos visto con el paro cívico (de la semana pasada) que han realizado desde Santa Cruz (el líder cívico Rómulo) Calvo y (el gobernador Luis Fernando) Camacho”, dijo.

El 11 de octubre, los cívicos realizaron un paro de actividades con el bloqueo de vías en algunas ciudades en contra del proyecto de ley sobre ganancias ilícitas y tres días después, el Gobierno decidió retirar esa iniciativa porque cada vez más sectores sociales advertían con asumir nuevas medidas de presión.

Ahora los cívicos y otros sectores exigen la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y también amenazan con asumir protestas.

Camacho, en las últimas horas, ratificó que apoyará todas “las medidas que sean tomadas por los sectores y que sean correctas, como este pedido de sacar de vigencia las normas que atentan contra las libertades y los derechos de los bolivianos”.

Además, “los paros que sean declarados y avalados por nuestro Comité pro Santa Cruz obviamente también vamos a acatar porque (es la institución) a la que los cruceños tenemos que seguir siempre en estos momentos de una difícil coyuntura política”, agregó el Gobernador.

Entretanto, el presidente Arce escribió en Twitter: “¡Somos mayoría! Hace un año recuperamos la democracia con más del 55% de los votos. Las y los bolivianos le dijeron sí a la esperanza, a la dignidad, a la soberanía y a la reconstrucción de la Patria con justicia social”.

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Camacho califica de irresponsable la denuncia del Gobierno y afirma que ‘aquí no hay asesinos’

El Gobernador cree que el Gobierno debería dedicarse a dar respuestas ante la crisis económica “y no a estar en show”.

Camacho en conferencia de prensa. Foto: Gigavisión.

/ 18 de octubre de 2021 / 14:42

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó este lunes de «totalmente irresponsable» la denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre un supuesto intento de magnicidio del presidente Luis Arce en 2020.

“Totalmente irresponsable, creo que ese tipo de declaraciones poco serias son las que hacen que no le crean al Ministro de Gobierno (…); creo que ese tipo de declaraciones deben ser totalmente investigadas”, dijo Camacho.

La autoridad departamental agregó que, por una cuestión de seriedad, Del Castillo lo primero que debe hacer es una denuncia ante las instancias correspondientes y no solamente ante la población.

Sin embargo, “buscar victimizar a una persona (…) que está totalmente tranquila, no hay nada; aquí no hay asesinos, no hay personas que quieran atentar contra la vida de absolutamente nadie”, enfatizó.

Lo que sí existe, según Camacho, es un “pueblo sediento de respuestas” para superar la crisis económica y la crisis de salud. “Y a eso es a lo que se debería abocar y no a estar en show buscando palestra para llevar denuncias irresponsables”, insistió.

Horas antes, Del Castillo denunció que hubo un intento de magnicidio del presidente Arce en 2020 a través de la contratación de “paramilitares” extranjeros que luego participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Según la autoridad nacional, Fernando López, exministro de Defensa y “cuota de Camacho en el gobierno de Áñez”, ha tenido “contactos constantes con ese tipo de grupos irregulares y paramilitares mediante empresas tercerizadoras”.

Pero Camacho aseguró que no tuvo ninguna “cuota” en el gabinete ministerial de Áñez. “Yo no tuve cuotas, la señora Áñez fue clara cuando asumió y está en las entrevistas; ella dijo que el señor Camacho no le puso absolutamente a nadie; (lo que ocurrió es que) le dieron una propuesta a la presidenta y no fue mi persona, (sino) fueron los sectores que estuvieron, yo no tengo ni tuve cuotas”, sostuvo.

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